El Verde Ecologista de México, un partido cachirul

Cuenta con apenas el 8.91 por ciento del padrón de afiliados que el propio instituto político solicitó para los nuevos partidos en 2003; el número mínimo de militantes debe ser de 170 mil 788 y actualmente tiene 16 mil 668 miembros

Renato Consuegra

Cachirul se dice de alguien que no cumple con ciertos requisitos o presenta documentación amañada. Por ejemplo, en 1987 varios jugadores de la selección juvenil de futbol de México fueron sorprendidos con mayor edad de la reglamentaria y la sanción a nuestro país fue eliminarlo del Mundial de Italia; cachirules recientes fueron los toros del festejo del 29 de enero en la Plaza México. Algo parecido sucede con el Partido Verde Ecologista de México que sólo cuenta con el 8.91 por ciento de los afiliados que el propio instituto político propuso en 2003 para los nuevos partidos o la conservación del registro de los ya existentes.
El 28 de octubre de 2003 el Verde presentó una iniciativa en el Senado de la República a fin de incrementar al doble los requisitos para que las agrupaciones políticas obtengan su registro como Partidos Políticos Nacionales.
“Estamos ciertos que la formación de nuevos partidos políticos son la consecuencia de nuevas fuerzas que no tienen cabida en el marco ideológico y político de los partidos existentes. Pero también estamos ciertos que el registro de un nuevo partido político, debe ser el reconocimiento legal de una corriente política connotada y con una base social significativa”, decía la exposición de motivos.
Pero los verdes de Jorge Emilio González Martínez y su padre, Jorge González Torres, igual que los verdes de la selección mexicana de fútbol, no contaban con que sus propias trampas para bloquear a nuevos partidos se les pudieran revertir, ya que el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dice en su inciso C que son obligaciones de los partidos políticos nacionales “mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro”.
Es decir, que no sólo es fundamental obtener el 2 por ciento de los votos en cada elección para mantener el registro, sobre todo cuando se permite la posibilidad de formalizar alianzas como la recientemente hecha por este partido con el Revolucionario Institucional, sino que si se aplica literalmente el artículo antes citado, no sólo deben ser “una corriente política connotada”, sino demostrar en los hechos que cuentan “con una base social significativa”.
De tal forma, gracias a las reformas promovidas por el Verde, hoy el artículo 24 del COFIPE dice que los requisitos son “contar con 3 mil afiliados en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso”.
Añade la norma electoral que “bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate”.
Así las cosas, el número mínimo de afiliados o militantes que debe tener todo partido político tras la elección federal de 2003, donde hubo 65 millones 688 mil 49 ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, se colige que es 170 mil 788 personas.
Pero resulta que de acuerdo con la escritura pública 20,952 de fecha 31 de octubre del 2005 —de la cual Vértigo tiene copia— el Notario Público 142, Daniel Luna Ramos, señala que una vez realizada la compulsa del padrón de militantes y del quórum de las asambleas estatales del instituto político, se desprende que el PVEM está integrado por apenas 16 mil 668 miembros.
De acuerdo con la compulsa solicitada por los asesores del PVEM, Fernando Garay Palomino y Enrique Aubry de Castro Palomino, en este escenario el partido de la familia González apenas logra tener cautivos al 8.91 por ciento de los afiliados que se necesitan para conservar el registro.
Es preciso recordar que el PVEM inicialmente sólo se llamó Partido Ecologista y no pudo mantener el registro en 1991, puesto que únicamente logró el 1.48 por ciento de la votación.
En 1993 con el nuevo nombre, se registró con 86 mil afiliados.
Y en este caso tampoco mantiene el número de militantes que tuvo al momento de su Asamblea Constitutiva —tendrían que ser 51 mil 582— lo que demuestra que contraviniendo sus propias declaraciones en aquella reforma electoral de 2003, esta corriente política no cuenta con base social alguna, por lo que inmerecidamente mantiene el reconocimiento legal.
El problema es que este partido familiar hace trampa con la protección de los órganos electorales que como hemos visto en sus últimas resoluciones, protegen a una élite política compuesta por gente ligada al poder económico. Y de ello han dado muestras tanto el órgano administrativo, el Instituto Federal Electoral que desde el 2 de diciembre pasado certificó las copias base de este reportaje, como el jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Gracias a esta protección el cachirul PVEM ha logrado obtener recursos del Estado mexicano por mil 614 millones 872 mil 770.58 pesos al 31 de diciembre de 2005.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

EL PARAJE SAN JUAN…LA CONSUMACIÓN DEL FRAUDE

· Negligencia sospechosa de López Obrador y Alejandro Encinas, acusa Felipe Mondragón Corella, ex-asesor jurídico del GDF
· En mayo del 2004 se demostró que el predio nunca dejó de ser propiedad de la Nación, sin embargo, la Corte ordenó indemnizar a Arcipreste del Ábrego
· Inicialmente la reclamación era de 7,000 millones de pesos; posteriormente la SCJN la bajó a 1,810 millones de pesos
· El GDF no impugnó la resolución que condenó a pagar 60.4 millones de pesos en diciembre pasado
· El especialista señala que hubo graves omisiones del GDF en la atención del juicio

RENATO CONSUEGRA

Después de recorrer los principales diarios de todo el mundo, envuelto en la bruma del misterio, saturado de inexplicables incongruencias jurídicas y de egoístas motivaciones políticas, el controversial juicio del Paraje San Juan finalmente parece haber llegado a su conclusión, sin que el Gobierno del Distrito Federal nos explique a quiénes vamos a pagar con nuestros impuestos la cuantiosa indemnización, el por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó pagar a Enrique Arcipreste del Ábrego 60.4 millones de pesos por un predio que siempre ha sido propiedad de la Nación, según el título de propiedad que, en mayo del año 2004, le envió el Secretario de la Reforma Agraria al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
Quien así opina, es Felipe Mondragón Corella, que más que un testigo de los hechos, es uno de los principales actores en este polémico asunto, por haber tenido a su cargo la defensa del juicio del Paraje San Juan como asesor jurídico del Gobierno del Distrito Federal durante el año dos mil, además porque él fue el primero en denunciar que se trataba de un fraude, y también fue él quien aportó la solución jurídica para resolver el juicio que se tuviera que pagar ninguna indemnización, la cual no llegó a prosperar porque —según dice Mondragón Corella— López Obrador descuidó intencionalmente la defensa del juicio para politizar en su beneficio personal este asunto con miras a su campaña presidencial, aún a costa de que se tuviera que pagar la indemnización reclamada por Enrique Arcipreste del Ábrego, que a principios del año 2001 se estimaba en 6 mil 905 millones, 528 mil 057 pesos, y que para octubre de 2003, la Suprema Corte de Justicia había valuado en mil 810 millones de pesos —erróneamente— ya que a la luz de la resolución dictada el pasado 6 de diciembre de 2005 por la jueza Décimo Quinto en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Gabriela Rolón Montaño, la cantidad correcta del avalúo sólo alcanza los 60.4 millones de pesos.
Ante el inminente epílogo de este inédito caso, Mondragón Corella reseña en exclusiva para Vértigo los aspectos sobresalientes de la expropiación del Paraje San Juan y de sus imprevisibles consecuencias, que estuvieron a punto de ocasionar la destitución y consignación de Andrés Manuel López Obrador ante un Juez Federal, por desacato a un mandamiento judicial.

Irregularidades solapadas

— Al parecer, en este año electoral por fin tendrá su desenlace el juicio del Paraje San Juan, ¿podría contarnos como se inició este conflicto?
— Sí, desde luego; pero primero debo decir que de acuerdo con la Constitución General de la República, el juicio no puede concluir este año, ya que el artículo 126 establece que ninguna autoridad podrá efectuar ningún pago que no esté contemplado dentro del presupuesto, lo que significa que el pago de los 60.4 millones de pesos tendrá que dejarse pendiente para el año 2007, ya que aún cuando el artículo 105 de la Ley de Amparo establece un término de 24 horas para que las autoridades responsables den cumplimiento a las sentencias de amparo, el mismo precepto aclara que esto es sólo cuando la naturaleza del acto lo permita, más no cuando existe prohibición expresa de la constitución, como ocurre en este caso.
“Ahora bien, el Paraje San Juan se encuentra ubicado en la Delegación de Iztapalapa, en él se asientan más de veinte colonias, cuenta con una superficie de 309 hectáreas; y en cuanto al origen del conflicto legal, se remonta a la década de los años 40, en que empezó a poblarse de manera irregular por invasores que llegaron a aposentarse sin que el predio estuviera fraccionado, y por lo tanto sin contar con títulos de propiedad, ni servicios urbanos como pavimentación, drenaje, luz, ni agua potable. Esto motivó que los días 25 y 26 de julio de 1989 la Presidencia de la República promulgara en el Diario Oficial de la Federación un decreto expropiatorio, con el objeto de regularizar la propiedad de los predios a favor de sus ocupantes, para poder dotar de infraestructura y de servicios urbanos al Paraje San Juan.
“Varias personas que también se dijeron propietarias de algunas fracciones del Paraje San Juan se inconformaron de inmediato en contra del decreto expropiatorio mediante el juicio de amparo; pero en el caso de Enrique Arcipreste no sucedió así. Como en el decreto expropiatorio se estableció un plazo de diez años para pagar la indemnización a quienes demostraran ser propietarios del terreno, Enrique Arcipreste del Ábrego dejó pasar casi diez años, hasta que el 26 de agosto de 1998 demandó el juicio de amparo pero, no en contra del decreto expropiatorio, sino en contra de la supuesta abstención en que dice, incurrió el Gobierno del Distrito Federal, al no haberle pagado a su padre Arturo Arcipreste Nouvel, la indemnización por el predio expropiado.
“En este punto se inició un proceso judicial plagado de irregularidades e incongruencias legales, cometidas principalmente por los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son precisamente quienes debieran velar por el respeto a la legalidad, a la constitución y al Estado de derecho. Así tenemos por principio de cuentas: el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, en ese entonces José Gabriel Clemente Rodríguez, admitió la demanda de amparo promovida por Arturo Arcipreste Nouvel, sin que éste hubiera acreditado la propiedad de las 298 hectáreas cuyo pago reclamaba. Esto es un hecho inusitado porque por alguna extraña razón no lo hizo así, y le dio curso a la demanda basado sólo en un supuesto contrato privado de compraventa celebrado el 13 de noviembre de 1947 en el cual, supuestamente, Fernando Arcipreste Pimentel (el abuelo de Enrique Arcipreste del Ábrego) compró para su hijo, Arturo Arcipreste Nouvel —quien a la fecha ya era mayor de edad, y por lo tanto podía haber realizado la compra sin intervención de su padre— el predio conocido como Paraje San Juan.
“Aquí es donde empiezan a ser notorias las irregularidades del supuesto contrato de compraventa. En primer lugar, la supuesta operación de compraventa es nula de pleno derecho porque se realizó mediante un contrato privado, cuando el código civil dispone que tratándose de bienes inmuebles, todas las operaciones relativas deben celebrarse en escritura pública notarial.
“En segundo lugar, la supuesta compraventa es ilegal, porque Arturo Arcipreste Nouvel ya tenía más de 21 años de edad en la fecha que se asentó en el documento, y por lo tanto, la firma de su padre estampada en su representación, es completamente nula, puesto que Fernando Arcipreste Pimentel ya había perdido la patria potestad sobre su hijo Arturo Arcipreste Nouvel, al adquirir éste la mayoría de edad.
“En tercer lugar, Justino Granados quien aparece en el contrato como vendedor, jamás acreditó con ningún documento oficial ser el propietario del predio que se vendía.
“En cuarto lugar, en el supuesto contrato de compraventa no se precisaron las medidas y colindancias, como tampoco se especificó la superficie del terreno, razón por la cual, resulta completamente imposible saber dónde empieza o dónde termina el predio que se estaba vendiendo, así como su ubicación exacta.
“En quinto lugar, el contrato de compraventa que se presentó ante el Juez José Gabriel Clemente Rodríguez, aparece supuestamente certificado por un Juez Mixto de Paz, que no tiene fe pública ni cuenta con facultades para certificar contratos y por consiguiente dicha certificación no tiene ninguna validez legal.
“Por último, la supuesta certificación del contrato de compraventa también carece de validez legal porque se realizó sin que estuviera presente el supuesto vendedor Justino Granados.
“Es importante destacar el hecho de que por una sola de estas anomalías —cualquiera de ellas— el Juez José Gabriel Clemente Rodríguez debió haber rechazado la demanda de amparo, por lo que, con mayor razón debió haberlo hecho al existir tal abundancia de irregularidades.
“Sin embargo, lo más grave no fue que se haya admitido la demanda, sino que a pesar de que Enrique Arcipreste del Ábrego no demostró ser legítimo propietario del predio expropiado, con fecha 26 de octubre de 1998 el Juez Clemente Rodríguez le concedió el amparo para el efecto de que el GDF le pagara una indemnización que Arcipreste valuó en 6 mil 905 millones, 528 mil 057 de pesos, puesto que reclamó 3 mil 048 millones por 298 hectáreas de terreno, más otros 3 mil 858 millones de pesos, por todas las construcciones existentes en el Paraje San Juan.
“Es decir, que Arcipreste pretendía que el GDF le pagara una indemnización por todas las casas y edificios que él no construyó, ya que fueron construidas por los ocupantes del Paraje San Juan. ¡Y la Suprema Corte lo ha venido amparando todo el tiempo!
“En vista de ser una sentencia notoriamente ilegal e injusta, el GDF promovió el recurso de revisión pidiendo que se revocara dicha sentencia. De este recurso correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
“Lógicamente, el recurso de revisión que interpuso el GDF fue declarado improcedente y así, la sentencia del Juez Octavo de Distrito fue confirmada en ejecutoria de fecha 23 de junio de 1999.

Reclamo por 7 millones millones de pesos

— ¿Cuáles fueron los puntos relevantes de esa sentencia?
— Esencialmente, la sentencia que favoreció a Enrique Arcipreste del Ábrego, establecía que el GDF disponía de un plazo improrrogable de 24 horas para determinar el monto de la indemnización, lo que más que absurdo es ridículo, ya que es materialmente imposible realizar en 24 horas el avalúo de un predio que mide 298 hectáreas, y en el mismo plazo valuar también todas las casas y edificios existentes en dicho predio. En segundo término, y dentro del mismo plazo de 24 horas, el GDF debía efectuar el pago total de la indemnización, lo que me hace suponer que los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia creen que el dinero se da en los árboles por pretender que el GDF entregara de un día para otro, siete mil millones de pesos, que era la cantidad reclamada por Enrique Arcipreste.
— Cuál fue la reacción de la Corte ante el incumplimiento de la sentencia?
— Al no haber dado cumplimiento el GDF a la sentencia de amparo, se inició un Incidente de Inejecución de Sentencia, que manejó directamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia con el número de expediente 76/2000, y ponencia del Ministro Juan Silva Meza, quien con fecha 19 de mayo del año 2000, requirió por última ocasión a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, para dar cumplimiento a la sentencia, advirtiéndole que en caso de no hacerlo así en el plazo de 24 horas, la Corte procedería a decretar su inmediata destitución y sería consignada ante un Juez Federal como responsable del delito de desacato a un mandamiento judicial.
“Conciente de que el cumplimiento de la sentencia era materialmente imposible, aún en caso de contar con un plazo mayor, y que además la sentencia era legal pero injusta, Rosario Robles instruyó al área jurídica del GDF, para encontrar una solución apegada a Derecho. Y así se hizo. Silenciosamente, sin hacer ningún escándalo ni denostar a la Suprema Corte de Justicia, y sin amagar con la movilización social, pero sobre todo sin buscar el beneficio político personal, se inició la búsqueda de la solución para resolver el conflicto dentro del marco de la legalidad y el Estado de derecho, aún con el riesgo de que la entonces Jefa de Gobierno fuera destituida y consignada penalmente.
“Es necesario aclarar que el tomarse el tiempo necesario para buscar una salida legal a este problema, no implica de ninguna manera que se haya incurrido en desacato a la Suprema Corte, ya que el artículo 105 de la Ley de Amparo, dispone que la sentencia de un juicio de amparo deberá cumplirse en un plazo de 24 horas, pero sólo cuando la naturaleza del acto lo permita así, puesto que la ley no exige imposibles, pero además de ello, el artículo 126 Constitucional establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido dentro del presupuesto. Esto que significa, que las sentencias de amparo cuyo cumplimiento dependa de un pago que no haya sido considerado en el presupuesto, deberá quedar pendiente para el año siguiente, a fin de que la autoridad responsable pueda incluirlo en la próxima partida presupuestal, y para evitarse incurrir en responsabilidad, solamente debe informar y demostrar al juzgador que la sentencia se encuentra en vía de cumplimiento.

El recurso de incidencia

“Así las cosas, a fines de mayo del 2000, se me encomendó la defensa legal del juicio entablado por Enrique Arcipreste en contra del GDF, con instrucciones precisas de que se tenía que encontrar la forma de evitar el pago, teniendo como fecha límite el 30 de octubre de ese año, puesto que en caso de no encontrar la forma de rescatar el juicio, el pago de la indemnización tendría que incluirse en el presupuesto del año 2001, con la debida anticipación para ser aprobado oportunamente por el congreso local.
“Afortunadamente, la solución llegó antes de esa fecha.
“El día 3 de agosto del año 2000, la Jefa de Gobierno del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso legal que no tenía precedentes en el derecho positivo mexicano: La Denuncia de Incidencia.
“Al recibir la denuncia de incidencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó de inmediato suspender los requerimientos de pago de otros juicios de amparo relacionados con el Paraje San Juan, hasta en tanto se resolviera el recurso promovido por Rosario Robles, puesto que así lo había solicitado la Jefa de Gobierno.
— Con la denuncia de incidencia se pretendía anular la sentencia del juicio de amparo que le daba la razón a Enrique Arcipreste?
— La denuncia de incidencia jamás pretendió anular la sentencia de amparo que protegió a Enrique Arcipreste. Esto era jurídicamente imposible puesto que ya era cosa juzgada cuando se inició este recurso, sólo se trataba de precisar los efectos del fallo protector, porque la sentencia se dictó en forma tan deficiente que no precisó su alcance legal.
“Al llegar la nueva administración al GDF el 5 de diciembre de 2000, con Andrés Manuel López Obrador en la Jefatura de Gobierno, inexplicablemente fui retirado del caso y se dio por terminado mi contrato, por lo que ya no tuve oportunidad de seguir en forma directa el desarrollo de la Denuncia de Incidencia, sin embargo, acudía por mi cuenta al juzgado para revisar las listas de acuerdos, y pude percatarme de que la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal a cargo de María Estela Ríos González, había abandonado por completo la defensa del juicio, ya que no se le dio seguimiento a la denuncia de incidencia, lo que motivó que el 7 de febrero del año 2002, el GDF pagara 31 millones de pesos a Francisco Arteaga Aldana, quien también se dijo propietario de una fracción del Paraje San Juan. Este pago jamás debió hacerse puesto que la Corte ya había ordenado suspender ese trámite al admitir la denuncia de incidencia.
“Felizmente, a pesar de que los abogados de López Obrador descuidaron el seguimiento de la denuncia de incidencia, esta fue declarada procedente por la Suprema Corte de Justicia, mediante resolución del 14 de marzo de 2002; y se ganó gracias a la solidez de su planteamiento y fundamentación legal, más no por la intervención —ya que no la hubo— de la administración a cargo de López Obrador; y el resultado fue demostrar a la Corte que la suma de tres predios de distintos reclamantes, rebasaba con mucho la superficie total del Paraje San Juan, por lo tanto, resultaba evidente la falsedad de los supuestos títulos de propiedad, incluido el de Enrique Arcipreste del Ábrego.
“Pero, nuevamente el descuido y la negligencia de López Obrador anularon el resultado de este triunfo. También hay que reconocer el mérito de la Suprema Corte en esta sarta de ilegalidad e incongruencias.
“El día 5 de julio del 2002, el Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, emitió una resolución mediante la cual determinó, que si bien, la reclamación de pago de Enrique Arcipreste era por 298 hectáreas, y que aún cuando gracias a la denuncia de incidencia se demostró que no podía ser dueño de tal extensión de terreno porque esa superficie se sobreponía con otros predios, de todas formas debería pagársele la superficie restante, la cual se determinó aritmética, pero no topográficamente, en 27:20 hectáreas; es decir, que el terreno cuyo pago reclama Enrique Arcipreste se redujo a menos del 10%, con el mismo título de propiedad.
— Que significa que la Suprema Corte haya determinado aritméticamente la superficie del predio en lugar de hacerlo topográficamente?
— Esto quiere decir que con la denuncia de incidencia que promovió la Jefa de Gobierno ante la Suprema Corte, quedó plenamente demostrado que Enrique Arcipreste no era el propietario del Paraje San Juan, puesto que había otros sedicentes propietarios que habían reclamado la propiedad de otros predios ubicados dentro de la misma poligonal envolvente del Paraje San Juan, lo que en topografía se denomina “traslape”, es decir, la sobreposición de dos o más predios en una misma superficie, los que en conjunto cubrían un total de 281:80, de las 309 hectáreas que comprende el Paraje San Juan. Por lo tanto, solamente restaban 27:20 que no tenían dueño conocido, así que con la evidente finalidad de favorecer a Enrique Arcipreste, la Corte resolvió que se le pagara la indemnización correspondiente a esas 27:20 hectáreas, no obstante que el contrato de compraventa que presentó como prueba de su propiedad, amparaba una superficie de 298 hectáreas. Luego entonces, la superficie del predio que la Corte le adjudicó a Enrique Arcipreste se determinó aritméticamente, restando las hectáreas que tenían un supuesto propietario a la superficie total del Paraje San Juan, y como el resultado final fue de 27:20 hectáreas, la Corte resolvió que el GDF debía indemnizar a Enrique Arcipreste por esas 27:20 hectáreas y no por las 298 que reclamó inicialmente. ¡Algo verdaderamente inaudito!
— Y que sucedió con la validez jurídica del título de propiedad? ¿Es válido legalmente un título de propiedad que ampara 298 hectáreas, para reclamar menos del 10% de esa superficie?
— No, no lo es. Si un título de propiedad que ampara una superficie distinta del predio a que se refiere, aún cuando sólo sea por centímetros, queda anulado automáticamente; y para regularizarlo, se deben promover diligencias judiciales de apeo y deslinde, con mucha más razón en este caso, cuando la diferencia existente entre el documento y el predio es de 2 millones 70 mil metros cuadrados y no de unos cuantos centímetros.
“Pues bien, así como es de notoria la ilegalidad e incongruencia de esta resolución, es obvio suponer que sería muy sencillo corregirla mediante la interposición del recurso legal procedente; sin embargo inexplicablemente López Obrador jamás la impugnó, así que siendo como es de arbitraria y antijurídica, esa resolución ya quedó firme y como consecuencia de este descuido —si es que se trató de un descuido— el GDF tendrá que pagar con el dinero de nuestros impuestos la indemnización que exige Arcipreste.

Desatención del GDF de AMLO

— Es posible que los abogados del GDF hubieran ignorado que se había promovido la denuncia de incidencia?
— No, no existe ninguna posibilidad de que López Obrador o sus abogados desconocieran la existencia de ese recurso, debido a que cuando tomó posesión de su cargo, recibió toda la información y la documentación respectiva con el acta de entrega-recepción, y además, porque aun cuando ya no trabajaba yo para el GDF, desde mediados del año 2001 hasta principios del 2002, yo personalmente entregué varios informes por escrito al Secretario General de Gobierno, Agustín Ortiz Pinchetti, a la Consejera Jurídica María Estela Ríos González, al Director de Servicios Legales José de Jesús García Cuevas, y al Secretario de Finanzas Gustavo Ponce Meléndez. En esos informes, les hice saber en primer lugar que el título de propiedad que exhibió Arcipreste del Ábrego es apócrifo, y que su reclamación era improcedente; también les advertí que se había abandonado el seguimiento de la denuncia de incidencia
— Cuál fue el resultado de los informes que usted entregó a esos funcionarios?
— Ninguno. No hubo ningún resultado favorable. A pesar de que aún estaba en trámite la denuncia de incidencia, y de que yo les había informado por escrito que se trataba de un fraude y que el pago era improcedente, el GDF continuó los trámites conducentes a pagar la indemnización. Es decir, que a pesar que la Suprema Corte ya había ordenado suspender la tramitación del juicio, los abogados del GDF siguieron practicando varias diligencias, entre ellas los avalúos del predio, y cuando concluyeron los avalúos, López Obrador autorizó el pago de mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste, tal como el propio López Obrador lo reconoció el 30 de octubre del 2003 ante todos los medios de difusión.
“Esto sucedió el 21 de febrero de 2002, y por supuesto, sin hacerlo del conocimiento de la opinión pública. López Obrador había autorizado el pago de la indemnización por mil 810 millones de pesos calladamente, “en lo obscurito”.
“En vista de que el pago era ya inminente, decidí salir de la esfera del GDF porque ahí nadie hacía nada por evitar el pago, y presenté sendas denuncias ante la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación. El resultado fue el mismo: nadie quiso intervenir para evitar el fraude.
"Decepcionado de las autoridades decidí denunciar el fraude ante la opinión pública, por lo que acudí a varios medios que se rehusaron a publicar la información, hasta que por fin, el 17 de diciembre del 2002 el diario Milenio publicó mi denuncia, lo que motivó que el GDF buscara una justificación, y el 23 de junio de 2003, López Obrador declaró que ya habían descubierto que se trataba de un fraude, pero esto lo dijo seis meses después que yo lo hice público, y sin embargo, ni aún así trató de evitar el pago, sino que únicamente hizo una simulación de defensa con declaraciones ante los medios de difusión, para ganar una popularidad basada en mentiras, mientras que el juicio seguía abandonado.

Predio propiedad de la Nación

“En mayo del 2004, el Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame, declaró que había encontrado el Título de Propiedad del Paraje San Juan y que en el mismo aparecía que el predio nunca había dejado de ser propiedad de la Nación, por lo tanto, es obvio que no podía ser propiedad de Enrique Arcipreste del Ábrego.
“Evidentemente, con ese documento López Obrador podía haber anulado la resolución de la Suprema Corte que le ordenó indemnizar a Enrique Arcipreste, pero no lo hizo en su momento, y la consecuencia es que ahora el título de propiedad ya no es apto para tal efecto, puesto que ya transcurrieron casi dos años desde que se tuvo conocimiento de su existencia. Así que ahora López Obrador tiene que explicarnos por qué obscuros intereses no hizo valer el título de propiedad ante la Suprema Corte.
— El 29 de octubre del 2003 López Obrador declaró que él había autorizado el pago de la indemnización porque la Consejera Jurídica María Estela Ríos González le envió un oficio avalando con su firma la procedencia del pago, ¿es eso correcto?
“Esa es otra mentira de López Obrador. Si fuera verdad que la Consejera María Estela Ríos le hizo llegar ese oficio, y el error hubiera sido de ésta, López Obrador la hubiera despedido de inmediato, además de fincarle una responsabilidad en la Contraloría del GDF. El hecho de que María Estela Ríos sigue desempeñando el mismo cargo hasta la fecha, demuestra sin lugar a dudas que actuó bajo consigna de su jefe, o sea el mismo Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que quien controlaba ese expediente era el Secretario de Finanzas del GDF Gustavo Ponce Meléndez 'el tahúr de las Vegas', con la aprobación de René Bejarano, que era el Secretario Particular de López Obrador”.
"Finalmente, tenemos que el 6 de diciembre del 2005, la Juez XV de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal María Gabriela Rolón Montaño, redujo el monto de la indemnización de mil 810 millones de pesos, a sólo 60.4 millones, que en apariencia es un considerable ahorro, pero si tomamos en consideración que el Paraje San Juan nunca dejó de ser propiedad de la Nación, esto nos lleva a la conclusión de que no hay ninguna razón que justifique hacer ese pago a un particular; pero como esta ocasión Alejandro Encinas consintió esta resolución por no haberla impugnado dentro del plazo legal, al igual que antes lo hizo López Obrador, esta resolución quedó firme y hay que pagar por una deuda que no existe. Fraudis Consumatum Est".

Las redes ciudadanas, maquinaria electoral que va por el “carro completo”

Renato Consuegra

Inicialmente planteadas como una forma de potenciar la escasa y poco operativa estructura electoral perredista en todo el país, las redes “ciudadanas” de apoyo a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador se transformaron ya no sólo en una agrupación paralela al PRD para ganar la elección presidencial de 2006, sino en una maquinaria electoral cuyo tercer objetivo es construir una mayoría que le de el respaldo necesario en el Congreso de la Unión, a fin de poder realizar las reformas constitucionales que le permitan tener mayores márgenes de gobernabilidad como en la era priísta previa a los tecnócratas.
Sin embargo, hoy los perredistas de viejo cuño, aquellos que se formaron en la izquierda o participaron en la fundación del partido, ven con cierta impotencia cómo el pragmatismo que presumen los llevará al poder, a la vez, los separa del partido, y al interior del PRD comienzan a mostrar su “callado” descontento.
Sobre todo porque a ese aproximadamente 70 por ciento de integrantes de las redes “ciudadanas” que harán del PRD un nuevo PRI en el caso de que ganen la elección de 2006, recientemente les restaron espacios para las candidaturas uninominales y plurinominales por la alianza con los partidos del Trabajo y Convergencia.
Un estudio en nuestro poder, realizado por estos perredistas en alerta máxima, destaca que los coordinadores del neoperredismo son cinco: Socorro Díaz Palacios, Manuel Camacho Solís, Adán Augusto López (sustituyó a César Raúl Ojeda Zubieta, quien competirá nuevamente por la gubernatura de Tabasco), José Agustín Ortiz Pinchetti y Ricardo Monreal Ávila.
La idea de López Obrador y su primer equipo“compacto”, al que se integró Federico Arreola Castillo, fue dividirse el trabajo por circunscripciones para sumar gente no tanto a sus redes, como lo hicieron en el proceso de 2000 los Amigos de Fox, sino de buscar y lanzar a candidatos con estructura electoral y trabajo en las bases, que le hagan la campaña al candidato presidencial.
Pero, que, a la vez, estos candidatos tengan grandes posibilidades de ganar en sus distritos, porque advirtieron que la carencia de estructura del PRD y las antipatías que estos tienen en algunos estados de la República, no les permitiría convertir en votos la simpatía generada por la figura de López Obrador.
Entonces, lo que empezaron a buscar fueron perfiles ganadores, sin importar que podrían ser priístas, panistas, petistas, ex de Convergencia o funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
A esta labor se han dedicado los operadores políticos de López Obrador: Socorro Díaz en Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora; Manuel Camacho en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Adán Augusto López trabaja en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco; Ortiz Pinchetti en el Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y; Ricardo Monreal en Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Puesto de mando

De acuerdo con la información obtenida, el puesto de mando de la campaña de Andrés Manuel López Obrador está compuesto de, por los menos tres círculos muy cercanos.
Su primer equipo compacto, en el que destacan el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien se encarga de buscar el acercamiento con los expriístas e, incluso, con los actuales gobernadores del PRI, que en un momento dado, si la candidatura de Roberto Madrazo no tiene posibilidades de triunfar, pudieran jugar sus canicas, entendidas estas como estructura y candidatos, a partir de marzo con el candidato del PRD.
Muchos dicen de Monreal que no sólo es su enlace político, sino que por el ánimo integracionista y apertura política, Monreal es como el Secretario de Gobernación de la campaña.
El caso de Manuel Camacho no es diferente. Sin duda, es uno de los pilares de la estrategia lopezobradorista. Pero además de la relación en los estados que le corresponden dentro de la estrategia nacional, Camacho se dedica al orden internacional. Él es quien va a los Estados Unidos a tocar las puertas de las grandes empresas transnacionales, a los periódicos, etc.
Pero también otro de los que operan a López Obrador es su hermano Pío. Fue él quien organizó la primera de las redes ciudadanas en Tabasco. Participa también en las reuniones de todos los martes en la casa de campaña. Es de los que no se ven, de los que no aparecen públicamente, pero tiene voz y voto en las decisiones del primer círculo.
Este primer círculo lo completan el encargado de la logística de las giras, su ex secretario particular en el Gobierno del Distrito Federal y sustituto de René Bejarano, Alejandro Esquer, y el responsable de los recursos para la campaña, el actual secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Arturo Herrera, quien para no incurrir en irregularidades en su trabajo como funcionario público, aprovecha los fines de semana para “acordar” muy discretamente con López Obrador, incluso cuando el candidato anda de gira.

Consejo Consultivo

Un segundo círculo alrededor de Andrés Manuel López Obrador es el integrado por los miembros del llamado Consejo Consultivo para la campaña, liderado por Porfirio Muñoz Ledo, donde hay perredistas, pero sobre todo un grupo de ex priístas que serán, sin duda alguna, los acaparadores de los primeros lugares en las listas plurinominales para las diputaciones y senadorías, además de algunos que se podrían colar al gabinete.
Entre los perredistas se encuentran la ex cardenista Ifigenia Martínez, Saúl Escobar, Jorge Calderón y Alfonso Ramírez Cuellar.
Y personalidades que se hicieron y tuvieron cargos importantes como priístas, tal es el caso de Roberto Campa Cifrián, carcano a Elba Esther Gordillo; Enrique Ibarra Pedroza, ex precandidato a gobernador de Jalisco y representante del PRI en el IFE, además de diputado federal; Ignacio Ovalle, ex diputado federal y José Ángel Pescador, ex secretario de Educación Pública.
Pero también se encuentra en ese grupo gente como Mariclaire Acosta, ex subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Víctor Flores Olea, Agustín Basave, ex presidente de la Fundación Colosio; David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Agustín Ortiz Pinchetti, ex secretario general de Gobierno del DF, ex consejero y operador de las redes ciudadanas; Yeidckol Polevnsky, presidenta de la Canacintra y ex candidata del PRD al gobierno del Estado de México; Enrique Semo, escritor y ex secretario de Cultura del DF, y Alfonso Sánchez Anaya, ex gobernador de Tlaxcala y su esposa, la senadora Maricarmen Ramírez.

Consejo de asesores

El 11 de octubre Andrés Manuel López Obrador anunció la integración de un consejo de asesores de su campaña política, que es considerado como la materia gris de la campaña, el cual está conformado por Juventino Castro y Castro, ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesorará a López Obrador en materia de estado de Derecho; Enrique González Pedrero, será sus ojos en lo que corresponde a política interior; Luis Villoro le brindará asesoría en todo lo concerniente a la materia social; la escritora y periodista Elena Poniatowska lo hará en un ramo muy importante y que le puede hacer llegar muchos votos, como es la cultura; José María Pérez Gay enfocará sus aportes en asuntos de política exterior; y Rogelio Ramírez de la O será el visor prospectivo de los asuntos económicos, todos ellos coordinados por el abogado Javier Quijano.

Molestia perredista

Una pieza importante en todo el esquema del equipo de campaña y las redes creadas por López Obrador lo es sin duda Leonel Cota Montaño, su enlace con el partido, porque si bien el PRD por sí solo no le garantiza el triunfo electoral, un desmembramiento temprano del instituto político o un alejamiento de la izquierda que aún pervive, serían catastróficos para el 2 de julio de 2006.
Es Cota quien en los últimos días ha logrado sortear las molestias de los perredistas como Guadalupe Naranjo, secretario general del partido ligado a Jesús Ortega, pues fue sacado de la reunión donde acordaron la alianza con Convergencia, y es la fecha que no sabe bien a bien cuáles fueron los acuerdos entre Dante Delgado, López Obrador y la presidencia del PRD.
Tal molestia se tradujo en que para aprobar la alianza, estuvieron a punto de perderla, pues la votación fue de 9-8 en el Comité Ejecutivo Nacional.
Una situación similar sucedió tres semanas atrás cuando Cota quería modificar los acuerdos del Consejo Político para los Distritos Reservados para miembros del PRD, pues ya tenían aprobados 108 distritos base, de los cuales no iba a tocar ni uno sólo para los acuerdos de López Obrador.
Y todo porque querían trastocar aquellos acuerdos para abrir 56 candidaturas para Convergencia.

La estructura electoral

De hecho la estrategia electoral visualizada a partir de las redes “ciudadanas” se ha comenzado a conformar, por ejemplo, con varios ex candidatos a gobernadores que perdieron en sus estados, pero tienen detrás suyo un trabajo electoral reciente, estructura y, por tanto, una buena cantidad de votos probables sobre los que habría que imponer la figura de López Obrador.
De tal forma, para el senado ya se han destacado Dante Delgado por Veracruz, Layda Sansores por Campeche, Juan Ignacio García Zalvidea, apenas salga de su conflicto penal, en Quintana Roo; Luis Walton en Guerrero, Gabino Cué en Oaxaca, Jesús Orozco Alfaro en Colima, Máximo Gámiz en Durango, Yeidckol Polevsnky en el Estado de México, además de otros personajes como el ex secretario particular del presidente Vicente Fox, AlfonsoDurazo Montaño, quien iría por Sonora, aunque busca la posibilidad de no hacer campaña e ir a las plurinominales.
El mismo caso sucede con los probables candidatos a diputados, donde gente con estructura por sus actividades recientes, están coordinando las redes en los estados, como sucede con el ex priista Benjamín Granados Garnica, ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria durante más de 10 años, en Campeche; o Jorge Zarzoza, ex presidente del PAN en Gómez Palacio; o Soledad Ruiz, ex lideresa del PRD con sus derechos partidistas suspendidos, en Durango.
Es el caso también de Gilberto Parra, ex presidente del PRD en Jalisco, ex diputado federal y hoy dirigente del movimiento Braceroproa; del ex subsecretario de Gobernación y ex diputado federal priísta en San Luis Potosí, Juan Ramiro Robledo; de Juan Manuel Viedas, ex líder estatal de Convergencia; de Luz María Beristáin, ex presidenta del PRD en Quintana Roo y Miguel Ángel Navarro en Nayarit, quien ahora iría por una diputación federal, luego de su derrota como candidato a gobernador por el PRD, siendo senador priista.
Incluso, existe una versión que no se ha podido confirmar dentro del PRD, de que tanto Ricardo Monreal como Manuel Camacho Solís han buscado a personajes importantes del PRI, alejados hoy de Roberto Madrazo, quienes con su sola presencia podrían atraer a sus simpatizantes, que no son pocos, como son sus ex presidentes Genaro Borrego Estrada y Dulce María Sauri Riancho.
Es decir, López Obrador ha abierto los brazos a todo aquel que se acomode en su estructura con una única intención: ganar, y ganar, como en el viejo PRI, con carro completo.

México en la ruta de la revolución bolivariana

Enfrentamiento por el 2006

Publicado en la revista Vértigo

La carencia de tacto político del presidente Vicente Fox fue la cereza del pastel para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Porque el desencuentro entre el presidente de México y el venezolano durante la iv Cumbre de las Américas, efectuada en Argentina, está claro que no es por mucho un asunto de diferencias diplomáticas por el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
Nada más lejano que eso. Tiene que ver con un proceso político de mayor envergadura a nivel latinoamericano, y de la máxima prioridad en México por el proceso electoral de 2006.
El asunto tiene anclaje con la estrategia chavista de llamar la atención sobre el proyecto de la revolución bolivariana que desea exportar a los países de América Latina, pues frente a las elecciones que se realizarán en 2006 (México, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Perú y Venezuela) existe el plan de que 75% del hemisferio se convierta en “gobiernos de izquierda”.
Pero también tiene que ver con la alianza llamada por los operadores políticos de George W. Bush como el Eje del Mal, es decir, con los gobiernos de Cuba y Venezuela, quienes invocando los afanes intervencionistas de Estados Unidos recurren a la misma estrategia de aquellos a quienes critican para imponer sus visiones parciales del mundo.
De tal forma que así como el gobierno estadunidense ha financiado gobiernos de gorilas y golpes de Estado en los países latinoamericanos y de otras latitudes a través de la Agencia Central de Inteligencia (cia), o con invasiones directas como actualmente sucede en Irak, anteriormente Cuba lo hizo con los escasos recursos que le quedaban por la colaboración rusa, cuando buscó exportar la Revolución Cubana lo mismo a Centroamérica o África. Hoy, con el motor económico de la Venezuela chavista, los dirigentes de ambos países procuran extender en América la revolución bolivariana.
De tal forma que así como ha sido reprobable la intromisión de Estados Unidos en los asuntos de México —incluido el financiamiento de campañas como se presume fue la del actual presidente, Vicente Fox— de la misma forma lo es, hoy, la de Cuba y Venezuela.
Se perdió el respeto
Pero antes un paréntesis. Cuba se guardó de entrometerse en los asuntos de nuestra nación por respeto inicialmente al general Lázaro Cárdenas y, más adelante, al capitán Fernando Gutiérrez Barrios, por la protección que ambos ofrecieron a Fidel Castro cuando fue detenido en 1956, meses antes de su partida en el yate Granma para internarse en la Sierra Maestra y hacer la revolución.
De hecho, con la complacencia de los círculos diplomáticos, de inteligencia y policiales mexicanos, durante muchos años actuaron en nuestro país los servicios de espionaje cubanos, que realizaron actividades delincuenciales para obtener recursos y financiar guerrillas como la sandinista en Nicaragua, de acuerdo con el relato realizado por Jorge Masetti en su libro El furor y el delirio: Itinerario de un hijo de la revolución cubana (Tusquets, 1999).
Pero fallecieron Cárdenas y Gutiérrez Barrios, y también asumió el gobierno mexicano un partido diferente al pri, con lo cual terminó el romance diplomático que hoy La Habana parece haber reiniciado con un nuevo-viejo pri, el que se adueñó del prd.
Injerencia internacional
Versiones de inteligencia internacional —no sólo la de Estados Unidos— detallan la “ayuda” económica que el gobierno de Venezuela entregó a la campaña presidencial del Partido del Trabajo en Brasil para llevar a la presidencia a Luis Inacio Lula da Silva.
No pocos mencionan la “colaboración” chavista en las revueltas de los líderes cocaleros en Bolivia. Y no menos sospechosa es la cercanía con Daniel Ortega en Nicaragua y Néstor Kirchner de Argentina, en esta especie de bloque que se conforma en el hemisferio junto con Uruguay y Chile, al grado que sus impulsores aseguran que antes de 2010, 75% del continente estará gobernado “por la izquierda”.
En el caso de México, aunado a los resbalones diplomáticos del presidente Vicente Fox y su equipo de colaboradores que llegaron al enfrentamiento con Cuba y Venezuela, hace algunos años también evaluaron el surgimiento de Andrés Manuel López Obrador como probable candidato presidencial; entonces comenzaron a apostarle.
La estrategia se circunscribió, por un lado, al golpeteo del gobierno de Fox y, a la vez, al apoyo del gobierno del Distrito Federal.
Cercanía GDF-Venezuela
Desde el anterior embajador venezolano, Lino Martínez, se inclinó la balanza de Caracas por un candidato a la presidencia de la república, pues antes de retirarse dijo que Andrés Manuel López Obrador era un rayo de luz para los ciudadanos mexicanos, frase que el ex gobernante del df retomó para asumirse como el “rayito de esperanza”.
Tal cercanía de la Venezuela de Chávez en México con el prd y sus principales candidatos, López Obrador y Marcelo Ebrard, no podía ser más evidente, ya no sólo tras la intervención del ex embajador Vladimir Villegas en un acto de conmemoración del asalto al cuartel Moncada el pasado 24 de julio, en el cierre del Festival Todo Cuba en Coyoacán, sino en la despedida que militantes del prd dieron la noche del lunes 14 al ex representante de ese país.
En Coyoacán, aquel domingo de julio, Ebrard dijo: “Que no se nos olvide, compañeras y compañeros. Si algún pueblo puede compartir el ideal de Bolívar es México y por eso tienen la recepción que tienen”.
De manera “circunstancial”, aquel domingo inició transmisiones para América Latina el canal multiestatal Telesur, que cuenta con aportaciones de capital de los países que han conformado el frente de izquierda en el Cono Sur: Venezuela, Argentina y Uruguay, además de Cuba.
En Caracas, la apertura fue encabezada por Hugo Chávez, su principal impulsor.
Ese día Marcelo Ebrard comentó en Coyoacán: “Nos da mucho gusto la noticia de que vamos a tener Telesur, o sea, un canal latinoamericano para todos los latinoamericanos, porque la información que a nosotros nos llega a México es la que quiere Estados Unidos, no lo que ustedes están haciendo”.
Y luego de asegurar que “nosotros tenemos ahora un gobierno federal vergonzante, enemigo de Cuba y Venezuela”, prometió seguramente en nombre de López Obrador que “el año que entra vamos a corregir que ese gobierno vergonzante ya no esté, vamos a tener un gobierno digno que defienda a América Latina”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Los Panchos Villa van contra AMLO

Si se les cuestiona por qué son violentos, aceptan serlo sólo al responder a una agresión; si se les ubica como la disidencia, afirman no haber traicionado los principios que los formaron; si se les toma como brazo golpeador de algún grupo de interés gubernamental, señalan haber sido ellos los atacados; si se les censura por pretender hacer de sus colonias ciudades sin ley, alegan tomar en sus manos la seguridad para beneficio de sus propios hijos.
El caso es que los integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), dicen que se encuentran en pie “para continuar dando lata” y propiciar que el Gobierno del Distrito Federal les cumpla sus demandas, y una de sus prioridades es, precisamente, hacer del predio Las Calabazas en las faldas de la sierra de Santa Catarina, un corredor educativo y parque ecológico.
El 23 de junio fueron desalojados del lugar que comprende 560 hectáreas, pero aseguran que “mientras haya negligencia y falta de atención a nuestras demandas, nos vamos a seguir moviendo. No nos amedrentamos; el FPFVI está completo, no nos tocaron un pelo (en el desalojo) y los grupos que formamos el frente están concientes que el Gobierno del Distrito Federal no responde a sus demandas”, explica Gerardo Meza, encargado de la Comisión de Prensa y Difusión.
Y como respuesta a la falta de atención, a diferencia de sus pares del Frente Popular Francisco Villa de tendencia perredista, “se le hace ver a la gente que no se vaya con el fenómeno de la campaña electoral. En el caso de El Peje le hacemos ver que se fije en lo que sucede en la ciudad”.
Incluso, luego de hacer notar su negativa a establecer cualquier tipo de relación ideológica con los partidos políticos con registro y sin él, porque “nosotros buscamos el poder popular debido a que ningún partido representa nuestras demandas”, afirman que Andrés Manuel López Obrador “no va a cambiar las estructuras, ni de manera radical el sistema existente. Por lo tanto, no es una alternativa para nosotros. Quiere quedar bien con todos, por eso le decimos a la gente que no se vayan con la finta, porque no es quien plantea ser”.

Historia y escisión

Al ser desalojado en 1983 un grupo de colonos de la zona Las Minas, en Santa Catarina, se vincularon con el primer antecedente político estudiantil del Frente, llamado Comité Coordinador Estudiantil (CCE), en el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, que más tarde en las aulas de Ciencias Políticas de la UNAM se convertiría en el Frente Estudiantil Universitario. Este grupo organizó a esa gente y constituyó la cooperativa Allepetlalli.
Así, de manera casi fortuita, comenzó a funcionar una organización de la cual más adelante surgieron varios grupos de gestoría, atendidos por gente como Elí Homero Aguilar Ramírez, Pedro Jara, Jaime Enrique Reynoso Esparza, Sonia Peralta, Agustín González Cázares, Alejandro El Grandote López Villanueva y su hermano y Adolfo, Rosario Hernández Aldaco, José Jiménez Magaña, José Luis Rubio y Ana Estela Aguirre, entre otros.
Algunos de estos activistas también formaron parte del Ala Brigadista del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1988, cuyas cabezas eran Carlos Imaz, Imanol Ondorica, Antonio Santos y Martí Batres, entre otros.
El 4 de noviembre de 1988 alrededor de 7 mil familias que cuatro meses antes habían acudido con ellos para formar una cooperativa de vivienda en el kilómetro 4.5 de la carretera al Ajusco, fueron desalojadas del predio llamado Lomas del Seminario, en la delegación Tlalpan.
Llevados una parte de los colonos al sindicato de las costureras en San Antonio Abad y otros regresados a sus lugares de origen, los brigadistas trasladaron a unas mil familias a las “islas” de la UNAM, desde donde presionaron al nuevo gobierno para reubicarlos.
A la vez, el entonces rector Jorge Carpizo se comprometió a apoyarlos si se sacaba el conflicto que mantenía en huelga a la UNAM. Sin embargo, al verse burlados, aprovecharon la primera comparecencia del Jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, para tomar por asalto las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propiciando una negociación en febrero de 1989, que llevaría a la construcción de 900 viviendas para diversas organizaciones populares, entre las que estaban el Frente Popular Independiente Lomas del Seminario, la Asociación Civil Tlaltenco, habitantes de las Colonias Belvedere y López Portillo y las cooperativas de vivienda Tepetatli, Ce Cualli Ohtli y Huasipungo.
El primer permiso para construir 170 viviendas se los entregó ni más ni menos, el actual secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y precandidato a la Jefatura de Gobierno, Marcelo Ebrard, cuando era secretario de Gobierno de Manuel Camacho Solís en 1989, al darles las primeras legalizaciones de terrenos invadidos.
De esta forma, y al ver la fuerza que tenían al marchar unidos, el 12 de febrero de 1989 decidieron formar el Frente Popular Francisco Villa, escogiendo el nombre de este revolucionario por su rebeldía, y resolvieron adoptar una postura antielectoral; es decir, no ser parte de la oposición oficial como el PRD en formación por aquellos días, del Partido del Trabajo (PT) o del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)”.
En mayo de 1994 hubo un enfrentamiento con los granaderos en las instalaciones del CCH-Oriente (Cabeza de Juárez), donde salieron a relucir bombas molotov, refriega de la cual surgieron 18 órdenes de aprehensión.
Pero a la par, el 19 de mayo de ese año, el gobierno federal dio a conocer un decreto “por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera de subasta pública, un predio ubicado en la manzana 25 de El Molino, Delegación Iztapalapa, D.F., en favor de la Asociación Civil Unidad Habitacional Frente Popular Francisco Villa, para fines de vivienda”.
Dos años más tarde, el 11 de octubre de 1996, fue detenido Elí Homero Aguilar Ramírez como consecuencia del enfrentamiento y trasladado al Reclusorio Norte.
Eran los momentos difíciles dentro de la organización. Para esos días se sabía que el año siguiente sería elegido por primera ocasión el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y mientras el ala cercana a los ceuístas del PRD se inclinaba por participar en las elecciones sólo en ese proceso mediante la postulación de candidatos plurinominales y la orientación de votos, el otro grupo propuso consultar en las asambleas, colonias, y comunidades la opinión de las bases, con el fin de darle largas al asunto y desembarazarse de esta idea, porque “la búsqueda del poder popular sigue siendo nuestra postura”.
Sin embargo, Alejandro y Adolfo López Villanueva, conocidos dentro del FPFV como “Los Manzanos” porque “en 1990 se agandallaron varias manzanas del predio El Molino que debían ser repartidas de forma equitativa”, decidieron colaborar con el PRD y participar electoralmente al lado de los grupos comandados por René Bejarano.
Adolfo ya fue diputado local en la anterior legislatura, posición que le tocaba a su hermano Alejandro, en aquel entonces preso acusado de presunta participación en el homicidio del magistrado Abraham Polo Uscanga, que no le fue comprobada. Actualmente es diputado local José Jiménez Magaña, cuñado de Adolfo y Alejandro.
La integración a la estructura partidista y en las labores de gobierno desmovilizó a esta facción del FPFV, la perredista. Agustín González así lo reconoció en abril de 2004 cuando festejaron los 15 años de la organización: "Creo que hemos avanzado en nuestras demandas, no ha sido necesario estarnos movilizando tan continuamente; con el gobierno democrático (de López Obrador) han sido más sensibles”.

Independientes

“En cambio nosotros seguimos reivindicando la estructura independiente”, afirman Gerardo Meza y Rosario Hernández Aldaco, en conversación con el reportero en sus oficinas del predio Acapatzingo, a unos cientos de metros del predio Las Calabazas.
El lugar es territorio autónomo. Su seguridad está conformada por comisiones de los propios vecinos. Se alcanzan a ver tres torres de departamentos de 66 metros cuadrados de construcción con tres recámaras y decenas de casas unifamiliares de 60 metros, pero que pueden alcanzar los 120 metros cuadrados, todas ellas pintadas en colores lila o amarillo.
Las construcciones contrastan con la terracería de sus calles, pero “es un trabajo que estamos haciendo poco a poco; se está entubando el drenaje y agua, la energía eléctrica y las líneas telefónicas son subterráneas; lo mismo que este local (contrastante también por sus paredes de adobe y techo de lámina) el cual está destinado para un centro comercial, además de las escuelas primaria y secundaria”.
En la oficina donde los líderes atienden a la comunidad, se encuentran posters de los referentes de la lucha popular, desde José Revueltas, pasando por el Ché Guevara, Ho Chi-Ming, Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Illich Lenin, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros.
“Nuestro proyecto es un proyecto de vida nueva. Para el Estado la vivienda de interés social es de 45 metros cuadrados y pie de casa de 35 metros cuadrados; nosotros creemos que no es así. Por eso mismo hemos hecho cosas que desgraciadamente la opinión pública no logra ver, porque sólo se nos saca en los medios de comunicación cuando somos noticia por hechos violentos”.
Dicen haber construido tres escuelas, haber mejorado el nivel de vida de la gente a través del trabajo organizado e independiente, además de sus proyectos culturales y de salud.
El predio de Las Calabazas varias ocasiones invadido es parte de estos proyectos, afirman Gerardo Meza y Rosario Hernández, ésta secretaria de la comisión de Relaciones Públicas del FPFVI.
“Desde 1997 ya planteábamos la construcción de un corredor educativo y un parque ecológico en ese predio, pero precisamente por la escisión del frente no ha habido relación con la delegación Tláhuac desde que asumió la jefatura delegacional Graciela Rojas. Estamos en la posición de que se realice el proyecto y vamos a presionar en la medida en que nos obliguen porque estos gobiernos del PRD son peores que los del PRI; aquellos por lo menos escuchaban, pero estos trabajan sólo para las organizaciones afines a ellos”.
Precisamente aquí entran en disputa los intereses del Frente Popular Francisco Villa perredista, con influencia en la zona de Tláhuac, y los propios de la actual delegada Fátima Mena, quien se inició en la política como invasora de predios junto con Patricia y Rocío Mendoza y el ex jefe delegacional Francisco Martínez Rojo.
Fátima Mena puso en contra del FPFVI a los vecinos, a quienes el 19 de junio mediante un boletín de prensa llamó a crear un frente común para sacarlos del lugar: “La Delegación Tláhuac hace un llamado a los habitantes de los siete pueblos de la Demarcación, a fin de crear un frente común para evitar que el predio conocido como “Las Calabazas” caiga en manos de invasores o fraccionadores, que sólo buscan lucrar con un área natural protegida”.
En cambio, los Panchos Villa Independientes afirman que “la agresividad con que nos enfrentaron es para cuidar los intereses de Fátima Mena porque ellos mismos están vendiendo esos terrenos, fraccionados, a particulares”

Despedida a López

Gerardo Meza pide a su pequeño hijo que se acerca a la conversación, que le permita explicar: “Nos tienen en la mira porque los cuestionamos. Por eso se da esa andanada buscando repercusiones jurídicas; por eso somos peligrosos para ellos. Pero no van a podernos doblegar porque si antes la dirección colegiada la componían 15 compañeros, ahora somos 50”.
Por esto mismo, si en la segunda o tercera semanas de julio el Gobierno del Distrito Federal no les ha resuelto la construcción del corredor educativo y el parque ecológico en Las Calabazas, van a paralizar las principales vías de comunicación de la ciudad a manera de despedida a Andrés Manuel López Obrador como comenzaron a hacerlo el pasado lunes, además de otra serie de eventos como un foro sobre la izquierda independiente “porque el PRD se abroga el término, olvidando el origen de sus principales dirigentes como López, Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Monreal y Leonel Cota”.
Y a manera de última crítica contra sus pares perredistas del Frente, Meza añade: “Olvidándose ellos también de su pasado, hoy van a apoyar junto con René Bejarano a Marcelo Ebrard; es decir, van a tratar de hacer Jefe de Gobierno a quien nos madreó”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Historia de un engaño

En San Mateo Tlaltenango

Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios, ¿a cambio de qué?

(2005-05-09

De no aportar parte de sus tierras a una sociedad con las empresas subsidiarias de Caabsa, estas se expropiarían a muy bajo precio, fue la amenaza recibida por los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango, justo en las céntricas oficinas del entonces regente Manuel Camacho Solís.
El episodio marcó el inicio de la urbanización de una zona dentro del complejo de Santa Fe conocida como Hueyatla, ahora de gran plusvalía debido a la construcción de los puentes de la “Avenida de los Poetas”, sobre las cañadas Puerta Grande, Atzoyapan y Los Helechos.
Los predios “comprados” en la década pasada mediante presuntos engaños en 40 pesos por metro cuadrado, hoy alcanzan un valor aproximado a cerca de 14 mil pesos o bien, mil 200 dólares, la misma medida.
Para lograr dar plusvalía a la zona y detonar los desarrollos inmobiliarios hoy notorios, medió una serie de irregularidades, arreglos y componendas cuyos principales actores se encuentran en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el gobierno de la ciudad y en la empresa Caabsa.

Aportaciones

La desincorporación de predios del Ejido de San Mateo Tlaltenango que constaba de 390 hectáreas hasta 1936, inició cuando por Decreto Presidencial en noviembre de 1972 les expropiaron 42 hectáreas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, para la construcción del Reclusorio Poniente, predio al cual se le llamó R-42.
Más adelante, también por Decreto Presidencial de febrero de 1990, fueron expropiadas poco más de 17 hectáreas a favor del DDF, en ese entonces dirigido por Camacho Solís, a las cuales se agregaron 14 hectáreas dos años después.
Dos expropiaciones más a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, sumó otras 25 hectáreas retiradas del patrimonio de los ejidatarios.
Sin embargo, la historia de los lujosos desarrollos inmobiliarios en construcción inició mediante presiones, en enero de 1991, cuando la Asamblea de Ejidatarios autorizó la firma de un “Convenio de Compensación” con la sociedad mercantil Club La Sierra, por el uso temporal del suelo para la construcción de canchas ecuestres, con vigencia de tres años renovables por periodos iguales, hasta contemplar doce años.
La historia contada a los titulares del ejido, Jesús Carrillo Flores, Fernando Flores Ortiz, Arturo Mejía Martínez y Clemente Ángeles, entre otros, fue que las empresas tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio ecológico debido a que ya habían desarrollado la zona comercial de Santa Fe.
Por ello les proponían una “sociedad” para su preservación. “Nosotros mediante la aportación de tierras y ellos (los empresarios) con los recursos económicos para el cuidado de la zona”.
De esta forma, dicen los ejidatarios, en junio de 1994 aportaron más de 45 hectáreas para la ampliación del Club de Golf Reforma y 42 días después, 31 hectáreas más al Club Hípico La Sierra, esta “con el propósito de desarrollar actividades hípicas, ecológicas y recreativas, mejorar y conservar las áreas naturales y construir la infraestructura necesaria para estos fines”, y consistía “en la remodelación y ampliación de un centro ecuestre, mediante la aplicación de procedimientos y sistemas avanzados de construcción, buscando la optimización de los recursos naturales con el establecimiento de infraestructura y sistemas ecológicos que permitan la preservación del entorno natural”.
En marzo de 1997 hubo una nueva “aportación” de casi 40 hectáreas a la sociedad anónima Río de Santa Fe, y en julio de 1999 casi 30 a la empresa Cumbres de Santa Fe, que sumaron cerca de 146 hectáreas en total.
Una vez amarradas las aportaciones de tierra, afirman los ejidatarios que comenzaron a ser presionados para participar también al capital social de las empresas. Sin embargo, al no contar con recursos económicos, fueron convencidos de que lo mejor era vender su parte de la sociedad en 40 pesos el metro cuadrado, respetando los acuerdos de preservación ecológica.
Jesús Carrillo Flores explica cómo fue el supuesto engaño: La empresa club de Golf Reforma les propuso un proyecto ecológico con el argumento de que sus tierras eran improductivas y tenían uso de suelo agrícola y forestal, por lo que no podían construir en esa zona. “Nos dijeron que sólo iban a ampliar el Club de golf y que iban a respetar el bosque, pero de la noche a la mañana construyeron una barda perimetral y empezaron a tirar los árboles. Ya después nos dimos cuenta que estaban construyendo casas”.
Al respecto, Arturo Mejía, destacó que en esa zona donde se construyen los grandes edificios de Santa Fe, anteriormente vivían alrededor de 50 familias que fueron reubicadas del lugar, con el argumento de que no podían cimentar en terrenos ecológicos.
De igual forma, se les había indicado que en sus comunidades tampoco podían instalar algún negocio por la misma situación. A las grandes empresas, en cambio, si se les permitió cambiar el uso de suelo.

El último jalón

Apenas unos días antes de entregar las curules a los nuevos diputados elegidos el 2 de julio de 2000, el 18 de agosto la mayoría parlamentaria del PRD en la Primera Asamblea Legislativa aprobó el Decreto por el que se Aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, instrumento mediante el cual se realizó el cambio de uso de suelo en prácticamente toda la zona de Santa Fe, para hacerla un polo de desarrollo de baja densidad y alta plusvalía.
En la fundamentación del decreto se explica la existencia de viviendas precarias como resultado de la presión que ejercen sobre los predios de Hueyatla los asentamientos irregulares de los barrios de La Zanja y el Quizazotle, los cuales generan “una tendencia para que la zona se convierta en suelo urbano acelerado, lo que facilita los procesos de invasión”.
Quizá por eso, y en contravención a la premisa de “mantener una oferta de suelo urbano para vivienda, dirigida a los diferentes estratos socioeconómicos”, prevista en el ordenamiento, fue que los diputados decidieron hacer la zona de alta plusvalía antes de que a ella llegaran primero los pobres.

AMLO quitó el freno

Las subsidiarias de Caabsa realizaron diversas promociones ante el Departamento del Distrito Federal y, posteriormente, la Jefatura de Gobierno, para la construcción de las obras viales que permitieran la eclosión comercial de los desarrollos inmobiliarios.
La empresa “Cañada de Santa Fe” logró que en noviembre de 1996, en el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal —oficio resolutivo E/CO2/DGPCC/12945 de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación— se autorizara en forma condicionada el proyecto de vialidad de liga entre las avenidas Tamaulipas en Cuajimalpa y Centenario en Álvaro Obregón.
El proyecto fue desechado y posteriormente fue Río de Santa Fe la empresa solicitante de una nueva autorización en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas, que le fue concedida en octubre de 1999 mediante la resolución E/CO2/DGPCC/22058, con 38 condicionantes a ser cumplidas en un año para dar inicio a la obra. Pero el secretario de Obras, César Buenrostro, se opuso con el argumento de que afectarían la ecología del lugar.
Igual discusión hubo durante la administración de Rosario Robles, que concluyó al iniciar el mandato Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y pese a la realización de algunos trabajos para la construcción de los puentes, no fue sino hasta el 4 de abril de 2003 cuando fue dado el visto bueno definitivo para la realización de la obra, incorporados ya los elementos necesarios para incluirlo como “Sistema de Actuación por Cooperación para el Desarrollo de la Vialidad Carlos Lazo-Entronque Centenario”, de diciembre de 1998.
Este sistema de Actuación por Cooperación no es otra cosa que el financiamiento privado de obras públicas, a cambio de terrenos, a partir de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal promulgada en 1997 por Ernesto Zedillo.
De esta forma, a cambio de la construcción de los puentes Octavio Paz, Carlos Pellicer y Jaime Sabines, además de la obra periférica, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó a la constructora, Grupo Caabsa, el predio denominado ex Reclusorio Poniente, de casi 42 hectáreas en total.
En él se planeó construir en la década de los 70 un reclusorio. Aquellos años el gobierno federal pagó a 10 pesos el metro cuadrado a los ejidatarios. Hoy el gobierno del Distrito Federal entregó el predio por 160 millones de pesos, una décima parte de su valor, mientras los puentes costaron alrededor de 850 millones de pesos.
El subsecretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Ysusi Farfán, dio a conocer en una inserción pagada el 26 de septiembre de 2004 que el costo real del R-42 en 2000 era de “329 millones de pesos” y ese día era de alrededor de 680 millones. Sin embargo, estimaciones de los propios inversionistas a la prensa, sólo por la venta de los terrenos en el R-42 lograrán una suma de mil 200 millones de pesos.
Empero, los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango denuncian que el R-42 les pertenecen, porque la expropiación fue realizada para la construcción de un penal y no para otro uso, por lo cual apegándose a la Ley Agraria, dicen, “cuando no se da el fin por el cual se expropió un inmueble o terreno, los propietarios originales pueden recuperarlo”.

Los beneficiarios

La empresa beneficiada es el poderoso Grupo Caabsa (Constructora Aboumrad, Amodío y Berho SA de CV), dirigida por Julio Amodío Moheno, Julio Mauricio Martín Amodío Herrera y Víctor Aboumrad, desarrolladores del Centro Comercial Santa Fe y socios en la construcción del Centro de Exposiciones Internacionales Santa Fe, con más de 170 mil metros cuadrados y un valor cercano a los 100 millones de dólares.
Es importante resultar que Expo México, la compañía creada para atender lo relacionado con el Centro de Convenciones de Santa Fe, está encabezada por Caabsa y 75 empresas más, entre las que se encuentra Servimet, la inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad de México.
Caabsa, fundada en 1979, también realizó obras como Galerías Coapa, Pabellón Bosques, Torre Altus, Pabellón Polanco y la Torre Reforma Lomas Altas.
Recientemente, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, descubrió un acuerdo entre la constructora y el gobierno de Miguel Alemán, donde se encontró que por la remodelación del Auditorio Benito Juárez del puerto y por adecuaciones de acceso al Teatro de la Ciudad en Coatzacoalcos, Caabsa recibiría a cambio el estacionamiento del auditorio que cuenta con una extensión de más de 20 mil metros cuadrados.
No fue posible entrevistar a Julio Mauricio Martín Amodío Herrera porque se encontraba fuera de la ciudad, como tampoco a los ejecutivos de Caabsa, pero el día de la inauguración de los puentes, al ser cuestionado si como inversionistas apoyarían a López Obrador hacia la Presidencia, el director de proyectos Gerardo Merla respondió al diario La Crónica, que estaban colaborando con él, “no veo porque no lo seguiríamos haciendo”.
Caabsa fue una de las empresas que concursó para la construcción de al menos tres etapas de lo que sería inicialmente el segundo piso y posteriormente se convirtió en el Distribuidor vial San Antonio.
El catedrático de la Facultad de Arquitectura, Carlos Morales Schechinger, ha destacado que alguien se benefició con la plusvalía por los puentes, y ese alguien no fue el Gobierno del Distrito Federal, sino las constructoras, porque antes de la construcción los terrenos tenían un valor diferente al actual.
Es decir, Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios.

Incongruencias

A pesar de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó los cambios de uso de suelo y la empresa desarrolladora fue advertida de cumplir con los lineamientos de preservación ecológica, continúan las irregularidades.
Apenas el pasado 4 de abril la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT) envió varias recomendaciones a la delegación Cuajimalpa para detener el deterioro de la barranca “Atzoyapan”, pero el Jefe Delegacional perredista, Ignacio Ruiz López, no ha hecho caso a ellas.
En una de ellas, la 03/2005, se hace notar que “los rellenos con cascajo (...) tienen cuatro metros de profundidad con un volumen de aproximadamente mil 800 metros cúbicos”, y que “la construcción de las viviendas suprimió de manera permanente la cubierta vegetal existente en un área de 270 metros cuadrados y junto con el relleno ha afectado la estructura y función del ecosistema y en consecuencia a repercutido negativamente en la calidad y cantidad de servicios ambientales”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Conflictos en Corredor Insurgentes

Funcionario del GDF es presidente del Consejo de Administración

(Publicado en la Revista Vértigo No. 215 del 2 de mayo de 2005)
http://www.revistavertigo.com/historico/7-5-2005/reportaje3.html

El Metrobús, asunto polémico en todos sentidos

Al menos un conflicto de tráfico de influencias y colusión de servidores públicos podría existir en la formación del Consejo de Administración de la empresa Corredor Insurgentes, concesionaria del Metrobús, cuando su presidente Jesús Padilla Zenteno es, a la vez, subdirector de Eventos Participativos en la delegación Cuauhtémoc, unidad administrativa dependiente del Gobierno del Distrito Federal que otorga la concesión.

Presidente también de la asociación civil Red Ciudadana de la República Mexicana, que se llama Red Azteca o simplemente la Red, Padilla Zenteno ocupa las oficinas de esta ONG con un régimen fiscal sin fines de lucro para realizar la operación de la empresa comercial CISA (Corredor Insurgentes, SA de CV), donde efectúan la contratación de conductores para las unidades articuladas que darán servicio a partir de julio próximo.

Padilla Zenteno ha estado en diversas organizaciones de las que salió por conflictos internos como la Agrupación Política Vértebra, dirigida a nivel nacional por el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, de la que el hoy empresario fue presidente en el Distrito Federal en la etapa cuando Vicente Fox fue presidente electo y hasta que se integró al equipo de campaña de Virginia Jaramillo.

Fue expulsado como coordinador del comité vecinal de la colonia San Rafael por los actuales miembros debido a que, afirman, utilizó el cargo para hacer negocios para su beneficio y escalar posiciones políticas que lo llevaron a ganar el favor de la actual delegada en Cuauhtémoc.

El pasado lunes 25, al ser cuestionado sobre su doble función como funcionario público y presidente del Consejo de Administración de CISA, Padilla Zenteno respondió:

—En los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no tengo ningún impedimento para ser presidente de un consejo de administración, de esta y de cualquier empresa. Estaría impedido si tuviera dos trabajos diferentes. He colaborado en la delegación Cuauhtémoc y no tengo otro trabajo. Y como presidente del consejo desde que fui nombrado (9 de marzo) lo que he hecho es atender el proyecto en la medida de mis tiempos. Y eso no es un impedimento.

Jesús Padilla Zenteno fue buscado inicialmente el 25 de abril en la subdirección de Eventos Participativos de la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social de la delegación Cuauhtémoc, donde su secretaria Lucía Salvador respondió: “En estos momentos está en una reunión, tardará en salir un buen rato, unas horas”.

Posteriormente él se comunicó con el reportero a quien dijo que sólo estaría en el cargo público por el resto de la quincena, aunque ya no se presentaba a laborar a las oficinas delegacionales.

El metrobús

El 9 de marzo pasado fue publicado en el órgano oficial del gobierno capitalino el decreto mediante el cual quedó formalmente integrado el organismo público descentralizado Metrobús, dependiente de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), con el objetivo de planear, administrar y controlar el sistema de corredores de transporte público de pasajeros en la ciudad de México.

A este organismo se le adscribió un consejo directivo presidido por el titular de la Setravi, Francisco Garduño Yáñez, integrado por los secretarios de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez; de Desarrollo Urbano y Vivienda, Laura Itzel Castillo; del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum Pardo, y de Finanzas, Arturo Herrera Gutiérrez, así como las directoras generales del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, Florencia Serranía Soto, y del Servicio de Transportes Eléctricos, Elvira Daniel Kabaaz.

Y para estar al frente de este consejo directivo se designó como directora a la ingeniera ambiental Paula Noreña Franco.

A la vez, de acuerdo con un comunicado del GDF, ese mismo día el Comité Adjudicador de Concesiones para la Prestación del Servicio Público Local de Transporte y Pasajeros o de Carga otorgó a la empresa Corredor Insurgentes sa de cv, integrada por los ex concesionarios de la Ruta 2 de Insurgentes y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Gobierno del Distrito Federal, la concesión para proporcionar el servicio en esa avenida.

Trampas de la autoridad

La inauguración del metrobús a lo largo de la avenida Insurgentes se atrasó al menos tres meses pues se realizará “hasta julio, por el desarrollo de las obras, la necesidad de hacer la habilitación de los puentes en la zona de Indios Verdes, el reacomodo de los monumentos, los Indios —que no es cosa sencilla, según el inah— y la reubicación de las estaciones en la zona sur”.

Afirma que la empresa aún no tiene patios de encierro, planeados, uno en el metro cu de ocho mil metros cuadrados y, el otro en la tienda del ISSSTE a un lado de la estación del metro Indios Verdes con una superficie de unos 15 mil metros cuadrados, además de las oficinas.

El retraso en el inicio de operaciones se agudiza precisamente cuando habría sido utilizada gran cantidad de recursos económicos para acompañar la convocatoria a la Marcha del Silencio, seguida por el anuncio del gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador, de que no firmará documentos mientras se le siga proceso penal por el caso El Encino, lo que motivaría la parálisis en este proyecto vial, pues las transferencias de recursos de uno a otro conceptos estarían sumamente vigiladas.

Además, el pasado 13 de abril la secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que fueron retirados hasta ese momento mil 100 árboles por las obras, 600 más de los considerados en el estudio de impacto ambiental, a los que podría sumarse otro número significativo si, como denunciaron organizaciones vecinales, el GDF planea cortar en las siguientes semanas 1.40 metros de las aceras para dar espacio suficiente a la circulación de los automóviles, porque dos carriles no serán adecuados en la zona entre el World Trade Center y Reforma.

Roberto Vidales, coordinador de la Red de Ecologistas y Ambientalistas de la Cuenca de México, Guillermo Meixueiro de Juarences Unidos y León Cenic, de la Unión de Vecinos de la delegación Benito Juárez, observaron que las autoridades capitalinas no dieron a conocer el proyecto en la Gaceta Oficial del DF del 25 de marzo, donde se establecen las condiciones de operación del nuevo medio de transporte, para evitarse mayores protestas ciudadanas.

En medio de esta situación están también las críticas de diversos organismos y personajes sobre la viabilidad operacional y eficacia del metrobús, además de los beneficios para los transportistas.

Gustavo Roldán, permisionario de la Ruta 2 y ex líder de la misma entre 1993 y 1999, afirma: “Espero que a mis compañeros les vaya de lo mejor, aunque no lo creo”.

Y expone sus dudas: “Veo una situación difícil, perversa, porque la autoridad sigue solapando a un organismo público descentralizado como la Red de Trasporte Público (RTP) y ahora le voy a decir por qué. CISA va a meter 60 unidades y RTP 20”.

CISA, afirma, siempre va a tener empalme con otras rutas como son la Línea Suburbana San Pedro-Santa Clara, que sale a un lado del edificio del PRI (Violeta e Insurgentes) hacia Tizayuca, Ciudad Azteca y San Cristóbal con autobuses, microbuses y camionetas, además la Ruta 18, que no tenía autorización de regresarse por Insurgentes para ir a Ciudad Azteca, pero como la circulación de Ferrocarril Hidalgo fue limitada a una sola dirección, ahora retornan por aquella vía y al metro Indios Verdes van a cobrar un peso menos.

Con esta competencia y la de RTP en el mismo carril confinado, el consejo directivo de Metrobús ha prometido 15 mil pesos mensuales por cada acción —que es un juego de placas— a cada uno de los 252 concesionarios, sin embargo, tras el pago por los gastos de administración, mantenimiento de las unidades, prestaciones y otros colaterales, Roldán considera poco probable que recuperen los 62 mil pesos libres al mes para cada unidad y sus cuatro socios.

“Nos van a mandar a la quiebra. La autoridad dirá que como los compañeros no van a poder dar el servicio retiren sus camiones, y el gobierno va a tomar esa tarea. Al convertirse en empresa, ninguno de los concesionarios podrá meter las manos porque los secretarios del GDF quedaron dentro del consejo directivo”.

Roldán alertó que lo mismo sucederá en el Eje 8, donde serían afectadas ocho rutas que desde ahora iniciaron ya un proceso de movilización para evitar ser desplazados.

Las trampas de la autoridad, precisan permisionarios de la Ruta 56, son para apoderarse de sus concesiones porque de acuerdo con el abogado del ramal que corre por Eje 8, Rafael Álvarez Caborno, “este movimiento se realiza en la época cuando precisamente vencen las concesiones dadas hace diez años por Fernando Peña Garavito. Entonces, hay concesionarios que para mantener el permiso hicieron inversión y hoy, posiblemente, no tengan suficiente para sufragar una nueva inversión y entonces los hacen a un lado”.

Dedazo de Garduño

Jesús Padilla es concesionario del ramal Insurgentes desde 1987 y tras varias reuniones logró instalarse como presidente del Consejo de Administración de cisa debido a que el líder, Heriberto Flores, como Gustavo Roldán, tienen concesiones en el ramal Insurgentes.

“En este caso —expone Padilla Zenteno— como permisionario de la ruta se dieron las condiciones para presidir una comisión de los permisionarios que se organizaron porque el dirigente Heriberto Flores no les estaba dando ninguna información. En realidad se encargó nada más de engañar y presionar a la gente”.

Sin embargo, concesionarios que solicitaron el anonimato aseveran que hubo algún tipo de inducción por parte del presidente del consejo directivo del organismo público descentralizado Metrobús, Francisco Garduño Yáñez, a favor de su ex empleado Padilla Zenteno, quien trabajó con él como inspector en vía pública de la delegación Miguel Hidalgo, cuando el actual secretario de Transporte y Vialidad era subdelegado jurídico y de Gobierno en la delegación administrada en ese entonces por el perredista Jorge Fernández de Souza.

En aquel entonces Padilla Zenteno trajo a raya a los comerciantes ambulantes de la demarcación y posteriormente, como coordinador del Comité Vecinal de la colonia San Rafael, lo hizo también con los de esa zona y los grupos de mujeres dedicados a la prostitución en vía pública, con quienes tuvo varias reuniones en la subdelegación Juárez-San Rafael y les dijo que quienes trabajaran en las calles de la colonia debían dar aportaciones económicas para la compra de patrullas.

Padilla Zenteno asegura ser todavía “coordinador del comité vecinal de esta colonia. Y antes desarrollamos un trabajo de orientación ciudadana. Aglutinamos empresarios, amas de casa, escuelas, iglesias, desarrollamos la primera manzana modelo, el proyecto de Ilumina tu Calle, etcétera”.

Sin embargo, los vecinos —que temen represalias si dan a conocer sus nombres— manifiestan que las 80 lámparas para el proyecto Ilumina tu Calle fueron donadas por la Universidad del Valle de México y posteriormente vendidas en 400 pesos cada una.

Al ser cuestionado sobre su doble desempeño, sobre el uso de un local de una ong para trabajar para una empresa privada y sobre su antigüedad como concesionario, Padilla Zenteno se incomodó y contestó que debe tomar precauciones porque “al interior de la organización ha habido muchísimas situaciones, amenazas, asesinaron al secretario que estaba antes con tu servidor, entonces, con situaciones así no sé si vienes inducido”.

Además, actualmente Padilla Zenteno enfrenta una demanda penal porque al más puro estilo del Frente Popular Francisco Villa o la Asamblea de Barrios invadió un predio abandonado en Gabino Barreda 56, y cuando el propietario lo denunció cargó la responsabilidad a su ex trabajador Alejandro Reyes.

Insinúa EU riesgo con López Obrador

Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de EU alertó a la CIA sobre las consecuencias que puede traer a América Latina si tan sólo México y Brasil adoptan en el futuro gobiernos de izquierda radical o nacionalista: "Se provocaría contagio e ingobernabilidad".

Renato Consuegra
renatoconsuegra@yahoo.com.mx

(Publicado en la Revista Vértigo No. 211 del 3 de abril de 2005)

El gobierno de los Estados Unidos no lo ha señalado directamente porque tampoco nadie se lo ha cuestionado de esa forma y porque México no es cualquier país, sino uno de sus principales socios comerciales al que diplomáticamente debe “apapachar”. Sin embargo, de manera velada, en las últimas semanas ha lanzado claras advertencias: teme la llegada de un gobierno populista en su frontera sur, que probablemente aliado con terroristas islámicos ponga en peligro su seguridad y estabilidad en el hemisferio.
Además, con Andrés Manuel López Obrador, quizá México se uniría a la creciente corriente de gobiernos de centro izquierda que pretenden una alternativa al Consenso de Washington, como son los de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Perú y, ni qué decir, Cuba.
Es por todo esto y más, que el presidente George W. Bush pretende extender y profundizar su revolución conservadora con el nombramiento de Condoleezza Rice como secretaria del Departamento de Estado, y los llamados Halcones, John Bolton y Paul Wolfowitz, como embajador ante la ONU y presidente del Banco Mundial, respectivamente, con el fin de imponer una política de mano dura.
El talante diplomático de Bush con nuestro país fue percibido el pasado 23 de marzo en Waco, Texas, durante la reunión trilateral de los países de América del Norte, cuando respondió a una pregunta sobre la elección de 2006 en nuestro país, que está dispuesto a trabajar con quien elija el pueblo de México, incluido un gobierno de izquierda.
Algo parecido dijo aquí Condoleezza Rice durante su primera visita como secretaria de Estado a Latinoamérica, el 10 de marzo y lo repitió en el diario estadounidense The Washington Post el día 27:
“Como decía en México hace unos días, no es un problema si los gobiernos proceden de la izquierda o de la derecha; mientras sean electos democráticamente, vamos a lidiar con ellos”.
Sin embargo, la número dos del gobierno estadounidense no desaprovechó la oportunidad para advertir el “peligro” que representa para América Latina convertirse en terreno fértil para la “demagogia”, la retórica de la lucha de clases y el “populismo anticuado”.
La tónica fue parecida a la utilizada por Otto Reich, ex secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien se refirió hace algunas semanas en un escrito a “los dos terribles de América Latina”, en referencia a Chávez y su par cubano Fidel Castro, a quienes llamó: “El eje del mal... versión del hemisferio occidental”.
Y por su parte, el director de la CIA, Porter Goss, habló hasta en dos ocasiones en los últimos meses de la existencia de "potenciales focos de inestabilidad" en América Latina, los cuales, agregó, pueden significar una desestabilización o retroceso de los principios democráticos en la región y llegar a ser "una amenaza" para la seguridad de Estados Unidos.
Goss añadió que el ciclo electoral del 2006 en varios países latinoamericanos —Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela — ha creado "potenciales focos de inestabilidad", pero, sobre todo, calificó como "muy grave" las posibilidades de infiltración terrorista por la frontera con México.
Estas declaraciones ante dos distintas comisiones del senado estadounidense, y otras como la situación del narcotráfico, de los derechos humanos y de la violencia en el lado mexicano de la frontera común, provocaron una fuerte reacción en México.
Ante ella, el presidente Bush antepuso la sociedad de la América del Norte y la vecindad de los países durante la reunión celebrada en Waco: "Las relaciones con México y Canadá son relaciones muy importantes para Estados Unidos de América y va a haber desacuerdos, diferencias y la pregunta fundamental es: ¿podemos seguir avanzando con la relación? Y la respuesta es: absolutamente".
Sin embargo, está claro que hasta en la política se utiliza aquello de que te lo digo Pablo para que lo entiendas Pedro.

América Latina, olvidada

Enfrentada con los gobiernos conservadores de los Estados Unidos, y sobre todo con los Bush, la generalidad de la izquierda latinoamericana ha mandado al bote de la basura la idea de la toma del poder por la vía violenta.
De esta forma por el momento ha desechado las revoluciones armadas, para creer y recurrir a un cambio mediante la participación y la competencia electoral.
También ha aprendido a convivir con el modelo capitalista hegemónico; hoy dentro de su discurso se encuentra la pretensión de una mayor inversión social, mejores condiciones laborales para los trabajadores y una más equitativa distribución de la riqueza.
Pero habla también de la “justicia de la redistribución fiscal”, bajo el criterio de que quienes más se benefician del sistema, más deben de ser gravados impositivamente.
De hecho se está formando de manera natural una especie de frente común entre los gobiernos del brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el argentino Néstor Kirchner, el socialista uruguayo Tabaré Vázquez, y en menor medida los del chileno Ricardo Lagos, del ecuatoriano Lucio Gutiérrez y hasta el panameño Martín Torrijos, en desacuerdo con las políticas estadounidenses.
Sin embargo, también existen países donde el discurso ha profundizado más en ofertas populistas y la polarización social, como son los de Fidel Castro y Hugo Chávez.
A este crecimiento de una América Latina olvidada por los Estados Unidos durante sus incursiones en Medio Oriente, Asia y Europa Central, se unen las manifestaciones contrarias a las políticas estadounidenses de la España de José Luis Rodríguez Zapatero, la China de Hu Jintao y la Rusia de Vladimir Putin, sin olvidar la amenaza que representa Corea del Norte con sus pruebas nucleares.
En esta medida, el gobierno de los Estados Unidos también se ha endurecido y además de Rice, Bolton y Wolfowitz, Bush incorporó en su gobierno a personajes como el embajador John Dimitri Negroponte en el cargo de Director Nacional de Inteligencia, y al ex secretario de Estado, Elliot Abrams, como asistente adjunto del Presidente, y viceconsejero de Seguridad Nacional para la Estrategia Mundial de Democracia.
La posibilidad de que cualquier disidencia sea enfrentada con mano dura crece de manera exponencial cuando, además, fueron conservados en la estructura gubernamental el vicepresidente Dick Cheney y el titular de Defensa, Donald Rumsfeld.
De hecho, el prácticamente nuevo presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, es creyente de que la principal lección de la guerra fría para Estados Unidos es que su liderazgo consiste, “no en dar lecciones, tomar posiciones y demandar compromisos, sino en demostrar que sus amigos serán protegidos y cuidados, que sus enemigos serán castigados y que quienes rehúsan apoyarlo se arrepentirán de haberlo hecho”.
Consultado recientemente sobre si usaría el cargo para promover la democracia, expresó: "Creo que la gente sabe lo que pienso sobre ese tema. Pero creo que seré más efectivo si me concentro en aquellas cosas que conducen a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico."

Eje del mal

En el tenor de que los enemigos serán castigados, Fidel Castro y Hugo Chávez son acusados no sólo de violentar los derechos de sus propios ciudadanos, sino de ser “una mala influencia para toda la región”, lo que quizá significaría deben ser neutralizados a cualquier precio.
En su gira por Argentina, Brasil y Guatemala entre el 21 y 23 de marzo, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, hizo sonar la alarma sobre el creciente peligro que a su juicio representan algunos gobiernos latinoamericanos, en especial el venezolano.
”Si se combinan el mal genio, la experiencia en lucha política y la desesperación económica de Castro con el ilimitado dinero y la temeridad de Chávez, la paz en la región estará en peligro”, escribió Reich.
Y en uno de sus editoriales recientes el diario The Wall Street Journal expresó que “el emergente eje de subversión formado por Cuba y Venezuela debe ser enfrentado antes de que socave la democracia en Colombia, Nicaragua y Bolivia u otro país vecino vulnerable”.
En días pasados el experto del Departamento de Defensa estadounidense en asuntos latinoamericanos, Rogelio Pardo Maurer, expresó a The Financial Times: “Necesitamos una estrategia para contener a Chávez (…) se mete con países de tejido social débil y, en algunos casos, promueve la subversión”.
Y la estrategia parece haber comenzado porque durante su visita a Brasil, antes de entrevistarse con Lula da Silva, quien ha oficiado como mediador con Caracas, Donald Rumsfeld condenó el desarrollo militar de Venezuela, entre otras la decisión chavista de comprar 100 mil rifles AK-47 rusos. También compró aviones de combate a Brasil, barcos a España y 50 helicópteros de ataque y 30 jets MIG a Rusia.
Además, Chávez amenazó con interrumpir el suministro a los Estados Unidos si Washington intentaba sacarlo del poder, y ahora busca otros consumidores. En los últimos meses, firmó contratos con Francia, India y China, y tuvo acuerdos de asistencia tecnológica con Irán, todos ellos adversarios naturales de los Estados Unidos.
Algunos analistas en Washington señalan que los rifles serán entregados por Chávez a las guerrillas izquierdistas de Colombia o a los seguidores del líder indígena boliviano Evo Morales.
Pero Washington también teme que el ex presidente nicaragüense Daniel Ortega (1984-1990), del Frente Sandinista de Liberación Nacional, retorne al poder y controle los más de 1 mil misiles tierra-aire rusos que su país adquirió en los últimos meses y cuya destrucción fue negada al presidente Enrique Bolaños por la Asamblea Nacional.
De hecho, poco antes de que Rumsfeld iniciara su gira latinoamericana, el gobierno estadounidense anunció la suspensión de la ayuda militar anual a Nicaragua, por 2,3 millones de dólares, hasta tanto ese país no destruya los misiles que datan de los años 80, porque las armas podrían caer en manos de terroristas o criminales.
Según un cable confidencial del Departamento de Estado que pasó prácticamente inadvertido, de no disciplinarse pronto, Washington estaría listo “para tratar al ejército de Nicaragua (controlado por los sandinistas) como una organización criminal”.

Alto al populismo

De acuerdo con la Enciclopedia de la política, del ex presidente de Ecuador, Rodrigo Borja, una característica del populismo es el discurso "maniqueo y exaltado, usualmente de rasgos 'redentoristas', que apela más a la emoción que a la razón y que ofrece soluciones mágicas para los problemas de la gente”.
Agrega que “los caudillos populistas buscan siempre 'el contacto directo' con el pueblo, desechando los métodos de representación política tradicionales...".
Estos caudillos, de acuerdo con el autor de la Enciclopedia de la política, usualmente entregan a la masa la ilusión de "participación" y "protagonismo". Y para acercarse, también crean un lenguaje propio al que le incorporan modismos del habla popular.
Además, cultivan su imagen de hombre valiente y desinteresado, y buscan identificar siempre a un "enemigo del pueblo contra quien descargar toda la furia contenida de la masa por siglos de frustración”.
Y como signo inequívoco, "con frecuencia se presentan como 'víctimas', si no como 'mártires', de los grupos de poder".
Estos son los caudillos que preocupan a Bush, más que la tendencia a la izquierda en toda América Latina: Los populistas.
Al respecto, Otto Reich expresó que “hay una alianza izquierdista y populista en la mayor parte de América del Sur”, pero afirma que la clave está en hacer una distinción entre los ”izquierdistas democráticos”, como Lula y el presidente de Chile, Ricardo Lagos, y los populistas más radicales, como Chávez y Castro.
“El verdadero peligro para la paz y la estabilidad de la región no emana de los presidentes democráticos electos recientemente, sino de dos demagogos que están por ahí hace más tiempo: Fidel Castro y Hugo Chávez”, escribió.
En la misma línea, la secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice señaló en una entrevista con los editores y reporteros de The Washington Post que “el problema es si América Latina se vuelve terreno fértil para un tipo de demagogia sobre diferencias de clase o cosas parecidas, y eso es más peligroso en está región porque hay algo de historia de esto”.
En la entrevista publicada el sábado 27, Rice destacó la existencia de una “brecha” entre el crecimiento de las economías en América Latina y el bienestar de la población. Este fenómeno, expresó, “está conduciendo a un terreno fértil para el populismo. Es lo que realmente pasa, populismo anticuado, no una política deseable”.
Y agregó que “parte del problema es que necesitamos enfocarnos en el hemisferio sobre cómo los gobiernos democráticos cumplen mejor con sus pueblos. La corrupción es un impuesto sobre los pobres. Y cómo lidiar con la brecha educativa, de salud y construir un mejor sistema donde, en una sociedad democrática, pueda realmente rendir cuentas. Que los lideres rindan cuentas”.
El 9 de marzo, Condoleezza Rice concedió otra entrevista a la cadena Univisión, un día antes de viajar a México, donde el candidato que encabeza las encuestas de opinión para las elecciones presidenciales es Andrés Manuel López Obrador.
No se refirió para nada a él cuando la entrevistadora Lourdes Meluzá, le preguntó: “¿Le preocupa la marcada tendencia hacia la izquierda en América Latina? Y, para concluir, existe la posibilidad en México de que el Gobierno se incline también hacia la izquierda en las próximas elecciones. ¿A qué lo atribuye y le preocupa eso?
La respuesta fue: “Todo eso está dentro del contexto del juego democrático, que los países elijan, que los pueblos elijan a sus dirigentes. Se trate de la izquierda, la derecha, el centro derecha o el centro izquierda, en tanto se halle dentro de la estructura democrática de estos países, creo que los Estados Unidos deben respetar eso. Además, mantenemos muy buenas relaciones, por ejemplo, con el Presidente Lula de Brasil”.
La declaración de Rice también ocurrió días después de que Manuel Camacho Solís, asesor del jefe de Gobierno del Distrito Federal, dijera en Washington que de ser electo López Obrador buscaría una política exterior moderada y de cooperación con Estados Unidos.
Sin embargo, un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de EU alertó a la CIA sobre las consecuencias que puede traer a América Latina si tan sólo México y Brasil adoptan en el futuro gobiernos de izquierda radical o nacionalista: "Se provocaría contagio e ingobernabilidad".
López Obrador ha demostrado que es de izquierda cuando le conviene criticar al actual gobierno, pero en los hechos asume posiciones de derecha si sabe que sacará beneficios; motivos que lo enmarcan más dentro de los cánones de lo que es un político populista.
Según el Diccionario de Ciencia Política (Frank Bealey. Istmo, Madrid, España. 2003), “los lideres populistas se tratan de identificar con el pueblo; son más bien retóricos y demagógicos, con programas breves y coyunturales”.

Riesgo terrorista

Agencias de inteligencia y seguridad nacional de EU consideran, además, que el gobierno mexicano perdió el control de seguridad de algunas partes de la frontera México-Estados Unidos.
En dos ocasiones en lo que va del año, el director de la CIA, Porter Goss expresó que la seguridad de los Estados Unidos está en riesgo por la posible infiltración de terroristas desde México. “Pienso que debemos comenzar por nuestro patio trasero, pese a que América Latina no es un hervidero que forme terroristas o desde donde planeen sus ataques”.
Sin embargo, destacó la posibilidad de que terroristas islámicos entren desde México por las mismas rutas que los inmigrantes ilegales.
Dos días antes de la visita de Condoleezza Rice a México, precisamente el director del FBI, Robert Mueller señaló que terroristas del movimiento Al Qaeda de Osama bin Laden estarían usando a México como puerta de entrada hacia territorio estadounidense para cometer actos violentos.
Incluso, los gobiernos de ambos países han puesto especial énfasis en los cruces de ilegales árabes por la frontera, en los últimos días.
Y es posible que para las fuentes de inteligencia estadounidenses no pasó de noche la reunión sostenida por la Comisión Internacional de los partidos de la Revolución democrática y del Trabajo —comandada por Mario Saucedo— con el primer ministro iraquí Tarek Aziz, actualmente preso por fuerzas de la coalición, previo al ataque contra las fuerzas de Saddam Husein.
Estas vinculaciones políticas del PRD seguramente están siendo consideradas por el gobierno de los Estados Unidos en el supuesto caso de que López Obrador llegara a la presidencia, por lo que las presiones han sido variadas, desde la alerta de seguridad enviada desde la embajada por Tony Garza, pasando por las declaraciones de Condoleezza Rice y las duras declaraciones de Porter Goss: desde México puede estar en riesgo la seguridad de los Estados Unidos.