El año del complot para AMLO
Confían lopezobradoristas en la corta memoria de la sociedad
(2005-03-07)
http://www.lacrisis.com.mx/videos070305.htm
Montados en la lógica de hacer de sus defectos una virtud y de mostrar cualquier indicio de sus prácticas corruptas como un ataque ajeno, la facción lopezobradorista del perredismo confía que la corta memoria de la ciudadanía pronto olvide aquellas imágenes de quienes con la bandera “incorruptible” de la “izquierda” cobraban favores con la derecha, y que mostraron la corrupción política en todo su esplendor.
Sin embargo, a un año de que explotó el escándalo y pese a que han querido desviar la atención de la sociedad sobre un presunto complot, los hechos reales que los muestran en toda su dimensión no han sido suficientemente desacreditados por los actores de los videoescándalos de marzo de 2004.
Gustavo Ponce Meléndez, René Bejarano, Carlos Ímaz, Carlos Ahumada, Octavio Flores y recientemente Francisco Martínez Rojo fueron procesados.
Sólo el esposo de la secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, fue el único que no pisó la cárcel porque el procurador Bernardo Bátiz no hizo el menor intento de apelar la resolución que dejó en libertad al también ex jefe delegacional en Tlalpan.
El episodio de marzo de 2004 acarreó efectos a otros actores como el propio Andrés Manuel López Obrador, que vio caer su popularidad en 30 por ciento, y pese a que continúa al frente en las encuestas, su diferencia con otros presuntos contendientes ya no es mayúscula.
Otro fue Víctor Trujillo, quien después de un tiempo fuera del aire —mezclado con la muerte de su esposa Carolina Padilla— retornó a la pantalla chica sin el disfraz del payaso Brozo, y con un tono incluso bastante mesurado, amable, aunque crítico, que contrasta con la postura radical de inquisidor y verdugo que tuvo el 3 de marzo de hace un año cuando balconeó a Bejarano.
Pero, sobre todo, no existe conocimiento del destino del dinero que apareció en las pantallas de televisión, sobre una mesa en la oficina de Carlos Ahumada Kurtz, porque los presuntos destinatarios lo niegan y no hay forma de comprobar su entrega; y mucho menos el Gobierno del Distrito Federal ha hecho pública alguna auditoría sobre el daño patrimonial ocasionado por su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez.
El jefe de Gobierno ha tratado de proteger a los dos personajes más cercanos a él, sus operadores político y financiero que fueron descubiertos como dos políticos corruptos y delincuentes, como también Carlos Ímaz que salió con su bolsita de la oficina del empresario argentino.
Porque, López Obrador, obsesionado con la candidatura presidencial, no sólo no mira la viga en el ojo propio mientras advierte la paja en el ajeno, sino con el interés primordial de que la gente pierda la dimensión de las mentiras e irregularidades que a diario cometen, distrae la atención de la gente hacia otros temas que, incluso, ya caducaron.
Secreto de Estado, otra estrategia
Ayer mismo, López Obrador exigió transparencia para que la gente conozca la realidad sobre el asunto del Fobaproa, pero de manera desafortunada no fue cuestionado por los reporteros que acuden a sus conferencias mañaneras, que él y su gobierno tampoco cumplen los mínimos estándares de transparencia.
Y precisamente en un golpe a la transparencia y rendición de cuentas finca el Gobierno del Distrito Federal una forma paralela de conseguir recursos ilegales, una vez que sus principales operadores fueron detenidos.
Entre otras cosas, desde el año pasado encapsularon los gastos del Fideicomiso para el Mejoramiento de la Vías de Comunicación (Fimevic), instancia que se ha convertido en una de las principales cajas chicas del GDF, cuyos números no podrán conocerse pronto porque son considerados secreto de Estado hasta por 12 años, cuando haya prescrito cualquier tipo de acción legal en contra del mandatario local y de sus colaboradores, en el entendido de que hay irregularidades.
Y como nadie pegó de brincos frente a este asunto antiético de quienes “presumen” su coherencia y ética política, el pasado martes un diario dio a conocer que el Gobierno del Distrito Federal aprovechó la coyuntura para publicar en la Gaceta Oficial el 15 de noviembre de 2004, el acuerdo firmado por la consejera jurídica María Estela Ríos, que imposibilita por los próximos diez años a los ciudadanos del Distrito Federal conocer los contratos vigentes de publicidad e imagen del gobierno capitalino, celebrados a través de su Dirección General de Comunicación Social.
Es decir, el dinero que el jefe de Gobierno utilice en la promoción e imagen de su candidatura presidencial podrá salir de las arcas de la ciudad, pero como las cuentas son consideradas como razón de Estado, sólo podremos conocerlas incluso después de que pudiera concluir su sexenio en caso de que llegara a ganar la Presidencia de la República.
Sin embargo, eso no es todo. Como información confidencial fueron clasificados también los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa de las obras y servicios del GDF; la lista de proveedores del Gobierno capitalino y para no dejar dudas, calificó también dentro del rubro de secreto de Estado todo lo que no esté incluido en la página de internet del propio gobierno, incluido el mapa de riesgos de la Ciudad de México.
Así, pues, será hasta 2014 cuando se conozca cuánto costaron los segundos pisos, a quién se le pagó y cómo se hizo; también en esa fecha se sabrá si las obras cumplen con las especificaciones técnicas para prevenir los riesgos en la zona en que fueron construida o cómo se gastó el actual gobierno los 216 millones de pesos que tiene para publicidad este año.
Voluntad forzada
Otra estrategia paralela del jefe de Gobierno del Distrito Federal para conseguir fondos para su campaña político-electoral, además del cobro de los favores y la utilización de los recursos públicos sin rendición de cuentas inmediata, es forzar la voluntad de los trabajadores de la ciudad porque, de lo contrario, se quedan sin trabajo.
La prueba más palpable la adelantamos en exclusiva el lunes de la semana pasada, 28 de febrero, en estas páginas, cuando dimos a conocer que por negarse a entregar un porcentaje de su salario para financiar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador ocultada por el movimiento contra el desafuero (10 mil pesos mensuales), Mario Montaño Alcocer fue degradado al nivel de policía de a pie, pese a que ocupaba el cargo de director de Agrupamientos a Caballo (Policía Montada).
Hoy nos enteramos que Montaño Alcocer no sólo fue destituido, sino que fue despedido, acusado por la dependencia de utilizar patrullas no valizadas en algunos actos delictivos.
Como él, muchos otros servidores públicos se han quejado de manera anónima porque de otra forma pierden su trabajo, sean del área central o de las delegaciones.
Incluso, los trabajadores y asesores de los diputados locales, federales y los senadores sólo reciben 30 por ciento del salario que presuntamente perciben, porque la mayoría se la quedan sus “jefes” para sus gastos de apoyo a López Obrador.
El miércoles 2 de marzo Reforma y los siguientes días otros medios dieron a conocer que por instrucciones del jefe de Gobierno se les descontó 10 por ciento de su salario a los miles de policías preventivos, auxiliares y de la Judicial del Distrito Federal.
Pero a pesar de las pruebas documentales y testimoniales de este abuso, como siempre lo ha hecho, el jefe de Gobierno dijo: “Es falso”.
Soberbia perredista
En el colmo de la soberbia, al conmemorarse un año de la aparición de los videoescándalos, un grupo de perredistas hizo una “limpia de la corrupción” frente a sus oficinas estatales porque “necesitamos cambiar personajes, equipos, dirigentes y actitudes”, según Isaías Villa González, mientras el personaje central de este episodio mediático que dio vuelta al mundo cuando se embolsaba fajos de billetes y hasta las ligas que los ataban, René Bejarano, se dice “un preso de conciencia y un rehén político” que está sometido a un proceso penal en el Reclusorio Sur “por consigna”.
No menos cínico fue el presidente nacional del PRD, Leonel Godoy, quien pasados apenas unos ocho meses de la difusión nacional y mundial de las cinco videograbaciones que descobijaron a lo más “granado” del PRD, en un tardío y fingido acto de contrición ofreció una disculpa a la sociedad.
Pero esa justificación no fue por los actos de corrupción que vieron todo México y el mundo entero, sino sólo se disculpó porque dichos actos de corrupción hayan salido a la luz. En otras palabras, no se disculpó porque se hayan cometido las raterías, sino porque las filmaron.
De hecho, hace unos días dijo que los videoescándalos “son una página cerrada” para el PRD y la consecuente crisis para el organismo político ha sido superada: “El partido resistió y este año hemos tenido un repunte considerable, sentimos que ya superamos la crisis y que estamos enfilados a la contienda presidencial con muchas posibilidades de ganar.”
Godoy atiende en su declaración a la reciente victoria electoral en Guerrero porque entre el 1 de marzo y noviembre pasado cosechó nueve derrotas electorales.
Es la de Godoy la misma sintonía en la que se encuentra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien en noviembre pasado dijo al periodista Carlos Loret de Mola que sus adversarios políticos “tenían un plan para afectarme políticamente, para ganarme políticamente aprovechando la situación real (de la corrupción)”.
Es decir, López Obrador reconoció que hubo delito en los actos de su ex secretario particular y ex jefe de campaña a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, pero tal defecto de uno de sus principales colaboradores los pretende convertir en un ataque de sus enemigos.
Llega incluso a aceptar que le dieron un apoyo mínimo a cambio de favores: “Se habla inclusive de que me piden algo por los videos, se insinúa, tanto lo que se dice en Cuba él mismo dice (Carlos Ahumada Kurtz), me ofrecieron que me iban a dar apoyo, apenas me dieron una cosa mínima.”
Pero, ante todo, el hombre que debe tener conocimiento pleno de todo lo que hacen sus principales colaboradores, peca de ingenuo cuando al propio conductor de noticiarios le responde: “Yo no tengo nada de qué avergonzarme y no me gusta decir mentiras, yo no sabía de la relación de Bejarano con Ahumada ni de la relación de Ponce con Ahumada.”
Esta es la cantinela de todos los días. En cada ocasión que se le señalan sus equivocaciones o que sus funcionarios se corrompen o que pese a todos sus alegatos no cumple con la ley, la respuesta del jefe de Gobierno es el complot; lección bien aprendida por sus funcionarios y portavoces que lo repiten sin descanso.
Como también repiten la forma de actuar, pellizcando y volteando la cara. Porque con esta forma de actuar, lo que López Obrador propicia es que la corrupción se agudice.
Pues para que los servidores públicos puedan cumplir con las exigencias de 10 por ciento de su salario para la campaña, la única forma de mantener su salario en condiciones similares es trasladar tales cantidades a los ciudadanos.
De esta forma, lo que hace el jefe de Gobierno es darle banderazo de salida a la corrupción, a la extorsión, al cohecho, al robo en despoblado que sufren los ciudadanos cada día.
Porque también tiene forma de exculpar a esos corruptos: “Yo diría que es una gente (René Bejarano) como cualquier otra que tiene virtudes y tiene defectos y que es un ser humano, la política no se hace con santos, se hace con hombres, se hace con mujeres (…) se hace con seres humanos que tienen cosas buenas y todos tenemos también errores, yo creo que no podemos hacer una campaña de linchamiento contra nadie, no adelantarnos a los acontecimientos y no erigirnos y no situarnos como jueces implacables en donde nosotros decimos quién es bueno o quién es malo, porque ahora sí, el que esté libre (de pecados) que tire la primera piedra”.
Todos detenidos
Gustavo Ponce Meléndez inició la saga de videos el 1 de marzo de 2004 y de inmediato recibió la protección del GDF para huir, en una persecución que involucró a instituciones como la PGR, la DEA, el Cisen y el gobierno de Cuba.
Ponce gastaba en propinas un promedio de 800 dólares y realizó de 2002 a 2004 un mínimo de 17 viajes a Las Vegas, particularmente al hotel Bellagio.
Pero su detención se debió a su presunta responsabilidad en un fraude por 31 millones de pesos por obras no realizadas en la delegación Gustavo A. Madero, por el que también se encuentra en proceso el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, quien acusó a los perredistas de que lo extorsionaban reteniéndole los pagos por obras “a cambio de financiar económicamente la campaña presidencial de López Obrador”.
Ahumada fue detenido el 30 de marzo en Cuba mientras que el 9 de octubre cayó el ex secretario de Finanzas en Tepoztlán, Morelos.
El 3 de marzo, el diputado panista Federico Döring llevó una cinta al extinto programa televisivo El Mañanero donde se vio al entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, René Bejarano, recibiendo del empresario Carlos Ahumada Kurtz un maletín con 45 mil dólares.
Tras una novelesca defensa pública, en la cual su esposa, la diputada federal Dolores Padierna, jugó destacado papel, Bejarano fue desaforado por el pleno de la Cámara y consignado al Reclusorio Sur, donde cumple con un proceso por lavado de dinero.
Carlos Ímaz dijo que como ahora lo hacen los trabajadores del GDF, el dinero que le dio Ahumada fue “una donación voluntaria” que destinó a cazar mapaches durante las elecciones delegacionales. Fue hallado culpable de haber violado la ley electoral por utilizar fondos ilegales, sin embargo obtuvo su libertad tras pagar una fianza y hace poco los tribunales lo exoneraron definitivamente porque el maestro Bernardo Bátiz no reclamó el fallo.
Más adelante fue dictada una orden de aprehensión en contra del hoy prófugo Octavio Flores Millán, ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, por falsear sus declaraciones patrimoniales, pero hasta el momento no le han podido fincar responsabilidades por el presunto fraude por 31 millones de pesos que habría realizado junto con Ahumada.
Finalmente, hace algunos días fue detenido en Hidalgo el ex titular en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, también por presunto fraude en contra de la administración delegacional por alrededor de dos millones de pesos, también en presunto contubernio con Ahumada.
http://www.lacrisis.com.mx/videos070305.htm
Montados en la lógica de hacer de sus defectos una virtud y de mostrar cualquier indicio de sus prácticas corruptas como un ataque ajeno, la facción lopezobradorista del perredismo confía que la corta memoria de la ciudadanía pronto olvide aquellas imágenes de quienes con la bandera “incorruptible” de la “izquierda” cobraban favores con la derecha, y que mostraron la corrupción política en todo su esplendor.
Sin embargo, a un año de que explotó el escándalo y pese a que han querido desviar la atención de la sociedad sobre un presunto complot, los hechos reales que los muestran en toda su dimensión no han sido suficientemente desacreditados por los actores de los videoescándalos de marzo de 2004.
Gustavo Ponce Meléndez, René Bejarano, Carlos Ímaz, Carlos Ahumada, Octavio Flores y recientemente Francisco Martínez Rojo fueron procesados.
Sólo el esposo de la secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, fue el único que no pisó la cárcel porque el procurador Bernardo Bátiz no hizo el menor intento de apelar la resolución que dejó en libertad al también ex jefe delegacional en Tlalpan.
El episodio de marzo de 2004 acarreó efectos a otros actores como el propio Andrés Manuel López Obrador, que vio caer su popularidad en 30 por ciento, y pese a que continúa al frente en las encuestas, su diferencia con otros presuntos contendientes ya no es mayúscula.
Otro fue Víctor Trujillo, quien después de un tiempo fuera del aire —mezclado con la muerte de su esposa Carolina Padilla— retornó a la pantalla chica sin el disfraz del payaso Brozo, y con un tono incluso bastante mesurado, amable, aunque crítico, que contrasta con la postura radical de inquisidor y verdugo que tuvo el 3 de marzo de hace un año cuando balconeó a Bejarano.
Pero, sobre todo, no existe conocimiento del destino del dinero que apareció en las pantallas de televisión, sobre una mesa en la oficina de Carlos Ahumada Kurtz, porque los presuntos destinatarios lo niegan y no hay forma de comprobar su entrega; y mucho menos el Gobierno del Distrito Federal ha hecho pública alguna auditoría sobre el daño patrimonial ocasionado por su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez.
El jefe de Gobierno ha tratado de proteger a los dos personajes más cercanos a él, sus operadores político y financiero que fueron descubiertos como dos políticos corruptos y delincuentes, como también Carlos Ímaz que salió con su bolsita de la oficina del empresario argentino.
Porque, López Obrador, obsesionado con la candidatura presidencial, no sólo no mira la viga en el ojo propio mientras advierte la paja en el ajeno, sino con el interés primordial de que la gente pierda la dimensión de las mentiras e irregularidades que a diario cometen, distrae la atención de la gente hacia otros temas que, incluso, ya caducaron.
Secreto de Estado, otra estrategia
Ayer mismo, López Obrador exigió transparencia para que la gente conozca la realidad sobre el asunto del Fobaproa, pero de manera desafortunada no fue cuestionado por los reporteros que acuden a sus conferencias mañaneras, que él y su gobierno tampoco cumplen los mínimos estándares de transparencia.
Y precisamente en un golpe a la transparencia y rendición de cuentas finca el Gobierno del Distrito Federal una forma paralela de conseguir recursos ilegales, una vez que sus principales operadores fueron detenidos.
Entre otras cosas, desde el año pasado encapsularon los gastos del Fideicomiso para el Mejoramiento de la Vías de Comunicación (Fimevic), instancia que se ha convertido en una de las principales cajas chicas del GDF, cuyos números no podrán conocerse pronto porque son considerados secreto de Estado hasta por 12 años, cuando haya prescrito cualquier tipo de acción legal en contra del mandatario local y de sus colaboradores, en el entendido de que hay irregularidades.
Y como nadie pegó de brincos frente a este asunto antiético de quienes “presumen” su coherencia y ética política, el pasado martes un diario dio a conocer que el Gobierno del Distrito Federal aprovechó la coyuntura para publicar en la Gaceta Oficial el 15 de noviembre de 2004, el acuerdo firmado por la consejera jurídica María Estela Ríos, que imposibilita por los próximos diez años a los ciudadanos del Distrito Federal conocer los contratos vigentes de publicidad e imagen del gobierno capitalino, celebrados a través de su Dirección General de Comunicación Social.
Es decir, el dinero que el jefe de Gobierno utilice en la promoción e imagen de su candidatura presidencial podrá salir de las arcas de la ciudad, pero como las cuentas son consideradas como razón de Estado, sólo podremos conocerlas incluso después de que pudiera concluir su sexenio en caso de que llegara a ganar la Presidencia de la República.
Sin embargo, eso no es todo. Como información confidencial fueron clasificados también los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa de las obras y servicios del GDF; la lista de proveedores del Gobierno capitalino y para no dejar dudas, calificó también dentro del rubro de secreto de Estado todo lo que no esté incluido en la página de internet del propio gobierno, incluido el mapa de riesgos de la Ciudad de México.
Así, pues, será hasta 2014 cuando se conozca cuánto costaron los segundos pisos, a quién se le pagó y cómo se hizo; también en esa fecha se sabrá si las obras cumplen con las especificaciones técnicas para prevenir los riesgos en la zona en que fueron construida o cómo se gastó el actual gobierno los 216 millones de pesos que tiene para publicidad este año.
Voluntad forzada
Otra estrategia paralela del jefe de Gobierno del Distrito Federal para conseguir fondos para su campaña político-electoral, además del cobro de los favores y la utilización de los recursos públicos sin rendición de cuentas inmediata, es forzar la voluntad de los trabajadores de la ciudad porque, de lo contrario, se quedan sin trabajo.
La prueba más palpable la adelantamos en exclusiva el lunes de la semana pasada, 28 de febrero, en estas páginas, cuando dimos a conocer que por negarse a entregar un porcentaje de su salario para financiar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador ocultada por el movimiento contra el desafuero (10 mil pesos mensuales), Mario Montaño Alcocer fue degradado al nivel de policía de a pie, pese a que ocupaba el cargo de director de Agrupamientos a Caballo (Policía Montada).
Hoy nos enteramos que Montaño Alcocer no sólo fue destituido, sino que fue despedido, acusado por la dependencia de utilizar patrullas no valizadas en algunos actos delictivos.
Como él, muchos otros servidores públicos se han quejado de manera anónima porque de otra forma pierden su trabajo, sean del área central o de las delegaciones.
Incluso, los trabajadores y asesores de los diputados locales, federales y los senadores sólo reciben 30 por ciento del salario que presuntamente perciben, porque la mayoría se la quedan sus “jefes” para sus gastos de apoyo a López Obrador.
El miércoles 2 de marzo Reforma y los siguientes días otros medios dieron a conocer que por instrucciones del jefe de Gobierno se les descontó 10 por ciento de su salario a los miles de policías preventivos, auxiliares y de la Judicial del Distrito Federal.
Pero a pesar de las pruebas documentales y testimoniales de este abuso, como siempre lo ha hecho, el jefe de Gobierno dijo: “Es falso”.
Soberbia perredista
En el colmo de la soberbia, al conmemorarse un año de la aparición de los videoescándalos, un grupo de perredistas hizo una “limpia de la corrupción” frente a sus oficinas estatales porque “necesitamos cambiar personajes, equipos, dirigentes y actitudes”, según Isaías Villa González, mientras el personaje central de este episodio mediático que dio vuelta al mundo cuando se embolsaba fajos de billetes y hasta las ligas que los ataban, René Bejarano, se dice “un preso de conciencia y un rehén político” que está sometido a un proceso penal en el Reclusorio Sur “por consigna”.
No menos cínico fue el presidente nacional del PRD, Leonel Godoy, quien pasados apenas unos ocho meses de la difusión nacional y mundial de las cinco videograbaciones que descobijaron a lo más “granado” del PRD, en un tardío y fingido acto de contrición ofreció una disculpa a la sociedad.
Pero esa justificación no fue por los actos de corrupción que vieron todo México y el mundo entero, sino sólo se disculpó porque dichos actos de corrupción hayan salido a la luz. En otras palabras, no se disculpó porque se hayan cometido las raterías, sino porque las filmaron.
De hecho, hace unos días dijo que los videoescándalos “son una página cerrada” para el PRD y la consecuente crisis para el organismo político ha sido superada: “El partido resistió y este año hemos tenido un repunte considerable, sentimos que ya superamos la crisis y que estamos enfilados a la contienda presidencial con muchas posibilidades de ganar.”
Godoy atiende en su declaración a la reciente victoria electoral en Guerrero porque entre el 1 de marzo y noviembre pasado cosechó nueve derrotas electorales.
Es la de Godoy la misma sintonía en la que se encuentra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien en noviembre pasado dijo al periodista Carlos Loret de Mola que sus adversarios políticos “tenían un plan para afectarme políticamente, para ganarme políticamente aprovechando la situación real (de la corrupción)”.
Es decir, López Obrador reconoció que hubo delito en los actos de su ex secretario particular y ex jefe de campaña a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, pero tal defecto de uno de sus principales colaboradores los pretende convertir en un ataque de sus enemigos.
Llega incluso a aceptar que le dieron un apoyo mínimo a cambio de favores: “Se habla inclusive de que me piden algo por los videos, se insinúa, tanto lo que se dice en Cuba él mismo dice (Carlos Ahumada Kurtz), me ofrecieron que me iban a dar apoyo, apenas me dieron una cosa mínima.”
Pero, ante todo, el hombre que debe tener conocimiento pleno de todo lo que hacen sus principales colaboradores, peca de ingenuo cuando al propio conductor de noticiarios le responde: “Yo no tengo nada de qué avergonzarme y no me gusta decir mentiras, yo no sabía de la relación de Bejarano con Ahumada ni de la relación de Ponce con Ahumada.”
Esta es la cantinela de todos los días. En cada ocasión que se le señalan sus equivocaciones o que sus funcionarios se corrompen o que pese a todos sus alegatos no cumple con la ley, la respuesta del jefe de Gobierno es el complot; lección bien aprendida por sus funcionarios y portavoces que lo repiten sin descanso.
Como también repiten la forma de actuar, pellizcando y volteando la cara. Porque con esta forma de actuar, lo que López Obrador propicia es que la corrupción se agudice.
Pues para que los servidores públicos puedan cumplir con las exigencias de 10 por ciento de su salario para la campaña, la única forma de mantener su salario en condiciones similares es trasladar tales cantidades a los ciudadanos.
De esta forma, lo que hace el jefe de Gobierno es darle banderazo de salida a la corrupción, a la extorsión, al cohecho, al robo en despoblado que sufren los ciudadanos cada día.
Porque también tiene forma de exculpar a esos corruptos: “Yo diría que es una gente (René Bejarano) como cualquier otra que tiene virtudes y tiene defectos y que es un ser humano, la política no se hace con santos, se hace con hombres, se hace con mujeres (…) se hace con seres humanos que tienen cosas buenas y todos tenemos también errores, yo creo que no podemos hacer una campaña de linchamiento contra nadie, no adelantarnos a los acontecimientos y no erigirnos y no situarnos como jueces implacables en donde nosotros decimos quién es bueno o quién es malo, porque ahora sí, el que esté libre (de pecados) que tire la primera piedra”.
Todos detenidos
Gustavo Ponce Meléndez inició la saga de videos el 1 de marzo de 2004 y de inmediato recibió la protección del GDF para huir, en una persecución que involucró a instituciones como la PGR, la DEA, el Cisen y el gobierno de Cuba.
Ponce gastaba en propinas un promedio de 800 dólares y realizó de 2002 a 2004 un mínimo de 17 viajes a Las Vegas, particularmente al hotel Bellagio.
Pero su detención se debió a su presunta responsabilidad en un fraude por 31 millones de pesos por obras no realizadas en la delegación Gustavo A. Madero, por el que también se encuentra en proceso el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, quien acusó a los perredistas de que lo extorsionaban reteniéndole los pagos por obras “a cambio de financiar económicamente la campaña presidencial de López Obrador”.
Ahumada fue detenido el 30 de marzo en Cuba mientras que el 9 de octubre cayó el ex secretario de Finanzas en Tepoztlán, Morelos.
El 3 de marzo, el diputado panista Federico Döring llevó una cinta al extinto programa televisivo El Mañanero donde se vio al entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, René Bejarano, recibiendo del empresario Carlos Ahumada Kurtz un maletín con 45 mil dólares.
Tras una novelesca defensa pública, en la cual su esposa, la diputada federal Dolores Padierna, jugó destacado papel, Bejarano fue desaforado por el pleno de la Cámara y consignado al Reclusorio Sur, donde cumple con un proceso por lavado de dinero.
Carlos Ímaz dijo que como ahora lo hacen los trabajadores del GDF, el dinero que le dio Ahumada fue “una donación voluntaria” que destinó a cazar mapaches durante las elecciones delegacionales. Fue hallado culpable de haber violado la ley electoral por utilizar fondos ilegales, sin embargo obtuvo su libertad tras pagar una fianza y hace poco los tribunales lo exoneraron definitivamente porque el maestro Bernardo Bátiz no reclamó el fallo.
Más adelante fue dictada una orden de aprehensión en contra del hoy prófugo Octavio Flores Millán, ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, por falsear sus declaraciones patrimoniales, pero hasta el momento no le han podido fincar responsabilidades por el presunto fraude por 31 millones de pesos que habría realizado junto con Ahumada.
Finalmente, hace algunos días fue detenido en Hidalgo el ex titular en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, también por presunto fraude en contra de la administración delegacional por alrededor de dos millones de pesos, también en presunto contubernio con Ahumada.
