Aún sin resarcir, daño de CFE al erario por más de 334 mdp

Una asignación de obra que excedió el monto autorizado por la Secretaría de Hacienda, la causa. En 1999, la Secodam detectó 39 irregularidades en licitaciones

Publicado en el diario El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_histo_primera.despliega?var=11761&var_sub_actual=-&var_fecha=03-MAR-02

Derivado de la auditoría 1682 de octubre de 1999, el 27 de marzo de 2000 el entonces contralor de la Federación, Arsenio Farell Cubillas, solicitó a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad tomar las "medidas correctivas y preventivas" para subsanar 39 irregularidades detectadas durante la revisión a 14 Proyectos de Inversión Financiada (Pidiregas), uno de los cuales, llamado Tuxpan II, presentó seis irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación que le causarán al erario un perjuicio por 36.3 millones de dólares americanos (334 millones 686 mil pesos al cambio de este viernes) al signar la obra "con un importe que excedió al monto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Las irregularidades señaladas en el oficio No. SP/1000729/2000, dirigido al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, son entre otras la escasa claridad para la evaluación de las propuestas, discrecionalidad a la hora de calificar algunos puntos, desapego a las bases de licitación, anomalías en los fallos, además de una serie de causas imputables a la entidad paraestatal en el inicio y ejecución de obras, que generan mayores costos a los proyectos.
Las irregularidades detectadas en la Central de Ciclo Combinado ubicada en Tuxpan, Veracruz, marcadas en el oficio firmado por el entonces contralor Arsenio Farell Cubillas son las siguientes: En las bases de licitación no se establecieron criterios claros para realizar la evaluación de la propuesta; se dejaron algunos puntos de la licitación para calificarlos discrecionalmente, los cuales "de no corregirse pueden acarrear reclamaciones en licitaciones posteriores".
Además de que la evaluación económica de la propuesta se realizó con desapego a las bases de licitación, afirma: "Cabe señalar que si se adjudicó el contrato a la oferta más conveniente fue porque la diferencia entre las propuestas era amplia, es decir, el procedimiento utilizado no afectó el fallo".
Sin embargo, más adelante el oficio dirigido a Alfredo Elías Ayub dice que "el proyecto CCC Tuxpan II se adjudicó con un importe que excedió en 36.3 millones de dólares americanos al monto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
El artículo 15 de la Ley de Deuda Pública advierte que en ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito, de la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan".
Esta irregularidad la refleja muy claramente el entonces titular del Órgano de Control Interno en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos a su jefe, el director general de Auditoría Gubernamental de la Secodam, Jaime Mohedano Cabrera, a quien le escribe una nota informativa el 24 de julio de 2000 con el siguiente texto: "Le manifiesto también la nula cooperación que ofrece la Dirección General de la CFE a este órgano interno para sancionar las irregularidades que se cometen en todas las obras de la entidad, que bien se pueden predecir, como resultado dará un quebranto patrimonial de proporciones gigantescas, ya que los proyectos Pidiregas se han adjudicado desde el año 1996 con innumerables violaciones al marco jurídico: se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que posteriormente será incrementada en forma exorbitante."
El 8 de julio de 1999 la Secretaría Reguladora de Energía informó en el Diario Oficial de la Federación el otorgamiento del permiso para generar energía eléctrica en la modalidad de Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE) al consorcio Electricidad Águila de Tuxpan, SA de CV, conformado por las empresas transnacionales Mitsubishi Corporación y Kyushu Power Eléctrica Co, Inc. La CRE indicó en un boletín que el consorcio encabezado por Mitsubishi ganó la licitación pública internacional para desarrollar, construir, poseer, operar y mantener la Central de Ciclo Combinado Tuxpan II e instalaciones asociadas, obteniendo el permiso para generar energía eléctrica en la modalidad de productor independiente por 27 años y cinco meses.
El parte informativo añadió que en el desarrollo del proyecto se estimaba una inversión directa por 230 millones de dólares, para una capacidad máxima de instalación de 535.5 MW (megawatts) y una producción anual de energía de tres mil 707.45 GWh.
Sin embargo, la consejería jurídica global Milbank, con oficinas centrales en Nueva York y despachos en Los Ángeles, Washington, DC, Palo Alto, Londres, Tokio, Hong Kong y Singapour, informó en un despacho fechado el 3 de agosto de 2001 la finalización de la obra inaugurada a distancia desde Hermosillo por el presidente Vicente Fox en enero pasado por un monto de 325 millones de dólares, casi 95 millones por encima del monto estimado al adjudicar la obra.
Al buscar al director de Comunicación Social de la CFE, David López, para solicitarle una entrevista con el titular de la paraestatal con el fin de que respondiera a los señalamientos de Olvera Mazariegos expresó en otra nota informativa del 27 de junio de 2000 a Jaime Mohedano que varias empresas, entre las cuales por cierto no fue nombrada Mitshubishi, "han deteriorado gravemente a la Comisión Federal de Electricidad, en contubernio con altos funcionarios de la entidad, como usted sabe, Guillermo Guerrero Villalobos, Rogelio Gasca Neri, Eric Butcher, Arturo Hernández, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy".

El oficio de Farell.

El documento dirigido a Alfredo Elías Ayub fue conocido también por el entonces secretario de energía, Luis Téllez Kuenzler; el subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secodam, Mario López Araiza Orozco; el titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública de la Secodam, Ignacio Aguilar Álvarez Cuevas; el comisario propietario ante el sector Energía y Electricidad, Guillermo Haro Morales; el titular del Órgano de Control Interno en la CFE, Manuel Olvera Mazariegos, así como por el director general de Auditoría Gubernamental, Jaime Mohedano Cabrera, a quienes les fue enviada copia.
Las 39 infracciones encontradas en la orden de auditoría 1682/99 corresponden a los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), el esquema de financiamiento creado por el gobierno federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, a partir de las reformas y adiciones a las leyes General de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 23 de noviembre de 1995.
Afirman fuentes de la SHCP que el esquema de los Pidiregas fue una propuesta del actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mediante el esquema de los Pidiregas se concede permiso a empresas privadas o sociales para construir un proyecto de generación de energía, y se le otorga la concesión para venderla a la Comisión Federal de Electricidad o particulares por un periodo determinado que fluctúa entre 25 y 30.
“Será hasta que las obras se terminen y entreguen a satisfacción, y por lo tanto empiecen a generar recursos, que las obligaciones de pago correspondientes deberán preverse en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, se explica en el PEF de 1997.

Las irregularidades.

El oficio de Farell Cubillas expresó que como no se establecieron criterios claros y detallados para realizar la evaluación de las propuestas, en los proyectos Rosarito III, El Sáuz (Bajío), Altamira II y Tuxpan II "se dejaron algunos puntos para calificarlos discrecionalmente, tal es el caso del tipo de combustible a emplear".
Tampoco se publicaron las convocatorias de los proyectos Rosarito III, San Carlos II, Guerrero Negro II, El Saúz (Bajío), Tres Vírgenes y Cerro Prieto, en un diario de la entidad federativa donde se realizaron.
Durante la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, éstas se realizaron "con desapego a las bases de licitación" en El Saúz (Bajío), Altamira II y Tuxpan II, de tal forma que "si se adjudicó el contrato a la oferta más conveniente, fue porque la diferencia entre las propuestas era amplia, es decir, el procedimiento no afectó el fallo".
En Tuxpan II, como en Rosarito III, San Carlos II y Guerrero Negro II tampoco se respetó la metodología en la evaluación de las propuestas técnicas, por lo que "se corrió el riesgo de recibir reclamaciones de las ofertantes, con los retrasos y costos consecuentes".
Respecto de los fallos de las licitaciones se estableció que no se publicó oportunamente en el Diario Oficial de la Federación como tampoco en ninguno de circulación nacional el correspondiente a El Saúz (Bajío). Esto último sucedió igualmente con San Carlos II, Guerrero Negro II y Rosarito III.
Con respecto a las firmas de contratos, se afirma que por causas imputables a la Comisión Federal de electricidad hubo diferencias en la formalización del contrato o la fecha de inicio de los proyectos en Altamira II, El Saúz (Bajío), "ocasionando que no se tenga la capacidad de generación en la fecha programada originalmente, o que sea necesario reducir el plazo de la construcción, con el consecuente incremento de costos a futuro, afectando el patrimonio de la entidad".
En Tres Vírgenes hubo retraso en la ejecución de la obra, no hubo reportes del avance y por lo mismo "se corre el riesgo de un diferimiento en la fecha de terminación del proyecto".
En Hermosillo, cuya Central de Ciclo Combinado fue inaugurada este año, hubo un retraso de 113 días por causas imputables a la CFE. Lo mismo en Río Bravo y Cerro Prieto, debido a que la entidad "no tuvo oportunamente el permiso de cambio de uso del suelo del predio en donde se construyen los proyectos", incrementando los costos de construcción.
En la cuenta pública presentada por la SHCP se explica que "al cierre de 1999, los inversionistas privados estimaron una erogación en el área de generación de 4 mil 707.9 millones de pesos, cifra menor en 70.6 por ciento a la prevista para el año".
El informe añade que "el desfase se explica, fundamentalmente, por dos factores: las diferencias en las estimaciones de calendario entre la CFE y los contratistas; y los retrasos en las licitaciones, adjudicación de proyectos, tramitación de derechos de paso y estudios ambientales".
De igual forma hubo irregularidades en Río Bravo, donde la CFE omitió exigir a la empresa Central Anáhuac la ampliación a la carta de crédito por medio millón de dólares, mientras que en el consorcio que construyó Samalayuca II incumplió con el suministro de varias partes como toberas para gas y diesel y herramientas especiales, así como otros trabajos pendientes, que pudieran "resultar en un daño para la entidad".
Farell destaca en su reporte que "transcurridos 26 meses de haberse iniciado el proyecto Mérida III, adjudicado al consorcio AES Mérida III, S de RL de CV, y faltando tres meses aproximadamente para la apertura comercial de la primera fase, se tienen 32 solicitudes de acciones correctivas y 116 cartas preventivas que no han sido atendidas por el consorcio, lo cual puede incidir en la confiabilidad de la operación de dicho proyecto si no se vigila la corrección de tales solicitudes".
De igual forma se destacó que los reportes de avance mensual de Cerro Prieto IV están desfasados, incompletos y los equipos no corresponden a los ofertados por la empresa licitante.

Notimex, instrumento de Creel

No fui ingenuo, Ortiz Pinchetti

Los Periodistas (Número 31, marzo-abril de 2002)

http://www.fremac.org.mx/losper/per31/notas_ist/311001.htm

A tres meses de su despido como director General de la Agencia Mexicana de Noticias, Francisco Ortiz Pinchetti profundiza su advertencia: "Notimex ya vuelve al pasado y corre el riesgo de ser utilizada como instrumento del gobierno y grupos en el poder, para sus proyectos personales".
Señala: "son evidentes las pretensiones presidenciales del secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien aspira a ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República para las elecciones del 2006, y del subsecretario de Comunicación Social de la Segob, José Luis Durán Reveles, quien nuevamente aspira a la gubernatura del Estado de México en 2005", tras su derrota en 1999 frente al priísta Arturo Montiel Rojas.
Creel Miranda, estima Ortiz Pinchetti, dio su anuencia para hacerlo a un lado de la Dirección General de Notimex, dando marcha atrás al proyecto de formar una agencia de Estado el cual inicialmente compartió, para ahora utilizarla como instrumento de una fuerza política.
Una prueba de ello es que "al imponer en la Dirección General de Notimex a José Antonio Díaz García, quien ha sido su secretario particular, José Luis Durán Reveles demuestra ser él quien busca manejar la agencia personalmente", acusa el periodista cesado de su cargo.
El pasado viernes 1 de febrero, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda nombró a José Antonio Díaz García como nuevo director General de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), luego de que el cargo permaneció vacante desde diciembre de 2001 mientras el nuevo ungido tomaba un diplomado express sobre periodismo.
Ese mismo día Creel Miranda también dio posesión a Alberto del Bosque y a Fátima Fernández Christlieb como directores generales del Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) y de Comunicación Social Gubernamental, respectivamente.
En el caso de que los acontecimientos se desarrollen como advierte Francisco Ortiz Pinchetti, y con una buena fundamentación, el ingeniero y ex alcalde de Naucalpan José Luis Durán Reveles podría ser acusado de incurrir en uso indebido del servicio público, al utilizar recursos del erario –la infraestructura de una agencia noticiosa gubernamental— para fines personales, al imponer como director general de Notimex al también ingeniero, en este caso químico, José Antonio Díaz García, sin experiencia en el periodismo que es la actividad primordial de la Agencia Mexicana de Noticias.
Durán Reveles ha dado a conocer en varias publicaciones que la remoción de Ortiz Pinchetti se debió más a asuntos administrativos que periodísticos. "Ortiz Pinchetti podrá ser buen periodista, pero es muy mal administrador", llegó a comentar el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación a la revista Etcétera.
"Lo que necesitamos no es un periodista, es un administrador", decía Durán Reveles a quien quería escucharlo sobre el asunto Notimex.
"La ruta es: modernizar Notimex, hacerla una empresa de calidad periodística, una empresa reconocida en el ámbito mundial, una empresa que con menos haga más. Esa es la política del Presidente de la República, reducir costos e incrementar servicios y beneficios para la sociedad", agregó.
Invitación presidencial
Invitado por el presidente Vicente Fox a través de su entonces vocera y hoy esposa, Martha Sahagún, para convertir a la empresa gubernamental Notimex en una agencia informativa de Estado, Ortiz Pinchetti asegura que por todo lo planteado por el hoy presidente respecto a la apertura de los medios durante la campaña, poco a poco se entusiasmó con el proyecto cuando se lo ofrecieron y no pudo decir "no".
En el 2000 Ortiz Pinchetti realizaba algunos planes tras su salida de la revista Proceso, precisamente por la censura en citada publicación de una nota sobre la campaña de Vicente Fox, cuando le plantearon hacer de Notimex una agencia periodística, no propagandística.
"El presidente de la República electo quiere convertir a Notimex en una agencia de Estado para que hagan periodismo", le dijo Sahagún, "y esto me atrajo, pese a que yo no pensaba en trabajar con el gobierno".
Antes ya había estudiado los medios públicos y, pese a que en un principio la idea no le entusiasmó del todo, la propuesta coincidía con lo planteado por Fox en la campaña, de dar mayor apertura a los medios de información. "Entonces era creíble la propuesta".
Con Fox directamente no trató, pero sí con Sahagún y con Creel, quien parecía compartir el proyecto en ese momento.
El periodista, quien escribió el libro El fenómeno Fox. La historia que Proceso censuró y fue motivo de otro conflicto al interior de Notimex, había publicado una compilación de sus reportajes a lo largo de su trayectoria en el semanario Proceso, titulado De pueblo en pueblo.

Remontó el cuesta arriba

– Francisco, en el informe usted afirma que fue cuesta arriba intentar el cambio en lo administrativo. Y es precisamente por lo que le acusa Durán, de no tener capacidad para solucionar la administración.
– Toda la estructura de Notimex era un enredo. Sí, en efecto, fue cuesta arriba el cambio en lo administrativo porque en lo periodístico tuvimos aceptación sobre todo de los más jóvenes, y también entusiasmo de todos porque con el nuevo esquema se revaloraba su dignidad profesional. Antes se les decía que representaban a "Mentimex", que eran "orejas" del gobierno o de Bucareli (donde se asienta la Secretaría de Gobernación) y en las oficinas de comunicación social de las dependencias y en toda la estructura gubernamental se les trataba como empleados. Entonces se entusiasmaron: "Ahora sí vamos a hacer periodismo".
La labor en lo periodístico se facilitó, a decir de Ortiz Pinchetti, por la disposición de los trabajadores y la calidad de los mandos medios y superiores que se le unieron, varios de ellos ex compañeros de él también en Proceso: Gerardo Galarza y Carlos Acosta Córdoba, entre otros.
Comenta Ortiz Pinchetti que comenzó la reestructuración en lo periodístico, siguiendo los cánones de ética y transparencia en la información, con un trabajo riguroso: por ejemplo, con el esmero de los editores confirmaban las fuentes para que los reporteros tampoco se desbocaran, ya sin la censura tradicional; realizaron una cobertura cotidiana con libertad para que los reporteros siguieran su instinto periodístico, realizaron crónicas, hicieron el seguimiento de la marcha zapatista y sólo faltaba fortalecer el área de reportajes de investigación.
"La primera consulta que me hicieron fue el 2 de diciembre de 2000 con los comunicados del subcomandante Marcos como respuesta a las acciones del gobierno entrante y, si los teníamos, le dije a los editores: va. Incluso en esta etapa hubo notas presuntamente adversas para los intereses de los funcionarios", añade Ortiz Pinchetti, pero no hubo problemas.
Hoy, afirma, "las notas nuevamente se consultan a las instancias superiores… basta con ver el hilo (el envío de información) para darse cuenta que las cosas han vuelto a ser como antes" y ya no se envían notas que de alguna forma lastimen la imagen del gobierno federal foxista, de los gobernadores emanados del PAN y los políticos del partido blanquiazul.
Invitado por la hoy primera dama de la nación, Ortiz Pinchetti reconoce haber tenido por parte de Martha Sahagún absoluto respeto por su desempeño profesional, pues hasta el momento cuando se casó y unos meses después, jamás hubo una nota que no pasara, como tampoco dio "línea" sobre la forma de manejar la información.
Incluso, durante el divulgado incidente del "Café con piernas" ocurrido durante una gira presidencial a Chile, y del que fueron partícipes el corresponsal y los reporteros enviados por Notimex, tampoco hubo reclamo presidencial.
Incluso, comenta Ortiz, el tratamiento dado al escándalo del "Toallagate" no provocó reclamos de la Presidencia de la República.

Intromisión de Durán

Durán Reveles sólo había tenido injerencia administrativa en la agencia Notimex durante los primeros seis meses del gobierno de Vicente Fox, pero como había severos problemas gerenciales, en mayo de 2001 Ortiz Pinchetti concedió al subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación la dirección de Administración de la agencia para uno de sus cercanos, Pedro Tamez, quien fue su administrador en el municipio de Naucalpan.
Pero a partir de allí y de la salida de Martha Sahagún de la vocería presidencial las cosas comenzaron a cambiar. Durán Reveles empezó a entrometerse, a cuestionar notas, siempre con un reclamo posterior, sobre por qué se enviaba información contraria al canciller Jorge Castañeda o algún gobernador amigo de él.
"No es Notimex quien golpea, son notas con fuente declarante, se le explicaba. Esto lo atribuyo a su ignorancia del tema periodístico porque es un ingeniero industrial metido a político", declara Ortiz.

Punto de quiebre

– ¿Debe haberse presentado una ruptura, un punto de quiebre entre ustedes?
– Los casos de los gobernadores de Oaxaca y Querétaro porque no acaté sus recomendaciones... y él no insistió en el tema.
A decir de Ortiz Pinchetti, los intentos del gobernador de Oaxaca, José Murat por parar la nota del "Café con piernas", le dio al hecho mayores implicaciones.
Cuando fueron descubiertos por los reporteros en el sitio donde las meseras sirven el café vestidas únicamente con una diminuta tanga, Murat, al reconocer a uno de los informadores, preguntó:
– ¿Son de Notimex? ¡Ah! Bueno.
"Son de casa", quiso decir el gobernador oaxaqueño, según Ortiz Pinchetti.
Pero la sorpresa fue que el asunto trascendió precisamente por la actitud de los propios gobernadores sorprendidos en el lugar.
Y con este antecedente Murat se quejó del trabajo del coordinador en Oaxaca, Ernesto Reyes, a quien acusó de estarlo golpeando periodísticamente.
– ¿A quién tenemos en Oaxaca que está golpeando al gobernador? ¡Córrelo!–, ordenó Durán Reveles a Ortiz Pinchetti.
– Oye, apenas lo integré al equipo. Es un periodista de primera a quien yo invité y dejó su otra chamba.
–¡Córrelo!, volvió a ordenar Durán.
– No lo corro. Mejor te envío una muestra de su trabajo. No escribe sólo del gobernador, sobre él hay pocas notas –, respondió el entonces director de Notimex.
– Te la pongo más fácil, ¡muévelo!
Ortiz Pinchetti envió una carpeta con los trabajos de un mes de Ernesto Reyes y evitó, momentáneamente, lo que consideró "un abierto caso de censura".
Otro asunto tuvo que ver con el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, pese a que allí no fue tan drástico.
– Está golpeando mucho al gobernador.
– Pero si el gobernador dice que se va a aumentar tres veces el sueldo, hay reacciones de la oposición –, respondió Ortiz Pinchetti.
– Qué caso tiene pasar esas notas –, reclamó Durán Reveles.
– Nosotros hacemos periodismo –, aclaró.
– Pero Loyola es cuate; qué necesidad hay de mandar esas notas–, acotó el subsecretario de Comunicación Social.
Curiosamente Murat y Loyola fueron los sorprendidos en el "Café con piernas" junto con los gobernadores de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, y de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.
El otro punto discordante fue un artículo de opinión del periodista Jorge Meléndez Preciado quien criticó al canciller Jorge Castañeda, pero Durán dijo que era una nota, lo cual puso en evidencia su desconocimiento de lo que es el periodismo y sus distintos géneros como la opinión.
"Para ese entonces habíamos conformado un grupo plural de opinión donde estaban incluidos entre otros el senador Javier Corral, Gilberto Rincón Gallardo, Jesús Ortega y muchos otros opinadores de las diversas corrientes ideológicas y partidos políticos, y le tuve que explicar que no era una nota".

Creel se hizo a un lado

– ¿Fue ingenuo al no prever que Notimex ha sido un medio de propaganda gubernamental y quizá no hubiera la intención real de convertirla en agencia de Estado?
– Quizá no fui tan ingenuo en cuanto a las intenciones del presidente Vicente Fox y Martha Sahagún. Sí lo fui en la parte panista, en Creel como jefe de Durán.
– ¿Hubo algún enfrentamiento con Creel?
– Directamente con él no. No hizo ningún reclamo y alguna vez hizo una declaración favorable a mi trabajo. Pero en los últimos dos meses solicité una cita con él por la situación que ya se presentaba difícil con Durán y nunca me la dio.

En daño patrimonial al ISSSTE se involucra al Arzobispado de México

Sospechoso silencio de González Roaro

Se investiga perjuicio por más de 46 millones de pesos

3 de diciembre de 2001
http://www.imagenmedica.com.mx/datos/modules.php?name=News&file=article&sid=306

Al cambiar de nombre y obtener mayor autonomía, la Auditoría Superior de la Federación parece finalmente ejercer su poder para controlar los presuntos abusos de los servidores públicos, y en sólo dos meses -junio y julio- presentó ante la Procuraduría General de la República 12 denuncias por peculado y uso indebido del servicio público.
Las irregularidades que suman alrededor de 300 millones de pesos alcanzan a dependencias del Gobierno Federal como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), el Fideicomiso de Riesgo Compartido, la Secretaría de Turismo y la Lotería Nacional entre otras.
Documentos en poder de esta publicación prueban el inicio de las investigaciones en contra de nueve funcionarios y ex funcionarios del ISSSTE acusados de peculado, ejercicio indebido del servicio público y lo que resulte, por una cifra que se acerca a los 47 millones de pesos.
Los fraudes se habrían cometido durante la gestión -como directora general- de Socorro Díaz Palacios, quien entre otras cosas fue secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De la querella en curso podría desprenderse una presumible evasión de impuestos de la empresa Fergomo, SA de CV, además de una probable falsificación de firmas de funcionarios del Arzobispado de México.
Los investigados son los servidores y ex servidores públicos José Navarrete Ancona, Carlos Ruiz Belin, Lilia Rosas Pons, Carlos Ruiz Alegría, Javier García Ponce, Luis Quintero Retamoza, Sergio Vázquez Torres, Federico Garduño León y Guillermo Orozco Loreto, además del particular Luis Miguel Moreno Vélez.
Este reportero solicitó una entrevista con el director general del ISSSTE, Benjamín González Roaro para conocer el estado de las denuncias y su opinión como encargado del Instituto, pero a través de su responsable de prensa, Cuauhtémoc Amezcua, nunca respondió a la solicitud de información.

LAS TRANSAS

Una auditoría iniciada el 19 de octubre de 2000 -cuando aún era directora general del ISSSTE Socorro Díaz Palacios-, arrojó irregularidades en una serie de operaciones entre el sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) de ese instituto, y la empresa Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV.
El 7 de julio de 1999 se contrató el servicio de proveeduría de 10 millones de tarjetas tipo "ráscale" que serían destinadas para instrumentar el sorteo El Sabor Millonario, pero en la operación propuesta por la subdirectora de Abastos, Lilia Rosas Pons, se omitieron los estudios de factibilidad y el 29 de julio siguiente fue autorizada la operación.
A pesar de que el ISSSTE realizó el pago por el servicio contratado, que ascendió a 37 millones 200 mil pesos, con el cheque 3007557 de la cuenta 65-500 8704-5 de Banco Santander Mexicano el 12 de julio de 1999, la empresa no cumplió con la entrega y la Subdirección de Finanzas no hizo válida la fianza que para efectos de incumplimiento había depositado la Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV.
Más adelante, el 19 de noviembre de 1999, Fergomo realizó un contrato de intermediación mercantil con la Fundación Cultural Juan Diego, del Arzobispado de México, para la realización del sorteo Luz de la Esperanza aprobado por el arzobispo emérito de México, Ernesto Corripio Ahumada, pero hubo una presunta falsificación de la firma de monseñor Enrique Roberto Salazar y el ciudadano José Oscar Valdez Ramírez.
Esto, con la intención de que el Arzobispado lograra el permiso para el sorteo, el cual aparece cedido en una primera instancia a Lobby Ep SA de CV y en segunda a la Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV, vendiéndose la serie "A", en tres millones de pesos.
Y en este punto, Lilia Rosas Pons instó a Sergio Vázquez Torres, Guillermo Orozco Loreto y Federico Garduño a autorizar la sustitución del sorteo El Sabor Millonario por el sorteo Luz de la Esperanza, luego de destacar que se obtendrían 3.5 millones de pesos para el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.
El nuevo contrato se pactó en 46 millones 500 mil pesos, que fueron cubiertos con los 37 millones 200 mil pesos entregados a Luis Miguel Moreno Vélez en julio de 1999 y 5 millones 400 mil pesos mediante un cheque, el 8 de marzo de 2000. La diferencia de 3 millones 900 mil pesos fue descontada por concepto de "servicios financieros por el incumplimiento del primer contrato."
Sin embargo, al realizar la investigación por el incumplimiento del segundo contrato, los auditores encontraron que Fergomo no realizó declaraciones a la Secretaría de Hacienda del pago provisional y anual en los años 1999 y 2000.
Además, las fianzas presuntamente a favor del ISSSTE expedidas por la Afianzadora Sofimex, y que fueron dadas como buenas por los funcionarios de la paraestatal, en realidad pertenecían a fianzas a nombre de Promotora Iberoamericana SA de CV y Automotriz Mexicana SA de CV, por 22 mil 500 pesos y 29 mil pesos, respectivamente.

Los Farell: Negocios de familia

Benefician a Alfredo Elías Ayub, defraudan a la Nación

Desde su función como contralor general de la Federación, Arsenio Farell Cubillas habría encubierto irregularidades en la administración de Alfredo Elías Ayub al frente de la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), permitiéndole llegar a la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad, mientras su hijo Arsenio Farell Campa cobró el “favor” con un contrato de asesoría por 341 mil 913 dólares (3 millones 114 mil 827.43 pesos), aunque éste se defiende y afirma que como abogado tiene todo el derecho de trabajar en cualquier lugar donde soliciten sus servicios, y que sus honorarios fueron de “sólo” 1 millón 200 mil pesos “por recuperar 6 millones 838 mil 250 dólares”.
De acuerdo con la información en poder de este reportero, Farell Cubillas debió conocer del delito de uso indebido de atribuciones y facultades en que pudo incurrir la administración de Elías Ayub. Pero en esta probable ilegalidad pudieran haberse dado también hechos constitutivos de delitos como peculado, tráfico de influencias y cohecho, además de conflicto de interés.
En aquellos días el subdirector de Finanzas y Administración, y uno de los responsables directos del presunto ilícito, era Juan José Domene Berlanga, quien ocupó el mismo cargo en la Comisión Federal de Electricidad, y está implicado en irregularidades por más de 1 mil 500 millones de pesos entregados por Petróleos Mexicanos (Pemex) al sindicato petrolero, los cuales en el 2000 se triangularon a la campaña proselitista de Francisco Labastida en el Partido Revolucionario Institucional.

Principio de la historia

El 9 de julio de 1997 la Gerencia de Tesorería y Presupuesto de ASA celebró un contrato de mandato con Ixe Banco SA (Institución de Banca Múltiple, Ixe Grupo Financiero División Fiduciaria) para realizar una inversión en títulos Nafinsa-Eurobond, a través del mandato M/82-2, por la cantidad de 6 millones 838 mil 250 dólares, los cuales fueron reinvertidos por la sociedad fiduciaria en la correduría de bolsa Sharp Capital Incorporation, localizada en Irving, Texas, Estados Unidos.
Resulta que la Sharp era presidida por Mauricio A. Gutiérrez, presidente y dueño también de la Emerging Markets Capital Advisors, Ltd., (EMCA), una corporación limitada con sede en las Islas Bahamas, es decir, en un paraíso fiscal.
Entre abril de 1997 y noviembre de 1998, Mauricio A. Gutiérrez elaboró un esquema de defraudación, pues los fondos que serían colocados en inversiones como Eurobonos, CDs, Euros y cuentas seguras no especulativas del mercado de valores de los Estados Unidos --por los que otorgaría intereses entre 7 y 11 por ciento--, fueron apostados con EMCA, y reunidos con otros caudales los colocó en inversiones especulativas de alto riesgo.
Gutiérrez enviaba declaraciones comerciales falsas y ficticias de la cuenta a sus clientes, y usaba para su propia ventaja personal los capitales recibidos de estos inversores.
Más de 200 capitalistas, muchos de ellos mexicanos y principalmente de Monterrey, perdieron alrededor de 300 millones de dólares en Sharp Capital Inc., cuando esta empresa los invirtió mediante el esquema antes mencionado en bonos emitidos por Rusia y otros estados de la ex Unión Soviética, entre mediados de 1997 y agosto de 1998, cuando Moscú declaró una moratoria en la mayoría de los pagos de la deuda, propiciando la quiebra de la correduría de bolsa.
Por aquellos días los funcionarios de ASA habían reinvertido el dinero, según lo asienta el Organismo Público Descentralizado en el contrato de prestación de servicios con el bufete Farel SC, el 22 de enero de 1999: “ASA declara que al 12 de agosto de 1998 reinvirtió, por conducto de la institución bancaria aludida (Ixe) en Sharp Capital, Inc., 6 millones 838 mil 250 dólares en instrumentos denominados Nafinsa-Eurobond”.
En septiembre de 1998 los clientes de Sharp recibieron una carta del presidente Mauricio Gutiérrez, en la que explicó que el fondo había perdido su liquidez debido a inversiones apalancadas en bonos de mercados emergentes, y que el valor de su principal era de 0.35 por cada dólar, según un inversionista que dice haber recibido la carta.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) investigó a la Sharp Capital Inc., y sus malos manejos llevaron a la entidad a fincar cargos contra Mauricio Gutiérrez, quien fue condenado a 50 años de prisión, a pagar una multa y con la posibilidad aún no determinada desde el 7 de marzo de 2001, de ser obligado a pagar la restitución de sus inversiones a las víctimas del fraude.
El propio Farell Campa dijo a este reportero que también había inversiones de ASA en la casa de Bolsa Canadian Imperial Bank of Commerce-Opperheimer Corporation, de Canadá.

Discreción del despacho Farell

El 26 de noviembre de 1998 el subdirector jurídico de ASA, Gerardo Ruiz Esparza, solicitó a Alfredo Elías Ayub autorización para contratar al despacho Farell SC para realizar la demanda contra el Banco Ixe “por los daños y perjuicios que ha ocasionado y siga ocasionando a Aeropuertos y Servicios Auxiliares”.
En su escrito, Ruiz Esparza asienta que la propuesta del despacho Farell es porque debido a “la trascendencia del asunto (…) resulta necesario contratar a un bufete con suficiente experiencia, calidad técnica y prestigio en el medio jurídico”, además de que “es importante que sea de absoluta confianza por la discreción que requiere el manejo de la información confidencial que le será proporcionada durante la prestación de sus servicios”.
En entrevista realizada el 6 de abril de 2001 con este reportero, Arsenio Farell Campa mostró una copia fotostática de la presunta demanda en contra de Banco Ixe con fecha del 21 de diciembre de 1998, cuyo proceso se efectuó en el juzgado séptimo civil.
Pero es hasta el 20 de enero de 1999 que el gerente de lo contencioso y administrativo de ASA, Sergio Saavedra Arellano da a conocer que fue autorizada la contratación del despacho Farell SC para efectuar la demanda de recuperación de los 6 millones 838 mil 250 dólares más los intereses devengados al momento.
Los honorarios pactados fueron por el cinco por ciento de la inversión, en dos exhibiciones. El 30 por ciento de ese cinco por ciento al presentar la demanda (102 mil 573.75 dólares), que equivale a casi 1 millón 200 mil pesos al cambio de aquellos días, y un segundo pago por el 70 por ciento restante del 5 por ciento de la inversión, que de acuerdo con el gerente de Tesorería y Presupuesto de ASA, Gerardo Soto Walls, ascendería en total a 341 mil 913 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional al día de su pago.
Finalmente, el 26 de enero de 1999, un día posterior a la designación de Alfredo Elías Ayub como director general de la Comisión Federal de Electricidad, la Subdirección de Finanzas y Administración de ASA, por medio de la Gerencia de Tesorería y Presupuesto se dio por pagada, en un escrito al director fiduciario de Ixe, Guillermo Juan López:
“En atención a que nos ha sido reintegrado en su totalidad el monto correspondiente a la inversión que realizamos en títulos Nafinsa-Eurobond, a través del mandato M/82-2 más los intereses generados al 25 de los corrientes, manifestamos a ustedes que es nuestro interés dar por terminado el mandato otorgado a Banxo Ixe, SA, el 9 de julio de 1997”, informa Gerardo A. Soto Walls.
El monto de los intereses recuperados, según el propio Farell Campa, fue de 41 mil 315.29 dólares, lo cual arrojaría una cantidad de 6 millones 879 mil 565.29 dólares. Sin embargo, en la notificación y término del contrato se afirma que Ixe recuperó 7 millones 14 mil 546 dólares, 134 mil 980.34 dólares por encima de la cifra que presuntamente recibió ASA como recuperación de su capital más intereses.
Asimismo, en poder de este diario se encuentra una nota informativa, de las que se estilan en el Gobierno Federal, sin fecha ni firma del remitente, como tampoco de destinatario, donde se da a conocer lo siguiente:
“La decisión de invertir recursos presupuestales en una empresa fuera del país es un asunto muy delicado por las implicaciones e imprecisiones que se presentan. No son recursos propios particulares sino del Herario (sic) Federal. Un punto de crítica fue que el hijo del director de finanzas (Juan José Domene) trabajaba en Ixe”.
Asimismo, se manifiesta la existencia del dato de que Ixe “hace malos manejos y quiebra”.
De igual forma, añade que “por los trámites sucedidos aparecen implicados por dictamen distorsionado y mal intencionado el Lic. Gerardo Ruiz Esparza y Lic. Juan José Domene de Finanzas”.
Y más aún: “Como el asunto se complicó todo porque apenas y recuperaron la inversión (los intereses no se pagaron por Ixe y hay daño patrimonial), fueron a pedir perdón a Secodam y para que se viera su buena intención contrataron al Despacho Jurídico para que los respaldara”.

Los remansos de la ley

De acuerdo con el artículo 217 del Código Penal Federal comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que “indebidamente otorgue, realice o contrate (...) colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos”, así como “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidas de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte de las mismas”, y “el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal”.
El artículo 221 del mismo CPF expresa que comete el delito de tráfico de influencia el servidor público que “por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”, así como “cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior”, y “el servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del Artículo 220 de este Código”.
El artículo 220 y fracción aludida expresa que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones “el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
Asimismo, expresa el artículo 222 que comete el delito de cohecho “el servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones”, y “el que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones”.
Finalmente, el artículo 223 dice que comete el delito de peculado “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, además de “el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona” y “cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades”.

Defensa de Farell Campa

El 6 de abril de 2001, Arsenio Farell Campa se defendió de la probable responsabilidad por tráfico de influencias en la que pudo incurrir su padre Arsenio Farell Cubillas, ex contralor de la Federación, para beneficiarlo con un contrato para elaborar una demanda en representación de Aeropuerto y Servicios Auxiliares contra Ixe Banco, en enero de 1999.
“La denuncia pública es injusta, me contrataron como a cualquier abogado; no hay conflicto de interés y cobré muy barato para recuperar 6.8 millones de dólares”, fueron los argumentos del abogado, en su despacho de la colonia Nueva Anzures.
En 1997 la empresa paraestatal Aeropuerto y Servicios Auxiliares (ASA), dirigida por Alfredo Elías Ayub, depositó tal cantidad de dólares en inversiones, con un mandato a la fiduciaria para ser invertidos a su vez en la compra de bonos rusos tan de moda en aquellos días por la alta rentabilidad ofrecida, y para ello acudieron a las casa de bolsa Sharp Capital Incorporation de los Estados Unidos y Canadian Imperial Bank of Comerce Oppenheimer Corporation de Canadá.
Empero, la Sharp quebró y entonces debía recuperarse el dinero patrimonio de la Nación, el cual fue invertido por los funcionarios mexicanos faltando a las normas de la Administración Pública Federal.
Entonces entró al quite Farell Campa y fueron recuperados 6 millones 838 mil 250 dólares, más 41 mil 315.29 dólares por concepto de rendimientos.
En la amplia sala de juntas de su despacho, donde había cámaras escondidas y grabó al reportero, sin embargo, el hijo del ex Contralor de la Federación se negó a ser grabado.
Vestido con un fino traje y su camisa aderezada con costosas mancuernillas, el abogado afirmó haber cobrado sólo un millón 200 mil pesos, de acuerdo con un recibo puesto a la vista del reportero, del 29 de enero de 1999, y del cual se negó a entregar una copia simple.
De acuerdo al documento donde fue puesto a consideración el contrato de Farell, se decía que ese aproximadamente un millón 200 mil pesos serían el primer pago, correspondiente al 30 por ciento de los 341 mil 913 dólares que cobraría por su trabajo, correspondientes al 5 por ciento de la cantidad defraudada.
Sin embargo, sentado en la cabecera de la amplia mesa, negó haber cobrado los 34 mil 913 dólares acordados en el contrato simple, cuya copia tiene en su poder Así es la Noticia.
Entonces se abre una interrogante más en este caso, pues más de 220 mil dólares o 2.2 millones de pesos andarían por ahí… bailando.
Farell expresó que, por el contrario, el abogado de Banco Ixe, Javier Quijano Báez, cobró 400 mil dólares.
De igual forma, para Farell la negociación ASA-IXE-Sharp Capital Inc., no fue un asunto grave ya que se trató de un contrato de intermediación bursátil, donde la responsabilidad era directamente del Banco con ASA, al no haber mandato a un tercero. “Grave hubiera sido no haber recuperado el dinero”, añadió Farell Campa.

Carlos Salinas vino, acusó y calló

El expresidente no contó con que Ernesto Zedillo aún es Presidente de México y tiene todo el poder del Estado, y con la filtración de una grabación hecha por el Estado mismo respondió con mayor gravedad a las acusaciones en su contra.

Publicado en el diario México Hoy

De la satisfacción y casi júbilo por las declaraciones televisivas y los textos en el libro "México, un paso difícil a la modernidad", el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pasó prácticamente al mutismo.
En el libro y sus declaraciones atacó a la administración del actual primer mandatario Ernesto Zedillo y a su personalidad rencorosa, producto de su origen humilde.
Pero producto de estas arremetidas, la familia Salinas de Gortari ha pasado a ser exhibida nacional e internacionalmente como la punta de lanza de la corrupción en el sexenio pasado, y el posterior mutismo de sus integrantes —salvo el propio exmandatario— tras la publicación de una cinta grabada a dos de sus miembros, ayer a navegar la versión de un probable suicidio de Raúl Salinas, preso en el Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, mejor conocido como Almoloyita.
Esta historia que tuvo divertido al país en este lapso comenzó con un Carlos Salinas que llegó en plan acusador y continúa hasta al día de hoy con una perspectiva contraria: un Carlos Salinas que viajaría por el mundo publicitando su libro, pero ahora en plan de acusado quizá el periplo se cancele.
Raúl Salinas de Gortari se encuentra bien de salud, salvo un catarro que ya le atienden los médicos del penal, y recluido en una celda del área de visita conyugal, donde se le tiene por seguridad propia y de sus compañeros reclusos, a la cual llegaron sus abogados y su hermana Adriana, quien parecer ser el único paño de lágrimas de Raúl, alejado de Paulina Castañón Ríos-Zertuche, según algunas evidencias.
Los Salinas se han visto envueltos en acontecimientos que los llevaron a la primera plana de todos los periódicos y las principales cabezas en los noticiarios de radio y televisión en los últimos once días, desde el anuncio por la presencia de Carlos Salinas de nuevo en México.
El sismo que de manera inefable delata la presencia en nuestro país de Carlos Salinas desde el 3 de marzo de 1995 cuando comenzó su autoexilio –para el breviario y la sátira popular- no se presentó el pasado 3 de octubre, pero el Popocatépetl lanzó sus mayores fumarolas desde hacía prácticamente un año como presagio a lo que vendría.
Una acusación a destiempo de Carlos Salinas de Gortari, rompiendo de forma total las reglas existentes en el sistema político mexicano en los últimos 70 años, comenzó una guerra total entre ambos.
Las imputaciones fueron que el PRI perdió por el gobierno de los últimos seis años, lo culpó del error de diciembre la posible discrecionalidad con la que se anunció una devaluación, además de que cuando le dijeron antes de pronunciarse por Zedillo como candidato sustituto de Luis Donaldo Colosio, que “tiene problemas con su origen (…) y esto lo hace un hombre rencoroso; en aquel momento esto no me pareció algo relevante”.
Zedillo no respondió con ruedas de prensa, boletines o entrevistas. Por el contrario, su silencio dijo mucho más cuando en uso de todo el aparato de Estado se filtró -¿de dónde si no de Gobernación que tiene el control de todos los penales del país y graba todas las conversaciones que de ellos salen?- la conversación sostenida por Adriana Salinas y Raúl tras el programa Zona Abierta.
Entonces el expresidente consideró a su hermano Raúl como una persona no apta para dar opiniones o interpretaciones de hechos porque ha sido torturado sicológicamente con el encierro.
Sin embargo, el resto de la familia calló. El mutismo fue total el pasado jueves que apareció el clan Salinas en Almoloyita, seguramente para tener una conferencia familiar y planear la estrategia para salir del embrollo, ahora que la difusión de la cinta podría traer acusaciones penales en copntra del propio exPresidente de la República.
Y ayer el cónclave fue con los abogados, quienes seguramente buscarán una salida legal a la ilegalidad con que se grabó la cinta porque, de su contenido, muy poco podrán desmentir, seguramente.

Once días de Salinitis

Martes 3 de octubre: La llegada a las 14:00 horas en un avión particular proveniente de La Habana, Cuba, del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, al aeropuerto internacional de Toluca, e inmediatamente provocó reacciones en todos los ámbitos.
Uno de los primeros en manifestarse fue Vicente Fox, desde España, quien dijo que mediante la Comisión de Transparencia se realizaría una investigación sobre posibles crímenes o actos de corrupción, lo que podría llevar a un juicio político a Carlos Salinas. Así, señaló “Lo que vamos a hacer es formar la Comisión de Transparencia, la cual precisamente hará esa tarea de averiguar sobre el pasado, sobre las corrupciones determinando los casos que así lo ameriten”.
El PRD declaró como persona “non grata” al expresidente Salinas y demandó al presidente electo mantener una sana distancia con el exmandatario.
La visita del expresidente de México, a 58 días de que termine la última administración priísta, tenía como finalidad presentar una “bomba política”, con la presentación de su libro titulado México un paso difícil a la modernidad, poniendo énfasis en el último año de su sexenio. Un periodo marcado por dos escandalosos asesinatos, el de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu; además hablaría del llamado “error de diciembre”.
Miércoles 4 de octubre: En Berlín, Fox nuevamente se refiere a la visita de Salinas al país, pero ahora señala que puede entrar y salir en tanto no haya una denuncia formal en su contra, pero destaca, “eso no lo exime del severo juicio ciudadano por su actuación como Presidente de la República y ese es un peso que llevará sobre sus hombros permanentemente”, y agrega “nadie podrá detener al pueblo de México en su camino a la democracia”.
En este ámbito, los pronunciamientos de los legisladores del PAN y del PVEM tomó como eje las reformas a la Constitución para que los expresidentes permanezcan en territorio nacional, cuando menos un año después de su gestión, y puedan ser sujetos a juicio de procedencia en caso de que así lo reclame la Nación. Esta quinta visita de Salinas comentaron era “para fastidiar a Zedillo o a Fox , o a ambos, o si se trata de liberar a su distinguido hermano incómodo”. Los senadores del PRI se mantuvieron al margen.
Ese mismo día en Almoloya, el abogado de Raúl Salinas, declaró que no se tenía prevista la visita del exmandatario a este penal. Raúl sabía de la presencia de su hermano, pero hasta entonces no había tenído ningún tipo de comunicación con él. Jueves 5 de octubre: Como antaño, el expresidente se dio el lujo de recibir a diversas personas, entre ellas, Jerónimo Jácome a quien le prometió unas placas para taxi. En el transcurso de la mañana también lo visitó su hermana Adriana y su sobrino Juan José Salinas Pasalagua, quien reiteró que el expresidente no visitaría a Raúl en Almoloyita. A su salida, Juan José, reiteró que la intención de Carlos Salinas no era la de quedarse en el país, sino la de “preparar su libro”. De la colonia Jardines del Pedregal, el hijo de Raúl se trasladó al penal, pero no mencionó si llevaba algún mensaje al hermano incómodo del expresidente.
Este día, ya se hablaba de la entrevista que realizaría Hector Aguilar Camín para su programa Zona Abierta, cuya condición era contar con un grupo de intelectuales para que saliera al aire, según se sabe se pidió la participación a Carlos Mosivais y de Enrique Krauze, quienes se negaron a asistir.
Viernes 6 de octubre: Legisladores del PRI fueron más críticos, previendo lo que se avecinaría, dijeron que no tenía ninguna autoridad para hacer críticas al presidente Ernesto Zedillo. Así, Augusto Gómez Villanueva, reiteró su denuncia para que se expulse del partido al expresidente.
Sábado 7 de octubre: Además de otorgar una entrevista al periódico Reforma, se transmitió el programa Zona Abierta de Héctor Aguilar Camín, el cual se grabó por la mañana, ya que ese mismo día el expresidente abordó su avión para dirigirse a España, en donde haría la presentación formal de su libro.
Por la noche se conocería el contenido del programa, en donde el expresidente culpó una y otra vez del error de diciembre al presidente Ernesto Zedillo y de haber avisado a los inversionistas de la devaluación que se vendría en el país, hecho que provocó que sacara su capital y las reservas internacionales disminuyeron brutalmente.
Dijo, inclusive, que las autoridades judiciales zedillistas habían preparado su aprehensión en febrero o marzo de 1995. Antes de irse se dijo perseguido político por el gobierno de Zedillo.
Sobre su hermano Raú, señaló que “me preocupé por estar bien informado, pero sobre todo de los asuntos fundamentales para el país; poca atención puse a las cuestiones familiares, y ahora me doy cuenta de que debería haberle puesto más atención”.

Las reacciones

Domingo 8 de octubre: La Iglesia se pronuncia y declara que no le debe ningún favor político o personal al expresidente, a pesar de que en su gobierno se modificaron los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución Política.
Mientras en Madrid comenzó la venta del libro, en el país los perredistas demandaron realizar una revisión exhaustiva del sexenio de Salinas de Gortari, luego de las declaraciones hechas en las entrevistas que concedió a dos medios de comunicación.
La dirigente nacional del PRD Amalia García dijo que pretende “acomodarse y defender sus intereses económicos, asi como garantizar su impunidad”. El priísta Eduardo Ovando señaló que es injusto que el expresidente aparezca en estos momentos de cambio de gobierno y formule acusaciones encontra de Ernesto Zedillo.
Lunes 9 de octubre: Una vez en Madrid, Carlos Salinas sostuvo que la gran victoria de Vicente Fox fue fruto de los errores de Zedillo, agregó “es un cataclismo económico que afecta no sólo a ésta sino a las siguientes generaciones. De eso sería bueno que diera cuenta Zedilllo”.
Salinas lo acusó también de haber dañado gravemente el estado de Derecho durante las investigaciones sobre los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. Y sobre su hermano, dijo que “Zedillo sobornó al testigo principal con medio millón de dólares, fabricó testimonios, contrató brujas y videntes, sembró osamentas... todo un desprestigio del sistema de corporación de justicia en México para hacer venganzas políticas”.
Por su parte Cuauhtémoc Cárdenas anunció que realizaría una denuncia formal en contra de Salinas, por el delito de difamación , luego de las acusaciones que hizo en contra de Cárdenas por haber recibido 100 millones de viejos pesos del gobierno salinista.
Martes 10 de octubre: Tras el aparente silencio del presidente Ernesto Zedillo, en el Noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga hizo pública una conversación telefónica entre Adriana y Raúl Salinas, luego de la entrevista televisada el sábado anterior al exmandatario.
Raúl se quejó de que las declaraciones del expresidente prejudicaron su prestigio y su situación legal. “Es muy torpe de su parte que me exige una aclaración precisa y la voy a dar... y le voy a tomar la palabra”.
Además, en tono amenazante, dijo que diría todo. Hablaría de los fondos, de dónde salieron y cuáles eran del erario público. Antes de que concluyera la concluyera la conversación, Raúl señaló a Carlos como cobarde, además porque le mandó pedir el dinero que presuntamente es del exmandatario.
Miércoles 11 de octubre: Las consecuencias de la grabación fueron inmediatas, los medios de comunicación enfocaron sus reflectores hacia el penal de Almoloyita, hacia donde acudió Adriana Salinas hecha una furia, para reclamar directamente a su hermano su temeraria actitud; pero el daño ya estaba hecho: Carlos Salinas si era el cómplice de su hermano.
A esa reunión en el penal, también asistió el primogénito de Raúl, Juan José Salinas Pasalagua, así como el asesor jurídico de la familia, Juan Velázquez, quienes en ningún momento desmintieron la conversación grabada, al contrario, el primero aceptó que esa conversación fue un arranque como respuesta a la aparición del libro.
Desde España, el expresidente dijo que era muy probable que esa conversación había sido maquinada, como una forma de persecusión en contra de la familia y que por lo tanto dudaba de su autenticidad.
Las recciones de los políticos fueron tajantes, se debe investigar a fondo a la familia del expresidente para saber a cerca de los fondos que fueron transferidos al extranjero por el hermano incómodo.
Jueves 12 de octubre: Ante la envestida de líderes de opinión, sindicalistas, políticos y medios de comunicación, la familia Salinas optó por el silencio. En tanto, la Secretaría de Gobernación, negó que la filtración de la cinta haya sido obra del Gobierno Federal.
Mientras tanto en Estados Unidos, Charles Intriago, especialiasta en lavado de dinero y director de la publicación Alerta de lavado de dinero, en Miami, Florida, opinó que Carlos Salinas podría ser acusado por el delito de lavado de dinero en la Unión Americana. Si se comprueba que por medio de su hermano recibió dinero de procedencia ilícita sea por parte de narcotraficantes, por extorsión o chantajes.

Viernes 13 de octubre: Se extendió el rumor de que Raúl Salinas de Gortari se habría suicidado en el penal en donde se encuentra recluido, como consecuencia de las presiones que ha tenido la familia en estos días.

Carlos Salinas vino y acusó; Zedillo lo repelió

Publicado en el diario México HOY

El expresidente no contó con que Ernesto Zedillo aún es Presidente de México y tiene todo el poder del Estado, y con la filtración de una grabación hecha por el Estado mismo respondió con mayor gravedad a las acusaciones en su contra.

De la satisfacción y casi júbilo por las declaraciones televisivas y los textos en el libro México, un paso difícil a la modernidad, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, donde se atacó a la administración del actual primer mandatario Ernesto Zedillo y a su personalidad rencorosa producto de su origen humilde, la familia Salinas de Gortari ha pasado a ser exhibida nacional e internacionalmente como la punta de lanza de la corrupción en el sexenio pasado, al mutismo de sus integrantes –salvo el propio exmandatario- tras la publicación de una cinta grabada a dos de sus miembros, y ayer a navegar entre la versión de un probable suicidio de Raúl Salinas, preso en el Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, mejor conocido como Almoloyita.

Esta historia que tuvo divertido al país en este lapso comenzó con un Carlos Salinas que llegó en plan acusador y continúa hasta el día de hoy con la perspectiva contraria: un Carlos Salinas que viajaría por el mundo publicitando su libro, pero ahora en plan de acusado quizá el periplo se cancele.

Raúl Salinas de Gortari se encuentra bien de salud, salvo un catarro que ya le atienden los médicos del penal, y recluido en una celda del área de visita conyugal, donde se le tiene por seguridad propia y de sus compañeros reclusos, a la cual llegaron sus abogados y su hermana Adriana, quien parecer ser el único paño de lágrimas de Raúl, alejado de Paulina Castañón Ríos-Zertuche, según algunas evidencias.

Los Salinas se han visto envueltos en acontecimientos que los llevaron a la primera plana de todos los periódicos y las principales cabezas en los noticiarios de radio y televisión en los últimos once días, desde el anuncio por la presencia de Carlos Salinas de nuevo en México.

El sismo que de manera inefable delata la presencia en nuestro país de Carlos Salinas desde el 3 de marzo de 1995 cuando comenzó su autoexilio –para el breviario y la sátira popular- no se presentó el pasado 3 de octubre, pero el Popocatépetl lanzó sus mayores fumarolas desde hacía prácticamente un año como presagio a lo que vendría.

Una acusación a destiempo de Carlos Salinas de Gortari, rompiendo de forma total las reglas existentes en el sistema político mexicano en los últimos 70 años, comenzó una guerra total entre ambos.

Las imputaciones fueron que el PRI perdió por el gobierno de los últimos seis años, lo culpó del error de diciembre la posible discrecionalidad con la que se anunció una devaluación, además de que cuando le dijeron antes de pronunciarse por Zedillo como candidato sustituto de Luis Donaldo Colosio, que “tiene problemas con su origen (…) y esto lo hace un hombre rencoroso; en aquel momento esto no me pareció algo relevante”.

Zedillo no respondió con ruedas de prensa, boletines o entrevistas. Por el contrario, su silencio dijo mucho más cuando en uso de todo el aparato de Estado se filtró -¿de dónde si no de Gobernación que tiene el control de todos los penales del país y graba todas las conversaciones que de ellos salen?- la conversación sostenida por Adriana Salinas y Raúl tras el programa Zona Abierta.

Entonces el expresidente consideró a su hermano Raúl como una persona no apta para dar opiniones o interpretaciones de hechos porque ha sido torturado sicológicamente con el encierro.

Sin embargo, el resto de la familia calló. El mutismo fue total el pasado jueves que apareció el clan Salinas en Almoloyita, seguramente para tener una conferencia familiar y planear la estrategia para salir del embrollo, ahora que la difusión de la cinta podría traer acusaciones penales en copntra del propio exPresidente de la República.

Y ayer el cónclave fue con los abogados, quienes seguramente buscarán una salida legal a la ilegalidad con que se grabó la cinta porque, de su contenido, muy poco podrán desmentir, seguramente.

Once días de Salinitis

Martes 3 de octubre: La llegada a las 14:00 horas en un avión particular proveniente de La Habana, Cuba, del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, al aeropuerto internacional de Toluca, e inmediatamente provocó reacciones en todos los ámbitos.

Uno de los primeros en manifestarse fue Vicente Fox, desde España, quien dijo que mediante la Comisión de Transparencia se realizaría una investigación sobre posibles crímenes o actos de corrupción, lo que podría llevar a un juicio político a Carlos Salinas. Así, señaló “Lo que vamos a hacer es formar la Comisión de Transparencia, la cual precisamente hará esa tarea de averiguar sobre el pasado, sobre las corrupciones determinando los casos que así lo ameriten”.

El PRD declaró como persona “non grata” al expresidente Salinas y demandó al presidente electo mantener una sana distancia con el exmandatario.

La visita del expresidente de México, a 58 días de que termine la última administración priísta, tenía como finalidad presentar una “bomba política”, con la presentación de su libro titulado México un paso difícil a la modernidad, poniendo énfasis en el último año de su sexenio. Un periodo marcado por dos escandalosos asesinatos, el de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu; además hablaría del llamado “error de diciembre”.

Miércoles 4 de octubre: En Berlín, Fox nuevamente se refiere a la visita de Salinas al país, pero ahora señala que puede entrar y salir en tanto no haya una denuncia formal en su contra, pero destaca, “eso no lo exime del severo juicio ciudadano por su actuación como Presidente de la República y ese es un peso que llevará sobre sus hombros permanentemente”, y agrega “nadie podrá detener al pueblo de México en su camino a la democracia”.

En este ámbito, los pronunciamientos de los legisladores del PAN y del PVEM tomó como eje las reformas a la Constitución para que los expresidentes permanezcan en territorio nacional, cuando menos un año después de su gestión, y puedan ser sujetos a juicio de procedencia en caso de que así lo reclame la Nación. Esta quinta visita de Salinas comentaron era “para fastidiar a Zedillo o a Fox , o a ambos, o si se trata de liberar a su distinguido hermano incómodo”. Los senadores del PRI se mantuvieron al margen.

Ese mismo día en Almoloya, el abogado de Raúl Salinas, declaró que no se tenía prevista la visita del exmandatario a este penal. Raúl sabía de la presencia de su hermano, pero hasta entonces no había tenído ningún tipo de comunicación con él. Jueves 5 de octubre: Como antaño, el expresidente se dio el lujo de recibir a diversas personas, entre ellas, Jerónimo Jácome a quien le prometió unas placas para taxi. En el transcurso de la mañana también lo visitó su hermana Adriana y su sobrino Juan José Salinas Pasalagua, quien reiteró que el expresidente no visitaría a Raúl en Almoloyita. A su salida, Juan José, reiteró que la intención de Carlos Salinas no era la de quedarse en el país, sino la de “preparar su libro”. De la colonia Jardines del Pedregal, el hijo de Raúl se trasladó al penal, pero no mencionó si llevaba algún mensaje al hermano incómodo del expresidente.

Este día, ya se hablaba de la entrevista que realizaría Hector Aguilar Camín para su programa Zona Abierta, cuya condición era contar con un grupo de intelectuales para que saliera al aire, según se sabe se pidió la participación a Carlos Mosivais y de Enrique Krauze, quienes se negaron a asistir.

Viernes 6 de octubre: Legisladores del PRI fueron más críticos, previendo lo que se avecinaría, dijeron que no tenía ninguna autoridad para hacer críticas al presidente Ernesto Zedillo. Así, Augusto Gómez Villanueva, reiteró su denuncia para que se expulse del partido al expresidente.

Sábado 7 de octubre: Además de otorgar una entrevista al periódico Reforma, se transimitió el programa Zona Abierta de Héctor Aguilar Camín, el cual se grabó por la mañana, ya que ese mismo día el expresidente abordó su avión para dirigirse a España, en donde haría la presentación formal de su libro.

Por la noche se conocería el contenido del programa, en donde el expresidente culpó una y otra vez del error de diciembre al presidente Ernesto Zedillo y de haber avisado a los inversionistas de la devaluación que se vendría en el país, hecho que provocó que sacara su capital y las reservas internacionales disminuyeron brutalmente.

Dijo, inclusive, que las autoridades judiciales zedillistas habían preparado su aprehensión en febrero o marzo de 1995. Antes de irse se dijo perseguido político por el gobierno de Zedillo.

Sobre su hermano Raú, señaló que “me preocupé por estar bien informado, pero sobre todo de los asuntos fundamentales para el país; poca atención puse a las cuestiones familiares, y ahora me doy cuenta de que debería haberle puesto más atención”.

Las reacciones

Domingo 8 de octubre: La Iglesia se pronuncia y declara que no le debe ningún favor político o personal al expresidente, a pesar de que en su gobierno se modificaron los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución Política.

Mientras en Madrid comenzó la venta del libro, en el país los perredistas demandaron realizar una revisión exhaustiva del sexenio de Salinas de Gortari, luego de las declaraciones hechas en las entrevistas que concedió a dos medios de comunicación.

La dirigente nacional del PRD Amalia García dijo que pretende “acomodarse y defender sus intereses económicos, asi como garantizar su impunidad”. El priísta Eduardo Ovando señaló que es injusto que el expresidente aparezca en estos momentos de cambio de gobierno y formule acusaciones encontra de Ernesto Zedillo.

Lunes 9 de octubre: Una vez en Madrid, Carlos Salinas sostuvo que la gran victoria de Vicente Fox fue fruto de los errores de Zedillo, agregó “es un cataclismo económico que afecta no sólo a ésta sino a las siguientes generaciones. De eso sería bueno que diera cuenta Zedilllo”.

Salinas lo acusó también de haber dañado gravemente el estado de Derecho durante las investigaciones sobre los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. Y sobre su hermano, dijo que “Zedillo sobornó al testigo principal con medio millón de dólares, fabricó testimonios, contrató brujas y videntes, sembró osamentas... todo un desprestigio del sistema de corporación de justicia en México para hacer venganzas políticas”.

Por su parte Cuauhtémoc Cárdenas anunció que realizaría una denuncia formal en contra de Salinas, por el delito de difamación , luego de las acusaciones que hizo en contra de Cárdenas por haber recibido 100 millones de viejos pesos del gobierno salinista.

Martes 10 de octubre: Tras el aparente silencio del presidente Ernesto Zedillo, en el Noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga hizo pública una conversación telefónica entre Adriana y Raúl Salinas, luego de la entrevista televisada el sábado anterior al exmandatario.

Raúl se quejó de que las declaraciones del expresidente prejudicaron su prestigio y su situación legal. “Es muy torpe de su parte que me exige una aclaración precisa y la voy a dar... y le voy a tomar la palabra”.

Además, en tono amenazante, dijo que diría todo. Hablaría de los fondos, de dónde salieron y cuáles eran del erario público. Antes de que concluyera la concluyera la conversación, Raúl señaló a Carlos como cobarde, además porque le mandó pedir el dinero que presuntamente es del exmandatario.

Miércoles 11 de octubre: Las consecuencias de la grabación fueron inmediatas, los medios de comunicación enfocaron sus reflectores hacia el penal de Almoloyita, hacia donde acudió Adriana Salinas hecha una furia, para reclamar directamente a su hermano su temeraria actitud; pero el daño ya estaba hecho: Carlos Salinas si era el cómplice de su hermano.

A esa reunión en el penal, también asistió el primogénito de Raúl, Juan José Salinas Pasalagua, así como el asesor jurídico de la familia, Juan Velázquez, quienes en ningún momento desmintieron la conversación grabada, al contrario, el primero aceptó que esa conversación fue un arranque como respuesta a la aparición del libro.

Desde España, el expresidente dijo que era muy probable que esa conversación había sido maquinada, como una forma de persecusión en contra de la familia y que por lo tanto dudaba de su autenticidad.
Las recciones de los políticos fueron tajantes, se debe investigar a fondo a la familia del expresidente para saber a cerca de los fondos que fueron transferidos al extranjero por el hermano incómodo.

Jueves 12 de octubre: Ante la envestida de líderes de opinión, sindicalistas, políticos y medios de comunicación, la familia Salinas optó por el silencio. En tanto, la Secretaría de Gobernación, negó que la filtración de la cinta haya sido obra del Gobierno Federal.

Mientras tanto en Estados Unidos, Charles Intriago, especialiasta en lavado de dinero y director de la publicación Alerta de lavado de dinero, en Miami, Florida, opinó que Carlos Salinas podría ser acusado por el delito de lavado de dinero en la Unión Americana. Si se comprueba que por medio de su hermano recibió dinero de procedencia ilícita sea por parte de narcotraficantes, por extorsión o chantajes.

Viernes 13 de octubre: Se extendió el rumor de que Raúl Salinas de Gortari se habría suicidado en el penal en donde se encuentra recluido, como consecuencia de las presiones que ha tenido la familia en estos días.

Hay en la PGR un complot para tapar el complot: Sandoval Íñiguez

Publicado en el diario México HOY

Guadalajara, Jalisco, México, 10 de octubre. Denuncia el arzobispo de Guadalajara una persecución en contra de los testigos por él presentados, quienes fueron sometidos al detector de mentiras, además de otros exámenes, en tanto que quienes tejieron la hipótesis de la confusión sostenida con alfileres durante los primeros cinco años, no fueron sometidos a tales pruebas.

“Hay una intención de engaño” por parte de los representantes de la Procuraduría General de la República, quienes a lo largo de los dos años de existencia de la Comisión Interinstitucional para dar seguimiento al caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más, realizaron una serie de irregularidades tendientes a formar “un complot para tapar el complot”, asegura Juan Sandoval Íñiguez.

Pero el arzobispo de Guadalajara y sucesor de Posadas Ocampo, todavía va más allá en su argumentación.

En entrevista realizada en su oficina en pleno centro de la ciudad, afirma que “quienes saben como sucedieron las cosas son ellos” y no quienes sirvieron como testigos, porque de los testimonios de la gente sólo se puede ir hilando ciertas coincidencias para llegar a una hipótesis”.

Pero, en cambio, el hoy subprocurador de Coordinación General y Desarrollo de la PGR, José Luis Ramos Rivera, “estaba en la PGR (el día de los hechos) y él recibió la llamada de (Enrique) Harari (quien le informó lo que estaba aconteciendo en esos momentos en el aeropuerto de Guadalajara); entonces él sabe qué pasó”.

Alrededor de las 16:00 horas del 24 de mayo de 1993, el exdirector de la Policía Federal de Caminos, Enrique Harari –quien es sujeto a proceso por brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo— se comunicó con Ramos Rivera (Expedientes inéditos Octubre 4, 2000) y le informó de la balacera que había en la terminal aérea Miguel Hidalgo y Costilla de la Perla Tapatía.

“Enrique Harari se encontraba en la línea, quien me informó de manera precipitada (…) que en ese momento se estaba suscitando una balacera (…) y me dijo que se trataba de El Chapo Guzmán, y que era menester implementar un operativo, le dije que me mantuviera informado de cualquier cosa que supiera…”.

El cardenal Sandoval refiere a México HOY: “Ellos saben cómo están las cosas. La gente de fuera vio, pero no conocía a los asesinos. Ellos (los testigos) dijeron cómo eran, pero no los conocían, cómo se llamaban, quiénes eran. Sólo sabían que eran unos jóvenes y que ellos fueron los que dispararon. Entonces, los testimonios de la gente acá afuera no puede llegar a los autores intelectuales”.

Irregularidades

El cardenal Sandoval Íñiguez manifestó, incluso al procurador Jorge Madrazo Cuéllar, la serie de irregularidades con que actuaron sus colaboradores en las investigaciones del caso. Esto no es de ahora, como tampoco el sentido de sus declaraciones.

Al respecto, al ser llamado a declarar con motivo de sus manifestaciones públicas a los diferentes medios de información sobre su teoría del complot, en declaración escrita, fechada el 24 de enero del año 2000, pero presentada el día 21, explicó:

“Deseo aclarar que todas mis opiniones, juicios de valor e hipótesis acerca de este lamentable suceso (el homicidio del cardenal Posadas Ocampo), declaradas a los medios de comunicación, están soportadas en los testimonios de las personas a las que me he referido en este escrito, y que ahora ya forman parte del expediente SE/001/95”.

Añadió: “Mis declaraciones, por tanto, no han sido producto de conjeturas, ni de meros juicios morales, ni mucho menos de meras confidencias verbales nacidas de la confianza, de la amistad o del ejercicio de mi ministerio sacerdotal, sino de verdaderos testimonios, sostenidos por escrito y debidamente ratificados ante las autoridades judiciales”.

Y en el punto 10 de su comparecencia escrita, el arzobispo de Guadalajara hizo referencia a la serie de irregularidades habidas durante la presentación de los testigos, a partir de cuyas declaraciones se podría presumir la existencia de un complot para asesinar al cardenal Posadas Ocampo.

“Es importante señalar que los testigos de los cuales ofrecí su declaración, y por ello manifestaron, en las diligencias correspondientes, hechos que parecen encaminarse hacia la hipótesis de la existencia de un crimen intencional, o incluso de un complot en el homicidio del señor cardenal Posadas, fueron sometidos al más estricto control, con exámenes psicológicos, médicos y detectores de mentiras”.

En cambio, “estos procedimientos, tan exigentes y cuidadosos, y no contemplados como válidos en la Ley Mexicana, no fueron nunca usados en los primeros cinco años de investigación con los otros testigos que en ocasiones, de manera forzada, han permitido elaborar y sostener la hipótesis oficial de la confusión, siendo obligado preguntarse si los tales testigos resistirían la aplicación de aquellos procedimientos para la validación de sus pruebas”.

Intención de desacreditar la investigación por la PGR

Juan Sandoval recibió al representante de México HOY en sus oficinas del arzobispado, ubicadas en el ala sur—poniente de la Catedral de Guadalajara. A ellas se llega luego de trasponer un par de estrechas puertas y un pasadizo de dimensiones también estrechas.

En la pared hay cuadros con encíclicas del papa Juan Pablo II, escritas en lat{in, y por la ventana se observa el pequeño zócalo, el kiosko y la fachada del palacio de Gobierno del Estado.

—Señor Cardenal, ¿hay una intención de desacreditar la investigación, cerrarla y evitar que el gobierno de Vicente Fox, que tiene cierta simpatía por la Iglesia católica, investigue a fondo?

—A mí lo que me llama la atención de esta investigación es que casi todo me lo carguen a mí, cuando yo lo único que hice fue reclamar y pedir justicia. Pero la investigación la llevaron ahora la PGR y el gobierno de Jalisco. Entonces si no vale la investigación que digan que el gobierno de Jalisco, no que el cardenal Sandoval hizo la investigación y no probó. Quieren desviar la atención, omitir la información que el gobierno de Jalisco ha entregado después de la investigación, pasarla por alto porque es muy buena, ahí están los elementos, y todo enfocado hacia mi que no hablé, yo no dije nada. No hablé. El 27 de julio (cuando se dieron a conocer las conclusiones del Grupo Insterinstitucional) yo dije, yo no hablo. Yo pienso lo que dice el gobierno de Jalisco. Así de sencillas están las cosas.

—¿Usted considera que este tipo de presiones vienen a raiz de la relación de Enrique Harari con los hechos del 24 de mayo de 1993, cuando ellos ya pensaban que el asunto estaba olvidado y se relacionó con Ramos Rivera?

—La actitud después del 27 de julio fue de silencio de los medios que tenían un material extraordinario para haber publicado sobre el caso Posadas, pero nunca publicaron; no comentaron en un principio las conclusiones del gobierno de Jalisco, yo creo que fue por consigna. Y ahora, después, cuando han salido algunas cositas, algo que resucita el caso, entonces arremeten y a mi me parece que equivocadamente. Yo no soy el investigador, yo no presento conclusiones y no soy el que no probó.

El cardenal Sandoval se defiende: “Entonces, asumo lo que dijo el gobierno del Estado de Jalisco. Entonces no tienen por qué desacreditar lo que yo dije porque no dije nada. Si quieren ir al fondo de las cosas, que revisen las declaraciones del gobierno del estado de Jalisco y que sobre ellas hablen”.

—¿Hay indicios a partir de los cuales se pudiera continuar el caso?

—Mire, brevemente los indicios son estos: La primera declaración fue que era fuego cruzado. Cuando el forense don Mario Rivas Souza, con 40 años de experiencia, examinó el cadáver y dijo, nada de fuego cruzado, fueron directísimos, entonces la segunda hipótesis fue confusión con El Chapo Guzmán, y la sostuvieron por mucho tiempo.

“De esta hipótesis, por ser segunda, desde luego quiere decir que ya estaban echando mentiras; la primera no se sostuvo, así que inventaron otra. De esta hipótesis la falla más grande fue que le echaron a los Arellano Félix la culpa de que ellos habían matado al Cardenal y que habían escapado en el avión a Tijuana.

“Entonces ahí cabe la pregunta: ¿por qué dejaron salir ese avión, por qué llegando a Tijuana no los agarraron si estuvieron dos horas en el aire? Y más absurdo aún, por qué a los Arellano Félix no los agarraron cuando llegaron a la Nunciatura (Apostólica para hablar con el nuncio Girolamo Prigione a fines de ese año 1993); ellos eran, ahí los tenían. Lo supieron las autoridades. Lo supo el procurador de entonces (Jorge Carpizo McGregor), lo supo el Presidente (de la República, Carlos Salinas de Gortari), pero no, no los agarraron al salir de la Nunciatura.

“Quiere decir que hay una intención de engaño. A lo largo de estos dos años que duró esta Comisión Interinstitucional hay una serie de irregularidades que están consignadas en el informe del Gobierno del estado de Jalisco. Amenazar, tratar de sobornar, sembrar testigos, todo eso está consignado ahí. Todo eso hace indicar que hubo complot y ahora hay un complot para tapar el complot. Gente interesada en tapar las cosas”.

Amenazas e intimidaciones

El cardenal Sandoval ha dado sólo unos minutos al reportero. Afuera, en la antesala, hay por lo menos dos docenas de fieles que desean hablar con él sobre asuntos de la Iglesia. Desde quienes desean que asista a una peregrinación, hasta otros que solicitan les envíe a un representante para la fiesta del pueblo, y demás.

—¿A quien intentaron sobornar?

—A los abogados del Gobierno del estado de Jalisco, también mis representantes.

—Su nombre.

—José Antonio Sánchez Ortega.

—¿Qué fue?

—Hable usted con ellos.

—¿Un cheque en blanco para que él le pusiera la cantidad que quisiera?

—Sí. Y a otros abogados que estaban trabajando en el expediente les hablaron a su celular y los amenazaron. También ahí está todo consignado.
Esto sucedió en Guadalajara, en el hotel Laffayette. Hasta ahí fue gente, presuntamente de la PGR, que rentó una habitación y nunca la utilizó. En tal espacio iban a entregar el cheque para que Ortega Sánchez dejara de presionar para abrir algunos espacios de la investigación.

El abogado José Antonio Ortega Sánchez, según consta en el expediente del caso Posadas, también fue amenazado por el secretario ejecutivo de la Comisión Interinstitucional, Javier García Avila.

Al respecto, se da testimonio de que el día que le tocó declarar a García Avila sobre el caso Posadas, como sucedió con el subprocurador José Luis Ramos Rivera, el cardenal Sandoval Íñiguez, el en el transcurso de la diligencia ministerial hubo un movimiento telúrico, razón por la cual todos los presentes en la actuación debieron bajar al patio central de la sede principal de la PGR.

Allí, abajo, García Ávila espetó al abogado representante del Gobierno de Jalisco y del cardenal Juan Sandoval: “Óyeme, hijo de la chingada, tú piensas que yo mandé matar al Cardenal, eso no se lo permito a nadie, me las vas a pagar”.

Este incidente fue hecho público ante los miembros de la Comisión Interinstitucional en una de las reuniones, en la cual también estuvo presente García Ávila, quien tampoco desmintió lo sucedido.

Veracidad de los testigos

—Usted habla de la "siembra de testigos". Bueno, ¿cuál es el testigo que puede tener la información más veraz?

—Hay muchos testigos que son veraces pero dicen poco. O sea que aquí (la hipótesis) se arma en base a un cúmulo de testimonios en que todos van coincidiendo. (Pero) Quienes saben cómo sucedieron las cosas son ellos. Ellos saben como están las cosas. La gente de fuera vio, pero no conocía a los asesinos.

Sandoval, vestido de traje negro y una camisa blanca de cuello Mao, añade: “Ellos (los testigos por él presentados) dijeron cómo eran, pero no los conocían, ni cómo se llamaban, quiénes eran. Sólo sabían que eran unos jóvenes y que ellos fueron los que dispararon. Entonces, los testimonios de la gente acá afuera no puede llegar a los autores intelectuales”.

Pero “lo que es muy interesante es analizar las declaraciones de los ‘testigos sembrados’, que dicen cosas muy interesantes. Hay que verlas, como diría, con ojo, con ojo muy crítico.

—¿Quiénes son ellos?

—El que estaba en Los Ángeles...

—¿Marco Enrique Torres?

—No, ese estaba en Chicago. No. Edgar quién sabe qué, El Gory, y ese otro al que trasladaron de la cárcel de Almoloya a la de Pachuca (Alfonso Ferráez Ruz). Y pidió dinero para declarar, que dice que es cubano, y dice una sarta de mentiras, pero es interesante porque dice muchas cosas y esas cosas coinciden con las que dicen otros testigos en particular, reiteradamente. Leyendo eso se pueden sacar muchas cosas.

—Suena interesante esto que dice usted. Que quienes saben cómo ocurrieron las cosas son ellos, la gente de la PGR. Y esto se puede armar con el asunto de lo de Harari.

—Si, claro.

—El subprocurador José Luis Ramos Rivera, en ese momento...

—El estaba en la PGR y él recibe la llamada de Harari. Entonces él sabe qué pasó.

Bien, gracias.
Sandoval se levantó, dando por terminada la entrevista, y solicitó que fuera conducida hacia el interior la siguiente persona que atendería.

Nada de los narcogenerales

Al ser cuestionado sobre la posibilidad escrita en una ficha de inteligencia militar, de la participación de los generales Francisco Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro en el operativo que privó de la vida al cardenal Posadas Ocampo, su sucesor Juan Sandoval Íñiguez dijo no saber nada.

—En lo que está en los expedientes, que creo que también los conoce usted, en la entrevista o declaración del general Gutiérrez Rebollo, él no hizo mención a esto. No dio nada, no lo declaró. Sí hizo mención de que estuvo en el lugar de los hechos algo así como media hora o 40 minutos después de que sucedieron. Eso es lo único que le puedo decir a usted, porque yo no tengo conocimiento de este asunto.

—Pero, ¿qué opina usted al respecto de esta información?

—Bueno, yo no sé quien la dará.

—Es un parte militar, entregado por inteligencia militar al Secretario de la Defensa.

—¿Cuándo le llegó (al secretario de la Defensa Nacional)?

—No sé, quizá en marzo de 1998.

—Pero tendría que haber una firma aquí. Yo no puedo decir si o no.

Habrían operado asesinato de Posadas los generales Quirós y Acosta Chaparro

El Cardenal Sandoval

Al ser cuestionado sobre la posible participación de los generales Francisco Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro en el operativo que privó de la vida al cardenal Posadas Ocampo, escrita en una ficha de inteligencia militar, su sucesor Juan Sandoval Íñiguez dijo saber nada.
— En lo que está en los expedientes, que creo que también los conoce usted, en la entrevista o declaración del general Gutiérrez Rebollo, él no hizo mención a esto. No dio nada, no lo declaró. Sí hizo mención de que estuvo en el lugar de los hechos algo así como media hora o 40 minutos después de que sucedieron. Eso es lo único que le puedo decir a usted, porque yo no tengo conocimiento de este asunto.
— Pero ¿qué opina usted al respecto de esta información?
— Bueno, yo no sé quien la dará. -Es un parte militar, entregado por inteligencia militar al Secretario de la Defensa.
— ¿Cuándo le llegó (al secretario de la Defensa Nacional)?
— No sé, quizá en marzo de 1998.
— Pero tendría que haber una firma aquí. Yo no puedo decir si o no.

Ficha informativa de inteligencia militar los involucra

Habrían operado asesinato de Posadas los generales Quirós y Acosta Chaparro

La PGR nunca investigó la línea de los militares en el homicidio del cardenal,
pero a decir del representante del gobierno de Jalisco, son necesarios nuevos
testimonios para ahondar en esa ruta y establecer una certeza jurídica

GUADALAJARA.- La participación de los militares Francisco Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro en el operativo comando para asesinar al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la tarde del 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, es una línea de investigación nunca considerada por la Procuraduría General de la República, pese a la existencia de elementos en la averiguación previa, presentados como indicios susceptibles de ser ampliados con nuevos testimonios.
Altos mandos en la llamada Brigada Blanca, organización paramilitar que se dedicó a realizar los trabajos sucios en el combate a la guerrilla de los años setenta, y que al parecer continuaron operando para los diferentes gobiernos de Guerrero en los últimos años, Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro son mencionados por una tarjeta informativa de la Sección Segunda (Inteligencia) del Ejército mexicano, como participantes en el operativo que privó de la vida al cardenal arzobispo de Guadalajara y a seis personas más, cuando aquella tarde confluyeron en el aeropuerto las bandas de los narcotraficantes hermanos Arellano Félix y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, además del entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione, a quien iría a recoger Posadas Ocampo.
La novena y última ficha de una tarjeta informativa existente en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya copia tiene en su poder México HOY, destaca que en el grupo de inteligencia militar "se tiene conocimiento" de la participación de los militares mencionados en el operativo que salió de la sede castrense en Jalisco, la cual en aquellos días era comandada por el general diplomado del Estado Mayor, Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, preso actualmente y sentenciado a más de 70 años de cárcel por presuntamente haber colaborado en acciones de narcotráfico y protección al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. ?Habría que verificar formalmente su existencia, pero no es tan descabellado lo que ahí se señala, y de verificarse que ese informe existe, hay elementos en la averiguación previa que aportan a esa línea de investigación que pudiera contribuir o corroborar lo que ahí se afirma?, expresa el ex secretario general de Gobierno del estado de Jalisco y actual candidato plurinominal al Congreso local por el Partido Acción Nacional, Fernando Guzmán Pérez Peláez, al tener en sus manos la ficha. Participaron pero no participaron De acuerdo también con información en poder de este diario, durante el interrogatorio que miembros de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento de las investigaciones del caso Posadas Ocampo realizaron a un grupo de agentes de la Policía Judicial Federal, en noviembre de 1998 el agente del Ministerio Público, Cuauhtémoc Sánchez, intimidó a uno de los abogados del gobierno de Jalisco y del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, precisamente cuando cuestionaba a los policías sobre la presunta participación de miembros del Ejército en el atentado. ?Los militares participaron pero no participaron, ya no te metas ni preguntes porque queda la constancia de las preguntas que tú les formulas y ellos se pueden llegar a enterar?, expresó Cuauhtémoc Sánchez en tono intimidatorio al abogado José Antonio Ortega Sánchez. Tal amenaza fue dada a conocer por los miembros del equipo representante del estado de Jalisco a Jorge Madrazo Cuéllar durante una de las distintas reuniones sostenidas y a los pocos días el procurador general de la República ordenó la separación de Cuauhtémoc Sánchez de los trabajos de la Comisión Interinstitucional. ?Si no en forma de certeza jurídica, sí estamos ante indicios que se necesitan ampliar con nuevos testimonios?, comenta Guzmán Pérez Peláez, quien desde el Congreso de Jalisco en su anterior participación legislativa, fue quien coordinó a la comisión de seguimiento al caso Posadas Ocampo. Los militares y la Brigada Blanca Precisamente, en el informe final sobre los trabajos de la Comisión Interinstitucional, el Gobierno de Jalisco deja a la vista algunos indicios sobre la participación de militares y, entre ellos, de algunos participantes en la Brigada Blanca. Y aunque los representantes de Jalisco consideran que Marco Enrique Torres García es un ?testigo sembrado? para desacreditar la seriedad de las conclusiones de la Comisión Interinstitucional, hay ciertos detalles en su declaración que parecen tener veracidad y por lo tanto debe ampliarse su investigación. Precisamente a partir de la declaración de Torres García podría presumirse la presencia y acción contra el cardenal de un tercer grupo, en este caso, de un comando militar o la paramilitar y famosa Brigada Blanca. En su manifestación ante representantes de la Comisión Interinstitucional y la colaboración del agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), John J. Deleon III, se asentó que Marco Enrique Torres ?desea aclarar que él también es ex militar, que fue sargento, y que prestó sus servicios en la Ciudad de México, en Querétaro y Michoacán, específicamente en Morelia?. Además, que ?estuvo en el Ejército en el 68, que participó en los disturbios estudiantiles en contra de los estudiantes, realizando ?trabajos sucios? para el gobierno, por lo cual tuvo que salir del país?. Regresó a México en 1970 para combatir la guerrilla de la Liga 23 de Septiembre y en 1971 reprimió los disturbios de los maestros (al parecer se refiere al Jueves de Corpus, cuando un grupo paramilitar reprimió las manifestaciones de estudiantes cerca de la Normal de Maestros), volviendo de nuevo a Estados Unidos en 1972. Posteriormente, al retornar nuevamente a México, ?se incorporó a la ?Brigada Blanca? que es un grupo militar del gobierno; que permaneció en la ?Brigada Blanca? hasta 1982 en que se retiró; que todo ese tiempo estuvo activo en el Ejército mexicano?. La imputación de Torres García Quizá la Procuraduría General de la República pero, de hecho, los integrantes de la Comisión Interinstitucional y, sobre todo, los representantes de la PGR, ya conocían el informe militar, pero nunca ahondaron en la investigación. En su declaración ministerial realizada desde las 11:30 horas del 21 de mayo de 1999 en la ciudad de Chicago, Illinois, dentro de la ampliación de la averiguación previa SE/001/95, Marco Enrique Torres García declaró conocer al general Mario Arturo Acosta Chaparro. En la decimoséptima pregunta se le cuestionó si conoce al general Mario Arturo Acosta Chaparro y la respuesta fue: ?Que sí lo conoce, que el declarante no sabe hasta dónde haya estado metido en los hechos en que perdiera la vida del cardenal Posadas Ocampo, pero el general Acosta Chaparro estaba siempre pegado con el general Carrillo Olea, que los veía juntos en el campo militar o en Cuernavaca?. Aquí lo importante es que la declaración de Marco Enrique Torres García, sea ?testigo sembrado? o no, fue entregada por la PGR a los órganos del fuero de Guerra y precisamente fue una de las aportaciones con las cuales la Procuraduría de Justicia Militar determinó proceder en contra de Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo el pasado 30 de agosto, al acusarlos de actividades de narcotráfico, protección a la banda de Amado Carrillo y de participar en los crímenes descubiertos en las narcofosas de Ciudad Juárez. En su declaración ministerial como testigo protegido, Torres García refiere que participó en una serie de actividades previas al asesinato del cardenal Posadas Ocampo, en un comando operado por el teniente Carlos Carrillo, quien se decía sobrino del ex gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, quien le daba instrucciones. Los Salinas Presuntamente los motivos del atentado fueron porque Posadas Ocampo tenía en su poder información comprometedora para Raúl Salinas de Gortari y su hermano el ex presidente Carlos Salinas, sobre su presunta relación con las bandas mexicanas de narcotraficantes, secuestradores y el resto de negocios ilícitos del llamado hermano incómodo. Por ello, este grupo intentó hablar con el cardenal para que entregara la información que poseía, pero un ?monseñor? colaborador de Posadas Ocampo respondió que nada había qué tratar con ellos porque nada sabía ni tenía. Por ese motivo realizaron un operativo para introducirse a la casa del cardenal, en Tlaquepaque, con el fin de encontrar los documentos comprometedores. Sin embargo, al no encontrarlos, fue que Carlos Carrillo, según le confió éste a Torres García pues el declarante no estuvo presente en el operativo, acompañado por otros cuatro sujetos, todos vestidos con uniforme militar color negro, mató al cardenal con una ametralladora cuerno de chivo, la que metió incluso dentro del auto Grand Marquis blanco donde viajaba el prelado. Asimismo, ?que el declarante desea manifestar que había otro militar de apellido Castillo, sobrino de Ricardo Castillo, quien tenía grado al parecer de coronel. Que la función de Castillo era conseguir uniformes e insignias militares para uniformar a la gente de los Arellano Félix; que Castillo no participó en los hechos en que perdiera la vida el cardenal Posadas?. En varias oportunidades Torres García ratificó que Carlos Carrillo fue quien victimó, con una cuerno de chivo, al cardenal. Y Carlos Carrillo era el cabeza del grupo de ex militares y militares que actuó en la muerte del cardenal. Además, en la página 25 de su declaración manifestó ?que el grupo de militares y ex militares al que pertenecía, se les denominaba la ?Brigada Blanca??. Más adelante, Torres involucra también a Horacio Montenegro, quien presuntamente estaba comisionado en Culiacán, como la persona que patrulló la ciudad antes de la muerte del cardenal, y que fue quien enseñó a Carlos Carrillo todas las salidas de Guadalajara. Montenegro, sin embargo, era el brazo derecho del general Gutiérrez Rebollo y uno de los principales investigadores del asesinato del cardenal durante los primeros 20 o 24 días posteriores. Asimismo, hace el involucramiento de Horacio Montenegro con el grupo de narcotraficantes como los Arellano Félix, El Chapo Guzmán y Amado Carrillo, a quienes ?les daba protección?. Además, manifiesta que un desertor del Ejército, de apellido Macías, era el experto en colgarse de los teléfonos y el del cardenal lo tenía intervenido. Otros indicios En las conclusiones finales al trabajo realizado durante dos años, la Comisión Especial del Estado de Jalisco le señaló a la procuraduría, entre otras cosas, las siguientes: ?6.- Que se investigaran las insignias militares y policiales que se encontraron en el aeropuerto?. Además, Edgar Nicolás (Eduardo) Mariscal Rábago El Negro, quien presuntamente formaba parte de la banda de Humberto Rodríguez Bañuelos La Rana, refirió que había prestado sus servicios en el Ejército, y ese día llevaba consigo un fusil automático tipo R15 sin matrícula, que era el arma que siempre usaba cuando eran llamados para algún trabajo requerido por La Rana. Asimismo, dijo que entre sus compañeros que iban a prestar protección a los hermanos Ramón y Javier Arellano Félix, ?unos iban vestidos de militares, y llevaban radios portátiles, teléfonos celulares, gorras, chamarras?. Por otro lado, el abogado José Alfredo Andrade Bojórgez, manifestó en declaración: ?... un tercer grupo vestido de norteños sin ser de un estado del norte de la República, atentaron directamente en contra del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; que esta versión la manifestó Amado Carrillo el mismo día de los hechos después de realizar llamadas telefónicas a autoridades militares, corporaciones policiacas y a grupos delictivos de dicha entidad federativa...? En una entrevista con México HOY antes de su desaparición física, y al comentar algunos de los detalles manifestados en su libro Desde Navolato vengo. La historia secreta del narco, Andrade Bojórgez dio a conocer que un grupo de militares actuaron aquella ocasión en el aeropuerto, y que incluso frente a la entrada de la terminal fueron acomodadas una serie de camionetas blindadas de las que usan los servicios de protección de dinero, para evitar que los disparos pudieran lesionar a más gente dentro de los pasillos. Asimismo, en su declaración Juan Manuel Samudio Bustamante, policía federal de Caminos que estuvo presente en el aeropuerto el día de los hechos declaró: ?... que el encargado de Telégrafos del aeropuerto le comentó al externante que al salir a comer antes de todos los hechos, pudo observar cómo en el interior del estacionamiento se encontraban dos sujetos en el interior de un vehículo grande color café, sin precisar marca, sujetos que al bajarse sacaban dentro de sus ropas unas armas largas con vestimenta tipo militar...? Recuadro La ficha informativa Una tarjeta informativa de la sección Segunda de Inteligencia Militar, la cual se titula: ?En este informe se relacionan militares con el narcotráfico?, en la novena y última de las fichas se lee lo siguiente: ?En otra investigación realizada, se tiene conocimiento que de la sede militar de Jalisco salió un operativo, en el cual participaron militares, para finalmente llevar a cabo el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, por lo que informo a usted que se tiene conocimiento que en (el) atentado participaron el general ACOSTA CHAPARRO y el general QUIROs HERMOSILLO, los cuales son protegidos del señor Javier García Paniagua, el general QUIROS HERMOSILLO desde 1968 fue un incondicional, al igual que protegido del general GARCIA BARRAGAN, el cual fungió como secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz?.