Lanzará mañana GDF convocatoria para el distribuidor vial de San Antonio

(2002-06-19)
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El Gobierno del Distrito Federal lanzará mañana jueves 20 la convocatoria para las diversas licitaciones mediante las cuales se realizará la construcción del Distribuidor Vial San Antonio, que unirá diversas vialidades como son Periférico-San Antonio-Río Becerra-Tintoreto con una obra de 3.5 kilómetros y un presupuesto de 700 millones de pesos.
Este será el primero de un aproximado de 30 proyectos de distribución vial que construirá el GDF, en el probable caso de resultar negativo el plebiscito para la construcción de un segundo piso en la parte más conflictiva de Periférico y Viaducto, por más que el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador advirtiera que este distribuidor forma parte del segundo nivel.
El pasado 30 de mayo López Obrador dio a conocer que los recursos inicialmente destinados para la construcción del segundo piso serían ejercidos en distintas obras y apoyo a programas de la siguiente forma: 700 millones pesos para el distribuidor vial; 200 millones para ampliar el presupuesto para la compra de trenes para el Metro y llegar a 45; 100 millones para el programa de sustitución de taxis; 90 millones para ampliar el presupuesto anual para el Distribuidor Vial Zaragoza; 110 millones para la red computarizada de semáforos, 100 millones para poner en circulación 120 autobuses nuevos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y 200 millones para construir mil 500 viviendas de interés social.
López Obrador aseguró que si la construcción del distribuidor inicia en el próximo agosto su inauguración se podría realizar en abril de 2003.
Esta ocasión los concursos para adjudicar la obra se realizarán no por tramos (y se convertiría en una experiencia para el segundo piso), sino por medio de un sistema que aparentemente resultaría más complicado a la hora de poner todos los elementos en su lugar: por especialidad. De tal forma que se licitará a las empresas que podrían surtir los pilotes, otra licitación para las trabes, otra para las firmas que provean el asfalto, etc.
Lo más curioso es que la empresa Rioboó sigue detrás del proyecto pese a sus errores al calcular el presupuesto para lo que sería una obra de 13.8 kilómetros. Ahora el distribuidor vial, que es apenas el 25 por ciento de lo que sería la longitud del segundo piso, será construido con el 46.6 por ciento del presupuesto calculado para el frustrado segundo nivel .
Otro dato curioso es que el distribuidor se realizará en el lugar más cercano a donde habita el grupo de ciudadanos que mayor oposición han mostrado a la construcción del segundo piso, y son quienes viven en las inmediaciones del viaducto Río Becerra.
Para tratar de controlar el flujo vehicular y dar mayor agilidad al paso de los automovilistas por la zona, la administración de Rosario Robles realizó la construcción de una vuelta inglesa.

Denuncian a Echeverría; declarará en julio: Carrillo Prieto

(2002-06-11)
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Luis Echeverría Álvarez, Alfonso Martínez Domínguez, y el resto de los operadores de la masacre del 10 de junio de 1971 en los alrededores del Casco de Santo Tomás y la Escuela Normal Superior, comenzarán a comparecer hacia los primeros días de julio para "avanzar con rapidez y firmeza" en la búsqueda de la verdad jurídica de los acontecimientos que propiciaron la toma de las armas por cientos de jóvenes de la época como única alternativa al autoritarismo gubernamental.
El fiscal especial para conocer los delitos durante la llamada "guerra sucia" (Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado), Ignacio Carrillo Prieto, dio a conocer ayer que el primer paso para comenzar la investigación relacionada con los hechos del llamado "jueves de Corpus" era tener una denuncia ‹curiosamente no la había‹ para abrir la averiguación previa.
Carrillo Prieto y su equipo no sólo recibieron la denuncia de hechos la mañana de ayer, sino un compendio bastante sustentado que permitirá un rápido avance "en la resolución jurídica de un hecho que se trató de amoldar a la política con el uso de la fuerza".
A decir del fiscal, quien tiene cinco meses en el cargo, "los elementos de la denuncia se encuentran bien trabajados y bien fundamentados por Jesús Martín del Campo y Raúl Álvarez Garín", quienes ayer hicieron la presentación de los hechos ante la autoridad procuradora de justicia, al grado "que nos permiten avanzar con rapidez y firmeza".
Precisamente la forma detallada y completa como fue presentada la relatoría de hechos provoca la actitud positiva de Carrillo Prieto, quien en forma exclusiva para esta publicación aventuró que "muy pronto las personas señaladas deberán aclarar su posición en las oficinas del fiscal.
- ¿Para usted qué es muy pronto?
- Iniciando julio comenzarán a comparecer.
- En la denuncia hay nombres específicos... Luis Echeverría, Alfonso Martínez... Moya Palencia...
- Yo hablo que deberán declarar las personas señaladas, todas, sin distingo de nombre o posición. Todas es todas.
El fiscal Carrillo Prieto destacó que de igual forma habrá que acordar otras diligencias y asegurar que los lugares donde se dice que hay restos de desaparecidos se debe encontrar a los desaparecidos.
Añadió que llegar a estas instancias para lograr el esclarecimiento de los hechos "es un acto de perseverancia propiciado por una causa de los ciudadanos, que da la posibilidad institucional de resolver jurídicamente este asunto, y ojalá coincidan la verdad jurídica con el sentir de los propios ciudadanos".
Para el fiscal Carrillo Prieto la función de su cargo no queda únicamente en el esclarecimiento histórico de los hechos como sucede con la mayoría de las llamadas comisiones de la verdad, sino también tiene la facultad para lograr el establecimiento de responsabilidades de carácter penal que propicie un mejor conocimiento del país y pemita la convivencia nacional.
"Debemos ir hacia a la reconstruccción histórica, la resolución jurídica y la reconciliación", expresó Carrillo Prieto, quien más tarde recibió un espaldarazo a su propuesta de parte de la luchadora social y ex diputada federal por el PRD, María de la Luz Núñez Ramos, quien expresó en el Centro Cultural San Ángel que se debe conocer la verdad completa no importa la compleja que sea, pronunciándose por el "la tolerancia y la comprensión plena, hasta por el perdón mismo, pero repudio la impunidad venga de donde venga".

Recoridos papales en el DF

Canonización de Juan Diego

(2002-06-10)
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Al quedar definidas las rutas para los siete recorridos que realizará el papa Juan Pablo II en su quinta visita a nuestro país durante su papado, quedó establecido que el presidente de México, Vicente Fox Quesada, recibirá personalmente al papa Juan Pablo II en el hangar presidencial la tarde-noche (alrededor de las 19:30 horas) del martes 30 de julio, cuando el Sumo Pontífice inicie una estancia que durará tres jornadas durante las cuales habrá un saludo en Los Pinos y otro al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que en las últimas semanas se ha dudado del viaje papal para acudir a la canonización del indígena Juan Diego y a la beatificación de los mártires oaxaqueños y también indígenas Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista, el pasado miércoles 5 hubo una reunión entre los integrantes del Estado Mayor Presidencial, el Arzobispado de México y el Gobierno del Distrito Federal para detallar el trazado de rutas y logística de los siete recorridos por la ciudad, del Papa de origen polaco.
Durante la definición del operativo se acordó la instalación de pantallas gigantes en el Zócalo, en el Auditorio Nacional, en la Plaza de Armas de la Magdalena Mixhiuca y cuatro en la Basílica de Guadalupe, estas últimas debido a que los boletos para la entrada al santuario del Tepeyac estarán muy restringidas pues serán distribuidos 50 pases por cada arzobispo y obispo, para ser repartidos entre sus más cercanos, quienes son los únicos que entrarán a la ceremonia de beatificación alrededor de las 10:00 horas del 31 de julio.
El recorrido del Papa Juan Pablo II por la ciudad de México comprende siete distintas rutas en las que calculan los organizadores habrá cerca de seis millones de personas apostadas al paso del papamóvil, y está contemplado también un saludo al jefe de Gobierno del Distrito Federal el día 31, cuyo sitio está por definirse aún.
El martes 30, tras su llegada a suelo mexicano, Juan Pablo II y su comitiva se trasladarán a la Nunciatura donde, además de una breve reunión con el embajador del Vaticano en México, Giuseppe Bertello, no tendrá más actividades.
El miércoles por la mañana se trasladará a la Basílica de Guadalupe para la misa de canonización de Juan Diego, en una ruta directa por la Avenida de los Insurgentes, mientras que el retorno está programado por zonas populares como son las colonias Bondojito, Morelos, Merced y otras.
De acuerdo con las expectativas planteadas durante la reunión del pasado día 5, serán alrededor de un millón de personas las que podrán tener acceso a la zona de la Basílica, más no al recinto religioso, durante la canonización de Juan Diego el día 31 y la beatificación de Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista el 1 de agosto, antes de la partida del Papa hacia Italia.

Recorridos de Juan Pablo II en la ciudad de México
Recorrido 1
Aeropuerto-Nunciatura
Hangar presidencial
Alfa
Santos Dumont
Fuerza Aérea
Economía
Calle 47
Viaducto Piedad
Río Churubusco
Río Mixcoac
Insurgentes
Juan Pablo II

Recorrido 2
Nunciatura-Basílica
Juan Pablo II
Insurgentes
Cantera
Calzada de los Misterios
Basílica

Recorrido 3
Basílica-Nunciatura
Fray Juan de Zumárraga
5 de Febrero
San Juan de Aragón
Ferrocarril Hidalgo
Boleo
Avenida del Trabajo
Vidal Alcocer
Anillo de Circunvalación
Calzada de La Viga
Molina Enríquez
1º de mayo
Ramos Millán
Eugenia
Cuauhtémoc
Universidad
Félix Cuevas
Insurgentes
Juan Pablo II

Recorrido 4
Nunciatura-Los Pinos
Juan Pablo II
Manuel M. Ponce
Barranca del Muerto
Insurgentes
Río Mixcoac
Patriotismo
Benjamín Franklin
Vicente Eguía
Parque Lira
Chivatito
Alencastre
Molino del Rey

Recorrido 5
Los Pinos-Nunciatura
Molino del Rey
Parque Lira
Vicente Eguía
Avenida Revolución
Barranca del Muerto
Manuel M. Ponce
Juan Pablo II

Recorrido 6
Nunciatura-Basílica
Juan Pablo II
Manuel M. Ponce
Barranca del Muerto
Avenida Revolución
Avenida Patriotismo
Diagonal Patriotismo
Circuito Interior
Paseo de la Reforma
Calzada de los Misterios
Episcopado

Recorrido 7
Basílica-Aeropuerto
Puente Papal
Calzada de Guadalupe
Eje 2 norte
Avenida del Trabajo
Eje 1 Norte
Fuerza Aérea Mexicana
Santos Dumont
Alfa
Hangar Presidencial

Montemayor amenaza con cantar en el extranjero

(2002-06-10)
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Rogelio Montemayor Seguy analiza la posibilidad de acogerse al programa de testigos protegidos y revelar cómo y por instrucciones de quién se armó la ingeniería financiera para canalizar prestámos por mil 100 millones de pesos de la paraestatal al Sindicato Petrolero, que presuntamente fueron a parar a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.
Ante la persecución de que es objeto por parte de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), la Procuraduría General de la República, y el abandono de sus compañeros de partido y políticos que fueron sus "superiores" cuando ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos, fuentes muy cercanas al ex funcionario aseguraron que Montemayor podría dar toda la información que posee, y que involucra a políticos prominentes del pasado sexenio, y lo haría desde Estados Unidos donde buscaría ser declarante protegido.
Entre los testimonios en su descargo estaría el hecho de que Montemayor Seguy afirma haber recibido "instrucciones superiores" para desviar los recursos a la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), amén de que el operativo financiero fue autorizado por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Hace algunas semanas la madre del también ex gobernador de Coahuila, Liliana Seguy viuda de Montemayor, expresó que su hijo no se movía si no había una orden presidencial.
El 8 de mayo pasado el juez décimo tercero en materia de procesos penales federales, José Luis Moya Flores, giró una orden de aprehensión contra el ex director de Pemex y cuatro de sus ex colaboradores por los delitos de peculado y uso indebido de ejercicio público, entre los que se cuenta el ex secretario del Trabajo y Previsión Social durante los últimos meses del sexenio de Carlos Salinas, Manuel Gómez-Peralta Damirón, además de Juan José Domene Berlanga, Carlos Juaristi y Julio Pinter. El primero fue detenido y actualmente se encuentra libre con el beneficio por el pago de una fianza, debido a que el delito es considerado no grave.
Consejo de Administración. Una fuente de todas las confianzas del ex director de Pemex asegura que Montemayor se encuentra agobiado al quedar prácticamente solo, luego de la detención de Gómez-Peralta Damirón, y ver que las gestiones de sus abogados el ex procurador Humberto Benítez Treviño, en un principio, y Alonso Aguilar Zinser ahora, no han dado los resultados legales esperados.
Por lo mismo plantea la estrategia de someterse a un programa de testigos protegidos para describir cómo el Consejo de Administración de Pemex, que presidía entonces el secretario de Energía, Luis Téllez Kuénzler, dio su autorización para llevar a efecto el movimiento en dos exposiciones.
De acuerdo con la información en poder de esta publicación, el 5 de junio de 2000 Rogelio Montemayor Seguy firmó el convenio número 9399 con el STPRM, otorgándole un préstamo al gremio petrolero (para solventar los reclamos de la empresa estadounidense Arriba Limited por incumplimiento de contrato), por 640 millones de pesos, acordando que el pago se realizaría mediante 20 exhibiciones por 32 millones de pesos mensuales a partir de noviembre del 2000.
Tres días después Pemex Corporativo expidió el cheque 0008648 de la cuenta 00102125752 del banco Scotiabank-Inverlat, que fue recibido por el hoy senador por el PRI, Ricardo Aldana Prieto, a nombre del sindicato. Para este movimiento se giró el oficio DCA-691 en el que pedían al gerente de Administración Financiera de Pemex, emitir un título de crédito para el sindicato.
Pero ni aún sentenciada legalmente la derrota del PRI en los comicios de 2000, hubo interés inmediato por subsanar las irregularidades en la administración de la paraestatal, pues el 11 de septiembre del 2000, funcionarios de Pemex como Montemayor, Juaristi y Domene se reunieron con los representantes sindicales
Carlos Romero Deschamps, secretario General; Fernando Pacheco Martínez, secretario del Interior del sindicato; y Manuel Limón Hernández, presidente del Consejo Sindical de Vigilancia, para firmar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el convenio 9442, a través del cual, Pemex entregaba al sindicato 1,100 millones de pesos, de la siguiente forma: 850 millones de pesos, para cubrir supuestos incumplimientos laborales de la paraestatal, acordados en revisiones del contrato colectivo de trabajo de 1997 a 1999, y 250 millones de pesos para atender una demanda entablada en contra del STPRM por la empresa Arriba Limited. Sin embargo, el propio Sindicato solicitó el descuento por el préstamo del 8 de junio por 640 millones de pesos.
El 20 de septiembre de 2000 el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato petrolero (Romero Deschamps y Aldana Prieto) recibió el cheque número 15185 de la cuenta 00102135752 de Scotiabank-Inverlat.
En la denuncia interpuesta en la PGR se asienta que los auditores de la Secodam pudieron conocer, por conducto del contador público Miguel Angel Pérez Fernández, subgerente de recursos de Pemex, que usualmente los depósitos al STPRM se verificaban en la cuenta No. 3376556 del Banco Nacional de México, "lo que aumenta las probabilidades de un desvío de recursos en detrimento patrimonial de la paraestatal".
¿Un presidente ajeno?Realizadas esas operaciones, de acuerdo con información de la Secodam, Montemayor pretendió limpiar la casa con anuencia del Consejo de Administración de Pemex al cual convocó el 29 de septiembre de 2000, donde según el acta 723 les dio a conocer con información acotada de que gestionaba con Hacienda recursos para pagar adeudos vencidos al sindicato, que le fueron autorizados ese mismo día desde la subsecretaría de Egresos de Hacienda, acción que aumentó las suspicacias de los auditores.
Sin embargo, hay tres versiones. La ya conocida a través de la denuncia de hechos presentada por la Secodam, una de un alto funcionario del gobierno de Ernesto Zedillo donde se da cuenta de la "desprotección" a Montemayor y ahora la del ex director corporativo de Pemex, quien se encuentra prófugo presumiblemente fuera del país.
De acuerdo con la versión de un alto funcionario zedillista, Luis Téllez habría hablado con el secretario particular del presidente Zedillo, Liévano Sáenz, para solicitarle una entrevista, con el fin de darle a conocer la forma cómo Montemayor pretendía resolver las irregularidades en Pemex.
Ante esa llamada, Liébano Sáenz habría dicho que era ilegal, pero no se sabe si esa entrevista Zedillo-Téllez se realizó y si Zedillo autorizó la estrategia ideada, presuntamente, por Juan José Domene Berlanga.
Y más aún, de acuerdo con el ex colaborador del entonces presidente Ernesto Zedillo, éste le respondió de la siguiente forma cuando le preguntó en los primeros meses de este año sobre el llamado Pemexgate: "Yo no tuve ningún conocimiento del asunto. A mí no se me consultó nada y si lo hubieran hecho no lo hubiera autorizado. Si ellos hicieron eso, es su problema. Que se hagan responsables si hicieron las cosas de manera ilegal".
Ahora Montemayor, quien ocupó la dirección general de Pemex desde el 3 de enero de 2000 al 30 de noviembre del mismo año, advierte sobre la posibilidad de destapar todo el asunto y hacer revelaciones que podrían alcanzar al mismo ex presidente Ernesto Zedillo y a los entonces secretarios de Energía, Luis Téllez, y de Hacienda, José Angel Gurría Treviño.

"El Beto" compró protección de altos funcionarios de la PGR

(2002-05-30)
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Albino Quintero Meraz (a) El Beto habría comprado la protección de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos el ex director General de la Policía Judicial Federal, Enrique Gándara Chacón, y varios comandantes a su cargo, por el pago de por lo menos 150 mil dólares mensuales para el entonces delegado en Cancún y 2 mil 500 dólares cada mes y medio o dos meses para los agentes.
Gildardo Muñoz Hernández, chofer de Quintero Meraz (a) El Beto, y quien declaró como testigo protegido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) en 1998, informó que integrantes de las procuradurías de Quintana Roo, Veracruz y Querétaro estaban "comprados" por la banda criminal, como el entonces director de la Judicial de apellido Ballinas y el comandante Dolores Ramírez Ramírez de la policía de Querétaro.
Una ocasión que "se enfrentaron contra unos que eran como un grupo de inteligencia, cuando rondaban cerca de una bodega que tenía droga (en Cancún), Albino Quintero y su gente se identificaron con credenciales de la Policía Judicial del estado y así lograron huir ".
El testigo afirma en su declaración ministerial del 14 de octubre de 1998, relativa a la averiguación previa 1226/FEADS/98 con respecto a sus jefes: "Supe que tenían el apoyo del gobernador del estado de Quintana Roo (Mario Villanueva), y supe que le regalaron un carro BMW a finales de 1996 o principios de 1997, el cual después supe que lo regresó a la agencia de la BMW en Cancún".

De mendigo a millonario.

La historia de Gildardo Muñoz Hernández tiene algo de peliculesca, pues de empleado eventual de la Secretaría de Salud, por medio de un amigo se convirtió en chofer del narcotraficante Raúl Argüello, quien se encontraba interno en el Reclusorio Norte en 1989 y dos años después, aunque no tenía ningún poder, ya figuraba como dueño (prestanombre) de la empresa Fruyleg, mediante la cual la organización criminal adquirió dos aviones: un Citation y un Gruman.
Pasó a ser chofer de Albino Quintero Meraz y a tener responsabilidades como la transportación a Veracruz de narcotraficantes colombianos como Oswaldo Jaramillo (a) El Condorito y Alejandro Bernal, compadre de Amado Carrillo, la compra de distintas casas y departamentos, y el pago y cobro de dinero, producto del tráfico de la droga.
El testigo afirma haber conocido al subdelegado de la PGR en Veracruz, Guadalupe Gutiérrez, al comandante de la PJF Gilberto Fabián Campos y a los agentes Oscar García Dávila (a) El Rambo y a otro de nombre Margarito y apodado El Magui. Además de que "por medio de relaciones con gente de la PGR de nombres Enrique Gándara Chacón, y el señor Héctor Aranda, secretario particular de este en la Dirección General de la Policía Judicial Federal, cuando tenían problemas, se comunicaban con ellos y se los solucionaban".
Enrique Gándara asumió la dirección de la Policía Judicial Federal en forma interina el 19 de enero de 1995, en lugar de Américo Flores Nava, y salió el 11 de enero de 1996, cuando fue relevado por Guillermo Álvarez Nara.

La Contraloría ordenó tapar irregularidades de la CFE

(2002-05-27)
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La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) previó la derrota del candidato del PRI, Francisco Labastida, y días antes de las elecciones del 2 de julio de 2000 puso en marcha un proceso automatizado y de carácter confidencial para que las irregularidades no llegaran a conocimiento de la opinión pública, y mucho menos del candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, porque "podría presentarse la remota posibilidad de que accediese al poder, tornando esta situación en preocupante para todos".
De igual forma se expresó en documentos internos en poder de esta publicación que "(debido a) el peligro que representa que el gobierno actual no conserve el poder a partir del 1º de diciembre de 2000, es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
Documentos internos de la Secodam en la CFE fechados los días 22 y 27 de junio de 2000 establecen que debían instrumentarse las acciones conducentes para prevenir, pero sobre todo para "corregir las irregularidades que dentro de sus funciones de auditoría y supervisión, generan constantemente las distintas áreas de fiscalización de la CFE".
El 22 de junio de 2000 el ingeniero Rafael Bustos Hernández informó, en su calidad de asesor del titular del órgano de Control Interno en la CFE, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, que con el propósito de realizar un cierre de administración que se intenta sea transparente (Š) se ha estructurado un plan de trabajo para intentar abatir el número de irregularidades que permanecen en proceso de la aplicación de las sanciones correspondientes".
Bustos ahonda en los detalles y explica a su jefe Olvera que para tratar de corregir tales irregularidades "se constituyó el grupo ejecutivo que deberá efectuar el seguimiento correspondiente a través de un sistema automatizado", pero además, "establecer las medidas que eviten que estas irregularidades sean del conocimiento público".
Para tal fin, al citado grupo ejecutivo se le solicitó "la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas".
Cinco días antes de las elecciones federales de 2000, el titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, Olvera Mazariegos, advertía a su vez a su jefe Jaime Mohedano Cabrera, director General de Auditoría Gubernamental de la Secodam, "es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
A casi dos años de aquel momento, sólo Eric Roberto Butcher Martínez, ex subdirector de Construcción, fue inhabilitado administrativamente por 10 años; un poco menos fue la sanción administrativa para Julio Ruiz, ex coordinador de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Pero los verdaderos responsables de los grandes negocios siguen ahí.
"Vamos a buscar los elementos suficientes para combatir la corrupción en la CFE, cualquiera que sea el nivel o cargo que ocupen los funcionarios involucrados", asegura el senador coahuilense por el PAN, Luis Alberto Rico Samaniego, quien en abril pasado se movilizó para detener una licitación presuntamente amañada, hecha como traje a la medida para la Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE), perteneciente del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira, el cual se encuentra en suspensión de pagos.
El lunes 22 de abril durante una reunión entre el director de Comunicación Social de la CFE, David López, y este reportero, se solicitaron entrevistas con el director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, y varios funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción, de acuerdo con documentos en poder de esta publicación, pero a la fecha no hubo respuesta por lo que no se pudo obtener la versión de los interesados.
En su nota informativa a Mohedano Cabrera, Olvera Mazariegos hace referencia a una conducta reiterada en las licitaciones y contratos: "Se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que, posteriormente, será incrementada en forma exorbitante". Esto es, que las empresas ganadoras de las licitaciones son escogidas de antemano, presentan la mejor oferta frente a otros que se prestan al juego con la promesa de contratos posteriores, para más adelante, mediante una serie de contratos, adendums y otras irregularidades elevan los costos en forma insultante.
El 27 de junio de 2000, cinco días antes de las elecciones presidenciales de 2000, Olvera Mazariegos explicó a Mohedano Cabrera que con base en la auditoría de Secodam con número V/081/99, firmada por la titular del área de responsabilidades, Azucena Morán Alonso, el fallo de la adjudicación de la obra y concesión por 30 años de la Terminal de Recibo y Manejo de Carbón en la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero, "se pueden considerar nulos de pleno derecho".
Este acto, agregó, al formular la cancelación de los contratos sustentados sobre una total violación a las leyes y normatividad, así como aplicar las penas económicas a que se hicieron acreedores los contratistas Techint y Grupo Mexicano de Desarrollo "será muy sano para las finanzas de la entidad".
0lvera Mazariegos agregó en su nota informativa: "No omito informar que Techint pertenece a un grupo de contratistas junto con SEPAC, SENSA, Siemens, ICA, Bufete Industrial, Westinghouse, Marubeni, que han deteriorado gravemente a la CFE en contubernio con altos funcionarios de la entidad".
Estos funcionarios, de acuerdo con el contralor son Guillermo Guerrero Villalobos y Rogelio Gasca Neri, anteriores directores de la CFE, además de los ingenieros Eric Butcher, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy.
Y en la última recomendación del contralor de la Secodam en la CFE, el 27 de junio y basado en las irregularidades descritas recomienda que por "el peligro" de que la administración federal cambiara a otro partido, "es realmente obligado sancionar" a todos aquellos funcionarios actores de la corrupción en la paraestatal.

Serur reconoce que se equivocó

(2002-05-15)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=13914

El director general del proyecto del Segundo Piso en Viaducto y Periférico, David Serur, y la empresa encargada del trazado, Rioboo, SA de CV, aceptaron ayer su error al calcular el monto global de la magna obra en mil 500 millones de pesos y en un documento interno informaron a la empresa inmobiliaria Servimet, que el presupuesto debe ser aumentado a más de 2 mil millones de pesos.
El problema fue que las empresas presentaron sus ofertas económicas a partir de sus propios estudios, con costos por encima del presupuesto del GDF, ya que ante la carencia de un proyecto terminado por Rioboo, no existían montos reales o una valoración apegada a la realidad.
Carlos Heredia, director general de Servimet, dijo que las bases eran demasiado complicadas para ser cumplidas por las empresas y que para una segunda licitación se modificarían para hacerlas más flexibles.

Se tambalea el proyecto de López de un 2º piso

Viaducto y Periférico

(2002-05-14)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=13775

La empresa inmobiliaria del GDF, Servimet, declarará desierta, esta mañana, la licitación para construir las primeras etapas del segundo piso al Viaducto y Periférico, la obra más importante de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Concebida para "mejorar la movilidad de las personas que utilizan el transporte público y privado y disminuir las emisiones contaminates ocasionadas por los vehículos automotores", esta obra deberá esperar por tiempo indefinido.
La licitación podría volverse a convocar y, de igual forma, en caso de que ninguna empresa calificara, se podría declarar nuevamente desierta, y hasta una tercera licitación se podría adjudicar de forma directa. Sin embargo, al parecer, la suerte del segundo piso está echada: no habrá.
De acuerdo con información confidencial obtenida por este reportero, esta mañana en las oficinas de Servicios Metropolitanos (Servimet), como se había prometido desde hace algunas semanas, se realizará la apertura de propuestas y dará a conocer el fallo. Sin embargo, legalmente estas se encuentran excedidas en los montos, es decir, están fuera del presupuesto proyectado para realizar la obra y se estableció que ninguna de ellas califica.
Además, algunas firmas constructoras decidieron no participar al considerar que hay muchas cargas impositivas en caso de incumplimiento en el plazo proyectado, sobre todo que la obra se retrasó ya por más de un mes y los tiempos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal son políticos, pues querían realizar la inauguración de la obra el 20 de noviembre próximo.
De igual forma, la empresa proyectista Rioboo, S. A. de C. V., aún no ha entregado el proyecto definitivo, cuyo costo se había calculado en 190 millones de pesos, que asumiría el GDF.
Entre los más activos impugnadores del segundo piso, quienes han presionado en la opinión pública, se encuentran el líder del Partido Acción Nacional en la capital de la República, José Luis Luege, y el diputado local por el PRI, Arturo Barajas Ruiz.
Algunas de las firmas constructoras que compraron las bases de la licitación y se inscribieron para concursar en uno o más tramos del segundo piso fueron Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Gutsa Inmobiliaria, Grupo Quart (quien aparecía como seguro ganador para el primer tramo), Construcciones y Trituraciones, Consorcio de Ingenieros Consultores y Constructores, Experiencia Inmobiliaria Total, Ingenieros Consultores e Inmobiliaria, Profesionistas Geo-Control, Grupo de Ingeniería Universal, Cifra Asociados, Alfa Proveedores y Contratistas, Tubesa, Huaribe, Coordinación Técnico Administrativo de Obras, Consultoría Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, Unión Presforzadora, González Soto y Asociados, Promotora e Inversora Adisa, Pretencreto (que se apuntaba como ganadora para el segundo tramo), Vigetas y Bovedillas y finalmente Caabsa.
Ya semanas atrás se había declarado desierta la gerencia del proyecto, la cual había ganado la empresa Triada, pero otras empresas con intereses en la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal se le fueron encima.

Aún sin resarcir, daño de CFE al erario por más de 334 mdp

Una asignación de obra que excedió el monto autorizado por la Secretaría de Hacienda, la causa. En 1999, la Secodam detectó 39 irregularidades en licitaciones

Publicado en el diario El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_histo_primera.despliega?var=11761&var_sub_actual=-&var_fecha=03-MAR-02

Derivado de la auditoría 1682 de octubre de 1999, el 27 de marzo de 2000 el entonces contralor de la Federación, Arsenio Farell Cubillas, solicitó a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad tomar las "medidas correctivas y preventivas" para subsanar 39 irregularidades detectadas durante la revisión a 14 Proyectos de Inversión Financiada (Pidiregas), uno de los cuales, llamado Tuxpan II, presentó seis irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación que le causarán al erario un perjuicio por 36.3 millones de dólares americanos (334 millones 686 mil pesos al cambio de este viernes) al signar la obra "con un importe que excedió al monto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Las irregularidades señaladas en el oficio No. SP/1000729/2000, dirigido al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, son entre otras la escasa claridad para la evaluación de las propuestas, discrecionalidad a la hora de calificar algunos puntos, desapego a las bases de licitación, anomalías en los fallos, además de una serie de causas imputables a la entidad paraestatal en el inicio y ejecución de obras, que generan mayores costos a los proyectos.
Las irregularidades detectadas en la Central de Ciclo Combinado ubicada en Tuxpan, Veracruz, marcadas en el oficio firmado por el entonces contralor Arsenio Farell Cubillas son las siguientes: En las bases de licitación no se establecieron criterios claros para realizar la evaluación de la propuesta; se dejaron algunos puntos de la licitación para calificarlos discrecionalmente, los cuales "de no corregirse pueden acarrear reclamaciones en licitaciones posteriores".
Además de que la evaluación económica de la propuesta se realizó con desapego a las bases de licitación, afirma: "Cabe señalar que si se adjudicó el contrato a la oferta más conveniente fue porque la diferencia entre las propuestas era amplia, es decir, el procedimiento utilizado no afectó el fallo".
Sin embargo, más adelante el oficio dirigido a Alfredo Elías Ayub dice que "el proyecto CCC Tuxpan II se adjudicó con un importe que excedió en 36.3 millones de dólares americanos al monto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
El artículo 15 de la Ley de Deuda Pública advierte que en ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito, de la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan".
Esta irregularidad la refleja muy claramente el entonces titular del Órgano de Control Interno en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos a su jefe, el director general de Auditoría Gubernamental de la Secodam, Jaime Mohedano Cabrera, a quien le escribe una nota informativa el 24 de julio de 2000 con el siguiente texto: "Le manifiesto también la nula cooperación que ofrece la Dirección General de la CFE a este órgano interno para sancionar las irregularidades que se cometen en todas las obras de la entidad, que bien se pueden predecir, como resultado dará un quebranto patrimonial de proporciones gigantescas, ya que los proyectos Pidiregas se han adjudicado desde el año 1996 con innumerables violaciones al marco jurídico: se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que posteriormente será incrementada en forma exorbitante."
El 8 de julio de 1999 la Secretaría Reguladora de Energía informó en el Diario Oficial de la Federación el otorgamiento del permiso para generar energía eléctrica en la modalidad de Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE) al consorcio Electricidad Águila de Tuxpan, SA de CV, conformado por las empresas transnacionales Mitsubishi Corporación y Kyushu Power Eléctrica Co, Inc. La CRE indicó en un boletín que el consorcio encabezado por Mitsubishi ganó la licitación pública internacional para desarrollar, construir, poseer, operar y mantener la Central de Ciclo Combinado Tuxpan II e instalaciones asociadas, obteniendo el permiso para generar energía eléctrica en la modalidad de productor independiente por 27 años y cinco meses.
El parte informativo añadió que en el desarrollo del proyecto se estimaba una inversión directa por 230 millones de dólares, para una capacidad máxima de instalación de 535.5 MW (megawatts) y una producción anual de energía de tres mil 707.45 GWh.
Sin embargo, la consejería jurídica global Milbank, con oficinas centrales en Nueva York y despachos en Los Ángeles, Washington, DC, Palo Alto, Londres, Tokio, Hong Kong y Singapour, informó en un despacho fechado el 3 de agosto de 2001 la finalización de la obra inaugurada a distancia desde Hermosillo por el presidente Vicente Fox en enero pasado por un monto de 325 millones de dólares, casi 95 millones por encima del monto estimado al adjudicar la obra.
Al buscar al director de Comunicación Social de la CFE, David López, para solicitarle una entrevista con el titular de la paraestatal con el fin de que respondiera a los señalamientos de Olvera Mazariegos expresó en otra nota informativa del 27 de junio de 2000 a Jaime Mohedano que varias empresas, entre las cuales por cierto no fue nombrada Mitshubishi, "han deteriorado gravemente a la Comisión Federal de Electricidad, en contubernio con altos funcionarios de la entidad, como usted sabe, Guillermo Guerrero Villalobos, Rogelio Gasca Neri, Eric Butcher, Arturo Hernández, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy".

El oficio de Farell.

El documento dirigido a Alfredo Elías Ayub fue conocido también por el entonces secretario de energía, Luis Téllez Kuenzler; el subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secodam, Mario López Araiza Orozco; el titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública de la Secodam, Ignacio Aguilar Álvarez Cuevas; el comisario propietario ante el sector Energía y Electricidad, Guillermo Haro Morales; el titular del Órgano de Control Interno en la CFE, Manuel Olvera Mazariegos, así como por el director general de Auditoría Gubernamental, Jaime Mohedano Cabrera, a quienes les fue enviada copia.
Las 39 infracciones encontradas en la orden de auditoría 1682/99 corresponden a los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), el esquema de financiamiento creado por el gobierno federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, a partir de las reformas y adiciones a las leyes General de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 23 de noviembre de 1995.
Afirman fuentes de la SHCP que el esquema de los Pidiregas fue una propuesta del actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mediante el esquema de los Pidiregas se concede permiso a empresas privadas o sociales para construir un proyecto de generación de energía, y se le otorga la concesión para venderla a la Comisión Federal de Electricidad o particulares por un periodo determinado que fluctúa entre 25 y 30.
“Será hasta que las obras se terminen y entreguen a satisfacción, y por lo tanto empiecen a generar recursos, que las obligaciones de pago correspondientes deberán preverse en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, se explica en el PEF de 1997.

Las irregularidades.

El oficio de Farell Cubillas expresó que como no se establecieron criterios claros y detallados para realizar la evaluación de las propuestas, en los proyectos Rosarito III, El Sáuz (Bajío), Altamira II y Tuxpan II "se dejaron algunos puntos para calificarlos discrecionalmente, tal es el caso del tipo de combustible a emplear".
Tampoco se publicaron las convocatorias de los proyectos Rosarito III, San Carlos II, Guerrero Negro II, El Saúz (Bajío), Tres Vírgenes y Cerro Prieto, en un diario de la entidad federativa donde se realizaron.
Durante la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, éstas se realizaron "con desapego a las bases de licitación" en El Saúz (Bajío), Altamira II y Tuxpan II, de tal forma que "si se adjudicó el contrato a la oferta más conveniente, fue porque la diferencia entre las propuestas era amplia, es decir, el procedimiento no afectó el fallo".
En Tuxpan II, como en Rosarito III, San Carlos II y Guerrero Negro II tampoco se respetó la metodología en la evaluación de las propuestas técnicas, por lo que "se corrió el riesgo de recibir reclamaciones de las ofertantes, con los retrasos y costos consecuentes".
Respecto de los fallos de las licitaciones se estableció que no se publicó oportunamente en el Diario Oficial de la Federación como tampoco en ninguno de circulación nacional el correspondiente a El Saúz (Bajío). Esto último sucedió igualmente con San Carlos II, Guerrero Negro II y Rosarito III.
Con respecto a las firmas de contratos, se afirma que por causas imputables a la Comisión Federal de electricidad hubo diferencias en la formalización del contrato o la fecha de inicio de los proyectos en Altamira II, El Saúz (Bajío), "ocasionando que no se tenga la capacidad de generación en la fecha programada originalmente, o que sea necesario reducir el plazo de la construcción, con el consecuente incremento de costos a futuro, afectando el patrimonio de la entidad".
En Tres Vírgenes hubo retraso en la ejecución de la obra, no hubo reportes del avance y por lo mismo "se corre el riesgo de un diferimiento en la fecha de terminación del proyecto".
En Hermosillo, cuya Central de Ciclo Combinado fue inaugurada este año, hubo un retraso de 113 días por causas imputables a la CFE. Lo mismo en Río Bravo y Cerro Prieto, debido a que la entidad "no tuvo oportunamente el permiso de cambio de uso del suelo del predio en donde se construyen los proyectos", incrementando los costos de construcción.
En la cuenta pública presentada por la SHCP se explica que "al cierre de 1999, los inversionistas privados estimaron una erogación en el área de generación de 4 mil 707.9 millones de pesos, cifra menor en 70.6 por ciento a la prevista para el año".
El informe añade que "el desfase se explica, fundamentalmente, por dos factores: las diferencias en las estimaciones de calendario entre la CFE y los contratistas; y los retrasos en las licitaciones, adjudicación de proyectos, tramitación de derechos de paso y estudios ambientales".
De igual forma hubo irregularidades en Río Bravo, donde la CFE omitió exigir a la empresa Central Anáhuac la ampliación a la carta de crédito por medio millón de dólares, mientras que en el consorcio que construyó Samalayuca II incumplió con el suministro de varias partes como toberas para gas y diesel y herramientas especiales, así como otros trabajos pendientes, que pudieran "resultar en un daño para la entidad".
Farell destaca en su reporte que "transcurridos 26 meses de haberse iniciado el proyecto Mérida III, adjudicado al consorcio AES Mérida III, S de RL de CV, y faltando tres meses aproximadamente para la apertura comercial de la primera fase, se tienen 32 solicitudes de acciones correctivas y 116 cartas preventivas que no han sido atendidas por el consorcio, lo cual puede incidir en la confiabilidad de la operación de dicho proyecto si no se vigila la corrección de tales solicitudes".
De igual forma se destacó que los reportes de avance mensual de Cerro Prieto IV están desfasados, incompletos y los equipos no corresponden a los ofertados por la empresa licitante.

Notimex, instrumento de Creel

No fui ingenuo, Ortiz Pinchetti

Los Periodistas (Número 31, marzo-abril de 2002)

http://www.fremac.org.mx/losper/per31/notas_ist/311001.htm

A tres meses de su despido como director General de la Agencia Mexicana de Noticias, Francisco Ortiz Pinchetti profundiza su advertencia: "Notimex ya vuelve al pasado y corre el riesgo de ser utilizada como instrumento del gobierno y grupos en el poder, para sus proyectos personales".
Señala: "son evidentes las pretensiones presidenciales del secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien aspira a ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República para las elecciones del 2006, y del subsecretario de Comunicación Social de la Segob, José Luis Durán Reveles, quien nuevamente aspira a la gubernatura del Estado de México en 2005", tras su derrota en 1999 frente al priísta Arturo Montiel Rojas.
Creel Miranda, estima Ortiz Pinchetti, dio su anuencia para hacerlo a un lado de la Dirección General de Notimex, dando marcha atrás al proyecto de formar una agencia de Estado el cual inicialmente compartió, para ahora utilizarla como instrumento de una fuerza política.
Una prueba de ello es que "al imponer en la Dirección General de Notimex a José Antonio Díaz García, quien ha sido su secretario particular, José Luis Durán Reveles demuestra ser él quien busca manejar la agencia personalmente", acusa el periodista cesado de su cargo.
El pasado viernes 1 de febrero, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda nombró a José Antonio Díaz García como nuevo director General de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), luego de que el cargo permaneció vacante desde diciembre de 2001 mientras el nuevo ungido tomaba un diplomado express sobre periodismo.
Ese mismo día Creel Miranda también dio posesión a Alberto del Bosque y a Fátima Fernández Christlieb como directores generales del Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) y de Comunicación Social Gubernamental, respectivamente.
En el caso de que los acontecimientos se desarrollen como advierte Francisco Ortiz Pinchetti, y con una buena fundamentación, el ingeniero y ex alcalde de Naucalpan José Luis Durán Reveles podría ser acusado de incurrir en uso indebido del servicio público, al utilizar recursos del erario –la infraestructura de una agencia noticiosa gubernamental— para fines personales, al imponer como director general de Notimex al también ingeniero, en este caso químico, José Antonio Díaz García, sin experiencia en el periodismo que es la actividad primordial de la Agencia Mexicana de Noticias.
Durán Reveles ha dado a conocer en varias publicaciones que la remoción de Ortiz Pinchetti se debió más a asuntos administrativos que periodísticos. "Ortiz Pinchetti podrá ser buen periodista, pero es muy mal administrador", llegó a comentar el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación a la revista Etcétera.
"Lo que necesitamos no es un periodista, es un administrador", decía Durán Reveles a quien quería escucharlo sobre el asunto Notimex.
"La ruta es: modernizar Notimex, hacerla una empresa de calidad periodística, una empresa reconocida en el ámbito mundial, una empresa que con menos haga más. Esa es la política del Presidente de la República, reducir costos e incrementar servicios y beneficios para la sociedad", agregó.
Invitación presidencial
Invitado por el presidente Vicente Fox a través de su entonces vocera y hoy esposa, Martha Sahagún, para convertir a la empresa gubernamental Notimex en una agencia informativa de Estado, Ortiz Pinchetti asegura que por todo lo planteado por el hoy presidente respecto a la apertura de los medios durante la campaña, poco a poco se entusiasmó con el proyecto cuando se lo ofrecieron y no pudo decir "no".
En el 2000 Ortiz Pinchetti realizaba algunos planes tras su salida de la revista Proceso, precisamente por la censura en citada publicación de una nota sobre la campaña de Vicente Fox, cuando le plantearon hacer de Notimex una agencia periodística, no propagandística.
"El presidente de la República electo quiere convertir a Notimex en una agencia de Estado para que hagan periodismo", le dijo Sahagún, "y esto me atrajo, pese a que yo no pensaba en trabajar con el gobierno".
Antes ya había estudiado los medios públicos y, pese a que en un principio la idea no le entusiasmó del todo, la propuesta coincidía con lo planteado por Fox en la campaña, de dar mayor apertura a los medios de información. "Entonces era creíble la propuesta".
Con Fox directamente no trató, pero sí con Sahagún y con Creel, quien parecía compartir el proyecto en ese momento.
El periodista, quien escribió el libro El fenómeno Fox. La historia que Proceso censuró y fue motivo de otro conflicto al interior de Notimex, había publicado una compilación de sus reportajes a lo largo de su trayectoria en el semanario Proceso, titulado De pueblo en pueblo.

Remontó el cuesta arriba

– Francisco, en el informe usted afirma que fue cuesta arriba intentar el cambio en lo administrativo. Y es precisamente por lo que le acusa Durán, de no tener capacidad para solucionar la administración.
– Toda la estructura de Notimex era un enredo. Sí, en efecto, fue cuesta arriba el cambio en lo administrativo porque en lo periodístico tuvimos aceptación sobre todo de los más jóvenes, y también entusiasmo de todos porque con el nuevo esquema se revaloraba su dignidad profesional. Antes se les decía que representaban a "Mentimex", que eran "orejas" del gobierno o de Bucareli (donde se asienta la Secretaría de Gobernación) y en las oficinas de comunicación social de las dependencias y en toda la estructura gubernamental se les trataba como empleados. Entonces se entusiasmaron: "Ahora sí vamos a hacer periodismo".
La labor en lo periodístico se facilitó, a decir de Ortiz Pinchetti, por la disposición de los trabajadores y la calidad de los mandos medios y superiores que se le unieron, varios de ellos ex compañeros de él también en Proceso: Gerardo Galarza y Carlos Acosta Córdoba, entre otros.
Comenta Ortiz Pinchetti que comenzó la reestructuración en lo periodístico, siguiendo los cánones de ética y transparencia en la información, con un trabajo riguroso: por ejemplo, con el esmero de los editores confirmaban las fuentes para que los reporteros tampoco se desbocaran, ya sin la censura tradicional; realizaron una cobertura cotidiana con libertad para que los reporteros siguieran su instinto periodístico, realizaron crónicas, hicieron el seguimiento de la marcha zapatista y sólo faltaba fortalecer el área de reportajes de investigación.
"La primera consulta que me hicieron fue el 2 de diciembre de 2000 con los comunicados del subcomandante Marcos como respuesta a las acciones del gobierno entrante y, si los teníamos, le dije a los editores: va. Incluso en esta etapa hubo notas presuntamente adversas para los intereses de los funcionarios", añade Ortiz Pinchetti, pero no hubo problemas.
Hoy, afirma, "las notas nuevamente se consultan a las instancias superiores… basta con ver el hilo (el envío de información) para darse cuenta que las cosas han vuelto a ser como antes" y ya no se envían notas que de alguna forma lastimen la imagen del gobierno federal foxista, de los gobernadores emanados del PAN y los políticos del partido blanquiazul.
Invitado por la hoy primera dama de la nación, Ortiz Pinchetti reconoce haber tenido por parte de Martha Sahagún absoluto respeto por su desempeño profesional, pues hasta el momento cuando se casó y unos meses después, jamás hubo una nota que no pasara, como tampoco dio "línea" sobre la forma de manejar la información.
Incluso, durante el divulgado incidente del "Café con piernas" ocurrido durante una gira presidencial a Chile, y del que fueron partícipes el corresponsal y los reporteros enviados por Notimex, tampoco hubo reclamo presidencial.
Incluso, comenta Ortiz, el tratamiento dado al escándalo del "Toallagate" no provocó reclamos de la Presidencia de la República.

Intromisión de Durán

Durán Reveles sólo había tenido injerencia administrativa en la agencia Notimex durante los primeros seis meses del gobierno de Vicente Fox, pero como había severos problemas gerenciales, en mayo de 2001 Ortiz Pinchetti concedió al subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación la dirección de Administración de la agencia para uno de sus cercanos, Pedro Tamez, quien fue su administrador en el municipio de Naucalpan.
Pero a partir de allí y de la salida de Martha Sahagún de la vocería presidencial las cosas comenzaron a cambiar. Durán Reveles empezó a entrometerse, a cuestionar notas, siempre con un reclamo posterior, sobre por qué se enviaba información contraria al canciller Jorge Castañeda o algún gobernador amigo de él.
"No es Notimex quien golpea, son notas con fuente declarante, se le explicaba. Esto lo atribuyo a su ignorancia del tema periodístico porque es un ingeniero industrial metido a político", declara Ortiz.

Punto de quiebre

– ¿Debe haberse presentado una ruptura, un punto de quiebre entre ustedes?
– Los casos de los gobernadores de Oaxaca y Querétaro porque no acaté sus recomendaciones... y él no insistió en el tema.
A decir de Ortiz Pinchetti, los intentos del gobernador de Oaxaca, José Murat por parar la nota del "Café con piernas", le dio al hecho mayores implicaciones.
Cuando fueron descubiertos por los reporteros en el sitio donde las meseras sirven el café vestidas únicamente con una diminuta tanga, Murat, al reconocer a uno de los informadores, preguntó:
– ¿Son de Notimex? ¡Ah! Bueno.
"Son de casa", quiso decir el gobernador oaxaqueño, según Ortiz Pinchetti.
Pero la sorpresa fue que el asunto trascendió precisamente por la actitud de los propios gobernadores sorprendidos en el lugar.
Y con este antecedente Murat se quejó del trabajo del coordinador en Oaxaca, Ernesto Reyes, a quien acusó de estarlo golpeando periodísticamente.
– ¿A quién tenemos en Oaxaca que está golpeando al gobernador? ¡Córrelo!–, ordenó Durán Reveles a Ortiz Pinchetti.
– Oye, apenas lo integré al equipo. Es un periodista de primera a quien yo invité y dejó su otra chamba.
–¡Córrelo!, volvió a ordenar Durán.
– No lo corro. Mejor te envío una muestra de su trabajo. No escribe sólo del gobernador, sobre él hay pocas notas –, respondió el entonces director de Notimex.
– Te la pongo más fácil, ¡muévelo!
Ortiz Pinchetti envió una carpeta con los trabajos de un mes de Ernesto Reyes y evitó, momentáneamente, lo que consideró "un abierto caso de censura".
Otro asunto tuvo que ver con el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, pese a que allí no fue tan drástico.
– Está golpeando mucho al gobernador.
– Pero si el gobernador dice que se va a aumentar tres veces el sueldo, hay reacciones de la oposición –, respondió Ortiz Pinchetti.
– Qué caso tiene pasar esas notas –, reclamó Durán Reveles.
– Nosotros hacemos periodismo –, aclaró.
– Pero Loyola es cuate; qué necesidad hay de mandar esas notas–, acotó el subsecretario de Comunicación Social.
Curiosamente Murat y Loyola fueron los sorprendidos en el "Café con piernas" junto con los gobernadores de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, y de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.
El otro punto discordante fue un artículo de opinión del periodista Jorge Meléndez Preciado quien criticó al canciller Jorge Castañeda, pero Durán dijo que era una nota, lo cual puso en evidencia su desconocimiento de lo que es el periodismo y sus distintos géneros como la opinión.
"Para ese entonces habíamos conformado un grupo plural de opinión donde estaban incluidos entre otros el senador Javier Corral, Gilberto Rincón Gallardo, Jesús Ortega y muchos otros opinadores de las diversas corrientes ideológicas y partidos políticos, y le tuve que explicar que no era una nota".

Creel se hizo a un lado

– ¿Fue ingenuo al no prever que Notimex ha sido un medio de propaganda gubernamental y quizá no hubiera la intención real de convertirla en agencia de Estado?
– Quizá no fui tan ingenuo en cuanto a las intenciones del presidente Vicente Fox y Martha Sahagún. Sí lo fui en la parte panista, en Creel como jefe de Durán.
– ¿Hubo algún enfrentamiento con Creel?
– Directamente con él no. No hizo ningún reclamo y alguna vez hizo una declaración favorable a mi trabajo. Pero en los últimos dos meses solicité una cita con él por la situación que ya se presentaba difícil con Durán y nunca me la dio.