Debe cuidarse no llevar el proceso democrático a la desconsolidación

Entrevista con Lorenzo Meyer

Debe cuidarse no llevar el proceso democrático a la desconsolidación

Los actores políticos están tan peleados entre sí, que el grueso de sus energías las dedican a neutralizarse unos a otros y dejan a la deriva al país; pero ya el grueso de la población no acepta que esté bien esa democracia y comienza a apelar a opciones más eficaces que pueden acercarnos al autoritarismo, afirma el investigador del Colegio de México

31-05-2004

http://www.lacritica.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=32

El 2 de julio de 2000 un mayoritario número de mexicanos votó por el largamente esperado cambio de partido en el gobierno, y la tan anhelada alternancia en el poder, para de esa forma comenzar a darle un piso a la transición a la democracia.

El júbilo por haber terminado con la dictadura perfecta del partido de Estado fue tal que se dejaron de lado los acuerdos para desmantelar el viejo régimen y comenzar a construir uno nuevo, donde las reglas del juego también cambiaran.
En este impasse fue que la transición, si no se perdió, seguramente se encuentra estancada y con un grave riesgo de regresión, o como dice el politólogo e historiador Lorenzo Meyer, en un visible proceso de desconsolidación de la democracia, donde cada vez más un amplio sector de la población tiende a simpatizar con medidas autoritarias, porque se encuentra poco o nada satisfecho con la democracia actual.
Este mecanismo que en México se aplica como democracia representativa, configurado por los partidos políticos y sus intereses sectoriales e ideológicos, dice, debe ser el juego político de las élites, aceptado por las mayorías. Pero en estos momentos la masa ciudadana, es decir, el ciudadano de a pie, tiene sus dudas de lo que hacen los actores políticos y cada vez más, crece la desconfianza en ellos.
La búsqueda de lo eficaz por sobre el respeto, el diálogo y el acuerdo, destaca el investigador del Colegio de México, propiciaría que cada quien buscara su salvación individual, como en ocasiones ya se refleja.
Sin embargo, “hasta el momento no hay ninguna alternativa a la democracia, que es, en términos éticos, lo mejor que nos puede pasar. Todas las demás opciones son peores porque todas implicarían alguna dosis de autoritarismo”.

Obligado, consolidar la democracia

Investigador de los procesos electorales, Meyer destaca que “si acaso ha habido transición, creo que todavía no está perdida. No sé si el término estancada sea el mejor, pero nuestro proyecto y nuestra obligación es llevar la democratización recién ganada hacia la consolidación”.
Sin embargo, advierte que “lo estamos haciendo muy mal y corremos el riesgo de que, incluso, entremos en un proceso de desconsolidación”, de regresión, que nos puede llevar a estratos peores a los que fueron derribados recientemente.
Explica que el último estudio de opinión pública, dado a conocer por la Secretaría de Gobernación en septiembre de 2003, llamado Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, “nos muestra que hay un tercio de mexicanos que no saben siquiera que estamos en la democracia, no tienen ni idea de dónde estamos, y pareciera que tampoco les importa”.
Luego, también hay un porcentaje que acepta estar en la democracia, apenas un poquito menos de la mitad de los encuestados, “pero lo más preocupante de todo esto es que un 60% respondió que si hubiera una persona fuerte y decidida, podría ser más importante para nuestro país que el marco legal y las plataformas de los partidos políticos; es decir, que ese rango de la población considera que si la salida es por la vía de un hombre fuerte, autoritario, pero resuelve los problemas del país, están con esa posibilidad”.
Curiosamente, es el porcentaje de la población que no salió a votar el 6 de julio pasado, porque están seguramente descontentos con el trabajo realizado por los partidos políticos, el gobierno y las instituciones del Estado.
De acuerdo con la encuesta que cita Lorenzo Meyer, 87% de la población se interesa poco o nada en la política y este desinterés se acentúa aún más entre la población femenina, aunque el 43% considera que ésta contribuye a mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.
El 37% de los encuestados opinó que México vive en la democracia, en contraste con un 22%, que opina lo contrario. Sin embargo, el 59% de los encuestados declaró estar nada o poco satisfecho con los resultados de la democracia.
“Entonces aquí entra un punto en la definición de consolidación –tómese la de Larry Diamond o la de Juan Linz y Stephan Haggard–. Un punto en que hay acuerdo es que la democracia debe ser el juego político en las élites y aceptado por la mayoría, por la masa; élite y masa no suenan muy bonitos, pero son muy distintivos, es decir la clase política y el ciudadano de a pie. Bueno, ahora con estas cifras que nos da la propia Secretaría de Gobernación, nos quiere decir que el ciudadano de a pie tiene sus dudas. Ahora las élites, los partidos políticos, los actores principales, todos dicen estar comprometidos con la democracia, pero no hay esa percepción entre la población”.
El mismo estudio reveló que el 57.4 de los encuestados tiene una alta desconfianza en la política, proporción que se eleva al 69.6% entre los jóvenes. Además, la encuesta advierte que el sector al que le tiene más desconfianza la sociedad es a los diputados, pues en una escala de 1 a 10 sólo le confiere una calificación de 4.7. En el caso de la Presidencia de la República, la valoración fue de 5.96, mientras que al Poder Judicial lo ubicó en 5.98.
También se informó en septiembre de 2003 que casi el 70% de la población considera que la Constitución no se cumple, mientras que el 19.5 opina que no se cumple en nada.

El desprestigio los arrasa

Los actores políticos, agrega Lorenzo Meyer, están tan peleados entre sí que el grueso de sus energías las están dedicando a eso, a neutralizarse unos a otros; pero entonces tenemos esta doble cara: el ciudadano de a pie dice en su mayor parte aceptar la democracia como regla política básica, incluso la mitad dice que México es una democracia, pero ya el grueso no acepta que esté bien esa democracia.
“Ése es quizá el punto central, la élite política ha hecho las cosas tan mal que una parte importante, muy importante de los mexicanos, está insatisfecha y está al menos en el trasfondo aceptando la posibilidad de una salida no democrática”.
–Doctor Lorenzo Meyer, difícilmente en México se va a poder hacer un pacto hacía la transición o para aterrizar la transición a la democracia, como se hizo en España, porque son procesos muy distintos. Pero ¿hay la oportunidad de hacerlo de otro modo, cómo?
–Se perdió la oportunidad de hacerlo. Ahorita ya no es posible, cada quien está montado en su propio macho y va por un camino en donde si no se pueden poner de acuerdo en cosas muy concretas como la reforma fiscal, menos se van a poner de acuerdo en el gran proyecto de nación, a un nivel de generalidad tal que pueda ser aceptable por todos, y luego que en cierto sentido los condicione cuando vuelvan a la realidad y a las cosas concretas. Ése es el caso español, se pusieron de acuerdo en puntos tan amplios, que luego a la hora de trabajarlos en la realidad, se vieron obligados más o menos a seguir en esa línea y consolidarlos; ellos sí han consolidado su democracia y llevan ya 25 años en ella.
–En México habría que hacer pequeños pactos, pequeños acuerdos para comenzar a darle ciertas bases a la democracia.
–Desde luego, creo que una posibilidad, si se fuera racional, es que la clase política en su conjunto debería medir las consecuencias de estar gastando las energías en una lucha interna, porque el grueso de la energía desde el PRI, PAN, PRD y, pongámosle al Verde, si es que vale la pena la respuesta, están muy encerrados en su propia disputa, y el resto de la sociedad los ve desde lejos; tan los ve desde lejos que el 61% de los mexicanos registrados en el padrón electoral de 2003 o no votó o anuló su voto. Ésta es una expresión de rechazo muy alarmante.
–¿Usted cree que si se pusieran de acuerdo en por lo menos uno de los tantos temas importantes de carácter nacional, eso pudiera ir en abono a la imagen que tienen los ciudadanos de los partidos políticos?
–Pero han hecho todo lo contrario. Son partidos carísimos, corruptos, ineficientes. ¿Qué más podemos decir? Para que se reivindiquen necesitan ponerse de acuerdo no solamente en un tema, sino en muchos, y hacer las cosas. Quizá si hicieran algo, su desprestigio ya no iría más a fondo, pero para que recuperen la confianza, si es que alguna vez la tuvieron, veo que les va a costar muchísimo esfuerzo.

Apelar por lo eficaz

–Doctor Meyer, usted habló de desconsolidar la democracia... ¿esto vendría a ser qué?
–Exactamente vendría a ser ésta cada vez más grande pérdida de confianza en las directivas, la pérdida de confianza en los partidos, la pérdida de confianza en los procesos. Cada quien se iría a su propio mundo y buscaría la salvación individual, pero lo cual quiere decir que llegado un momento alguien puede apelar no a la democracia sino a lo eficaz.
–Ya no hablamos del peligro de la regresión, sino otro peligro, peor todavía, quizás.
–Sí, el de la búsqueda alternativa, y no hay ninguna alternativa a la democracia. En términos éticos éste es el mejor mecanismo para convivir en sociedad. Todas las demás serían peores porque todas implicarían alguna dosis de autoritarismo.
–¿No es una visión catastrofista de su parte?
–Pues es que así es. Tomando las cifras que la propia Secretaría de Gobernación da, yo no las invento, si 60% de la población está descontenta... (la encuestóloga) María de las Heras nos dice que el 90% no confía en las directrices de los partidos, si la economía no avanza, si el tipo de crecimiento económico es una catástrofe en un país pobre, desempleado, con una distribución del ingreso inequitativa, pues ya no sé. Claro, no tenemos una guerra civil, no estamos invadidos como Irak o Afganistán, no nos ha pasado lo que Ruanda, porque en ese sentido otros están peor.
–Como dicen algunas visiones autoritarias, parece que el tratar de despertar a la democracia fue todo lo contrario, una pesadilla y no un sueño.
–A pesar de todo, creo que no tenemos opción. Insisto en eso, porque las alternativas son peores.
Otro aspecto importante de las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, es el de la participación ciudadana, donde se revela que el 40% de la población considera que puede influir mucho en las decisiones del gobierno y un 44% estima que puede influir poco.
–¿La sociedad civil dejó de estar vigilante? ¿Llegó la alternancia y entregó la transición a los partidos?
–La sociedad civil en sentido estricto es muy poquita, es muy chica. El grueso de los mexicanos no pertenece a la sociedad civil, es decir, a ese grupo que está organizado de manera independiente, consciente de sus derechos y obligaciones, y que es capaz de hacer demandas y formularlas de tal manera que ejerzan presión y castigos cuando no se responde. Pero el grueso de los mexicanos no está organizado en nada, la sociedad civil es muy débil en México. El grueso de los mexicanos no está ni en la sociedad política ni en la sociedad civil.
–Entonces el problema es estructural, de la misma sociedad.
–Si es estructural, porque es histórico...

Instauración democrática sin rumbo

Entrevista a César Cansino

Instauración democrática sin rumbo

Coexisten en nuestro país una débil destitución autoritaria y una débil reforma institucional y normativa, que teóricamente colocan a nuestro país en el peor de los casilleros posibles, que supone enormes riesgos de involución, de peligro para la gobernabilidad y la continuidad; y por eso muchas veces da la idea de que la transición no ha terminado

(2004-05-02)
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El proceso de instauración democrática en que se encuentra el país tras haber arribado a la transición a la democracia el 2 de julio de 2000, se encuentra débil y sin rumbo porque ninguno de los actores políticos, sociales y económicos ha estado a la altura de las expectativas, expresa el analista César Cansino, quien advierte del momento en que nos encontramos, con una situación ambigua, de enormes riesgos a la gobernabilidad y a la continuidad, que deben evitarse en la medida de lo posible antes del surgimiento de situaciones que amenacen el orden institucional, y la única oportunidad de hacerlo es avanzar de manera decisiva en las reformas del Estado.
Haber llegado a la alternancia sin acuerdos que dieran lugar al nuevo diseño institucional y la apertura poco a poco, permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como brazo político del viejo régimen, continuar siendo un actor relevante. Además, el presidente no tuvo la capacidad, los operadores políticos, ni la voluntad para enfrentar la que iba a ser la gran contribución de su gobierno a la democracia del país.
De igual forma, los partidos políticos tampoco han estado interesados en aterrizar la instauración democrática porque ya están apostando al 2006, a la recomposición de fuerzas, donde lo más importante para algunos es que se debiliten el foxismo y el panismo, y que de ese desgaste ellos puedan asumir una posición electoral relevante, cálculos en los cuales han supeditado los intereses de la nación a sus propios intereses electoreros partidistas.
Director del Centro de Estudios de Política Comparada, AC, y de la revista especializada Metapolítica, además de analista en diversas publicaciones y catedrático en distintas universidades, el doctor Cansino realiza una fuerte crítica a los partidos políticos:
“Aunque suene a frase hecha, han antepuesto sus intereses particulares específicos a los intereses de la nación; hoy existe un Congreso compuesto por bancadas partidistas absolutamente desprestigiadas por la sociedad, hablar del Congreso es hablar de una caterva de políticos flojos que no hacen su trabajo, que no aprueban leyes, corruptos e interesados solamente en sus capillas. Esta percepción no está alejada de la realidad, porque si vemos resultados concretos, no se puede decir que han avanzado en la Reforma del Estado o en reformas estructurales”.

Transición e instauración

Para Cansino la transición terminó el 2 de julio, “por la sencilla razón de que por la vía de la alternancia quedaron atrás los rasgos que caracterizaron a una forma de dominación política durante 71 años, como fue el presidencialismo sin contrapesos, en el vértice de una estructura de poder donde había un sistema clientelar y corporativo”. Esos rasgos, dice, ya no existen. En su lugar “se ha creado otra cosa que quizá no ha terminado de cuajar” pero que, en todo caso, nos permite hacer un parteaguas.
La otra es la figura del partido hegemónico, que era más un instrumento del Estado para reproducir a una clase política que fincaba su dominación con una legitimación desde lo alto. Y no es que ya no exista el PRI, pero ya no existe como partido hegemónico.
De esta manera, lo que sigue es otro proceso con su propia lógica y dinámica, pero que por las características de la transición podría durar otros 20 años. A esta etapa se le llama Instauración Democrática y se compone de dos etapas y dos procesos distintos.
Cansino destaca que una es la destitución autoritaria, que significa la destitución del viejo orden en un proceso durante el cual se derogan aquellas leyes claramente antidemocráticas generadas para favorecer a una clase política, y que en el imaginario social es reprobado y repudiado como algo al que no se debe retornar.
Luego viene la instauración democrática como siguiente etapa y corresponde al rediseño institucional y normativo del nuevo régimen. O lo que es lo mismo, a la reforma del Estado, por la cual han pasado por lo menos 34 transiciones a la democracia exitosas desde los años 70.
Tal rediseño institucional, de acuerdo con la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado convocada por el presidente Vicente Fox y dada a conocer el 5 de febrero de 2001, implicaba ocho grandes reformas institucionales con asuntos como equilibrio de poderes, federalismo, derechos humanos, competencias de los poderes políticos y otras.
“La tesis que sostuvimos en esa época era que esas ocho grandes reformas, si se atacaban de manera decidida podían generar el efecto de cascada para tocar otros aspectos, porque al final, aunque suene fuerte, se mostró la necesidad de transformar, de reformar el 90% de los artículos de la Constitución, pero que ni siquiera se le llamó nueva Constitución por las suspicacias que genera; entonces se habló de una reforma integral”.
Sin embargo, “la destitución autoritaria no ha prosperado porque, a diferencia de otras naciones, se confunde lo viejo con lo nuevo, no se puede hacer un parteaguas como en las transiciones de dictaduras militares”.
Las leyes que tenemos y las instituciones que de ellas emanaban fueron diseñadas para los fines de un régimen no democrático; de ahí que cuando uno observa cualquier ley, observa inmediatamente sus oscuridades, sus ambigüedades y ve que no pueden albergar de manera virtuosa los nuevos valores, expectativas y prácticas democráticas que surgen como resultado de la alternancia.

¿Por qué no ha prosperado?

Desde el eje de la transición que fue la reforma electoral para que los votos contaran, los actores políticos dijeron que era necesaria la reforma del Estado y que el país debía avanzar en el plano institucional. Pero llegado el momento, la instauración se trabó porque “ninguno de los actores políticos, y me atrevería a decir sociales, económicos, ha estado a la altura de las expectativas. El Presidente de la República efectivamente asumió su compromiso para la reforma del Estado muy temprano en su gestión, pero después se desinfló; no tuvo la capacidad, los operadores políticos, ni la voluntad para enfrentar ésta que iba a ser la gran contribución de su gobierno”, porque “en sus cálculos políticos privilegió lo inmediato, como eran las reformas estructurales, a lo urgente”.
Y los partidos no están interesados “porque ya están apostándole al 2006”.
La diferencia de México con otras transiciones es porque aquéllas se dieron por acuerdos políticos previos a las primeras elecciones libres y correctas que involucraron de manera incluyente a todas las fuerzas políticas, desde aquellos que buscaban preservar al régimen, y dependiendo de la magnitud de la crisis del viejo orden autoritario, los que querían amnistía por los crímenes cometidos, y los que pugnaban por un cambio.
Pero en México la naturaleza de nuestra transición fue diferente, de liberalización política. “La élite gobernante nunca cedió a la oposición la pelota, siempre la tuvo en su cancha; el régimen decía lo que había de reformarse y cómo hacerlo; es decir, no se partió de un acuerdo básico”.

Riesgos presentes

A lo largo de las instauraciones democráticas, recuerda César Cansino en su oficina del Centro de Estudios de Política Comparada, hubo instauraciones democráticas donde la destitución fue débil, pero la reforma del Estado fuerte, o viceversa, donde la reforma del Estado fue débil pero la destitución autoritaria, muy fuerte. Esto significó poner diques al pasado.
Pero también hubo casos donde la destitución autoritaria, como la reforma del Estado, fue muy fuerte, porque la gente ya no quería regresar al pasado; se involucraron todos los actores políticos y se hizo tabla rasa respecto al pasado en materia de leyes constitucionales. Entonces ahí se puede hablar de consolidación de la democracia.
En el caso de México “también se han explotado caracterizaciones muy arbitrarias usadas por mucha gente como: ‘Hay que consolidar la democracia’... Pero primero hay que instaurar la democracia; se consolida únicamente aquello que está instaurado”.
Sin embargo, el grave problema en la instauración mexicana es que coexisten “una débil destitución autoritaria y una débil reforma institucional y normativa, que teóricamente hablando colocan a nuestro país en el peor de los casilleros posibles (...) está en el extremo, en una fase de instauración débil que supone enormes riesgos de involución, de peligro para la gobernabilidad y la continuidad; y por eso muchas veces da la idea de que la transición no ha terminado”.
Ante este panorama y para tratar de evitar en la medida de lo posible que surjan situaciones generadoras de una enorme carga de inestabilidad y de ingobernabilidad que amenacen el orden institucional, la única oportunidad es avanzar de manera decisiva en las reformas del Estado, afirma Cansino.
Y advierte que vuelve al tema “porque parece un círculo vicioso, pero no hay más. Cuando vemos actos de corrupción en espacio triple A de televisión y a todo color, más allá de personalizar por qué, quién, y cuáles son todas las piezas del rompecabezas que los explican, o cuando vemos situaciones como la del atentado o autoatentado que pone en duda al gobernador de Oaxaca, vemos que tenemos un sistema normativo, un arreglo institucional que históricamente ha sido muy permisivo con las autoridades; que no existe un sistema de procuración de justicia que nos permita tener absoluta seguridad de que se van a castigar los actos de corrupción de cuello blanco; hay normas muy oscuras en la legislación que permiten la impunidad, evadir la ley, interpretaciones subjetivas de la ley”.

Divorcio política-sociedad

Otro riesgo es lo que puede pasar en lo inmediato ante una clase política permanentemente exhibida en sus contradicciones, en sus actos delictivos, en sus golpes bajos, en sus desmanes y corruptelas. Sin opciones percibidas socialmente como viables para ser apoyadas, el signo evidente, inmediato, sería una abstención creciente, como señal de un divorcio, de un alejamiento entre la clase política y la sociedad.
Pero el “verdadero riesgo es cuando por la vía electoral uno empieza a ver focos rojos, cuando la gente ya no vota porque todos son iguales, corruptos; entonces desciende considerablemente el apoyo y la legitimación por la vía del sufragio. Se configura en su lugar una democracia insustentable, alejada totalmente de los intereses de la ciudadanía, lo cual lleva también a una situación patológica”.
Cansino explica que si la clase política es la primera en violar la ley, la ciudadanía a su vez comienza a actuar al margen de las instituciones porque no encuentra en ellas ni el cobijo ni el interés, ni la representación de sus demandas y sus exigencias; empieza a hacer justicia por su propia mano, como sucede en las comunidades indígenas o sacando los machetes para presionar a las autoridades. “Se desborda cualquier tipo de normatividad, de orden institucional para obtener fines; ése es el riesgo que visualizo, de ahí que las mafias políticas, las camarillas, las inercias autoritarias del pasado, los intereses de capilla, todo eso puede confluir en el mismo escenario en caso de una gran abstención”.
De ahí la necesidad de cambiar algo, de avanzar efectivamente en las reformas, porque de otra manera profundizará una crisis política; una democracia donde la gente no vota es una señal de crisis que reproduce situaciones muy delicadas y controversiales en la propia clase política. Entonces, “creo que sería riesgo seguir permaneciendo en una situación que no afronte de manera decisiva la cuestión de la reforma del Estado”.

Construir nuevo referente

El doctor en teoría política expresa que éste es un buen punto para reconocer un antes y un después. Es decir, las leyes en los regímenes autoritarios son deliberadamente ambiguas, por la sencilla razón de que la ambigüedad permite a la autoridad tomar interpretaciones y hacerlas suyas de acuerdo a su conveniencia.
En cambio, las leyes en un régimen democrático no admiten ambigüedad. Deben ser perfectamente claras en sus sanciones, en sus exigencias, en las obligaciones, en sus preceptos, en todos los sentidos, ya que mientras haya ambigüedades “existirá la posibilidad de que se refugien en ellas los fantasmas del autoritarismo, y que se generen situaciones como las que permanentemente estamos viviendo”.
Sin embargo, Cansino destaca que si en los tres años que llevamos de alternancia podemos ver infinidad de situaciones anómalas, éstas tienen que ver precisamente con la pervivencia de un entramado normativo que no funciona, inadecuado a la lógica propia de un régimen democrático, debido principalmente a que existen al respecto muchas confusiones.
Muchos se oponen a una reforma del Estado, dice, porque en México no hemos tenido otro referente histórico qué anteponer. “Hemos vivido en un régimen autoritario, ambiguo: democrático en la forma y autoritario en los hechos; una democracia de fachada, dirán unos; una dictadura perfecta, dirán otros, pero en todo caso eso fue el referente que construimos históricamente y nos resulta muy difícil anteponer otro”.
Por este motivo considera que ya es tiempo de hacer otro referente, “ya es tiempo de pensar en una lógica claramente democrática que no admita ambigüedades de este tipo”.

En busca de la transición perdida

Entrevista con Manuel Camacho Solís.

“Urgen reglas para 2006”

"Reforma electoral, real sistema de rendición de cuentas, autonomía del Ministerio Público y la formación de mayorías, temas prioritarios para una agenda mínima, afirma Manuel Camacho Solís, porque “si frente a circunstancias tan delicadas como las que ya estamos observando en nuestro país no reaccionamos, vamos a ser rebasados por el caos”

(2004-04-25)

http://www.lacritica.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=20&Itemid=32

Si en este momento la transición mexicana está extraviada, estancada o perdida, ya no es oportuno preguntarnos qué pasó, sino ver hacia delante y encontrar cómo podemos resolver el problema en estas circunstancias, manifiesta Manuel Camacho Solís, pues si concluimos que la reforma del Estado es vital, es claro también que no se puede ir a la competencia electoral de 2006 sin reglas, porque se puede perder incluso la estabilidad de la política y la economía.
Insistente, desde su paso por El Colegio de México, sobre la necesidad de diseñar un esquema de democratización política y social que dé al país márgenes institucionales frente a las tentaciones mesiánicas, autoritarias y de grupo, Camacho Solís explica en entrevista con La Crítica que se “debe empezar por lo que hoy es urgente: legitimar a la política”.
De ahí la importancia de la reforma electoral en la etapa que vivimos. “La anterior fue para contar los votos, ésta es para que el dinero que entra se cuente y para que el dinero sucio no entre a la política”, explica, pues si no limpiamos esta parte, “por más reformas que hagamos, de qué nos sirve cambiar los equilibrios institucionales si los dueños de la política son grandes empresarios, empresas transnacionales o peor aún, el crimen organizado”.
El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática destaca que el actual arreglo institucional “no es el que necesita el país para su mejor gobierno; es decir, las instituciones del antiguo régimen no están funcionando de acuerdo con la nueva pluralidad”, porque “no hubo la capacidad de parte del gobierno y las distintas fuerzas políticas par aprovechar el momento de la alternancia y convertirlo en el momento del rediseño de un nuevo régimen, de un nuevo arreglo, de nuevos equilibrios entre las instituciones del país”.

Atorón por falta de lucidez

–¿La transición mexicana está extraviada, estancada o simplemente no inició?
–No deberíamos meternos en un debate semántico. Hay quien dice que la transición ya acabó; hay quien considera que ni siquiera ha ocurrido. Pero si decimos que ocurrió una alternancia en 2000, nadie va a dudarlo. Con el paso del tiempo, incluso mucha gente que daba como acabada la transición concluirá que el arreglo institucional en el país no es hoy el que se necesita para su mejor gobierno. Es decir, las instituciones del antiguo régimen no funcionan de acuerdo con la nueva pluralidad, ni para dar los mejores resultados respecto a las demandas de la sociedad al nuevo régimen. Entonces diría: se terminó una etapa del régimen político del siglo XX el día de la elección de Vicente Fox y no hubo la capacidad política de parte del gobierno y las distintas fuerzas políticas para aprovechar el momento de la alternancia y convertirlo en el momento del rediseño de un nuevo régimen político, de un nuevo arreglo, de unos nuevos equilibrios entre las instituciones políticas del país.
–El momento en México es especial, porque en otras transiciones todos los actores se ponen de acuerdo, pero en la nuestra nadie quiere hacerlo y la obstaculizan, incluso.
–Fueron las características propias de la transición mexicana, aquí no había una dictadura como en otros países, había un régimen autoritario y quienes estaban al frente del gobierno fueron soltando los cambios a cuentagotas; realmente sólo cuando fue estrictamente necesario. Eso hizo que la transición fuera larga y errática, y en el momento en que pierde el régimen anterior, o que pierde el PRI en las elecciones del 2000, tampoco hubo lucidez del ex presidente Ernesto Zedillo para sentar a las partes antes de entregar el gobierno y hacer un pacto que hubiera sido muy conveniente para el país. Por su parte, el presidente Vicente Fox no dio la importancia debida al tema de la reforma del Estado, se concentró en sus viajes internacionales, metió otras iniciativas, se obcecó en que lo más importante era hacer la reforma eléctrica, y todo esto hizo que se perdiera también la oportunidad no sólo de la salida del antiguo régimen –las transiciones siempre se hacen con acuerdos con el antiguo régimen–, sino también de la entrada del nuevo gobierno, y ahí es donde nos quedamos todos atorados.
–¿Un atorón peligroso por las circunstancias del país?, se cuestiona a Manuel Camacho.
–Sin duda. Ahora la pregunta no es sólo qué pasó, sino cómo podemos en estas circunstancias resolver el problema si concluimos que es completamente necesaria la reforma del Estado. Yo creo que es vital. Sin reforma del Estado, sin reglas para empezar a ir a la competencia del 2006 se va a perder incluso la estabilidad de la política y la economía.
–Usted ha hablado de un nuevo pacto social, ¿por dónde tiene que comenzar ese nuevo pacto?
–Diría que debe empezar por la política, y tiene que empezar por lo hoy urgente, que es legitimar a la política; de ahí la importancia en este momento de la reforma electoral. La anterior fue para que se contaran los votos, ésta es para que el dinero que entre se cuente y para que el dinero sucio no entre a la política; si no limpiamos esta parte, por más que hagamos reformas de qué nos sirve cambiar los equilibrios institucionales si los dueños de la política son grandes empresarios, empresas transnacionales o, peor aún, el crimen organizado. Entonces no vamos a resolver nada, estaremos haciendo una especie de ingeniería simbólica y no una transformación verdadera de las instituciones.

Tres pasos

Por ello, Camacho Solís propone una verdadera transformación de las instituciones en tres pasos: 1) un verdadero control social del poder con los equilibrios que se establecen en la separación de poderes; 2) la representación plural del país por un poder legítimo; y 3) que el gobierno resultante sea más efectivo, “porque el fin de la política no son nada más los equilibrios dentro del sistema sino dar resultados a la sociedad, y para eso tienen que funcionar las instituciones”, porque de lo contrario “terminaremos teniendo elecciones limpias y a lo mejor ya mucho más controladas si se aprueba la reforma electoral, pero un gobierno muy ineficaz respecto a los enormes reclamos acumulados que hay de parte de los ciudadanos”.
–El papel de la sociedad es muy importante. Jugó, luchó al parejo de los partidos políticos de oposición para tratar de desmantelar al aparato de Estado, pero cuando llegó el 2 de julio de 2000 pareció decir a los partidos: “ya tenemos alternancia, ahora ustedes aterricen el cambio”. Dejó su activismo y dejó que el vacío lo llenaran nuevamente los grupos de poder en los partidos.
–No creo que la sociedad civil por sí misma pueda hacer todo, porque francamente no tiene los niveles de coordinación, no puede desarrollar estrategias suficientemente amplias. Los ciudadanos organizados pueden presionar para que haya elecciones limpias, pueden señalar a la corrupción, pero no van a poder hacer los acuerdos que se necesitan para reformar las leyes de la Constitución, para dar las garantías debidas. No se puede suponer que la sociedad civil va a ocupar el lugar de las instituciones del gobierno, de los partidos políticos, de los congresos, pensar eso es demagógico. Pero también pensar que las instituciones pueden ser legítimas y eficaces sin tener la confianza de la sociedad, también es el otro extremo que no funciona.
Para Manuel Camacho “no es necesario sustituir a la sociedad, sino lograr que de nuevo se interese por la política, que influya, que critique, que se organice, que presione, pero que esto se traduzca en cambios institucionales, porque si no genera un gran espectáculo mediático, o algo muy atractivo en donde mucha gente se compromete de corazón con una causa, pero después todo eso se diluye porque no se traduce en ningún cambio duradero”.
–Sólo los cambios en las instituciones. De ahí la importancia de la reforma electoral que hemos planteado, de la transparencia con la que deben conducirse los partidos; es decir, que no se vuelvan cotos cerrados de las burocracias, sino se conviertan en organismos con representación de los ciudadanos y que si se alejan de eso paguen un costo.

Reformas impostergables

–Con la reforma electoral vienen aparejadas otras, consideradas como necesarias para sentar las bases de la reforma del Estado: un verdadero sistema de rendición de cuentas, no de simulaciones, y para lograrlo, la autonomía del Ministerio Público para evitar la politización de las investigaciones.
–Coincido en que esas dos son muy importantes e impostergables si pensamos en una agenda mínima, porque además a la mitad del sexenio va a ser imposible pensar en un rediseño completo. Pondría esas dos como necesarias, la reforma electoral como la más urgente y quizá agregaría dos o tres más. Una es todo lo de los derechos de los ciudadanos, ya incluido el tema del derecho a los mexicanos a votar en el exterior como capítulo importante; otra que no está ahora en la discusión, pero que no podemos dejar fuera, es el tema de cómo construir mayorías, porque gran parte del problema que hoy tenemos es que ninguna fuerza tiene mayoría, pero además no va a tener mayoría en el 2006. Entonces, si no somos capaces de revisar ese capítulo, lo que nos va a ocurrir es que podamos tener un presidente con 33% de votos y un Congreso en donde la mayoría calificada sea de oposición; el presidente va a ser tan-tan débil que no va a poder gobernar y no va a poder darle respuesta a los ciudadanos. Debemos hacer las reformas necesarias para establecer mecanismos que permitan tener gobiernos legítimos, eficaces y, además, puedan gobernar el país.
–Pero los grupos de poder, incluso hacía el interior de los distintos partidos, obstaculizan el avance en la creación de mayorías...
–Siempre va a haberlos en todos los países; hay intereses facciosos, intereses partidistas, pero ahí es donde se prueban los políticos, si frente a circunstancias tan delicadas como las que ya estamos observando en nuestro país no reaccionamos, vamos a ser rebasados no por la sociedad civil, sino por el caos.
–Hay riesgos inmediatos que podrían conducir al caos del que habla. ¿Cuáles son esos riesgos?
–Si no hay una reforma electoral como la que hemos planteado, y si no hay reglas claras para ir a la sucesión del 2006, en forma que no haya ventajas para una de las partes, la estabilidad política y económica del país estará en riesgo...
–¿Considera que en este momento hay interés de los distintos partidos y los distintos grupos de interés para sacarla adelante?
–Éste es un momento sin duda oportuno, ya se comprometió el Presidente, nosotros ya nos metimos de cabeza, la ciudadanía está muy enojada por todo lo que ha visto en las útimas semanas, los políticos estamos siendo severamente cuestionados. Siempre hay la posibilidad de que todos nos hagamos guajes y digamos: “De todas maneras no pasa nada”, pero creo que son circunstancias favorables y dependerá de nuestra habilidad política para ver si somos capaces de traducirlas en las reformas y en los acuerdos –que serían los primeros acuerdos políticos en esta administración–, o si echamos a perder la oportunidad. Yo espero que haya la suficiente lucidez, visión y voluntad colectiva para sacar adelante este proyecto.
–Está en la mente de diferentes analistas y de los políticos mismos la necesidad de establecer un pacto que fuera muy evidente, como el famoso Pacto de la Moncloa. ¿Cree necesario llegar a eso o qué es lo urgente?
–Hubiera sido ideal reealizarlo hace mucho tiempo o a la entrada del nuevo gobierno, pero no se hizo. Intentar hoy ponerle un pacto al país va a ser un pacto ficticio, demagógico, como el que se firmó un día en Palacio Nacional que no duró ni tres días porque a los tres días ya nadie sabía lo que contenía, ni le importaba, porque se habían metido tantos temas que era así como... o peor que una plataforma electoral. Eso no es un pacto. Se necesita un acuerdo en México, pero no por la vía como se hizo en España, porque estamos en circunstancias completamente distintas. Creo que la manera es tener éxito en un tema, no veo otro más que la reforma electoral, y que con base en ese éxito que prestigia a todos los políticos y a todos los partidos y al gobierno, entonces sí haya una mesa donde se sienten quienes tienen que hablar y se pongan de acuerdo. Y que eso se maneje de una manera que no sea escandalosa ni con este estilo de posicionamiento nada más para salir al otro día en los periódicos, sino con una intención real de llegar a un acuerdo. Creo que eso sí puede ser la diferencia.

Los grupos de dinosaurios: Atlacomulco y Echeverría

Se realizaron sucesivas investigaciones,
entre ellas algunas contradictorias respecto
de sus conclusiones, dictámenes y peritajes.
¿Cuál es la verdad? ¿A quién creer?
Cada uno puede tener su conclusión favorita
y, en torno de ella, disponer de elementos para
respaldarla de acuerdo con alguna fase de
investigación de las fiscalías especiales. ¡Por favor!:
Luis Colosio Fernández, 10 de febrero de 2004

Reportaje especial
Asesinato de Colosio
Tercera de tres partes
Publicado en el diario El Independiente

Los hechos antes, durante y después del 23 de marzo de 1994 permiten presumir la posibilidad de una alianza para evitar la continuidad del proyecto salinista de reelección presidencial, y el ascenso de Ernesto Zedillo, propulsado por fuerzas políticas contrarias al famoso grupo compacto, como fueron los desplazados grupos Atlacomulco y Echeverría.
Antes de la selección del candidato hubo una fuerte lucha para evitar cambios constitucionales que permitieran la reelección directa; tras el 28 de noviembre la batalla fue por ver quién finalmente se quedaba con la candidatura presidencial e imponía su modelo de país, pero ¿qué sucedió tras el 23 de marzo? Los hechos podrían aclarar dudas.
Hubo grupos involucrados que desde distintas trincheras diluyeron las investigaciones iniciales y presionaron a los distintos fiscales cuando éstos comenzaron a jalar los hilos que conducían a los probables autores intelectuales. De esta forma fueron exonerados los grupos Tucan (Todos Unidos contra Acción Nacional), Omega y hasta el propio Estado Mayor Presidencial.
Las pistas del asesinato fueron borradas o alteradas en sus distintas etapas; Mario Aburto observó el video del asesinato y fue sacado de la delegación de la PGR en Tijuana antes de su primera declaración; semanas y meses después también fueron eliminados policías y agentes del Ministerio Público involucrados en la adulteración de hechos o que conocían demasiado y no se iban a callar.

Los dinosaurios

Ciro Gómez Leyva revela en su libro Ya vamos llegando a México (p.13) la conversación del 13 de febrero de 1995 con un criminólogo, quien le entregó un estudio grupal terminado el 30 de abril de 1994, cinco semanas después del asesinato de Colosio. "Según la investigación, se trata de la comunidad de políticos tradicionales aliados con el narcotráfico. Dinosaurios los llaman (…) Para apoderarse de la candidatura priísta a la Presidencia de la República, arrebatándole así el control estratégico del Estado mexicano al grupo político del presidente Salinas (…) Un genuino golpe de Estado contra el presidente Salinas, contra el salinismo, contra el rumbo estratégico de la vida nacional, impulsado por ellos y, sobre todo, contra la discreta política de exclusión de los dinosaurios", le indicó.
Este hombre mostró a Gómez Leyva algunos párrafos del estudio que fue conocido por los fiscales Miguel Montes y Olga Islas e incluso pudo llegar a Carlos Salinas. Ahí se decía que el asesinato de Colosio era el inicio de una guerra sucia para hacer abortar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, generando un proceso de desestabilización política "mediante nuevos atentados criminales a fin de crear una situación explosiva entre el 21 de agosto y el 1 de diciembre".
El criminólogo habló también de dos tiradores, del complot en Lomas Taurinas. Y 15 días después fue capturado Othón Cortés, quien apareció en Tijuana con una credencial del aeropuerto de la localidad, firmada por Alcides Beltrones Rivera, hermano del entonces gobernador de Sonora, y negó conocer a Domiro García Reyes, pese a haber sido quien condujo al jefe de la escolta de Colosio a la central aérea.
Desde el principio la hipótesis del fiscal Miguel Montes fue la del complot, suavizada por la frase "acción concertada", que mantuvo hasta el 30 de abril. La pregunta es ¿por qué cambió su hipótesis? Acaso porque al avanzar encontró que Córdoba Montoya y el futuro presidente estaban inmiscuidos junto con los grupos de dinosaurios o porque el jefe de la Oficina de la Presidencia indujo que otra línea de investigación debilitaría al Estado.
Personaje cercano a la familia Colosio, sin embargo, según Gómez Leyva, Montes advirtió a los colosistas: "Que quede claro, si esto es una conjura, yo estoy muerto."
El propio Montes había atajado la posibilidad de que Miguel Nazar Haro se hiciera cargo de las investigaciones cuando se lo planteó Carlos Salinas, según escribió en Ya vamos llegando a México:
-- Manlio (Fabio Beltrones) propone que Miguel Nazar Haro se haga cargo de la investigación policiaca --planteó Salinas de Gortari.
-- No, señor, eso no es conveniente. Nazar tiene dueño --zanjó Montes.
Hay muchos puntos poco claros que no fueron analizados por los fiscales. Entre otros,
¿Por qué mintieron Othón Cortés y el general Domiro García Reyes al asegurar que no se conocían?;
¿Quién ordenó que el grupo de seguridad de Fernando de la Sota actuara de forma paralela al Estado Mayor Presidencial?;
¿Por qué falsearon sus declaraciones De la Sota Rodalléguez y Alejandro García Hinojosa?;
¿Por qué el PRI local contrató a un grupo para hacer vallas en Lomas Taurinas, y q uién pagaba a Tranquilino Sánchez y Vicente y Rodolfo Mayoral;
¿Por qué Rodolfo Rivapalacio se presentó a cobrar antes del mitin de Lomas Taurinas un cheque por 50 millones de pesos en la sucursal Banamex de Playas de Tijuana?

El grupo Echeverría

Uno de los datos insuficientemente investigado es que Rosario Urrutia, esposa de José Córdoba Montoya, vivió en el fraccionamiento Colinas de San Javier, construido por Javier García Paniagua. La casa, donde vivía la esposa del franco-español-mexicano, era propiedad de René González Quirarte, uno de los brazos operativos del cártel de Ciudad Juárez, quien fuera encontrado muerto y descabezado en febrero de 2000 en la ciudad de Guadalajara.
García Paniagua fue miembro de la llamada vieja clase política o dinosaurios, la nomenclatura, mientras que su hijo Javier García Morales no sólo trabajó sino que fue hecho prisionero en Los Ángeles junto con Miguel Nazar Haro por el robo y tráfico de vehículos a México. Ha sido investigado por narcotráfico y actualmente se desempeña como secretario adjunto al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado.
Además Córdoba fue impulsor del Grupo Empresarial de Occidente al frente del cual está el hoy senador Raymundo Gómez Flores, beneficiario del salinismo con la empresa camionera Dina, la Harinera MINSA y Banca Cremi, fue socio de Carlos Cabal Peniche en Banca Unión-Cremi. Este grupo lo completaron las empresas Lomelí comandadas por Arturo Lomelí y Salvador Martínez Garza de Mexlub.
Por su parte Fernando Gutiérrez Barrios y García Paniagua fueron directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con Luis Echeverría, la Policía política del régimen, convertida en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por Miguel de la Madrid. Con ellos trabajó Manlio Fabio Beltrones, el único personaje que habló a solas con Mario Aburto la noche del 23 de marzo de 1994, antes de rendir su primera declaración y ser trasladado a la ciudad de México.
Además de no compartir el proyecto económico, la lucha entre Carlos Salinas y Luis Echeverría se recrudeció con la persecución y encarcelamiento del cuñado de este último, Rubén Zuno Arce, en Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

El grupo Omega y De la Sota

Beneficiario del salinismo con Bancrecer, participante en los créditos irregulares del Fobaproa y dueños de empresas de transporte de pasajeros, el Grupo Toluca, de la familia Alcántara Rojas, se integró a la campaña de Colosio como lo hizo con otras en contiendas anteriores. En un principio como integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte, presidida por Roberto Alcántara Rojas, quien propuso apoyar con seis camiones equipados y dos transportes de fletes. Más tarde con el patriarca del grupo y ex senador Jesús Alcántara al frente de la Comisión de Financiamiento. Era padre de Roberto, José Carmen, Arturo y José Luis Alcántara Rojas, hoy cercanos a Arturo Montiel en la aventura política del estado de México.
Pero no fueron solos. También llevaron consigo al grupo civil de seguridad formado por Fernando de la Sota Rodálleguez, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un asesino a sueldo ligado al cártel de Juárez, quien comenzó a trabajar con Alcántara en 1992, cuando Ignacio Morales Lechuga lo echó de la PGR.
Mucho se habló de las irregularidades cometidas por De la Sota en el caso Colosio. Pero poco se ha investigado sobre los demás sucesos donde ha estado presente y muestran la clase de personaje que es. Uno de ellos, el asesinato de Abraham Polo Uscanga, que relaciona también a los Alcántara.
En declaración jurada, el abogado Alberto Woolrich expresó que dos días antes de morir, su amigo, el magistrado Abraham Polo Uscanga, le dio a conocer que fue secuestrado y torturado; entre sus plagiarios reconoció a Fernando de la Sota, con quien tenía una rencilla que databa de siete años atrás.
El asunto estuvo así: Una vez nombrado Ignacio Morales Lechuga como procurador general de Justicia del Distrito Federal invitó a trabajar como subprocuradores a su paisano Polo Uscanga en Averiguaciones Previas y a Enrique Fuentes León en Procedimientos Penales, así como a De la Sota como jefe de la Policía Judicial capitalina. Inconforme por los nombramientos, Polo renunció. Sin embargo Morales rectificó y mientras Fuentes León se quedó sin trabajo en el servicio público, De la Sota fue designado jefe de la Policía Judicial en la Miguel Hidalgo por el delegado de la PGJDF, Federico Ponce Rojas, hasta donde lo persiguió Polo con una consignación por extorsión que no se cumplimentó por órdenes de Morales.
Según la versión de trabajadores nocturnos, De la Sota estuvo en el Bar Jemma la madrugada del 20 de junio de 1995, lugar ubicado frente a las oficinas donde fue encontrado el cadáver del magistrado. El arma que le dio muerte fue un revólver brasileño Taurus calibre 38, semejante al que victimó a Luis Donaldo Colosio y arma preferida por De la Sota.
De acuerdo con la declaración de Felipe Victoria Zepeda, quien trabajó con Abraham Polo Uscanga, la muerte del magistrado derivó de los consejos dados al que fuera secretario de Transportes y Vialidad, Luis Miguel Moreno Gómez (también muerto en abril de 1995), para hacer caso omiso a las presiones de su jefe y "obstaculizar el gran negocio que querían hacer personas allegadas a Óscar Espinosa Villarreal, de apellido Alcántara Rojas (Jesús y Roberto), apoderándose de la concesión del transporte urbano de pasajeros" en la ciudad de México.
El propio Victoria Zepeda destaca la participación de El comandantazo o Grandote De la Sota en el Operativo Noticia realizado el 30 de mayo de 1984, cuando miembros de la Dirección Federal de Seguridad ejecutaron al periodista Manuel Buendía Téllez Girón, por órdenes inmediatas de José Antonio Zorrilla Pérez. Además, el testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA), Marco Enrique Torres, también implica a De la Sota en el crimen contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993.
Por su parte el ex cónsul de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad, envió mensajes a la cancillería comandada por José Ángel Gurría, donde explicaba la existencia de una "relación voluntaria o involuntaria entre José Córdoba Montoya, Marcela Bodenstedt, Enrique Fuentes León (identificado por la DEA como abogado del cártel del Golfo), el ex diputado Manuel Muñoz Rocha y Juan García Ábrego".
Además "desde 1992 el Departamento de Justicia, a través de su oficina en San Antonio, ha establecido reservas sobre el connacional Fernando de la Sota Rodalléguez, quien vino entonces a esta ciudad como comisionado de la PGR para investigar al cártel de Juárez" a petición de la entidad estadounidense, que tras darle todos los detalles de un operativo confirmó sus sospechas. Tras este hecho, ahora sí fue corrido por Morales Lechuga.
Fernando de la Sota terminó como integrante del Estado Mayor Presidencial y de Seguridad del presidente Ernesto Zedillo en 1995.

El grupo Atlacomulco

Apenas fue designado candidato sustituto Ernesto Zedillo, el jefe del clan Atlacomulco y en ese entonces secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González, operó el apoyo de la llamada vieja clase política para el nuevo abanderado del PRI, desde las mismas oficinas de la dependencia a su cargo. Y sus cercanos pronto coparon los primeros niveles de la política: Ignacio Pichardo Pagaza fue traído de la embajada de México en España para hacerse cargo de la coordinación general de la campaña y pese a no contar con los méritos suficientes, Humberto Benítez Treviño fue nombrado procurador general de la República en reemplazo de Diego Valadés; finalmente Óscar Espinosa Villarreal fue reafirmado en la Secretaría de Finanzas.
Benítez fue acusado por Mario Ruiz Massieu de haber desalojado a sus colaboradores con lujo de violencia y armas largas de las oficinas donde despachaba como subprocurador, en las cuales dejó unas carpetas donde José Francisco Ruiz Massieu tendría el detalle de los acontecimientos de 1994 hasta el día de su muerte.
Tras el triunfo de Zedillo en las elecciones del 21 de agosto de 1994, Pichardo Pagaza fue nombrado presidente del PRI y María de los Ángeles Moreno llegó a la Secretaría General a la muerte de José Francisco Ruiz Massieu; ambos fueron acusados por Mario Ruiz Massieu cuando denunció que "los demonios andan sueltos" y desde la sede del partido y el Congreso de la Unión obstaculizaban la integración de las averiguaciones en torno al asesinato de su hermano, en colaboración con Benítez Treviño.
Con estos acontecimientos, la prevalencia de los grupos ligados a José Córdoba y Atlacomulco en el gabinete de Ernesto Zedillo fue marcada:
Pichardo Pagaza arribó al gabinete como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
Continuó como secretario de la Sedesol Carlos Rojas Gutiérrez, quien fuera director de Finanzas y Administración en el hipódromo de Agua Caliente de Jorge Hank Rohn, de 1985 a 1988; vicepresidente de Finanzas de 1985-86 y de Relaciones Públicas de 1987-88, y presidente y consejero 88-90 del Instituto Mexicano de Finanzas de Tijuana, y
Óscar Espinosa Villarreal fue designado regente de la ciudad de México.
La fuerza del grupo Atlacomulco fue evidente en los primeros meses, cuando negociada la salida de Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco por Esteban Moctezuma y el PRD, el actual presidente del PRI se acercó con su maestro y padrino Carlos Hank y desde la Hacienda Don Catarino se fincó su permanencia. Fue la primera gran derrota de Esteban Moctezuma, quien dejó la Secretaría de Gobernación a otro integrante del clan del estado de México, Emilio Chuayffet, en junio de 1995. -

José Córdoba Montoya, el gran intrigante

Con Donaldo se cometió un crimen

que se supone estaba desechado

de nuestra historia y cuya comisión

no debería repetirse en el escenario

de la lucha por el poder, como sucedía,

lamentablemente, al principio del siglo pasado:

Luis Colosio Fernández, 10 de febrero de 2004,

en el homenaje a Luis Donaldo Colosio

Reportaje especial
Asesinato de Colosio
Segunda de tres partes
Publicado en el diario El Independiente

El padre de Luis Donaldo Colosio Murrieta fue muy directo en marzo de 1995, al cumplirse un año de la muerte en Lomas Taurinas, Tijuana, del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República.
-- Ojalá que cuando (la investigación) llegue a Córdoba (el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León) no se eche para atrás".
Ante tal señalamiento, la corroboración pedida por el reportero de El Imparcial de Hermosillo llevó al hoy Senador de la República a confirmar:
-- ¿Córdoba, don Luis? ¿José Córdoba Montoya? ¿Usted cree que él pudo haber planeado el asesinato?
-- Creo que él tuvo mucho que ver.
A petición de Luis Colosio Fernández la entrevista realizada el 21 de marzo fue publicada el 24, con el resto de las noticias sobre el primer aniversario del magnicidio; quizá pasó desapercibida.
El hispano-franco-mexicano convertido en Jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue constantemente señalado de haber exigido la renuncia a Luis Donaldo Colosio, incluso con una llamada a Culiacán la mañana de aquel fatídico miércoles 23 de marzo.
En respuesta a una entrevista solicitada por el diario Reforma, el 10 de octubre de 1994 José María Córdoba Montoya protestó por escrito: "Es un disparate y un infundio sugerir que yo le hubiera podido pedir a Colosio renunciar a su candidatura. Simplemente ese hecho no ocurrió".

La intriga

Pero es claro que a la muerte de Colosio hubo beneficiarios. Ellos fueron el futuro candidato y presidente de la República y los grupos político-económicos que lo arroparon.
En medio de la serie de intrigas oficiosas sobre la debilidad del candidato presidencial, se desvió la atención de la opinión pública hacia el distante apoyo ofrecido desde Los Pinos a la campaña, pero más todavía hacia el activismo de Manuel Camacho Solís, a quien al darle un cargo ad honorem como Comisionado para la Paz y la Concordia en Chiapas, Carlos Salinas de Gortari lo habría puesto en la palestra como sustituto.
Sin embargo, en la vorágine de los acontecimientos propiciados por el levantamiento armado en Chiapas, los atentados terroristas como el de Plaza Universidad, las multitudinarias protestas populares en las principales ciudades del país y los riesgos de desestabilización económica propiciados por el secuestro de los empresarios Alfredo Harp Helú y Ángel Lozada, pocos advirtieron que en realidad eran dos los probables reemplazos.
Además, las confabulaciones al interior del equipo de campaña tampoco eran tema menor. Por aquellos días Ernesto Zedillo Ponce de León iba a ser relevado en la coordinación de la campaña por la fractura de sus relaciones políticas y personales con los llamados colosistas, pues únicamente se había dedicado a servir de enlace entre el candidato y la Presidencia de la República, y no necesariamente con Carlos Salinas.
Aunado a este hecho, Colosio habría decidido que el "jefe" y principal impulsor de Zedillo, José Córdoba Montoya, "trabajará en el gobierno hasta el 30 de noviembre" de ese 1994. Ya había un rompimiento de Colosio con Córdoba que todo lo obstaculizaba.
Todos debían pasar a confesarse con Córdoba antes de ver a Salinas desde la época cuando trabajaron en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y a pesar de las deferencias de Salinas hacia Colosio, no era la excepción. Es decir, no había comunicación directa entre el candidato y el presidente.
En el contexto de las pugnas entre los diferentes grupos políticos, Emilio Gamboa Patrón también habría quebrado su relación con Salinas debido al protagonismo de Camacho. "Para a Manuel", le habría dicho y el Presidente respondió: "Dile a Colosio que se encargue del partido y que yo me encargo de Camacho".
Cercano al Jefe de la Oficina de la Presidencia, según el diario Reforma del 31 de octubre de 1995, el ex titular de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa fue uno de los primeros en conocer el 20 de marzo de boca de Colosio el nombre de quienes reforzarían el equipo: "Me voy a jalar a Santiago Oñate, a Fernando Elías Calles y a José Francisco Ruiz Massieu".
Era claro que alejado de la coordinación, Zedillo no sólo se despedía de la posibilidad de una candidatura sustituta, sino también se perdía todo contacto de José Córdoba Montoya con la campaña presidencial y su influencia en las políticas del casi seguro nuevo gobernante, pues le metían en medio a dos personajes lejanos a él, uno de ellos enemigo acérrimo igual que Camacho, el ex gobernador de Guerrero, Ruiz Massieu.
Oñate tomaría el lugar de José Luis Lamadrid como secretario general del PRI. Con este movimiento Colosio proyectaba recuperar el control político de la campaña. Además, Óscar Espinosa Villarreal iba a ser sustituido como secretario de Finanzas por el vocero Liébano Sáenz y Ramiro Pineda subiría a la vocería.
Pero el día anterior al hecho relatado, el 19 de marzo, Colosio recibió una vehemente carta firmada por su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo. La misiva parece escrita con toda intención: Dañar la imagen de Manuel Camacho Solís, asumirse leal a Colosio e intrigar contra el entonces presidente Salinas. El documento, observado a detalle, justifica un rompimiento. Aquí tres párrafos de él:
"No obstante lo ocurrido el pasado 28 de noviembre, Manuel Camacho --antes o después del 1 de enero-- decidió continuar jugando un papel protagónico en la política nacional y ha actuado con un plan muy preciso para cumplir con ese objetivo, aprovechando y cultivando en todo momento las nuevas prioridades del Señor Presidente".
"Insisto, mi propuesta de celebrar este pacto (con Salinas) es independiente de mi admiración y agradecimiento por el Señor Presidente. Es una recomendación elemental, yo diría de libro de texto, de estrategia política".
"Créeme que estoy profundamente convencido de lo que te expreso. En mis recomendaciones no hay interés personal alguno. Simplemente creo que es lo mejor para México".
No debemos olvidar que fue Córdoba quien avisó a Camacho de la decisión del partido de elegir a Colosio. Los enterados dicen que el mensaje fue más o menos así: "Me pide el Presidente que te informe que el candidato del partido es Colosio; a veces estas decisiones no son las más acertadas. Igual que tú, yo esperaba que esta decisión fuera en otro sentido y creo que el mejor hombre eras tú".
La forma como fue transmitido el mensaje aquel 28 de noviembre de 1993 permite aventurar que literalmente fue el alter ego de Salinas quien "aceleró" a Camacho.
Sin embargo, al entregar esa carta, Ernesto Zedillo seguramente no se encontraba al tanto de que el día 16 de marzo Colosio y Camacho se reunieron a cenar en la casa de Luis Martínez Fernández Martín del Campo, amigo común, donde zanjaron sus diferencias, y presumiblemente hicieron un pacto democrático para trabajar hacia reformas de carácter institucional y estructural, pues ambos estaban convencidos de que el rumbo del país debía ser matizado en las políticas públicas, debido a la cuestionada efectividad del modelo económico neoliberal.
Ambos estaban concientes de que era muy importante generar recursos para toda la población a fin de dinamizar al mercado interno, al contrario de la propuesta neoliberal que pretende generar recursos para las grandes empresas con la expectativa de que se rieguen al resto de la estructura piramidal como una cascada. Destacaban que el Estado debía invertir en educación e infraestructura.
Ese pacto tuvo su momento culminante cuando el día 22 Camacho anunció en conferencia de prensa que declinaba buscar la candidatura: "Entre buscar una candidatura a la Presidencia de la República y la contribución que pueda hacer al proceso de paz en Chiapas, escojo la paz".
Colosio transmitía su gozo la semana antes del asesinato, escribió Roberto Zamarripa en Reforma, tras el relato de unos pasajes de los últimos momentos del candidato en Culiacán, presumiblemente contados por Heriberto Galindo. Para aquella época Camacho estaba "jalando", faltaba hablar con el presidente Salinas, realizar los movimientos estratégicos alrededor de la estructura de campaña en el PRI, palomear las listas de los candidatos a diputados y senadores --que se haría en una primera fase, durante la Semana Santa--, encontrarse con el candidato del PRD (Cuauhtémoc) Cárdenas a través de Andrés Manuel López Obrador con quien había cenado para solicitar el puente, y entre otras cosas buscar a los (hijos de Manuel) Clouthier.
Colosio estaba feliz porque la alianza se recomponía a partir de las últimas decisiones que había tomado, una de ellas de no agredir a Camacho, la que le había salido bien porque ahora el propio Comisionado para la Paz lo iba a fortalecer.
Al respecto, escribe Zamarripa: "La semana que precedió al asesinato era de arreglos. ¿Quién estaba interesado en descomponerlos?".

Preguntar a Zedillo

El pasado 10 de febrero, Luis Colosio Fernández dijo que el asesinato de su hijo se dio en un evidente clima de deterioro de la relación con Carlos Salinas de Gortari, pero fue desmentido al día siguiente por el ex presidente, quien lanzó un strike con mucha jiribilla: "Sería bueno preguntarle al que mandó la carta por qué expresaba esas cosas en la misiva. Yo creo que aquí, más que preguntarme a mí qué opino sobre ella, hay que preguntarle al que la escribió... algo que me llama la atención es la fecha de la carta, el 19 de marzo... es decir, en esas fechas el candidato Colosio había decidido hacer cambios a su equipo y entre los cambios estaba el del coordinador de su campaña".
Sobre la posibilidad de que Manuel Camacho fuera un candidato alterno, Salinas dijo que "no había ninguna posibilidad de un candidato alterno, lo dije en un discurso ante todo el priísmo del país con aquella frase en términos coloquiales para que no se hicieran bolas".
Este contexto permite entender que Córdoba siempre tuvo un candidato: Zedillo. Y que si no lo pudo llevar a la candidatura, lo puso detrás de Luis Donaldo Colosio como coordinador de campaña con la posibilidad de sustituirlo como sucedió en Colombia en 1989, a pesar del sonorense que pensaba nombrar ahí a Carlos Rojas Gutiérrez, y que Zedillo había sido siempre un hombre de oficina, sin ninguna experiencia en el campo de la política de masas.
En febrero de 1989 César Augusto Gaviria Trujillo dirigió la campaña presidencial del precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, senador y líder de la facción Nuevo Liberalismo comprometida con la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Colombia. Pero el 18 de agosto de 1989 Galán fue asesinado durante un mitin en la localidad de Soacha, Cundinamarca, por sicarios presuntamente contratados por el cártel de Medellín. Gaviria entonces reemplazó a Galán y llegó a la Presidencia de aquella Nación.
Regresando a México, Córdoba sugirió al candidato del PRI que integrar a Rojas Gutiérrez podría entenderse ante la opinión pública como un avasallamiento del gobierno en contra de los otros candidatos y quién era mejor que el entonces subsecretario para cubrirle las espaldas en Sedesol.
Además, el político sonorense solicitó a Rafael Reséndiz como vocero de la campaña y fue otra vez Córdoba quien le sugirió que fuera Liébano Sáenz, político que se ubicó en el sexenio pasado como el Córdoba Montoya de Ernesto Zedillo.
Así, con Zedillo detrás del candidato, Córdoba tuvo gran incidencia en las decisiones de la campaña y, posteriormente, en la designación de su protegido como candidato sustituto antes de ser desterrado por Salinas como representante de México ante la OCDE.

Quiebre Salinas - Córdoba

Dentro del llamado contexto político que no fue investigado lo suficiente por las distintas fiscalías para el caso, hay un momento que nadie ha sabido explicar y, tampoco hay quienes hayan querido ahondar sobre la posibilidad de un fuerte rompimiento entre Carlos Salinas y los grupos de poder que representaba o aún representa José Córdoba Montoya.
Sobre todo, cuando muchas voces al interior del gobierno de Zedillo expresaron que la salida de capitales propiciadora del error de diciembre de 1994 fue operada por Carlos Salinas y sus alianzas con el gran capital, y la respuesta de su sucesor fue la encarcelación de Raúl Salinas.
En su defensa pública, Salinas destacó su combate a los grupos políticos, económicos y del narcotráfico contrarios a su proyecto de país; sin embargo, evitó decir que bajo su protección otros crecieron de forma inconmensurable.
Uno de ellos, el que bajo la sombra de Salinas forjó José María Córdoba Montoya en Jalisco. Escasamente también se ha documentado la posibilidad de una alianza cordobista con el grupo Atlacomulco y, probablemente también el de Luis Echeverría, para llevar a la presidencia de la República a su favorito, cuando además de Colosio, el resto de los contendientes con verdaderas posibilidades de ser impulsados no pertenecían siquiera lejanamente a estas dos familias. Eran, uno netamente salinista, Pedro Aspe y el otro difícil de controlar, Manuel Camacho.
Ya en la presidencia Zedillo se encargó de que la opinión pública se olvidara del ex candidato asesinado. ¿Recuerdan aquella frase de Zedillo: "No arrastremos el cadáver de Colosio"?...

Proyecto de reelección salinista, el motivo político

Yo no puedo faltar a la convocatoria de lucha

que Luis Donaldo siempre representó;
por eso les pido que esta jornada nacional

lo sea por el recuerdo de Luis Donaldo
y lo sea también por una demanda de justicia:

Luis Colosio Fernández, 10 de febrero de 2004

Reportaje especial

Primera de tres partes

Publicado en el diario El Independiente

El crimen de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 ocurrió en medio de una habitual y profunda lucha por el poder entre grupos de diferente filiación ideológica al interior del Partido Revolucionario Institucional, profundizada por la megalomanía de Carlos Salinas de Gortari y su proyecto de reelección presidencial.
Desde su exilio en el extranjero, el ex presidente Salinas manifestó en su defensa de diciembre de 1995 que el año anterior se había desarrollado una “tremenda lucha por el poder” y el debate en torno al magnicidio era por la diferencia de proyectos políticos, ya que el sonorense significaba su continuidad.
La alternancia en el poder entre los distintos grupos políticos en el PRI se había dado de manera casi natural hasta la llegada de Salinas de Gortari, quien como lo muestran las crónicas de su ascenso presidencial, tenía un proyecto económico-político-financiero transexenal, ideado por su padre Raúl Salinas Lozano y operado por él desde su estadía en la Secretaría de Programación y Presupuesto.
José Ángel Gurría prometió a un grupo de empresarios japoneses en diciembre de 1993, que mantendrían el poder por 25 años, de los que ya habían transcurrido cuatro y quedaban tres sexenios de auge para un reducido grupo de políticos, empresarios y la propia familia Salinas de Gortari.
Una relación de hechos durante el gobierno de Salinas de Gortari advierte que la reelección siempre estuvo en la mente del ex mandatario y cómo fuerzas políticas de diferente filiación ideológica en el seno del propio PRI pusieron un alto a sus pretensiones, impulsadas por los usuales peones de la estructura clientelar y corporativa del entonces partido hegemónico.

La reelección posible

Salinas de Gortari filtró la posibilidad de hacer modificaciones a la Constitución General de la República cuando a partir de las encuestas, a mediados de 1991, supo que tendría mayoría en el Congreso de la Unión.
A 10 días de las elecciones federales intermedias del 18 de agosto, la Asociación de Comerciantes de La Laguna, AC (Acolac), hizo publicar un desplegado periodístico con motivo de una visita de Salinas a Torreón, la zona Lagunera que había sido bastión cardenista en 1988. En él, sus miembros solicitaban una audiencia presidencial para “plantear los fundamentos políticos, sociales, históricos y económicos” para modificar el artículo 83 de la Carta Magna que anula la reelección presidencial.
Alejandro Méndez Romandía, entonces presidente de la Acolac, declaró que en su pretensión eran apoyados por “elementos muy valiosos y muy conocedores del quehacer político”, cuyos nombres no quiso dar a conocer en ese momento.
Pero el 29 de agosto, la Secretaría de Gobernación, dirigida por Fernando Gutiérrez Barrios, respondió en un comunicado que “no se propondrá modificación alguna en esta materia”. Ignacio Ovalle, secretario técnico del Consejo Político del PRI, afirmó que su partido no apoyaría ninguna propuesta reeleccionista, aunque desde el desaparecido PFCRN, el diputado Jorge Amador, “a título personal”, expresó la conveniencia de pensar en el principio de no reelección.
Crónicas de La Jornada y El Financiero hicieron notar que reporteros desconocidos en las fuentes de la CTM y el PAN, quizá enviados con toda intención, plantearon el tema con insistencia los días 26 y 27 de agosto a Fidel Velázquez y al entonces diputado Felipe Calderón. Como resultado de las elecciones intermedias el PRI, presidido por Luis Donaldo Colosio, tendría más de las dos terceras partes del Congreso en sus manos y la posibilidad de plantear reformas constitucionales.
Entrevistado en 1996, Alejandro Méndez Reyes, analista en la Dirección General de Financiamiento para la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Sedesol en el periodo de Colosio, y sobrino de Méndez Romandía, de la Acolac, expresó que el estudio para modificar el artículo 83 se hizo del conocimiento de todo el gabinete y de los legisladores. Por ejemplo, “el secretario de Marina, Luis Carlos Ruano Angulo, contestó que continuáramos el proyecto, que él lo iba a estudiar. Lo mismo hizo Ignacio Morales Lechuga, en ese entonces procurador general, y también nos reunimos con gente del gabinete de Manlio Fabio Beltrones en Sonora”.

Segundo intento

Contó Méndez Reyes que tuvo conocimiento de que en Acapulco, durante una reunión, Manuel Camacho Solís lo comentó con José Francisco Ruiz Massieu y mientras Camacho se opuso rotundamente, Ruiz Massieu no quería dar su punto de vista. Entre otros presidenciables estuvieron Ernesto Zedillo, quien se mostró ajeno; Pedro Aspe se interesó y Colosio se mostró prudente en ese momento.
En entrevista publicada por Excélsior el 18 de junio de 1992, Salinas comentó que “a raíz de la elección de agosto de 1991 y del buen desenvolvimiento general del país, voces diversas han planteado este tema”.
Entre algunos políticos del sector oficial que se pronunciaron a favor de la reforma estuvieron los líderes nacionales de la CROC, Alberto Juárez Blancas, y de los Pequeños Propietarios, el extinto Jesús González Gortázar. Este último dijo: “En un país democrático la reelección es una posibilidad siempre abierta al pueblo. Una verdadera democracia debe permitir que aquellos que lo han hecho bien, vuelvan a tener una oportunidad de servir al pueblo... Ahora que está cambiando todo, que nos estamos modernizando, esta es una opción abierta al pueblo...”.
En ese ánimo, el 24 de agosto de 1992, en Acapulco, la representante vecinal Cecilia Dávila aseguró a Salinas que “si volviera a haber una reelección en México, los guerrerenses lo volveríamos a elegir a usted”. Y Tod Robertson, reportero de The Washington Post, expresó en un reportaje sobre una gira que Salinas realizó por Oaxaca a fines de agosto que “por la manera como promueve el Pronasol y si la reelección no estuviera prohibida en México, podría presumirse que el presidente Carlos Salinas está candidateándose para ocupar la silla presidencial otros seis años”.
Más adelante, el intento de reelegirse como gobernador en San Luis Potosí de Gonzalo Martínez Corbalá, al renunciar a la gestión interina y promoverse a la gubernatura constitucional, fue considerado “como un laboratorio para ver qué reacción hay sobre una posible reelección presidencial en 1994, a pesar de que se han expresado intenciones de no hacer reformas”, destacaron líderes de la oposición.
Analistas políticos consideraron que impulsar a Martínez Corbalá, quien fuera jefe de Salinas en los inicios de éste en la administración pública, era un mensaje muy sutil en la ciudad donde Francisco I. Madero pronunció su revolucionario Plan de San Luis, basado en la frase “Sufragio efectivo. No reelección”.
Ante la discusión pública del tema, el 16 de octubre de 1992 el líder de la Cámara de Diputados, Fernando Ortiz Arana, sentenció que a través de sus fracciones parlamentarias, el PRI “impedirá cualquier intento de modificar el artículo 83 constitucional para permitir la reelección”.
Añadió el legislador, quien a la muerte de Colosio se candidateó desde la misma presidencia del PRI para sucederlo: “Hay un condenable oportunismo en quienes por carencia de propuestas serias a la nación, buscan provocar inquietud para de ello sacar ventajas".
En aquellos días también se formó el Frente Antirreelecionista Nacional compuesto principalmente por grupos de la ultraderecha como el Yunque, el DHIAC, Acción Católica Mexicana y otros con presencia en el Partido Acción Nacional.
Finalmente Martínez Corbalá se retiró de la contienda como candidato a gobernador. Federico Arreola, quien después vituperó a Salinas y se dijo colosista, escribió (El Norte, 19/10/92): “El viernes pasado concluyó una polémica. Atribuyéndole pretensiones reeleccionistas se criticó tan duro como injustamente a Salinas, que en este caso resultó la víctima de su propio éxito. Ocurrió así por el hecho de que no pocas personas, y nosotros nos incluimos en este grupo, han señalado que debido a su magnífico trabajo, Salinas debería permanecer durante un periodo más en el puesto que actualmente ocupa".
El 29 de octubre Salinas dio por terminada la campaña reeleccionista ante legisladores, al reiterar que no promovería ninguna modificación al artículo 83 constitucional.
Y no sólo mandó tapar el cuadro de Venustiano Carranza en el salón que lleva el nombre del jefe del Ejército Constituyente en Los Pinos con uno de Francisco I. Madero, sino que llevó una ofrenda floral a la estatua de éste en la explanada central de la residencia oficial, con un listón morado y el lema: “Sufragio efectivo. No reelección”.
Recordó Alejandro Méndez Reyes: “Víctor Chávez me entrevistó en El Financiero (8/10/92) y le dije que estaba en la Sedesol. A partir de ello se armó un escándalo interno, pero Colosio no me reprimió. Considero que a partir de ese hecho pudo haberse fraguado la candidatura de Colosio, como el más fiel porque, posteriormente, se hizo una reunión entre secretarios de Estado a los que Salinas les preguntó que cómo veían la posibilidad de que se reeligiera y mientras Camacho se opuso rotundamente, Colosio le dijo que estaba de acuerdo”.

Díaz y obregón a la distancia

El proyecto salinista de reelección buscó por otro método. Si Manuel González le regresó el poder a Porfirio Díaz en 1884 --y se fue a gobernar Guanajuato hasta su muerte nueve años después-- y Plutarco Elías Calles lo haría con Álvaro Obregón si no hubiera mediado el asesinato del general sonorense, ¿por qué Colosio no se lo habría de retornar en 2000?
En 1995 declaró el economista Carlos Heredia, entonces dirigente del Grupo Pueblo: “La idea de él era tener, junto con su grupo, participación en las decisiones del país en este sexenio y volver en el año 2000, con base en su poder financiero enorme, fundado en su asociación con el capital financiero. De momento, este proyecto salinista tiene un obstáculo (había sido detenido Raúl Salinas y Carlos había salido del país), pero no está liquidado, no está enterrado. Ha habido un arreglo con el gobierno actual y ese proyecto puede emerger de nuevo, en la disputa del poder".
Esta hipótesis la compartía también el entonces senador del PRI y hoy gobernador de Zacatecas por el PRD, Ricardo Monreal, quien el 2 de agosto de 1995, en sus oficinas en Insurgentes y Violeta, expresó que “cada presidente quiere que su proyecto trascienda más allá de lo sexenal. Echeverría fue el último. Por lógica del poder, por tradición histórica, el poder los lleva a desubicarse de su expectativa real y quieren trascender”.
En el caso de Salinas, el ex presidente “concibió trascender más allá de lo sexenal como un nuevo reformador del Estado mexicano con la conformación de un nuevo partido, y ese partido pudo ser el Partido Nacional de la Solidaridad, el Partido Nacional Democrático o alguna más de sus ideas”.
A consideración de Monreal, “el proyecto salinista comenzó durante el cuarto o quinto año de su permanencia en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es desde donde lo promueve. Es un proyecto neoliberal, neoconservador, más cargado a la derecha.
“Y él pensó que Colosio, al que formó, le iba a hacer todas las reformas requeridas para devolverle la estafeta uno o dos sexenios después (…) En 1991 el proyecto ya estaba muy consolidado porque verdaderamente el país estaba ya en otras condiciones, muy diferentes a cuando lo tomó. La inflación bajó a un dígito, se liberaron los préstamos, todo se veía con otra perspectiva. El sector empresarial estaba fuerte y rico. Pero un sector importante del priísmo siempre rechazó la idea de la reelección. Creo que los mismos hechos lo fueron transformando y se convirtió en un presidente duro, autoritario, fuerte, que no vacilaba en tomar decisiones".
En una encuesta publicada en 1992 por el Instituto Mexicano de Opinión Pública (IMOP), dirigido por Adip Sabag, se estableció que entre los habitantes del país había la percepción de que un intento reeleccionista le podría costar la vida a Salinas.
Pero no le sucedió lo que a Álvaro Obregón porque simplemente Colosio no llegó a ocupar el lugar que tuvo Plutarco Elías Calles. El llamado Jefe Máximo de la Revolución fue presionado por el verdadero artífice de los cambios, Álvaro Obregón, para realizar modificaciones a la Constitución de 1917 que le permitieran retornar a la Presidencia en 1928. Calles, además, promovió persecuciones contra posibles candidatos como Arnulfo R. Gómez, por el delito de sedición, para que Obregón llegara como único aspirante a la Presidencia.
Sólo que en su intento por conseguir la reelección, Obregón pagó con su vida a manos de José de León Toral, fanático de la Iglesia católica. Aquellos años la Guardia Nacional Cristera luchaba para lograr la derogación de las leyes antirreligiosas por lo que seguidores católicos en el Bajío y Jalisco se levantaron en armas.
Como parte del clima sobre la posibilidad de la reelección, metida también al debate público a pesar de los violentos acontecimientos de 1994, ese año Televisa transmitió la tercera de una serie de novelas históricas dirigidas por Ernesto Alonso: El Vuelo del Águila, con argumento del historiador Enrique Krauze sobre la vida y obra de Porfirio Díaz, y el matiz indicado para reconocer a quien por décadas se le consideró como un terrible dictador, “como un héroe y constructor del progreso que llevó a México a la modernidad del entonces naciente siglo XX, y cuya coyuntura histórica e ideales lo anclaron en el poder”...

La noche que Paredes liquidó a Gordillo

Inclinó el ¡No! al IVA disfrazado

http://www.elindependiente.com.mx/articulos.php?id_sec=17&id_art=12315&id_ejemplar=

Publicado en el diario El Independiente

La intervención de Beatriz Paredes en la discusión para no votar una reforma fiscal y sólo hacer modificaciones a la Ley de Ingresos, ocurrida la noche del 18 de diciembre pasado, marcó la derrota de Elba Esther Gordillo como brazo operador del presidente Vicente Fox en la Cámara de Diputados porque “el PRI no tiene que pagar el costo político por la incapacidad del Gobierno del Cambio”. Era su última oportunidad para cumplir los aparentes compromisos que tenía para comenzar a cosechar los de su proyecto personal; pero sin argumentos suficientes ya no pudo contener la embestida.
Aquella reunión que terminó durante la madrugada del viernes 19, “pudo ser de repercusiones graves para el Partido Revolucionario Institucional de cara a las elecciones de 2004, si se hubiera aprobado la miscelánea fiscal como la presentó el Ejecutivo”, pero Paredes les habló fuerte. Les dijo que en la víspera de un año electoral no debían hacer el trabajo sucio al gobierno y quedarse con el descrédito cuando era evidente que Vicente Fox no tenía ninguna intención de realizar una distribución federalista de los recursos fiscales.
En un documento interno del PRI (por los logotipos) sin carátula, se remarca que “nuestro instituto no debe perder los objetivos de un partido político, entre ellos la representación de la sociedad en el Congreso”, pero sobre todo, recuperar “la confianza de la población en una política seria, mesurada y de cara a sus problemas”.
Así, la solicitud de licencia para separarse del cargo, presentada ayer por Gordillo, representa sólo una maniobra con el fin de recobrar fuerzas como secretaria general hacia el seno del PRI, y no dejar las manos libres al presidente Roberto Madrazo, ahora que con la destitución de sus colaboradores perdió su influencia en la Cámara de Diputados.
En este punto es importante recordar que cuando Gordillo llegó a la Secretaria General del PRI inició una serie de acercamientos con el Gobierno, el cual la consideró como el elemento legislativo clave para llevar adelante la posibilidad de allanar el camino, con el fin de aprobar las llamadas reformas de segunda generación.
El ex canciller Jorge G. Castañeda convenció a la lideresa de los maestros de apoyar al presidente en este tema. Fue el momento cuando la maestra inició una serie de reuniones con Guillermo Ortiz, Francisco Gil y Eduardo Sojo con la finalidad de diseñar una estrategia ideológica para supeditar los puntos programáticos del PRI y justificar ante la opinión publica la urgente necesidad de modernizar al Estado y consolidar el modelo económico neoliberal, pese a que su bandera durante las elecciones internas del tricolor fueron precisamente en sentido contrario.
Sería el segundo intento de la administración del cambio de lograr los consensos, ya que lo habían intentado en la legislatura saliente, pero la presidenta de la Cámara y coordinadora de la fracción priista, Beatriz Paredes Rangel, había evitado en diversas ocasiones la discusión de estos temas en el Congreso.
En este tenor, Gordillo analizó en las reuniones con los responsables de la política económica del gobierno el perfil de los candidatos a diputados plurinominales, personajes a modo para ayudarla a impulsar las reformas. Fue cuando aparecieron los nombres de Tomas Ruiz, Francisco Suárez Dávila, Francisco Rojas y Alfredo del Mazo, entre otros, además de operadores políticos como Roberto Campa Cifrián y Miguel Ángel Yúnes Linares.

La estrategia

Al inicio de la legislatura, Elba Esther Gordillo puso en marcha la estrategia previamente acordada con el grupo económico del Gobierno del Cambio: retrasar el nombramiento de las comisiones legislativas durante un mes, con el fin de evitar la discusión del dictamen de la Cuenta Publica de 2001.
Haber llevado a la tribuna la discusión administrativa correspondiente al primer año de Gobierno de Vicente Fox hubiera demostrado el sub-ejercicio del presupuesto, y deducir que lo mismo sucedió en 2002 y 2003. La sola discusión de la Cuenta Pública que habrá de realizarse apenas en el periodo ordinario de sesiones iniciado ayer, hubiera ofrecido contundencia argumentativa a los legisladores para dejar cerrada desde el principio de su discusión la propuesta de homologación del IVA. ¿Para qué quiere más recursos el gobierno si no los gasta?
Fue hasta mediados de octubre cuando la maestra finalmente tuvo armadas las comisiones, sobre todo en el área económica: en Hacienda a Francisco Suárez Dávila como secretario, apoyado por Tomas Ruiz y Roberto Campa. A Francisco Rojas en la presidencia de Presupuesto y Cuenta Pública, mientras que su cercano colaborador, José Ángel Ibáñez, fue enviado a Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Fue cuando inició el programa de acción para hacer ver "la urgente necesidad de modernizar al Estado, para enfrentar los retos de la globalización", y en un primer intento, la homologación del IVA (Ley de Ingresos), llamándola "Reforma Hacendaría".
Para estos días los gobernadores como Miguel Alemán, Tomás Yarrington, Juan S. Millán, Enrique Martínez y José Natividad González Parás estaban convencidos de que si se aprobaba el IVA, tendrían más recursos del presupuesto y los dos primeros la holgura presupuestaria para salir de su mandato con banderas desplegadas. Con Alemán, incluso, había negociado la candidatura de Tomás Ruiz, pues ya contaba con la promesa del PAN para también apoyarlo en una coalición en perjuicio del senador Gerardo Buganza.
Aquí fue cuando inició la discusión al interior del PRI. Al presidente del partido, Roberto Madrazo le vendió la idea, de "qué caso tiene que se desgaste el gobierno, por el desgaste mismo, si nos va entregar una nación quebrada".
Sin embargo, los tratos personales de Gordillo con el gobierno de Vicente Fox y sus posturas autoritarias como obligarlos a votar asuntos sin haberlos consultado —uno de ellos el presupuesto de la Cámara de Diputados— o introducir entre los probables consejeros del IFE a uno de sus cercanos, Alfonso Zárate, comenzaron a fracturar a la fracción parlamentaria que había llegado dividida desde su propio inicio de gestión.
Ya en noviembre esta discusión en el PRI y, principalmente en el Congreso, provocó un rompimiento entre dos grupos de diputados: los simpatizantes de Elba Esther Gordillo y los que en un principio simpatizaron con Manlio Fabio Beltrones pero finalmente se acercaron a Emilio Chuayffet, quien había quedado relegado en el reparto de Comisiones. En esos días se realizaron infinidad de reuniones de gobernadores con Gordillo, de diputados con sus gobernadores y en el mismo tenor se dio la discusión en el CEN del partido.

Apretar al Gobierno

Para diciembre era tal la confusión que, además de la destitución de Gordillo como coordinadora del Grupo Parlamentario, en comisiones hubo una gran lucha finalmente ganada por la coordinadora priista y los panistas para aprobar la propuesta Elbiazul. Pero el dictamen fue desechado por 251 votos contra 234, abriendo la puerta para un periodo extraordinario
Para evitar las confrontaciones futuras, Roberto Madrazo decidió llamar a los gobernadores, a los líderes de las fracciones en el Congreso, a legisladores y a otros cuadros importantes del partido para tomar una decisión en consenso.
El 18 de diciembre en la sala de juntas de la presidencia se realizó una importante reunión donde discutieron la conveniencia o no de aprobar la homologación del IVA y los nuevos impuestos propuestos por la administración de Vicente Fox, que darían 90 mil millones de pesos adicionales al gobierno o buscar las modificaciones para entregar 30 mil millones de pesos.
Se escucharon las dos posiciones. Por el grupo de Elba Esther Gordillo argumentaron en pro de la propuesta de subir y generar nuevos impuestos, Francisco Suárez Dávila, Francisco Rojas y Tomás Ruiz. Por el bando del nuevo coordinador lo hicieron Ángel Buendía, Carlos Flores Rico, Ernesto Alarcón y Francisco Monárrez.
Para estos priístas el tema de nuevos impuestos no era un conflicto técnico ni de viabilidad. El problema, subrayaron, es político y perjudicaría la imagen del PRI en caso de aprobarlos.
Pero cuando parecía que la posición elbista se imponía debido a la argumentación extensa y documentada de Francisco Suárez Dávila, pidió la palabra Beatriz Paredes. Expuso cuál debería ser la posición del PRI respecto a ese tema y comentó a grandes rasgos lo siguiente, según el documento de análisis:
- “Como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la LVII Legislatura y presidenta de la Cámara de Diputados, viví ese mismo problema, pero nosotros decidimos, como Congreso, no pagar el costo de la incapacidad del actual gobierno, quien ha demostrado una gran insolvencia para administrar y señalar un rumbo”.
- “En aquel entonces nos toco vivir una terrible campaña en contra del Congreso, auspiciada desde el gobierno; una irresponsabilidad política que enrareció el ambiente”.
- “Esto nos permitió percatarnos de que el gobierno no cumple sus compromisos”.
En su exposición, Paredes Rangel destacó que si no se aprobaba en aquella oportunidad la homologación del IVA, “no iba a pasa nada (como finalmente sucedió)”, y entonces “tendremos la oportunidad histórica de que en la Convención Nacional Hacendaria impulsemos, con tiempo y con la participación de todos los sectores de la sociedad, realmente una profunda Reforma Hacendaría”.
Había otro ingrediente adicional: las 14 elecciones estatales de este año, 10 de las cuales son de gobernador y donde el PRI tiene francas posibilidades de alzarse con la victoria en ocho.
En su discurso añadió que aplicar modificaciones al presupuesto en lugar de una miscelánea fiscal a modo del Gobierno significaría ”una manera de obligar al Ejecutivo para que realmente promueva la Convención Nacional Hacendaria, misma que ha venido posponiendo; (por el contrario) si aprobamos en este periodo el aumento de impuestos que solicita, que no es una Reforma sino una Ley de Ingresos, entonces el presidente no irá a la Convención”.
La hoy presidenta de la Fundación Colosio del PRI, expresó aquella noche que el tema del IVA “antes, como hoy, lastimará a los que menos tienen”, razón por la cual “el PRI no tiene por qué pagar el costo político de las incapacidades del Gobierno del Cambio”.
Recordó que el acuerdo de la última Asamblea Nacional del PRI fue de no impulsar más incrementos tributarios, lo que no constituyó un simple eslogan de campaña, sino que es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Por lo que se propuso: “¿Estamos de acuerdo con la homologación del IVA? Entonces convoquemos a otra asamblea y cambiemos este mandato”.
Ya para finalizar, Paredes dejó esta puya: “Analicemos bien la propuesta del gobierno, ¿en realidad le dará más recursos a los estados?”, que era la promesa vendida por Gordillo a los gobernadores, para asegurar que sus diputados votaran a favor de la Ley de Ingresos foxista.
Esta intervención de Paredes propició la adhesión de todos los gobernadores, incluidos Alemán, González Parás y el resto a apoyar la posición del PRI, y significó la caída final de Elba Esther Gordillo en la Cámara de Diputados.

Dejará la Sedesol colgados a adultos mayores

* El presupuesto asignado sólo alcanza para 6 meses
* Actualmente 211 mil adultos mayores en condiciones de pobreza alimentaria reciben apoyos mensuales de 700 pesos
* Los 900 millones de pesos etiquetados para este programa sólo resolverán los costos para medio año


Más de 200 mil adultos mayores en pobreza alimentaria dejarán de recibir a mitad del presente año los 700 pesos mensuales entregados por la Sedesol, gracias a un déficit de mil 100 millones de pesos y la carencia de reglas para la operación del programa en 2004, salvo que le pellizquen a Oportunidades y Habitat para completar la suma requerida.
Surgido como un plan emergente en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) del 28 de abril de 2003, el Programa de Adultos Mayores obtuvo un presupuesto de 500 millones de pesos para el último trimestre de 2003, cantidad similar a la solicitada por la Federación para todo 2004; sin embargo, al realizar ajustes al presupuesto, los diputados incrementaron el nivel de gasto a 900 millones de pesos.
Con todo, si se siguen las reglas del año pasado los recursos apenas alcanzarán a cubrir los primeros seis meses o habrán de reducir el padrón —actualmente de 211 mil personas mayores de 60 años—, la cantidad entregada o la temporalidad del programa, porque de acuerdo con la norma expedida el 25 de septiembre pasado el apoyo económico es de 700 pesos mensuales, sin fijar temporalidad.
Este reportero solicitó una entrevista con el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, para que explicara la forma como van a solventar esta situación, pero no hubo respuesta.

Promesa de Vázquez Mota

En una reunión con los dirigentes del Congreso Agrario Permanente, celebrada el 6 de noviembre pasado en las oficinas del CAP, la titular de la Sedesol, Josefina Eugenia Vázquez Mota se comprometió a dar cumplimiento a los pactos en materia social establecidos en el acuerdo, y aseguró que los programas de Adultos Mayores y Vivienda Rural “no se verán afectados y seguirán operando en el mismo status con que lo han venido haciendo hasta el momento”.
Para lograr tal meta, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, en el Ramo 20 se destacó que la Sedesol “impulsará en este ejercicio fiscal, en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo, el Programa de Atención de Adultos Mayores, el cual se orienta a brindar atención a la población adulta mayor de 60 años, que se encuentra en situación de pobreza alimentaria y que viva en localidades rurales de hasta 2 mil 500 habitantes en zonas de alta y muy alta marginación; la población objetivo recibirá apoyos económicos en lo individual, para lo cual se canalizarán 500 millones de pesos”.
El año anterior más de 211 mil adultos mayores percibieron 2 mil 100 pesos en tres meses —el 21 de febrero terminarán de entregarse por Telcom los giros correspondientes a diciembre de 2003—, pero aún con el presupuesto asignado y previendo una tasa de mortalidad de 5 por ciento, el programa no podrá operarse en las mismas condiciones porque sus recursos apenas alcanzarán para el pago de dos trimestres. Para cumplir en los términos que resultarían lógicos, la Federación necesita aplicar 2 mil millones de pesos y sólo le fueron otorgados 900 millones.

Carencia de reglas

Otra opción, no determinada en las reglas de su operación, sería que en 2004 se atendiera a un padrón totalmente diferente, puesto que en los tres últimos meses del año pasado recibió apoyos sólo el 17.5 por ciento de la población en tales condiciones.
Quizá esta situación se deba a que dentro del Acuerdo Nacional para el Campo no se fijaron las condiciones de apoyo para los años siguientes. El punto 30 del ANC sólo dice lo siguiente: “Con objeto de apoyar a los adultos mayores en condiciones de mayor vulnerabilidad, se destinarán 500 millones de pesos, bajo las reglas de operación específicas que al efecto se definan al interior de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo”.

RECUADRO

Exige el CAP mayor presupuesto

Ante el incremento de población objetivo para el Programa de Adultos Mayores de la Sedesol, “lo obligado es pactar que sea permanente y fijar con los diputados un presupuesto para el año entrante que, por un lado consolide la ayuda anual de los beneficiarios y, por el otro, permita la incorporación de un número mayor”, expresa Ignacio Irys Salomon, integrante del Congreso Agrario Permanente (CAP).
Para el dirigente campesino tampoco se debe pasar por alto la responsabilidad de los gobernadores de los estados, quienes en su mayoría se pusieron de su lado durante el movimiento del primer semestre de 2003 “y hasta sacaron su pañuelito para llorar con nosotros, pero como Arturo Montiel, sólo aportan el 1 por ciento de su presupuesto para el campo”.
El también secretario general del Consejo Nacional de Agrupaciones Políticas y Organizaciones Sociales (CONAPOS), destacó que con aportaciones de 3 por ciento por cada entidad, además de los apoyos de la Federación mediante sus diversos programas, las condiciones de los habitantes de la zona rural y de los “viejitos en especial” podrían mejorar y hacer un campo más productivo.
En este momento que ya fue asignado el presupuesto para el programa, de acuerdo con Salomón Iris, “debemos sentarnos a determinar el universo a beneficiar para que puedan recibir el apoyo durante todo el año o sólo durante seis meses, o en su caso discutir con la Sedesol si se aumenta el gasto para ese rubro”.
Sobre esta última opción, dijo que ahora la Sedesol tiene un foro muy amplio de maniobra para tratar de enderezar el problema de los apoyos a la población de adultos mayores, en la Convención Nacional Hacendaria que finalizará el 31 de julio. “Debemos hablar de Federalismo, sí, pero con mayor distribución del ingreso nacional y con mayor compromiso de los gobiernos con sus estados porque hay muchos candiles de la calle”.
De acuerdo con información del CAP, si revisamos los datos del PROCEDE y del PROCAMPO, nos daremos cuenta que más de 60 por ciento de los propietarios privados y sociales de la tierra son mayores de 55 años.
Ignacio Irys Salomon afirma que el miércoles se pondrán de acuerdo para la fecha cuando se realizará el cambio de coordinación del CAP, porque ya están obligados a definir la agenda de lucha y las propuestas sociales por impulsar este 2004, entre las que se cuenta a la vivienda rural y los adultos mayores como puntos esenciales.

NUMERALIA
Adultos mayores

Población mayor de 60 años 7 millones 500 mil
Población mayor en el medio rural 1 millón 948 mil 474
Población mayor en pobreza alimentaria 1 millón 193 mil 318
Presupuesto 4º trimestre 2003 500 millones de pesos
Presupuesto solicitado para 2004 500 millones de pesos
Presupuesto aprobado para 2004 900 millones de pesos
Adultos mayores para 2020 22 millones
Adultos mayores para 2050 37 millones
Pobreza alimentaria 1 de cada tres hogares con adultos mayores

* Datos de Sedesol