Recoridos papales en el DF

Canonización de Juan Diego

(2002-06-10)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=16727

Al quedar definidas las rutas para los siete recorridos que realizará el papa Juan Pablo II en su quinta visita a nuestro país durante su papado, quedó establecido que el presidente de México, Vicente Fox Quesada, recibirá personalmente al papa Juan Pablo II en el hangar presidencial la tarde-noche (alrededor de las 19:30 horas) del martes 30 de julio, cuando el Sumo Pontífice inicie una estancia que durará tres jornadas durante las cuales habrá un saludo en Los Pinos y otro al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que en las últimas semanas se ha dudado del viaje papal para acudir a la canonización del indígena Juan Diego y a la beatificación de los mártires oaxaqueños y también indígenas Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista, el pasado miércoles 5 hubo una reunión entre los integrantes del Estado Mayor Presidencial, el Arzobispado de México y el Gobierno del Distrito Federal para detallar el trazado de rutas y logística de los siete recorridos por la ciudad, del Papa de origen polaco.
Durante la definición del operativo se acordó la instalación de pantallas gigantes en el Zócalo, en el Auditorio Nacional, en la Plaza de Armas de la Magdalena Mixhiuca y cuatro en la Basílica de Guadalupe, estas últimas debido a que los boletos para la entrada al santuario del Tepeyac estarán muy restringidas pues serán distribuidos 50 pases por cada arzobispo y obispo, para ser repartidos entre sus más cercanos, quienes son los únicos que entrarán a la ceremonia de beatificación alrededor de las 10:00 horas del 31 de julio.
El recorrido del Papa Juan Pablo II por la ciudad de México comprende siete distintas rutas en las que calculan los organizadores habrá cerca de seis millones de personas apostadas al paso del papamóvil, y está contemplado también un saludo al jefe de Gobierno del Distrito Federal el día 31, cuyo sitio está por definirse aún.
El martes 30, tras su llegada a suelo mexicano, Juan Pablo II y su comitiva se trasladarán a la Nunciatura donde, además de una breve reunión con el embajador del Vaticano en México, Giuseppe Bertello, no tendrá más actividades.
El miércoles por la mañana se trasladará a la Basílica de Guadalupe para la misa de canonización de Juan Diego, en una ruta directa por la Avenida de los Insurgentes, mientras que el retorno está programado por zonas populares como son las colonias Bondojito, Morelos, Merced y otras.
De acuerdo con las expectativas planteadas durante la reunión del pasado día 5, serán alrededor de un millón de personas las que podrán tener acceso a la zona de la Basílica, más no al recinto religioso, durante la canonización de Juan Diego el día 31 y la beatificación de Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista el 1 de agosto, antes de la partida del Papa hacia Italia.

Recorridos de Juan Pablo II en la ciudad de México
Recorrido 1
Aeropuerto-Nunciatura
Hangar presidencial
Alfa
Santos Dumont
Fuerza Aérea
Economía
Calle 47
Viaducto Piedad
Río Churubusco
Río Mixcoac
Insurgentes
Juan Pablo II

Recorrido 2
Nunciatura-Basílica
Juan Pablo II
Insurgentes
Cantera
Calzada de los Misterios
Basílica

Recorrido 3
Basílica-Nunciatura
Fray Juan de Zumárraga
5 de Febrero
San Juan de Aragón
Ferrocarril Hidalgo
Boleo
Avenida del Trabajo
Vidal Alcocer
Anillo de Circunvalación
Calzada de La Viga
Molina Enríquez
1º de mayo
Ramos Millán
Eugenia
Cuauhtémoc
Universidad
Félix Cuevas
Insurgentes
Juan Pablo II

Recorrido 4
Nunciatura-Los Pinos
Juan Pablo II
Manuel M. Ponce
Barranca del Muerto
Insurgentes
Río Mixcoac
Patriotismo
Benjamín Franklin
Vicente Eguía
Parque Lira
Chivatito
Alencastre
Molino del Rey

Recorrido 5
Los Pinos-Nunciatura
Molino del Rey
Parque Lira
Vicente Eguía
Avenida Revolución
Barranca del Muerto
Manuel M. Ponce
Juan Pablo II

Recorrido 6
Nunciatura-Basílica
Juan Pablo II
Manuel M. Ponce
Barranca del Muerto
Avenida Revolución
Avenida Patriotismo
Diagonal Patriotismo
Circuito Interior
Paseo de la Reforma
Calzada de los Misterios
Episcopado

Recorrido 7
Basílica-Aeropuerto
Puente Papal
Calzada de Guadalupe
Eje 2 norte
Avenida del Trabajo
Eje 1 Norte
Fuerza Aérea Mexicana
Santos Dumont
Alfa
Hangar Presidencial

Montemayor amenaza con cantar en el extranjero

(2002-06-10)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=16617

Rogelio Montemayor Seguy analiza la posibilidad de acogerse al programa de testigos protegidos y revelar cómo y por instrucciones de quién se armó la ingeniería financiera para canalizar prestámos por mil 100 millones de pesos de la paraestatal al Sindicato Petrolero, que presuntamente fueron a parar a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.
Ante la persecución de que es objeto por parte de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), la Procuraduría General de la República, y el abandono de sus compañeros de partido y políticos que fueron sus "superiores" cuando ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos, fuentes muy cercanas al ex funcionario aseguraron que Montemayor podría dar toda la información que posee, y que involucra a políticos prominentes del pasado sexenio, y lo haría desde Estados Unidos donde buscaría ser declarante protegido.
Entre los testimonios en su descargo estaría el hecho de que Montemayor Seguy afirma haber recibido "instrucciones superiores" para desviar los recursos a la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), amén de que el operativo financiero fue autorizado por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Hace algunas semanas la madre del también ex gobernador de Coahuila, Liliana Seguy viuda de Montemayor, expresó que su hijo no se movía si no había una orden presidencial.
El 8 de mayo pasado el juez décimo tercero en materia de procesos penales federales, José Luis Moya Flores, giró una orden de aprehensión contra el ex director de Pemex y cuatro de sus ex colaboradores por los delitos de peculado y uso indebido de ejercicio público, entre los que se cuenta el ex secretario del Trabajo y Previsión Social durante los últimos meses del sexenio de Carlos Salinas, Manuel Gómez-Peralta Damirón, además de Juan José Domene Berlanga, Carlos Juaristi y Julio Pinter. El primero fue detenido y actualmente se encuentra libre con el beneficio por el pago de una fianza, debido a que el delito es considerado no grave.
Consejo de Administración. Una fuente de todas las confianzas del ex director de Pemex asegura que Montemayor se encuentra agobiado al quedar prácticamente solo, luego de la detención de Gómez-Peralta Damirón, y ver que las gestiones de sus abogados el ex procurador Humberto Benítez Treviño, en un principio, y Alonso Aguilar Zinser ahora, no han dado los resultados legales esperados.
Por lo mismo plantea la estrategia de someterse a un programa de testigos protegidos para describir cómo el Consejo de Administración de Pemex, que presidía entonces el secretario de Energía, Luis Téllez Kuénzler, dio su autorización para llevar a efecto el movimiento en dos exposiciones.
De acuerdo con la información en poder de esta publicación, el 5 de junio de 2000 Rogelio Montemayor Seguy firmó el convenio número 9399 con el STPRM, otorgándole un préstamo al gremio petrolero (para solventar los reclamos de la empresa estadounidense Arriba Limited por incumplimiento de contrato), por 640 millones de pesos, acordando que el pago se realizaría mediante 20 exhibiciones por 32 millones de pesos mensuales a partir de noviembre del 2000.
Tres días después Pemex Corporativo expidió el cheque 0008648 de la cuenta 00102125752 del banco Scotiabank-Inverlat, que fue recibido por el hoy senador por el PRI, Ricardo Aldana Prieto, a nombre del sindicato. Para este movimiento se giró el oficio DCA-691 en el que pedían al gerente de Administración Financiera de Pemex, emitir un título de crédito para el sindicato.
Pero ni aún sentenciada legalmente la derrota del PRI en los comicios de 2000, hubo interés inmediato por subsanar las irregularidades en la administración de la paraestatal, pues el 11 de septiembre del 2000, funcionarios de Pemex como Montemayor, Juaristi y Domene se reunieron con los representantes sindicales
Carlos Romero Deschamps, secretario General; Fernando Pacheco Martínez, secretario del Interior del sindicato; y Manuel Limón Hernández, presidente del Consejo Sindical de Vigilancia, para firmar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el convenio 9442, a través del cual, Pemex entregaba al sindicato 1,100 millones de pesos, de la siguiente forma: 850 millones de pesos, para cubrir supuestos incumplimientos laborales de la paraestatal, acordados en revisiones del contrato colectivo de trabajo de 1997 a 1999, y 250 millones de pesos para atender una demanda entablada en contra del STPRM por la empresa Arriba Limited. Sin embargo, el propio Sindicato solicitó el descuento por el préstamo del 8 de junio por 640 millones de pesos.
El 20 de septiembre de 2000 el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato petrolero (Romero Deschamps y Aldana Prieto) recibió el cheque número 15185 de la cuenta 00102135752 de Scotiabank-Inverlat.
En la denuncia interpuesta en la PGR se asienta que los auditores de la Secodam pudieron conocer, por conducto del contador público Miguel Angel Pérez Fernández, subgerente de recursos de Pemex, que usualmente los depósitos al STPRM se verificaban en la cuenta No. 3376556 del Banco Nacional de México, "lo que aumenta las probabilidades de un desvío de recursos en detrimento patrimonial de la paraestatal".
¿Un presidente ajeno?Realizadas esas operaciones, de acuerdo con información de la Secodam, Montemayor pretendió limpiar la casa con anuencia del Consejo de Administración de Pemex al cual convocó el 29 de septiembre de 2000, donde según el acta 723 les dio a conocer con información acotada de que gestionaba con Hacienda recursos para pagar adeudos vencidos al sindicato, que le fueron autorizados ese mismo día desde la subsecretaría de Egresos de Hacienda, acción que aumentó las suspicacias de los auditores.
Sin embargo, hay tres versiones. La ya conocida a través de la denuncia de hechos presentada por la Secodam, una de un alto funcionario del gobierno de Ernesto Zedillo donde se da cuenta de la "desprotección" a Montemayor y ahora la del ex director corporativo de Pemex, quien se encuentra prófugo presumiblemente fuera del país.
De acuerdo con la versión de un alto funcionario zedillista, Luis Téllez habría hablado con el secretario particular del presidente Zedillo, Liévano Sáenz, para solicitarle una entrevista, con el fin de darle a conocer la forma cómo Montemayor pretendía resolver las irregularidades en Pemex.
Ante esa llamada, Liébano Sáenz habría dicho que era ilegal, pero no se sabe si esa entrevista Zedillo-Téllez se realizó y si Zedillo autorizó la estrategia ideada, presuntamente, por Juan José Domene Berlanga.
Y más aún, de acuerdo con el ex colaborador del entonces presidente Ernesto Zedillo, éste le respondió de la siguiente forma cuando le preguntó en los primeros meses de este año sobre el llamado Pemexgate: "Yo no tuve ningún conocimiento del asunto. A mí no se me consultó nada y si lo hubieran hecho no lo hubiera autorizado. Si ellos hicieron eso, es su problema. Que se hagan responsables si hicieron las cosas de manera ilegal".
Ahora Montemayor, quien ocupó la dirección general de Pemex desde el 3 de enero de 2000 al 30 de noviembre del mismo año, advierte sobre la posibilidad de destapar todo el asunto y hacer revelaciones que podrían alcanzar al mismo ex presidente Ernesto Zedillo y a los entonces secretarios de Energía, Luis Téllez, y de Hacienda, José Angel Gurría Treviño.

"El Beto" compró protección de altos funcionarios de la PGR

(2002-05-30)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=15585

Albino Quintero Meraz (a) El Beto habría comprado la protección de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos el ex director General de la Policía Judicial Federal, Enrique Gándara Chacón, y varios comandantes a su cargo, por el pago de por lo menos 150 mil dólares mensuales para el entonces delegado en Cancún y 2 mil 500 dólares cada mes y medio o dos meses para los agentes.
Gildardo Muñoz Hernández, chofer de Quintero Meraz (a) El Beto, y quien declaró como testigo protegido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) en 1998, informó que integrantes de las procuradurías de Quintana Roo, Veracruz y Querétaro estaban "comprados" por la banda criminal, como el entonces director de la Judicial de apellido Ballinas y el comandante Dolores Ramírez Ramírez de la policía de Querétaro.
Una ocasión que "se enfrentaron contra unos que eran como un grupo de inteligencia, cuando rondaban cerca de una bodega que tenía droga (en Cancún), Albino Quintero y su gente se identificaron con credenciales de la Policía Judicial del estado y así lograron huir ".
El testigo afirma en su declaración ministerial del 14 de octubre de 1998, relativa a la averiguación previa 1226/FEADS/98 con respecto a sus jefes: "Supe que tenían el apoyo del gobernador del estado de Quintana Roo (Mario Villanueva), y supe que le regalaron un carro BMW a finales de 1996 o principios de 1997, el cual después supe que lo regresó a la agencia de la BMW en Cancún".

De mendigo a millonario.

La historia de Gildardo Muñoz Hernández tiene algo de peliculesca, pues de empleado eventual de la Secretaría de Salud, por medio de un amigo se convirtió en chofer del narcotraficante Raúl Argüello, quien se encontraba interno en el Reclusorio Norte en 1989 y dos años después, aunque no tenía ningún poder, ya figuraba como dueño (prestanombre) de la empresa Fruyleg, mediante la cual la organización criminal adquirió dos aviones: un Citation y un Gruman.
Pasó a ser chofer de Albino Quintero Meraz y a tener responsabilidades como la transportación a Veracruz de narcotraficantes colombianos como Oswaldo Jaramillo (a) El Condorito y Alejandro Bernal, compadre de Amado Carrillo, la compra de distintas casas y departamentos, y el pago y cobro de dinero, producto del tráfico de la droga.
El testigo afirma haber conocido al subdelegado de la PGR en Veracruz, Guadalupe Gutiérrez, al comandante de la PJF Gilberto Fabián Campos y a los agentes Oscar García Dávila (a) El Rambo y a otro de nombre Margarito y apodado El Magui. Además de que "por medio de relaciones con gente de la PGR de nombres Enrique Gándara Chacón, y el señor Héctor Aranda, secretario particular de este en la Dirección General de la Policía Judicial Federal, cuando tenían problemas, se comunicaban con ellos y se los solucionaban".
Enrique Gándara asumió la dirección de la Policía Judicial Federal en forma interina el 19 de enero de 1995, en lugar de Américo Flores Nava, y salió el 11 de enero de 1996, cuando fue relevado por Guillermo Álvarez Nara.

La Contraloría ordenó tapar irregularidades de la CFE

(2002-05-27)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=15155

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) previó la derrota del candidato del PRI, Francisco Labastida, y días antes de las elecciones del 2 de julio de 2000 puso en marcha un proceso automatizado y de carácter confidencial para que las irregularidades no llegaran a conocimiento de la opinión pública, y mucho menos del candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, porque "podría presentarse la remota posibilidad de que accediese al poder, tornando esta situación en preocupante para todos".
De igual forma se expresó en documentos internos en poder de esta publicación que "(debido a) el peligro que representa que el gobierno actual no conserve el poder a partir del 1º de diciembre de 2000, es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
Documentos internos de la Secodam en la CFE fechados los días 22 y 27 de junio de 2000 establecen que debían instrumentarse las acciones conducentes para prevenir, pero sobre todo para "corregir las irregularidades que dentro de sus funciones de auditoría y supervisión, generan constantemente las distintas áreas de fiscalización de la CFE".
El 22 de junio de 2000 el ingeniero Rafael Bustos Hernández informó, en su calidad de asesor del titular del órgano de Control Interno en la CFE, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, que con el propósito de realizar un cierre de administración que se intenta sea transparente (Š) se ha estructurado un plan de trabajo para intentar abatir el número de irregularidades que permanecen en proceso de la aplicación de las sanciones correspondientes".
Bustos ahonda en los detalles y explica a su jefe Olvera que para tratar de corregir tales irregularidades "se constituyó el grupo ejecutivo que deberá efectuar el seguimiento correspondiente a través de un sistema automatizado", pero además, "establecer las medidas que eviten que estas irregularidades sean del conocimiento público".
Para tal fin, al citado grupo ejecutivo se le solicitó "la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas".
Cinco días antes de las elecciones federales de 2000, el titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, Olvera Mazariegos, advertía a su vez a su jefe Jaime Mohedano Cabrera, director General de Auditoría Gubernamental de la Secodam, "es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
A casi dos años de aquel momento, sólo Eric Roberto Butcher Martínez, ex subdirector de Construcción, fue inhabilitado administrativamente por 10 años; un poco menos fue la sanción administrativa para Julio Ruiz, ex coordinador de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Pero los verdaderos responsables de los grandes negocios siguen ahí.
"Vamos a buscar los elementos suficientes para combatir la corrupción en la CFE, cualquiera que sea el nivel o cargo que ocupen los funcionarios involucrados", asegura el senador coahuilense por el PAN, Luis Alberto Rico Samaniego, quien en abril pasado se movilizó para detener una licitación presuntamente amañada, hecha como traje a la medida para la Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE), perteneciente del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira, el cual se encuentra en suspensión de pagos.
El lunes 22 de abril durante una reunión entre el director de Comunicación Social de la CFE, David López, y este reportero, se solicitaron entrevistas con el director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, y varios funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción, de acuerdo con documentos en poder de esta publicación, pero a la fecha no hubo respuesta por lo que no se pudo obtener la versión de los interesados.
En su nota informativa a Mohedano Cabrera, Olvera Mazariegos hace referencia a una conducta reiterada en las licitaciones y contratos: "Se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que, posteriormente, será incrementada en forma exorbitante". Esto es, que las empresas ganadoras de las licitaciones son escogidas de antemano, presentan la mejor oferta frente a otros que se prestan al juego con la promesa de contratos posteriores, para más adelante, mediante una serie de contratos, adendums y otras irregularidades elevan los costos en forma insultante.
El 27 de junio de 2000, cinco días antes de las elecciones presidenciales de 2000, Olvera Mazariegos explicó a Mohedano Cabrera que con base en la auditoría de Secodam con número V/081/99, firmada por la titular del área de responsabilidades, Azucena Morán Alonso, el fallo de la adjudicación de la obra y concesión por 30 años de la Terminal de Recibo y Manejo de Carbón en la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero, "se pueden considerar nulos de pleno derecho".
Este acto, agregó, al formular la cancelación de los contratos sustentados sobre una total violación a las leyes y normatividad, así como aplicar las penas económicas a que se hicieron acreedores los contratistas Techint y Grupo Mexicano de Desarrollo "será muy sano para las finanzas de la entidad".
0lvera Mazariegos agregó en su nota informativa: "No omito informar que Techint pertenece a un grupo de contratistas junto con SEPAC, SENSA, Siemens, ICA, Bufete Industrial, Westinghouse, Marubeni, que han deteriorado gravemente a la CFE en contubernio con altos funcionarios de la entidad".
Estos funcionarios, de acuerdo con el contralor son Guillermo Guerrero Villalobos y Rogelio Gasca Neri, anteriores directores de la CFE, además de los ingenieros Eric Butcher, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy.
Y en la última recomendación del contralor de la Secodam en la CFE, el 27 de junio y basado en las irregularidades descritas recomienda que por "el peligro" de que la administración federal cambiara a otro partido, "es realmente obligado sancionar" a todos aquellos funcionarios actores de la corrupción en la paraestatal.

Serur reconoce que se equivocó

(2002-05-15)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=13914

El director general del proyecto del Segundo Piso en Viaducto y Periférico, David Serur, y la empresa encargada del trazado, Rioboo, SA de CV, aceptaron ayer su error al calcular el monto global de la magna obra en mil 500 millones de pesos y en un documento interno informaron a la empresa inmobiliaria Servimet, que el presupuesto debe ser aumentado a más de 2 mil millones de pesos.
El problema fue que las empresas presentaron sus ofertas económicas a partir de sus propios estudios, con costos por encima del presupuesto del GDF, ya que ante la carencia de un proyecto terminado por Rioboo, no existían montos reales o una valoración apegada a la realidad.
Carlos Heredia, director general de Servimet, dijo que las bases eran demasiado complicadas para ser cumplidas por las empresas y que para una segunda licitación se modificarían para hacerlas más flexibles.

Se tambalea el proyecto de López de un 2º piso

Viaducto y Periférico

(2002-05-14)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=13775

La empresa inmobiliaria del GDF, Servimet, declarará desierta, esta mañana, la licitación para construir las primeras etapas del segundo piso al Viaducto y Periférico, la obra más importante de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Concebida para "mejorar la movilidad de las personas que utilizan el transporte público y privado y disminuir las emisiones contaminates ocasionadas por los vehículos automotores", esta obra deberá esperar por tiempo indefinido.
La licitación podría volverse a convocar y, de igual forma, en caso de que ninguna empresa calificara, se podría declarar nuevamente desierta, y hasta una tercera licitación se podría adjudicar de forma directa. Sin embargo, al parecer, la suerte del segundo piso está echada: no habrá.
De acuerdo con información confidencial obtenida por este reportero, esta mañana en las oficinas de Servicios Metropolitanos (Servimet), como se había prometido desde hace algunas semanas, se realizará la apertura de propuestas y dará a conocer el fallo. Sin embargo, legalmente estas se encuentran excedidas en los montos, es decir, están fuera del presupuesto proyectado para realizar la obra y se estableció que ninguna de ellas califica.
Además, algunas firmas constructoras decidieron no participar al considerar que hay muchas cargas impositivas en caso de incumplimiento en el plazo proyectado, sobre todo que la obra se retrasó ya por más de un mes y los tiempos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal son políticos, pues querían realizar la inauguración de la obra el 20 de noviembre próximo.
De igual forma, la empresa proyectista Rioboo, S. A. de C. V., aún no ha entregado el proyecto definitivo, cuyo costo se había calculado en 190 millones de pesos, que asumiría el GDF.
Entre los más activos impugnadores del segundo piso, quienes han presionado en la opinión pública, se encuentran el líder del Partido Acción Nacional en la capital de la República, José Luis Luege, y el diputado local por el PRI, Arturo Barajas Ruiz.
Algunas de las firmas constructoras que compraron las bases de la licitación y se inscribieron para concursar en uno o más tramos del segundo piso fueron Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Gutsa Inmobiliaria, Grupo Quart (quien aparecía como seguro ganador para el primer tramo), Construcciones y Trituraciones, Consorcio de Ingenieros Consultores y Constructores, Experiencia Inmobiliaria Total, Ingenieros Consultores e Inmobiliaria, Profesionistas Geo-Control, Grupo de Ingeniería Universal, Cifra Asociados, Alfa Proveedores y Contratistas, Tubesa, Huaribe, Coordinación Técnico Administrativo de Obras, Consultoría Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, Unión Presforzadora, González Soto y Asociados, Promotora e Inversora Adisa, Pretencreto (que se apuntaba como ganadora para el segundo tramo), Vigetas y Bovedillas y finalmente Caabsa.
Ya semanas atrás se había declarado desierta la gerencia del proyecto, la cual había ganado la empresa Triada, pero otras empresas con intereses en la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal se le fueron encima.

Aún sin resarcir, daño de CFE al erario por más de 334 mdp

Una asignación de obra que excedió el monto autorizado por la Secretaría de Hacienda, la causa. En 1999, la Secodam detectó 39 irregularidades en licitaciones

Publicado en el diario El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_histo_primera.despliega?var=11761&var_sub_actual=-&var_fecha=03-MAR-02

Derivado de la auditoría 1682 de octubre de 1999, el 27 de marzo de 2000 el entonces contralor de la Federación, Arsenio Farell Cubillas, solicitó a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad tomar las "medidas correctivas y preventivas" para subsanar 39 irregularidades detectadas durante la revisión a 14 Proyectos de Inversión Financiada (Pidiregas), uno de los cuales, llamado Tuxpan II, presentó seis irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación que le causarán al erario un perjuicio por 36.3 millones de dólares americanos (334 millones 686 mil pesos al cambio de este viernes) al signar la obra "con un importe que excedió al monto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Las irregularidades señaladas en el oficio No. SP/1000729/2000, dirigido al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, son entre otras la escasa claridad para la evaluación de las propuestas, discrecionalidad a la hora de calificar algunos puntos, desapego a las bases de licitación, anomalías en los fallos, además de una serie de causas imputables a la entidad paraestatal en el inicio y ejecución de obras, que generan mayores costos a los proyectos.
Las irregularidades detectadas en la Central de Ciclo Combinado ubicada en Tuxpan, Veracruz, marcadas en el oficio firmado por el entonces contralor Arsenio Farell Cubillas son las siguientes: En las bases de licitación no se establecieron criterios claros para realizar la evaluación de la propuesta; se dejaron algunos puntos de la licitación para calificarlos discrecionalmente, los cuales "de no corregirse pueden acarrear reclamaciones en licitaciones posteriores".
Además de que la evaluación económica de la propuesta se realizó con desapego a las bases de licitación, afirma: "Cabe señalar que si se adjudicó el contrato a la oferta más conveniente fue porque la diferencia entre las propuestas era amplia, es decir, el procedimiento utilizado no afectó el fallo".
Sin embargo, más adelante el oficio dirigido a Alfredo Elías Ayub dice que "el proyecto CCC Tuxpan II se adjudicó con un importe que excedió en 36.3 millones de dólares americanos al monto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
El artículo 15 de la Ley de Deuda Pública advierte que en ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito, de la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan".
Esta irregularidad la refleja muy claramente el entonces titular del Órgano de Control Interno en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos a su jefe, el director general de Auditoría Gubernamental de la Secodam, Jaime Mohedano Cabrera, a quien le escribe una nota informativa el 24 de julio de 2000 con el siguiente texto: "Le manifiesto también la nula cooperación que ofrece la Dirección General de la CFE a este órgano interno para sancionar las irregularidades que se cometen en todas las obras de la entidad, que bien se pueden predecir, como resultado dará un quebranto patrimonial de proporciones gigantescas, ya que los proyectos Pidiregas se han adjudicado desde el año 1996 con innumerables violaciones al marco jurídico: se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que posteriormente será incrementada en forma exorbitante."
El 8 de julio de 1999 la Secretaría Reguladora de Energía informó en el Diario Oficial de la Federación el otorgamiento del permiso para generar energía eléctrica en la modalidad de Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE) al consorcio Electricidad Águila de Tuxpan, SA de CV, conformado por las empresas transnacionales Mitsubishi Corporación y Kyushu Power Eléctrica Co, Inc. La CRE indicó en un boletín que el consorcio encabezado por Mitsubishi ganó la licitación pública internacional para desarrollar, construir, poseer, operar y mantener la Central de Ciclo Combinado Tuxpan II e instalaciones asociadas, obteniendo el permiso para generar energía eléctrica en la modalidad de productor independiente por 27 años y cinco meses.
El parte informativo añadió que en el desarrollo del proyecto se estimaba una inversión directa por 230 millones de dólares, para una capacidad máxima de instalación de 535.5 MW (megawatts) y una producción anual de energía de tres mil 707.45 GWh.
Sin embargo, la consejería jurídica global Milbank, con oficinas centrales en Nueva York y despachos en Los Ángeles, Washington, DC, Palo Alto, Londres, Tokio, Hong Kong y Singapour, informó en un despacho fechado el 3 de agosto de 2001 la finalización de la obra inaugurada a distancia desde Hermosillo por el presidente Vicente Fox en enero pasado por un monto de 325 millones de dólares, casi 95 millones por encima del monto estimado al adjudicar la obra.
Al buscar al director de Comunicación Social de la CFE, David López, para solicitarle una entrevista con el titular de la paraestatal con el fin de que respondiera a los señalamientos de Olvera Mazariegos expresó en otra nota informativa del 27 de junio de 2000 a Jaime Mohedano que varias empresas, entre las cuales por cierto no fue nombrada Mitshubishi, "han deteriorado gravemente a la Comisión Federal de Electricidad, en contubernio con altos funcionarios de la entidad, como usted sabe, Guillermo Guerrero Villalobos, Rogelio Gasca Neri, Eric Butcher, Arturo Hernández, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy".

El oficio de Farell.

El documento dirigido a Alfredo Elías Ayub fue conocido también por el entonces secretario de energía, Luis Téllez Kuenzler; el subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secodam, Mario López Araiza Orozco; el titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública de la Secodam, Ignacio Aguilar Álvarez Cuevas; el comisario propietario ante el sector Energía y Electricidad, Guillermo Haro Morales; el titular del Órgano de Control Interno en la CFE, Manuel Olvera Mazariegos, así como por el director general de Auditoría Gubernamental, Jaime Mohedano Cabrera, a quienes les fue enviada copia.
Las 39 infracciones encontradas en la orden de auditoría 1682/99 corresponden a los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), el esquema de financiamiento creado por el gobierno federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, a partir de las reformas y adiciones a las leyes General de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 23 de noviembre de 1995.
Afirman fuentes de la SHCP que el esquema de los Pidiregas fue una propuesta del actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mediante el esquema de los Pidiregas se concede permiso a empresas privadas o sociales para construir un proyecto de generación de energía, y se le otorga la concesión para venderla a la Comisión Federal de Electricidad o particulares por un periodo determinado que fluctúa entre 25 y 30.
“Será hasta que las obras se terminen y entreguen a satisfacción, y por lo tanto empiecen a generar recursos, que las obligaciones de pago correspondientes deberán preverse en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, se explica en el PEF de 1997.

Las irregularidades.

El oficio de Farell Cubillas expresó que como no se establecieron criterios claros y detallados para realizar la evaluación de las propuestas, en los proyectos Rosarito III, El Sáuz (Bajío), Altamira II y Tuxpan II "se dejaron algunos puntos para calificarlos discrecionalmente, tal es el caso del tipo de combustible a emplear".
Tampoco se publicaron las convocatorias de los proyectos Rosarito III, San Carlos II, Guerrero Negro II, El Saúz (Bajío), Tres Vírgenes y Cerro Prieto, en un diario de la entidad federativa donde se realizaron.
Durante la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, éstas se realizaron "con desapego a las bases de licitación" en El Saúz (Bajío), Altamira II y Tuxpan II, de tal forma que "si se adjudicó el contrato a la oferta más conveniente, fue porque la diferencia entre las propuestas era amplia, es decir, el procedimiento no afectó el fallo".
En Tuxpan II, como en Rosarito III, San Carlos II y Guerrero Negro II tampoco se respetó la metodología en la evaluación de las propuestas técnicas, por lo que "se corrió el riesgo de recibir reclamaciones de las ofertantes, con los retrasos y costos consecuentes".
Respecto de los fallos de las licitaciones se estableció que no se publicó oportunamente en el Diario Oficial de la Federación como tampoco en ninguno de circulación nacional el correspondiente a El Saúz (Bajío). Esto último sucedió igualmente con San Carlos II, Guerrero Negro II y Rosarito III.
Con respecto a las firmas de contratos, se afirma que por causas imputables a la Comisión Federal de electricidad hubo diferencias en la formalización del contrato o la fecha de inicio de los proyectos en Altamira II, El Saúz (Bajío), "ocasionando que no se tenga la capacidad de generación en la fecha programada originalmente, o que sea necesario reducir el plazo de la construcción, con el consecuente incremento de costos a futuro, afectando el patrimonio de la entidad".
En Tres Vírgenes hubo retraso en la ejecución de la obra, no hubo reportes del avance y por lo mismo "se corre el riesgo de un diferimiento en la fecha de terminación del proyecto".
En Hermosillo, cuya Central de Ciclo Combinado fue inaugurada este año, hubo un retraso de 113 días por causas imputables a la CFE. Lo mismo en Río Bravo y Cerro Prieto, debido a que la entidad "no tuvo oportunamente el permiso de cambio de uso del suelo del predio en donde se construyen los proyectos", incrementando los costos de construcción.
En la cuenta pública presentada por la SHCP se explica que "al cierre de 1999, los inversionistas privados estimaron una erogación en el área de generación de 4 mil 707.9 millones de pesos, cifra menor en 70.6 por ciento a la prevista para el año".
El informe añade que "el desfase se explica, fundamentalmente, por dos factores: las diferencias en las estimaciones de calendario entre la CFE y los contratistas; y los retrasos en las licitaciones, adjudicación de proyectos, tramitación de derechos de paso y estudios ambientales".
De igual forma hubo irregularidades en Río Bravo, donde la CFE omitió exigir a la empresa Central Anáhuac la ampliación a la carta de crédito por medio millón de dólares, mientras que en el consorcio que construyó Samalayuca II incumplió con el suministro de varias partes como toberas para gas y diesel y herramientas especiales, así como otros trabajos pendientes, que pudieran "resultar en un daño para la entidad".
Farell destaca en su reporte que "transcurridos 26 meses de haberse iniciado el proyecto Mérida III, adjudicado al consorcio AES Mérida III, S de RL de CV, y faltando tres meses aproximadamente para la apertura comercial de la primera fase, se tienen 32 solicitudes de acciones correctivas y 116 cartas preventivas que no han sido atendidas por el consorcio, lo cual puede incidir en la confiabilidad de la operación de dicho proyecto si no se vigila la corrección de tales solicitudes".
De igual forma se destacó que los reportes de avance mensual de Cerro Prieto IV están desfasados, incompletos y los equipos no corresponden a los ofertados por la empresa licitante.

Notimex, instrumento de Creel

No fui ingenuo, Ortiz Pinchetti

Los Periodistas (Número 31, marzo-abril de 2002)

http://www.fremac.org.mx/losper/per31/notas_ist/311001.htm

A tres meses de su despido como director General de la Agencia Mexicana de Noticias, Francisco Ortiz Pinchetti profundiza su advertencia: "Notimex ya vuelve al pasado y corre el riesgo de ser utilizada como instrumento del gobierno y grupos en el poder, para sus proyectos personales".
Señala: "son evidentes las pretensiones presidenciales del secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien aspira a ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República para las elecciones del 2006, y del subsecretario de Comunicación Social de la Segob, José Luis Durán Reveles, quien nuevamente aspira a la gubernatura del Estado de México en 2005", tras su derrota en 1999 frente al priísta Arturo Montiel Rojas.
Creel Miranda, estima Ortiz Pinchetti, dio su anuencia para hacerlo a un lado de la Dirección General de Notimex, dando marcha atrás al proyecto de formar una agencia de Estado el cual inicialmente compartió, para ahora utilizarla como instrumento de una fuerza política.
Una prueba de ello es que "al imponer en la Dirección General de Notimex a José Antonio Díaz García, quien ha sido su secretario particular, José Luis Durán Reveles demuestra ser él quien busca manejar la agencia personalmente", acusa el periodista cesado de su cargo.
El pasado viernes 1 de febrero, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda nombró a José Antonio Díaz García como nuevo director General de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), luego de que el cargo permaneció vacante desde diciembre de 2001 mientras el nuevo ungido tomaba un diplomado express sobre periodismo.
Ese mismo día Creel Miranda también dio posesión a Alberto del Bosque y a Fátima Fernández Christlieb como directores generales del Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) y de Comunicación Social Gubernamental, respectivamente.
En el caso de que los acontecimientos se desarrollen como advierte Francisco Ortiz Pinchetti, y con una buena fundamentación, el ingeniero y ex alcalde de Naucalpan José Luis Durán Reveles podría ser acusado de incurrir en uso indebido del servicio público, al utilizar recursos del erario –la infraestructura de una agencia noticiosa gubernamental— para fines personales, al imponer como director general de Notimex al también ingeniero, en este caso químico, José Antonio Díaz García, sin experiencia en el periodismo que es la actividad primordial de la Agencia Mexicana de Noticias.
Durán Reveles ha dado a conocer en varias publicaciones que la remoción de Ortiz Pinchetti se debió más a asuntos administrativos que periodísticos. "Ortiz Pinchetti podrá ser buen periodista, pero es muy mal administrador", llegó a comentar el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación a la revista Etcétera.
"Lo que necesitamos no es un periodista, es un administrador", decía Durán Reveles a quien quería escucharlo sobre el asunto Notimex.
"La ruta es: modernizar Notimex, hacerla una empresa de calidad periodística, una empresa reconocida en el ámbito mundial, una empresa que con menos haga más. Esa es la política del Presidente de la República, reducir costos e incrementar servicios y beneficios para la sociedad", agregó.
Invitación presidencial
Invitado por el presidente Vicente Fox a través de su entonces vocera y hoy esposa, Martha Sahagún, para convertir a la empresa gubernamental Notimex en una agencia informativa de Estado, Ortiz Pinchetti asegura que por todo lo planteado por el hoy presidente respecto a la apertura de los medios durante la campaña, poco a poco se entusiasmó con el proyecto cuando se lo ofrecieron y no pudo decir "no".
En el 2000 Ortiz Pinchetti realizaba algunos planes tras su salida de la revista Proceso, precisamente por la censura en citada publicación de una nota sobre la campaña de Vicente Fox, cuando le plantearon hacer de Notimex una agencia periodística, no propagandística.
"El presidente de la República electo quiere convertir a Notimex en una agencia de Estado para que hagan periodismo", le dijo Sahagún, "y esto me atrajo, pese a que yo no pensaba en trabajar con el gobierno".
Antes ya había estudiado los medios públicos y, pese a que en un principio la idea no le entusiasmó del todo, la propuesta coincidía con lo planteado por Fox en la campaña, de dar mayor apertura a los medios de información. "Entonces era creíble la propuesta".
Con Fox directamente no trató, pero sí con Sahagún y con Creel, quien parecía compartir el proyecto en ese momento.
El periodista, quien escribió el libro El fenómeno Fox. La historia que Proceso censuró y fue motivo de otro conflicto al interior de Notimex, había publicado una compilación de sus reportajes a lo largo de su trayectoria en el semanario Proceso, titulado De pueblo en pueblo.

Remontó el cuesta arriba

– Francisco, en el informe usted afirma que fue cuesta arriba intentar el cambio en lo administrativo. Y es precisamente por lo que le acusa Durán, de no tener capacidad para solucionar la administración.
– Toda la estructura de Notimex era un enredo. Sí, en efecto, fue cuesta arriba el cambio en lo administrativo porque en lo periodístico tuvimos aceptación sobre todo de los más jóvenes, y también entusiasmo de todos porque con el nuevo esquema se revaloraba su dignidad profesional. Antes se les decía que representaban a "Mentimex", que eran "orejas" del gobierno o de Bucareli (donde se asienta la Secretaría de Gobernación) y en las oficinas de comunicación social de las dependencias y en toda la estructura gubernamental se les trataba como empleados. Entonces se entusiasmaron: "Ahora sí vamos a hacer periodismo".
La labor en lo periodístico se facilitó, a decir de Ortiz Pinchetti, por la disposición de los trabajadores y la calidad de los mandos medios y superiores que se le unieron, varios de ellos ex compañeros de él también en Proceso: Gerardo Galarza y Carlos Acosta Córdoba, entre otros.
Comenta Ortiz Pinchetti que comenzó la reestructuración en lo periodístico, siguiendo los cánones de ética y transparencia en la información, con un trabajo riguroso: por ejemplo, con el esmero de los editores confirmaban las fuentes para que los reporteros tampoco se desbocaran, ya sin la censura tradicional; realizaron una cobertura cotidiana con libertad para que los reporteros siguieran su instinto periodístico, realizaron crónicas, hicieron el seguimiento de la marcha zapatista y sólo faltaba fortalecer el área de reportajes de investigación.
"La primera consulta que me hicieron fue el 2 de diciembre de 2000 con los comunicados del subcomandante Marcos como respuesta a las acciones del gobierno entrante y, si los teníamos, le dije a los editores: va. Incluso en esta etapa hubo notas presuntamente adversas para los intereses de los funcionarios", añade Ortiz Pinchetti, pero no hubo problemas.
Hoy, afirma, "las notas nuevamente se consultan a las instancias superiores… basta con ver el hilo (el envío de información) para darse cuenta que las cosas han vuelto a ser como antes" y ya no se envían notas que de alguna forma lastimen la imagen del gobierno federal foxista, de los gobernadores emanados del PAN y los políticos del partido blanquiazul.
Invitado por la hoy primera dama de la nación, Ortiz Pinchetti reconoce haber tenido por parte de Martha Sahagún absoluto respeto por su desempeño profesional, pues hasta el momento cuando se casó y unos meses después, jamás hubo una nota que no pasara, como tampoco dio "línea" sobre la forma de manejar la información.
Incluso, durante el divulgado incidente del "Café con piernas" ocurrido durante una gira presidencial a Chile, y del que fueron partícipes el corresponsal y los reporteros enviados por Notimex, tampoco hubo reclamo presidencial.
Incluso, comenta Ortiz, el tratamiento dado al escándalo del "Toallagate" no provocó reclamos de la Presidencia de la República.

Intromisión de Durán

Durán Reveles sólo había tenido injerencia administrativa en la agencia Notimex durante los primeros seis meses del gobierno de Vicente Fox, pero como había severos problemas gerenciales, en mayo de 2001 Ortiz Pinchetti concedió al subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación la dirección de Administración de la agencia para uno de sus cercanos, Pedro Tamez, quien fue su administrador en el municipio de Naucalpan.
Pero a partir de allí y de la salida de Martha Sahagún de la vocería presidencial las cosas comenzaron a cambiar. Durán Reveles empezó a entrometerse, a cuestionar notas, siempre con un reclamo posterior, sobre por qué se enviaba información contraria al canciller Jorge Castañeda o algún gobernador amigo de él.
"No es Notimex quien golpea, son notas con fuente declarante, se le explicaba. Esto lo atribuyo a su ignorancia del tema periodístico porque es un ingeniero industrial metido a político", declara Ortiz.

Punto de quiebre

– ¿Debe haberse presentado una ruptura, un punto de quiebre entre ustedes?
– Los casos de los gobernadores de Oaxaca y Querétaro porque no acaté sus recomendaciones... y él no insistió en el tema.
A decir de Ortiz Pinchetti, los intentos del gobernador de Oaxaca, José Murat por parar la nota del "Café con piernas", le dio al hecho mayores implicaciones.
Cuando fueron descubiertos por los reporteros en el sitio donde las meseras sirven el café vestidas únicamente con una diminuta tanga, Murat, al reconocer a uno de los informadores, preguntó:
– ¿Son de Notimex? ¡Ah! Bueno.
"Son de casa", quiso decir el gobernador oaxaqueño, según Ortiz Pinchetti.
Pero la sorpresa fue que el asunto trascendió precisamente por la actitud de los propios gobernadores sorprendidos en el lugar.
Y con este antecedente Murat se quejó del trabajo del coordinador en Oaxaca, Ernesto Reyes, a quien acusó de estarlo golpeando periodísticamente.
– ¿A quién tenemos en Oaxaca que está golpeando al gobernador? ¡Córrelo!–, ordenó Durán Reveles a Ortiz Pinchetti.
– Oye, apenas lo integré al equipo. Es un periodista de primera a quien yo invité y dejó su otra chamba.
–¡Córrelo!, volvió a ordenar Durán.
– No lo corro. Mejor te envío una muestra de su trabajo. No escribe sólo del gobernador, sobre él hay pocas notas –, respondió el entonces director de Notimex.
– Te la pongo más fácil, ¡muévelo!
Ortiz Pinchetti envió una carpeta con los trabajos de un mes de Ernesto Reyes y evitó, momentáneamente, lo que consideró "un abierto caso de censura".
Otro asunto tuvo que ver con el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, pese a que allí no fue tan drástico.
– Está golpeando mucho al gobernador.
– Pero si el gobernador dice que se va a aumentar tres veces el sueldo, hay reacciones de la oposición –, respondió Ortiz Pinchetti.
– Qué caso tiene pasar esas notas –, reclamó Durán Reveles.
– Nosotros hacemos periodismo –, aclaró.
– Pero Loyola es cuate; qué necesidad hay de mandar esas notas–, acotó el subsecretario de Comunicación Social.
Curiosamente Murat y Loyola fueron los sorprendidos en el "Café con piernas" junto con los gobernadores de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, y de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.
El otro punto discordante fue un artículo de opinión del periodista Jorge Meléndez Preciado quien criticó al canciller Jorge Castañeda, pero Durán dijo que era una nota, lo cual puso en evidencia su desconocimiento de lo que es el periodismo y sus distintos géneros como la opinión.
"Para ese entonces habíamos conformado un grupo plural de opinión donde estaban incluidos entre otros el senador Javier Corral, Gilberto Rincón Gallardo, Jesús Ortega y muchos otros opinadores de las diversas corrientes ideológicas y partidos políticos, y le tuve que explicar que no era una nota".

Creel se hizo a un lado

– ¿Fue ingenuo al no prever que Notimex ha sido un medio de propaganda gubernamental y quizá no hubiera la intención real de convertirla en agencia de Estado?
– Quizá no fui tan ingenuo en cuanto a las intenciones del presidente Vicente Fox y Martha Sahagún. Sí lo fui en la parte panista, en Creel como jefe de Durán.
– ¿Hubo algún enfrentamiento con Creel?
– Directamente con él no. No hizo ningún reclamo y alguna vez hizo una declaración favorable a mi trabajo. Pero en los últimos dos meses solicité una cita con él por la situación que ya se presentaba difícil con Durán y nunca me la dio.

En daño patrimonial al ISSSTE se involucra al Arzobispado de México

Sospechoso silencio de González Roaro

Se investiga perjuicio por más de 46 millones de pesos

3 de diciembre de 2001
http://www.imagenmedica.com.mx/datos/modules.php?name=News&file=article&sid=306

Al cambiar de nombre y obtener mayor autonomía, la Auditoría Superior de la Federación parece finalmente ejercer su poder para controlar los presuntos abusos de los servidores públicos, y en sólo dos meses -junio y julio- presentó ante la Procuraduría General de la República 12 denuncias por peculado y uso indebido del servicio público.
Las irregularidades que suman alrededor de 300 millones de pesos alcanzan a dependencias del Gobierno Federal como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), el Fideicomiso de Riesgo Compartido, la Secretaría de Turismo y la Lotería Nacional entre otras.
Documentos en poder de esta publicación prueban el inicio de las investigaciones en contra de nueve funcionarios y ex funcionarios del ISSSTE acusados de peculado, ejercicio indebido del servicio público y lo que resulte, por una cifra que se acerca a los 47 millones de pesos.
Los fraudes se habrían cometido durante la gestión -como directora general- de Socorro Díaz Palacios, quien entre otras cosas fue secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De la querella en curso podría desprenderse una presumible evasión de impuestos de la empresa Fergomo, SA de CV, además de una probable falsificación de firmas de funcionarios del Arzobispado de México.
Los investigados son los servidores y ex servidores públicos José Navarrete Ancona, Carlos Ruiz Belin, Lilia Rosas Pons, Carlos Ruiz Alegría, Javier García Ponce, Luis Quintero Retamoza, Sergio Vázquez Torres, Federico Garduño León y Guillermo Orozco Loreto, además del particular Luis Miguel Moreno Vélez.
Este reportero solicitó una entrevista con el director general del ISSSTE, Benjamín González Roaro para conocer el estado de las denuncias y su opinión como encargado del Instituto, pero a través de su responsable de prensa, Cuauhtémoc Amezcua, nunca respondió a la solicitud de información.

LAS TRANSAS

Una auditoría iniciada el 19 de octubre de 2000 -cuando aún era directora general del ISSSTE Socorro Díaz Palacios-, arrojó irregularidades en una serie de operaciones entre el sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) de ese instituto, y la empresa Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV.
El 7 de julio de 1999 se contrató el servicio de proveeduría de 10 millones de tarjetas tipo "ráscale" que serían destinadas para instrumentar el sorteo El Sabor Millonario, pero en la operación propuesta por la subdirectora de Abastos, Lilia Rosas Pons, se omitieron los estudios de factibilidad y el 29 de julio siguiente fue autorizada la operación.
A pesar de que el ISSSTE realizó el pago por el servicio contratado, que ascendió a 37 millones 200 mil pesos, con el cheque 3007557 de la cuenta 65-500 8704-5 de Banco Santander Mexicano el 12 de julio de 1999, la empresa no cumplió con la entrega y la Subdirección de Finanzas no hizo válida la fianza que para efectos de incumplimiento había depositado la Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV.
Más adelante, el 19 de noviembre de 1999, Fergomo realizó un contrato de intermediación mercantil con la Fundación Cultural Juan Diego, del Arzobispado de México, para la realización del sorteo Luz de la Esperanza aprobado por el arzobispo emérito de México, Ernesto Corripio Ahumada, pero hubo una presunta falsificación de la firma de monseñor Enrique Roberto Salazar y el ciudadano José Oscar Valdez Ramírez.
Esto, con la intención de que el Arzobispado lograra el permiso para el sorteo, el cual aparece cedido en una primera instancia a Lobby Ep SA de CV y en segunda a la Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV, vendiéndose la serie "A", en tres millones de pesos.
Y en este punto, Lilia Rosas Pons instó a Sergio Vázquez Torres, Guillermo Orozco Loreto y Federico Garduño a autorizar la sustitución del sorteo El Sabor Millonario por el sorteo Luz de la Esperanza, luego de destacar que se obtendrían 3.5 millones de pesos para el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
El nuevo contrato se pactó en 46 millones 500 mil pesos, que fueron cubiertos con los 37 millones 200 mil pesos entregados a Luis Miguel Moreno Vélez en julio de 1999 y 5 millones 400 mil pesos mediante un cheque, el 8 de marzo de 2000. La diferencia de 3 millones 900 mil pesos fue descontada por concepto de "servicios financieros por el incumplimiento del primer contrato."
Sin embargo, al realizar la investigación por el incumplimiento del segundo contrato, los auditores encontraron que Fergomo no realizó declaraciones a la Secretaría de Hacienda del pago provisional y anual en los años 1999 y 2000.
Además, las fianzas presuntamente a favor del ISSSTE expedidas por la Afianzadora Sofimex, y que fueron dadas como buenas por los funcionarios de la paraestatal, en realidad pertenecían a fianzas a nombre de Promotora Iberoamericana SA de CV y Automotriz Mexicana SA de CV, por 22 mil 500 pesos y 29 mil pesos, respectivamente.

Los Farell: Negocios de familia

Benefician a Alfredo Elías Ayub, defraudan a la Nación

Desde su función como contralor general de la Federación, Arsenio Farell Cubillas habría encubierto irregularidades en la administración de Alfredo Elías Ayub al frente de la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), permitiéndole llegar a la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad, mientras su hijo Arsenio Farell Campa cobró el “favor” con un contrato de asesoría por 341 mil 913 dólares (3 millones 114 mil 827.43 pesos), aunque éste se defiende y afirma que como abogado tiene todo el derecho de trabajar en cualquier lugar donde soliciten sus servicios, y que sus honorarios fueron de “sólo” 1 millón 200 mil pesos “por recuperar 6 millones 838 mil 250 dólares”.
De acuerdo con la información en poder de este reportero, Farell Cubillas debió conocer del delito de uso indebido de atribuciones y facultades en que pudo incurrir la administración de Elías Ayub. Pero en esta probable ilegalidad pudieran haberse dado también hechos constitutivos de delitos como peculado, tráfico de influencias y cohecho, además de conflicto de interés.
En aquellos días el subdirector de Finanzas y Administración, y uno de los responsables directos del presunto ilícito, era Juan José Domene Berlanga, quien ocupó el mismo cargo en la Comisión Federal de Electricidad, y está implicado en irregularidades por más de 1 mil 500 millones de pesos entregados por Petróleos Mexicanos (Pemex) al sindicato petrolero, los cuales en el 2000 se triangularon a la campaña proselitista de Francisco Labastida en el Partido Revolucionario Institucional.

Principio de la historia

El 9 de julio de 1997 la Gerencia de Tesorería y Presupuesto de ASA celebró un contrato de mandato con Ixe Banco SA (Institución de Banca Múltiple, Ixe Grupo Financiero División Fiduciaria) para realizar una inversión en títulos Nafinsa-Eurobond, a través del mandato M/82-2, por la cantidad de 6 millones 838 mil 250 dólares, los cuales fueron reinvertidos por la sociedad fiduciaria en la correduría de bolsa Sharp Capital Incorporation, localizada en Irving, Texas, Estados Unidos.
Resulta que la Sharp era presidida por Mauricio A. Gutiérrez, presidente y dueño también de la Emerging Markets Capital Advisors, Ltd., (EMCA), una corporación limitada con sede en las Islas Bahamas, es decir, en un paraíso fiscal.
Entre abril de 1997 y noviembre de 1998, Mauricio A. Gutiérrez elaboró un esquema de defraudación, pues los fondos que serían colocados en inversiones como Eurobonos, CDs, Euros y cuentas seguras no especulativas del mercado de valores de los Estados Unidos --por los que otorgaría intereses entre 7 y 11 por ciento--, fueron apostados con EMCA, y reunidos con otros caudales los colocó en inversiones especulativas de alto riesgo.
Gutiérrez enviaba declaraciones comerciales falsas y ficticias de la cuenta a sus clientes, y usaba para su propia ventaja personal los capitales recibidos de estos inversores.
Más de 200 capitalistas, muchos de ellos mexicanos y principalmente de Monterrey, perdieron alrededor de 300 millones de dólares en Sharp Capital Inc., cuando esta empresa los invirtió mediante el esquema antes mencionado en bonos emitidos por Rusia y otros estados de la ex Unión Soviética, entre mediados de 1997 y agosto de 1998, cuando Moscú declaró una moratoria en la mayoría de los pagos de la deuda, propiciando la quiebra de la correduría de bolsa.
Por aquellos días los funcionarios de ASA habían reinvertido el dinero, según lo asienta el Organismo Público Descentralizado en el contrato de prestación de servicios con el bufete Farel SC, el 22 de enero de 1999: “ASA declara que al 12 de agosto de 1998 reinvirtió, por conducto de la institución bancaria aludida (Ixe) en Sharp Capital, Inc., 6 millones 838 mil 250 dólares en instrumentos denominados Nafinsa-Eurobond”.
En septiembre de 1998 los clientes de Sharp recibieron una carta del presidente Mauricio Gutiérrez, en la que explicó que el fondo había perdido su liquidez debido a inversiones apalancadas en bonos de mercados emergentes, y que el valor de su principal era de 0.35 por cada dólar, según un inversionista que dice haber recibido la carta.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) investigó a la Sharp Capital Inc., y sus malos manejos llevaron a la entidad a fincar cargos contra Mauricio Gutiérrez, quien fue condenado a 50 años de prisión, a pagar una multa y con la posibilidad aún no determinada desde el 7 de marzo de 2001, de ser obligado a pagar la restitución de sus inversiones a las víctimas del fraude.
El propio Farell Campa dijo a este reportero que también había inversiones de ASA en la casa de Bolsa Canadian Imperial Bank of Commerce-Opperheimer Corporation, de Canadá.

Discreción del despacho Farell

El 26 de noviembre de 1998 el subdirector jurídico de ASA, Gerardo Ruiz Esparza, solicitó a Alfredo Elías Ayub autorización para contratar al despacho Farell SC para realizar la demanda contra el Banco Ixe “por los daños y perjuicios que ha ocasionado y siga ocasionando a Aeropuertos y Servicios Auxiliares”.
En su escrito, Ruiz Esparza asienta que la propuesta del despacho Farell es porque debido a “la trascendencia del asunto (…) resulta necesario contratar a un bufete con suficiente experiencia, calidad técnica y prestigio en el medio jurídico”, además de que “es importante que sea de absoluta confianza por la discreción que requiere el manejo de la información confidencial que le será proporcionada durante la prestación de sus servicios”.
En entrevista realizada el 6 de abril de 2001 con este reportero, Arsenio Farell Campa mostró una copia fotostática de la presunta demanda en contra de Banco Ixe con fecha del 21 de diciembre de 1998, cuyo proceso se efectuó en el juzgado séptimo civil.
Pero es hasta el 20 de enero de 1999 que el gerente de lo contencioso y administrativo de ASA, Sergio Saavedra Arellano da a conocer que fue autorizada la contratación del despacho Farell SC para efectuar la demanda de recuperación de los 6 millones 838 mil 250 dólares más los intereses devengados al momento.
Los honorarios pactados fueron por el cinco por ciento de la inversión, en dos exhibiciones. El 30 por ciento de ese cinco por ciento al presentar la demanda (102 mil 573.75 dólares), que equivale a casi 1 millón 200 mil pesos al cambio de aquellos días, y un segundo pago por el 70 por ciento restante del 5 por ciento de la inversión, que de acuerdo con el gerente de Tesorería y Presupuesto de ASA, Gerardo Soto Walls, ascendería en total a 341 mil 913 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional al día de su pago.
Finalmente, el 26 de enero de 1999, un día posterior a la designación de Alfredo Elías Ayub como director general de la Comisión Federal de Electricidad, la Subdirección de Finanzas y Administración de ASA, por medio de la Gerencia de Tesorería y Presupuesto se dio por pagada, en un escrito al director fiduciario de Ixe, Guillermo Juan López:
“En atención a que nos ha sido reintegrado en su totalidad el monto correspondiente a la inversión que realizamos en títulos Nafinsa-Eurobond, a través del mandato M/82-2 más los intereses generados al 25 de los corrientes, manifestamos a ustedes que es nuestro interés dar por terminado el mandato otorgado a Banxo Ixe, SA, el 9 de julio de 1997”, informa Gerardo A. Soto Walls.
El monto de los intereses recuperados, según el propio Farell Campa, fue de 41 mil 315.29 dólares, lo cual arrojaría una cantidad de 6 millones 879 mil 565.29 dólares. Sin embargo, en la notificación y término del contrato se afirma que Ixe recuperó 7 millones 14 mil 546 dólares, 134 mil 980.34 dólares por encima de la cifra que presuntamente recibió ASA como recuperación de su capital más intereses.
Asimismo, en poder de este diario se encuentra una nota informativa, de las que se estilan en el Gobierno Federal, sin fecha ni firma del remitente, como tampoco de destinatario, donde se da a conocer lo siguiente:
“La decisión de invertir recursos presupuestales en una empresa fuera del país es un asunto muy delicado por las implicaciones e imprecisiones que se presentan. No son recursos propios particulares sino del Herario (sic) Federal. Un punto de crítica fue que el hijo del director de finanzas (Juan José Domene) trabajaba en Ixe”.
Asimismo, se manifiesta la existencia del dato de que Ixe “hace malos manejos y quiebra”.
De igual forma, añade que “por los trámites sucedidos aparecen implicados por dictamen distorsionado y mal intencionado el Lic. Gerardo Ruiz Esparza y Lic. Juan José Domene de Finanzas”.
Y más aún: “Como el asunto se complicó todo porque apenas y recuperaron la inversión (los intereses no se pagaron por Ixe y hay daño patrimonial), fueron a pedir perdón a Secodam y para que se viera su buena intención contrataron al Despacho Jurídico para que los respaldara”.

Los remansos de la ley

De acuerdo con el artículo 217 del Código Penal Federal comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que “indebidamente otorgue, realice o contrate (...) colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos”, así como “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidas de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte de las mismas”, y “el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal”.
El artículo 221 del mismo CPF expresa que comete el delito de tráfico de influencia el servidor público que “por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”, así como “cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior”, y “el servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del Artículo 220 de este Código”.
El artículo 220 y fracción aludida expresa que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones “el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
Asimismo, expresa el artículo 222 que comete el delito de cohecho “el servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones”, y “el que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones”.
Finalmente, el artículo 223 dice que comete el delito de peculado “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, además de “el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona” y “cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades”.

Defensa de Farell Campa

El 6 de abril de 2001, Arsenio Farell Campa se defendió de la probable responsabilidad por tráfico de influencias en la que pudo incurrir su padre Arsenio Farell Cubillas, ex contralor de la Federación, para beneficiarlo con un contrato para elaborar una demanda en representación de Aeropuerto y Servicios Auxiliares contra Ixe Banco, en enero de 1999.
“La denuncia pública es injusta, me contrataron como a cualquier abogado; no hay conflicto de interés y cobré muy barato para recuperar 6.8 millones de dólares”, fueron los argumentos del abogado, en su despacho de la colonia Nueva Anzures.
En 1997 la empresa paraestatal Aeropuerto y Servicios Auxiliares (ASA), dirigida por Alfredo Elías Ayub, depositó tal cantidad de dólares en inversiones, con un mandato a la fiduciaria para ser invertidos a su vez en la compra de bonos rusos tan de moda en aquellos días por la alta rentabilidad ofrecida, y para ello acudieron a las casa de bolsa Sharp Capital Incorporation de los Estados Unidos y Canadian Imperial Bank of Comerce Oppenheimer Corporation de Canadá.
Empero, la Sharp quebró y entonces debía recuperarse el dinero patrimonio de la Nación, el cual fue invertido por los funcionarios mexicanos faltando a las normas de la Administración Pública Federal.
Entonces entró al quite Farell Campa y fueron recuperados 6 millones 838 mil 250 dólares, más 41 mil 315.29 dólares por concepto de rendimientos.
En la amplia sala de juntas de su despacho, donde había cámaras escondidas y grabó al reportero, sin embargo, el hijo del ex Contralor de la Federación se negó a ser grabado.
Vestido con un fino traje y su camisa aderezada con costosas mancuernillas, el abogado afirmó haber cobrado sólo un millón 200 mil pesos, de acuerdo con un recibo puesto a la vista del reportero, del 29 de enero de 1999, y del cual se negó a entregar una copia simple.
De acuerdo al documento donde fue puesto a consideración el contrato de Farell, se decía que ese aproximadamente un millón 200 mil pesos serían el primer pago, correspondiente al 30 por ciento de los 341 mil 913 dólares que cobraría por su trabajo, correspondientes al 5 por ciento de la cantidad defraudada.
Sin embargo, sentado en la cabecera de la amplia mesa, negó haber cobrado los 34 mil 913 dólares acordados en el contrato simple, cuya copia tiene en su poder Así es la Noticia.
Entonces se abre una interrogante más en este caso, pues más de 220 mil dólares o 2.2 millones de pesos andarían por ahí… bailando.
Farell expresó que, por el contrario, el abogado de Banco Ixe, Javier Quijano Báez, cobró 400 mil dólares.
De igual forma, para Farell la negociación ASA-IXE-Sharp Capital Inc., no fue un asunto grave ya que se trató de un contrato de intermediación bursátil, donde la responsabilidad era directamente del Banco con ASA, al no haber mandato a un tercero. “Grave hubiera sido no haber recuperado el dinero”, añadió Farell Campa.