Se realizaron sucesivas investigaciones,
entre ellas algunas contradictorias respecto
de sus conclusiones, dictámenes y peritajes.
¿Cuál es la verdad? ¿A quién creer?
Cada uno puede tener su conclusión favorita
y, en torno de ella, disponer de elementos para
respaldarla de acuerdo con alguna fase de
investigación de las fiscalías especiales. ¡Por favor!:
Luis Colosio Fernández, 10 de febrero de 2004
entre ellas algunas contradictorias respecto
de sus conclusiones, dictámenes y peritajes.
¿Cuál es la verdad? ¿A quién creer?
Cada uno puede tener su conclusión favorita
y, en torno de ella, disponer de elementos para
respaldarla de acuerdo con alguna fase de
investigación de las fiscalías especiales. ¡Por favor!:
Luis Colosio Fernández, 10 de febrero de 2004
Reportaje especial
Asesinato de Colosio
Tercera de tres partes
Publicado en el diario El Independiente
Los hechos antes, durante y después del 23 de marzo de 1994 permiten presumir la posibilidad de una alianza para evitar la continuidad del proyecto salinista de reelección presidencial, y el ascenso de Ernesto Zedillo, propulsado por fuerzas políticas contrarias al famoso grupo compacto, como fueron los desplazados grupos Atlacomulco y Echeverría.
Antes de la selección del candidato hubo una fuerte lucha para evitar cambios constitucionales que permitieran la reelección directa; tras el 28 de noviembre la batalla fue por ver quién finalmente se quedaba con la candidatura presidencial e imponía su modelo de país, pero ¿qué sucedió tras el 23 de marzo? Los hechos podrían aclarar dudas.
Hubo grupos involucrados que desde distintas trincheras diluyeron las investigaciones iniciales y presionaron a los distintos fiscales cuando éstos comenzaron a jalar los hilos que conducían a los probables autores intelectuales. De esta forma fueron exonerados los grupos Tucan (Todos Unidos contra Acción Nacional), Omega y hasta el propio Estado Mayor Presidencial.
Las pistas del asesinato fueron borradas o alteradas en sus distintas etapas; Mario Aburto observó el video del asesinato y fue sacado de la delegación de la PGR en Tijuana antes de su primera declaración; semanas y meses después también fueron eliminados policías y agentes del Ministerio Público involucrados en la adulteración de hechos o que conocían demasiado y no se iban a callar.
Los dinosaurios
Ciro Gómez Leyva revela en su libro Ya vamos llegando a México (p.13) la conversación del 13 de febrero de 1995 con un criminólogo, quien le entregó un estudio grupal terminado el 30 de abril de 1994, cinco semanas después del asesinato de Colosio. "Según la investigación, se trata de la comunidad de políticos tradicionales aliados con el narcotráfico. Dinosaurios los llaman (…) Para apoderarse de la candidatura priísta a la Presidencia de la República, arrebatándole así el control estratégico del Estado mexicano al grupo político del presidente Salinas (…) Un genuino golpe de Estado contra el presidente Salinas, contra el salinismo, contra el rumbo estratégico de la vida nacional, impulsado por ellos y, sobre todo, contra la discreta política de exclusión de los dinosaurios", le indicó.
Este hombre mostró a Gómez Leyva algunos párrafos del estudio que fue conocido por los fiscales Miguel Montes y Olga Islas e incluso pudo llegar a Carlos Salinas. Ahí se decía que el asesinato de Colosio era el inicio de una guerra sucia para hacer abortar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, generando un proceso de desestabilización política "mediante nuevos atentados criminales a fin de crear una situación explosiva entre el 21 de agosto y el 1 de diciembre".
El criminólogo habló también de dos tiradores, del complot en Lomas Taurinas. Y 15 días después fue capturado Othón Cortés, quien apareció en Tijuana con una credencial del aeropuerto de la localidad, firmada por Alcides Beltrones Rivera, hermano del entonces gobernador de Sonora, y negó conocer a Domiro García Reyes, pese a haber sido quien condujo al jefe de la escolta de Colosio a la central aérea.
Desde el principio la hipótesis del fiscal Miguel Montes fue la del complot, suavizada por la frase "acción concertada", que mantuvo hasta el 30 de abril. La pregunta es ¿por qué cambió su hipótesis? Acaso porque al avanzar encontró que Córdoba Montoya y el futuro presidente estaban inmiscuidos junto con los grupos de dinosaurios o porque el jefe de la Oficina de la Presidencia indujo que otra línea de investigación debilitaría al Estado.
Personaje cercano a la familia Colosio, sin embargo, según Gómez Leyva, Montes advirtió a los colosistas: "Que quede claro, si esto es una conjura, yo estoy muerto."
El propio Montes había atajado la posibilidad de que Miguel Nazar Haro se hiciera cargo de las investigaciones cuando se lo planteó Carlos Salinas, según escribió en Ya vamos llegando a México:
-- Manlio (Fabio Beltrones) propone que Miguel Nazar Haro se haga cargo de la investigación policiaca --planteó Salinas de Gortari.
-- No, señor, eso no es conveniente. Nazar tiene dueño --zanjó Montes.
Hay muchos puntos poco claros que no fueron analizados por los fiscales. Entre otros,
¿Por qué mintieron Othón Cortés y el general Domiro García Reyes al asegurar que no se conocían?;
¿Quién ordenó que el grupo de seguridad de Fernando de la Sota actuara de forma paralela al Estado Mayor Presidencial?;
¿Por qué falsearon sus declaraciones De la Sota Rodalléguez y Alejandro García Hinojosa?;
¿Por qué el PRI local contrató a un grupo para hacer vallas en Lomas Taurinas, y q uién pagaba a Tranquilino Sánchez y Vicente y Rodolfo Mayoral;
¿Por qué Rodolfo Rivapalacio se presentó a cobrar antes del mitin de Lomas Taurinas un cheque por 50 millones de pesos en la sucursal Banamex de Playas de Tijuana?
El grupo Echeverría
Uno de los datos insuficientemente investigado es que Rosario Urrutia, esposa de José Córdoba Montoya, vivió en el fraccionamiento Colinas de San Javier, construido por Javier García Paniagua. La casa, donde vivía la esposa del franco-español-mexicano, era propiedad de René González Quirarte, uno de los brazos operativos del cártel de Ciudad Juárez, quien fuera encontrado muerto y descabezado en febrero de 2000 en la ciudad de Guadalajara.
García Paniagua fue miembro de la llamada vieja clase política o dinosaurios, la nomenclatura, mientras que su hijo Javier García Morales no sólo trabajó sino que fue hecho prisionero en Los Ángeles junto con Miguel Nazar Haro por el robo y tráfico de vehículos a México. Ha sido investigado por narcotráfico y actualmente se desempeña como secretario adjunto al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado.
Además Córdoba fue impulsor del Grupo Empresarial de Occidente al frente del cual está el hoy senador Raymundo Gómez Flores, beneficiario del salinismo con la empresa camionera Dina, la Harinera MINSA y Banca Cremi, fue socio de Carlos Cabal Peniche en Banca Unión-Cremi. Este grupo lo completaron las empresas Lomelí comandadas por Arturo Lomelí y Salvador Martínez Garza de Mexlub.
Por su parte Fernando Gutiérrez Barrios y García Paniagua fueron directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con Luis Echeverría, la Policía política del régimen, convertida en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por Miguel de la Madrid. Con ellos trabajó Manlio Fabio Beltrones, el único personaje que habló a solas con Mario Aburto la noche del 23 de marzo de 1994, antes de rendir su primera declaración y ser trasladado a la ciudad de México.
Además de no compartir el proyecto económico, la lucha entre Carlos Salinas y Luis Echeverría se recrudeció con la persecución y encarcelamiento del cuñado de este último, Rubén Zuno Arce, en Estados Unidos, acusado de narcotráfico.
El grupo Omega y De la Sota
Beneficiario del salinismo con Bancrecer, participante en los créditos irregulares del Fobaproa y dueños de empresas de transporte de pasajeros, el Grupo Toluca, de la familia Alcántara Rojas, se integró a la campaña de Colosio como lo hizo con otras en contiendas anteriores. En un principio como integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte, presidida por Roberto Alcántara Rojas, quien propuso apoyar con seis camiones equipados y dos transportes de fletes. Más tarde con el patriarca del grupo y ex senador Jesús Alcántara al frente de la Comisión de Financiamiento. Era padre de Roberto, José Carmen, Arturo y José Luis Alcántara Rojas, hoy cercanos a Arturo Montiel en la aventura política del estado de México.
Pero no fueron solos. También llevaron consigo al grupo civil de seguridad formado por Fernando de la Sota Rodálleguez, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un asesino a sueldo ligado al cártel de Juárez, quien comenzó a trabajar con Alcántara en 1992, cuando Ignacio Morales Lechuga lo echó de la PGR.
Mucho se habló de las irregularidades cometidas por De la Sota en el caso Colosio. Pero poco se ha investigado sobre los demás sucesos donde ha estado presente y muestran la clase de personaje que es. Uno de ellos, el asesinato de Abraham Polo Uscanga, que relaciona también a los Alcántara.
En declaración jurada, el abogado Alberto Woolrich expresó que dos días antes de morir, su amigo, el magistrado Abraham Polo Uscanga, le dio a conocer que fue secuestrado y torturado; entre sus plagiarios reconoció a Fernando de la Sota, con quien tenía una rencilla que databa de siete años atrás.
El asunto estuvo así: Una vez nombrado Ignacio Morales Lechuga como procurador general de Justicia del Distrito Federal invitó a trabajar como subprocuradores a su paisano Polo Uscanga en Averiguaciones Previas y a Enrique Fuentes León en Procedimientos Penales, así como a De la Sota como jefe de la Policía Judicial capitalina. Inconforme por los nombramientos, Polo renunció. Sin embargo Morales rectificó y mientras Fuentes León se quedó sin trabajo en el servicio público, De la Sota fue designado jefe de la Policía Judicial en la Miguel Hidalgo por el delegado de la PGJDF, Federico Ponce Rojas, hasta donde lo persiguió Polo con una consignación por extorsión que no se cumplimentó por órdenes de Morales.
Según la versión de trabajadores nocturnos, De la Sota estuvo en el Bar Jemma la madrugada del 20 de junio de 1995, lugar ubicado frente a las oficinas donde fue encontrado el cadáver del magistrado. El arma que le dio muerte fue un revólver brasileño Taurus calibre 38, semejante al que victimó a Luis Donaldo Colosio y arma preferida por De la Sota.
De acuerdo con la declaración de Felipe Victoria Zepeda, quien trabajó con Abraham Polo Uscanga, la muerte del magistrado derivó de los consejos dados al que fuera secretario de Transportes y Vialidad, Luis Miguel Moreno Gómez (también muerto en abril de 1995), para hacer caso omiso a las presiones de su jefe y "obstaculizar el gran negocio que querían hacer personas allegadas a Óscar Espinosa Villarreal, de apellido Alcántara Rojas (Jesús y Roberto), apoderándose de la concesión del transporte urbano de pasajeros" en la ciudad de México.
El propio Victoria Zepeda destaca la participación de El comandantazo o Grandote De la Sota en el Operativo Noticia realizado el 30 de mayo de 1984, cuando miembros de la Dirección Federal de Seguridad ejecutaron al periodista Manuel Buendía Téllez Girón, por órdenes inmediatas de José Antonio Zorrilla Pérez. Además, el testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA), Marco Enrique Torres, también implica a De la Sota en el crimen contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993.
Por su parte el ex cónsul de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad, envió mensajes a la cancillería comandada por José Ángel Gurría, donde explicaba la existencia de una "relación voluntaria o involuntaria entre José Córdoba Montoya, Marcela Bodenstedt, Enrique Fuentes León (identificado por la DEA como abogado del cártel del Golfo), el ex diputado Manuel Muñoz Rocha y Juan García Ábrego".
Además "desde 1992 el Departamento de Justicia, a través de su oficina en San Antonio, ha establecido reservas sobre el connacional Fernando de la Sota Rodalléguez, quien vino entonces a esta ciudad como comisionado de la PGR para investigar al cártel de Juárez" a petición de la entidad estadounidense, que tras darle todos los detalles de un operativo confirmó sus sospechas. Tras este hecho, ahora sí fue corrido por Morales Lechuga.
Fernando de la Sota terminó como integrante del Estado Mayor Presidencial y de Seguridad del presidente Ernesto Zedillo en 1995.
El grupo Atlacomulco
Apenas fue designado candidato sustituto Ernesto Zedillo, el jefe del clan Atlacomulco y en ese entonces secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González, operó el apoyo de la llamada vieja clase política para el nuevo abanderado del PRI, desde las mismas oficinas de la dependencia a su cargo. Y sus cercanos pronto coparon los primeros niveles de la política: Ignacio Pichardo Pagaza fue traído de la embajada de México en España para hacerse cargo de la coordinación general de la campaña y pese a no contar con los méritos suficientes, Humberto Benítez Treviño fue nombrado procurador general de la República en reemplazo de Diego Valadés; finalmente Óscar Espinosa Villarreal fue reafirmado en la Secretaría de Finanzas.
Benítez fue acusado por Mario Ruiz Massieu de haber desalojado a sus colaboradores con lujo de violencia y armas largas de las oficinas donde despachaba como subprocurador, en las cuales dejó unas carpetas donde José Francisco Ruiz Massieu tendría el detalle de los acontecimientos de 1994 hasta el día de su muerte.
Tras el triunfo de Zedillo en las elecciones del 21 de agosto de 1994, Pichardo Pagaza fue nombrado presidente del PRI y María de los Ángeles Moreno llegó a la Secretaría General a la muerte de José Francisco Ruiz Massieu; ambos fueron acusados por Mario Ruiz Massieu cuando denunció que "los demonios andan sueltos" y desde la sede del partido y el Congreso de la Unión obstaculizaban la integración de las averiguaciones en torno al asesinato de su hermano, en colaboración con Benítez Treviño.
Con estos acontecimientos, la prevalencia de los grupos ligados a José Córdoba y Atlacomulco en el gabinete de Ernesto Zedillo fue marcada:
Pichardo Pagaza arribó al gabinete como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
Continuó como secretario de la Sedesol Carlos Rojas Gutiérrez, quien fuera director de Finanzas y Administración en el hipódromo de Agua Caliente de Jorge Hank Rohn, de 1985 a 1988; vicepresidente de Finanzas de 1985-86 y de Relaciones Públicas de 1987-88, y presidente y consejero 88-90 del Instituto Mexicano de Finanzas de Tijuana, y
Óscar Espinosa Villarreal fue designado regente de la ciudad de México.
La fuerza del grupo Atlacomulco fue evidente en los primeros meses, cuando negociada la salida de Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco por Esteban Moctezuma y el PRD, el actual presidente del PRI se acercó con su maestro y padrino Carlos Hank y desde la Hacienda Don Catarino se fincó su permanencia. Fue la primera gran derrota de Esteban Moctezuma, quien dejó la Secretaría de Gobernación a otro integrante del clan del estado de México, Emilio Chuayffet, en junio de 1995. -
Asesinato de Colosio
Tercera de tres partes
Publicado en el diario El Independiente
Los hechos antes, durante y después del 23 de marzo de 1994 permiten presumir la posibilidad de una alianza para evitar la continuidad del proyecto salinista de reelección presidencial, y el ascenso de Ernesto Zedillo, propulsado por fuerzas políticas contrarias al famoso grupo compacto, como fueron los desplazados grupos Atlacomulco y Echeverría.
Antes de la selección del candidato hubo una fuerte lucha para evitar cambios constitucionales que permitieran la reelección directa; tras el 28 de noviembre la batalla fue por ver quién finalmente se quedaba con la candidatura presidencial e imponía su modelo de país, pero ¿qué sucedió tras el 23 de marzo? Los hechos podrían aclarar dudas.
Hubo grupos involucrados que desde distintas trincheras diluyeron las investigaciones iniciales y presionaron a los distintos fiscales cuando éstos comenzaron a jalar los hilos que conducían a los probables autores intelectuales. De esta forma fueron exonerados los grupos Tucan (Todos Unidos contra Acción Nacional), Omega y hasta el propio Estado Mayor Presidencial.
Las pistas del asesinato fueron borradas o alteradas en sus distintas etapas; Mario Aburto observó el video del asesinato y fue sacado de la delegación de la PGR en Tijuana antes de su primera declaración; semanas y meses después también fueron eliminados policías y agentes del Ministerio Público involucrados en la adulteración de hechos o que conocían demasiado y no se iban a callar.
Los dinosaurios
Ciro Gómez Leyva revela en su libro Ya vamos llegando a México (p.13) la conversación del 13 de febrero de 1995 con un criminólogo, quien le entregó un estudio grupal terminado el 30 de abril de 1994, cinco semanas después del asesinato de Colosio. "Según la investigación, se trata de la comunidad de políticos tradicionales aliados con el narcotráfico. Dinosaurios los llaman (…) Para apoderarse de la candidatura priísta a la Presidencia de la República, arrebatándole así el control estratégico del Estado mexicano al grupo político del presidente Salinas (…) Un genuino golpe de Estado contra el presidente Salinas, contra el salinismo, contra el rumbo estratégico de la vida nacional, impulsado por ellos y, sobre todo, contra la discreta política de exclusión de los dinosaurios", le indicó.
Este hombre mostró a Gómez Leyva algunos párrafos del estudio que fue conocido por los fiscales Miguel Montes y Olga Islas e incluso pudo llegar a Carlos Salinas. Ahí se decía que el asesinato de Colosio era el inicio de una guerra sucia para hacer abortar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, generando un proceso de desestabilización política "mediante nuevos atentados criminales a fin de crear una situación explosiva entre el 21 de agosto y el 1 de diciembre".
El criminólogo habló también de dos tiradores, del complot en Lomas Taurinas. Y 15 días después fue capturado Othón Cortés, quien apareció en Tijuana con una credencial del aeropuerto de la localidad, firmada por Alcides Beltrones Rivera, hermano del entonces gobernador de Sonora, y negó conocer a Domiro García Reyes, pese a haber sido quien condujo al jefe de la escolta de Colosio a la central aérea.
Desde el principio la hipótesis del fiscal Miguel Montes fue la del complot, suavizada por la frase "acción concertada", que mantuvo hasta el 30 de abril. La pregunta es ¿por qué cambió su hipótesis? Acaso porque al avanzar encontró que Córdoba Montoya y el futuro presidente estaban inmiscuidos junto con los grupos de dinosaurios o porque el jefe de la Oficina de la Presidencia indujo que otra línea de investigación debilitaría al Estado.
Personaje cercano a la familia Colosio, sin embargo, según Gómez Leyva, Montes advirtió a los colosistas: "Que quede claro, si esto es una conjura, yo estoy muerto."
El propio Montes había atajado la posibilidad de que Miguel Nazar Haro se hiciera cargo de las investigaciones cuando se lo planteó Carlos Salinas, según escribió en Ya vamos llegando a México:
-- Manlio (Fabio Beltrones) propone que Miguel Nazar Haro se haga cargo de la investigación policiaca --planteó Salinas de Gortari.
-- No, señor, eso no es conveniente. Nazar tiene dueño --zanjó Montes.
Hay muchos puntos poco claros que no fueron analizados por los fiscales. Entre otros,
¿Por qué mintieron Othón Cortés y el general Domiro García Reyes al asegurar que no se conocían?;
¿Quién ordenó que el grupo de seguridad de Fernando de la Sota actuara de forma paralela al Estado Mayor Presidencial?;
¿Por qué falsearon sus declaraciones De la Sota Rodalléguez y Alejandro García Hinojosa?;
¿Por qué el PRI local contrató a un grupo para hacer vallas en Lomas Taurinas, y q uién pagaba a Tranquilino Sánchez y Vicente y Rodolfo Mayoral;
¿Por qué Rodolfo Rivapalacio se presentó a cobrar antes del mitin de Lomas Taurinas un cheque por 50 millones de pesos en la sucursal Banamex de Playas de Tijuana?
El grupo Echeverría
Uno de los datos insuficientemente investigado es que Rosario Urrutia, esposa de José Córdoba Montoya, vivió en el fraccionamiento Colinas de San Javier, construido por Javier García Paniagua. La casa, donde vivía la esposa del franco-español-mexicano, era propiedad de René González Quirarte, uno de los brazos operativos del cártel de Ciudad Juárez, quien fuera encontrado muerto y descabezado en febrero de 2000 en la ciudad de Guadalajara.
García Paniagua fue miembro de la llamada vieja clase política o dinosaurios, la nomenclatura, mientras que su hijo Javier García Morales no sólo trabajó sino que fue hecho prisionero en Los Ángeles junto con Miguel Nazar Haro por el robo y tráfico de vehículos a México. Ha sido investigado por narcotráfico y actualmente se desempeña como secretario adjunto al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado.
Además Córdoba fue impulsor del Grupo Empresarial de Occidente al frente del cual está el hoy senador Raymundo Gómez Flores, beneficiario del salinismo con la empresa camionera Dina, la Harinera MINSA y Banca Cremi, fue socio de Carlos Cabal Peniche en Banca Unión-Cremi. Este grupo lo completaron las empresas Lomelí comandadas por Arturo Lomelí y Salvador Martínez Garza de Mexlub.
Por su parte Fernando Gutiérrez Barrios y García Paniagua fueron directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con Luis Echeverría, la Policía política del régimen, convertida en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por Miguel de la Madrid. Con ellos trabajó Manlio Fabio Beltrones, el único personaje que habló a solas con Mario Aburto la noche del 23 de marzo de 1994, antes de rendir su primera declaración y ser trasladado a la ciudad de México.
Además de no compartir el proyecto económico, la lucha entre Carlos Salinas y Luis Echeverría se recrudeció con la persecución y encarcelamiento del cuñado de este último, Rubén Zuno Arce, en Estados Unidos, acusado de narcotráfico.
El grupo Omega y De la Sota
Beneficiario del salinismo con Bancrecer, participante en los créditos irregulares del Fobaproa y dueños de empresas de transporte de pasajeros, el Grupo Toluca, de la familia Alcántara Rojas, se integró a la campaña de Colosio como lo hizo con otras en contiendas anteriores. En un principio como integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte, presidida por Roberto Alcántara Rojas, quien propuso apoyar con seis camiones equipados y dos transportes de fletes. Más tarde con el patriarca del grupo y ex senador Jesús Alcántara al frente de la Comisión de Financiamiento. Era padre de Roberto, José Carmen, Arturo y José Luis Alcántara Rojas, hoy cercanos a Arturo Montiel en la aventura política del estado de México.
Pero no fueron solos. También llevaron consigo al grupo civil de seguridad formado por Fernando de la Sota Rodálleguez, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un asesino a sueldo ligado al cártel de Juárez, quien comenzó a trabajar con Alcántara en 1992, cuando Ignacio Morales Lechuga lo echó de la PGR.
Mucho se habló de las irregularidades cometidas por De la Sota en el caso Colosio. Pero poco se ha investigado sobre los demás sucesos donde ha estado presente y muestran la clase de personaje que es. Uno de ellos, el asesinato de Abraham Polo Uscanga, que relaciona también a los Alcántara.
En declaración jurada, el abogado Alberto Woolrich expresó que dos días antes de morir, su amigo, el magistrado Abraham Polo Uscanga, le dio a conocer que fue secuestrado y torturado; entre sus plagiarios reconoció a Fernando de la Sota, con quien tenía una rencilla que databa de siete años atrás.
El asunto estuvo así: Una vez nombrado Ignacio Morales Lechuga como procurador general de Justicia del Distrito Federal invitó a trabajar como subprocuradores a su paisano Polo Uscanga en Averiguaciones Previas y a Enrique Fuentes León en Procedimientos Penales, así como a De la Sota como jefe de la Policía Judicial capitalina. Inconforme por los nombramientos, Polo renunció. Sin embargo Morales rectificó y mientras Fuentes León se quedó sin trabajo en el servicio público, De la Sota fue designado jefe de la Policía Judicial en la Miguel Hidalgo por el delegado de la PGJDF, Federico Ponce Rojas, hasta donde lo persiguió Polo con una consignación por extorsión que no se cumplimentó por órdenes de Morales.
Según la versión de trabajadores nocturnos, De la Sota estuvo en el Bar Jemma la madrugada del 20 de junio de 1995, lugar ubicado frente a las oficinas donde fue encontrado el cadáver del magistrado. El arma que le dio muerte fue un revólver brasileño Taurus calibre 38, semejante al que victimó a Luis Donaldo Colosio y arma preferida por De la Sota.
De acuerdo con la declaración de Felipe Victoria Zepeda, quien trabajó con Abraham Polo Uscanga, la muerte del magistrado derivó de los consejos dados al que fuera secretario de Transportes y Vialidad, Luis Miguel Moreno Gómez (también muerto en abril de 1995), para hacer caso omiso a las presiones de su jefe y "obstaculizar el gran negocio que querían hacer personas allegadas a Óscar Espinosa Villarreal, de apellido Alcántara Rojas (Jesús y Roberto), apoderándose de la concesión del transporte urbano de pasajeros" en la ciudad de México.
El propio Victoria Zepeda destaca la participación de El comandantazo o Grandote De la Sota en el Operativo Noticia realizado el 30 de mayo de 1984, cuando miembros de la Dirección Federal de Seguridad ejecutaron al periodista Manuel Buendía Téllez Girón, por órdenes inmediatas de José Antonio Zorrilla Pérez. Además, el testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA), Marco Enrique Torres, también implica a De la Sota en el crimen contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993.
Por su parte el ex cónsul de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad, envió mensajes a la cancillería comandada por José Ángel Gurría, donde explicaba la existencia de una "relación voluntaria o involuntaria entre José Córdoba Montoya, Marcela Bodenstedt, Enrique Fuentes León (identificado por la DEA como abogado del cártel del Golfo), el ex diputado Manuel Muñoz Rocha y Juan García Ábrego".
Además "desde 1992 el Departamento de Justicia, a través de su oficina en San Antonio, ha establecido reservas sobre el connacional Fernando de la Sota Rodalléguez, quien vino entonces a esta ciudad como comisionado de la PGR para investigar al cártel de Juárez" a petición de la entidad estadounidense, que tras darle todos los detalles de un operativo confirmó sus sospechas. Tras este hecho, ahora sí fue corrido por Morales Lechuga.
Fernando de la Sota terminó como integrante del Estado Mayor Presidencial y de Seguridad del presidente Ernesto Zedillo en 1995.
El grupo Atlacomulco
Apenas fue designado candidato sustituto Ernesto Zedillo, el jefe del clan Atlacomulco y en ese entonces secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González, operó el apoyo de la llamada vieja clase política para el nuevo abanderado del PRI, desde las mismas oficinas de la dependencia a su cargo. Y sus cercanos pronto coparon los primeros niveles de la política: Ignacio Pichardo Pagaza fue traído de la embajada de México en España para hacerse cargo de la coordinación general de la campaña y pese a no contar con los méritos suficientes, Humberto Benítez Treviño fue nombrado procurador general de la República en reemplazo de Diego Valadés; finalmente Óscar Espinosa Villarreal fue reafirmado en la Secretaría de Finanzas.
Benítez fue acusado por Mario Ruiz Massieu de haber desalojado a sus colaboradores con lujo de violencia y armas largas de las oficinas donde despachaba como subprocurador, en las cuales dejó unas carpetas donde José Francisco Ruiz Massieu tendría el detalle de los acontecimientos de 1994 hasta el día de su muerte.
Tras el triunfo de Zedillo en las elecciones del 21 de agosto de 1994, Pichardo Pagaza fue nombrado presidente del PRI y María de los Ángeles Moreno llegó a la Secretaría General a la muerte de José Francisco Ruiz Massieu; ambos fueron acusados por Mario Ruiz Massieu cuando denunció que "los demonios andan sueltos" y desde la sede del partido y el Congreso de la Unión obstaculizaban la integración de las averiguaciones en torno al asesinato de su hermano, en colaboración con Benítez Treviño.
Con estos acontecimientos, la prevalencia de los grupos ligados a José Córdoba y Atlacomulco en el gabinete de Ernesto Zedillo fue marcada:
Pichardo Pagaza arribó al gabinete como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
Continuó como secretario de la Sedesol Carlos Rojas Gutiérrez, quien fuera director de Finanzas y Administración en el hipódromo de Agua Caliente de Jorge Hank Rohn, de 1985 a 1988; vicepresidente de Finanzas de 1985-86 y de Relaciones Públicas de 1987-88, y presidente y consejero 88-90 del Instituto Mexicano de Finanzas de Tijuana, y
Óscar Espinosa Villarreal fue designado regente de la ciudad de México.
La fuerza del grupo Atlacomulco fue evidente en los primeros meses, cuando negociada la salida de Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco por Esteban Moctezuma y el PRD, el actual presidente del PRI se acercó con su maestro y padrino Carlos Hank y desde la Hacienda Don Catarino se fincó su permanencia. Fue la primera gran derrota de Esteban Moctezuma, quien dejó la Secretaría de Gobernación a otro integrante del clan del estado de México, Emilio Chuayffet, en junio de 1995. -
