octubre 22, 2002

Desvíos por más de 390 mdp en tiendas y farmacias del ISSSTE


La Auditoría Superior de la Federación y la Secodam encontraron desvíos por más de 390 millones de pesos en el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cantidad que podría incrementarse considerablemente una vez analizadas el ciento por ciento las auditorías al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias en los años de 1998, 1999 y 2000, durante las gestiones de José Antonio González Fernández y Socorro Díaz Palacios.
Una vez confirmada la conducta reiterada o modus operandi de 18 funcionarios y un particular, el delito fue tipificado como “delincuencia organizada” en agravio de la entidad paraestatal, y fueron liberadas al menos cinco órdenes de aprehensión, entre ellas al entonces director General del Sistema de Tiendas y Farmacias, José Navarrete Ancona, quien ya fue inhabilitado para ejercer en el servicio público por 18 años y le fijaron una sanción administrativa por 660 millones de pesos.
Los delitos en que habrían incurrido estos funcionarios son fraude, ejercicio indebido del servicio público, peculado, falsificación de documentos, uso de documento falso y uso indebido de atribuciones y facultades. Entre la adulteración de documentos fue alterada la firma del Cardenal Vitalicio del Arzobispado de México, Ernesto Corripio Ahumada.

Promopark

La comisión de Abasto del SITyF realizó anticipos en cheques y cartas de crédito por 220 millones de pesos, de los que el proveedor realizó entregas irregulares con mercancía entregada a destiempo, a costos 150 por ciento por encima de su precio real, e incluso a petición de Promopark la subdirección de Finanzas del ISSSTE estableció una carta de crédito a nombre de la empresa Promerin Inc., con sede en Taiwan por 8 millones 511 mil dólares que al tipo de cambio de esa fecha daba alrededor de 90 millones de pesos. Por este caso la ASF presentó la denuncia de hechos integrada en la averiguación previa 2094/DDF/2001.
Fergomo
Otro de los hechos se encuentra relacionado con la venta de tarjetas de juegos instantáneos que inicialmente sería denominado “El Sabor Millonario” y posteriormente se cambió por “Luz de la Esperanza”, presuntamente aprobado por el Arzobispo Emérito Ernesto Corripio Ahumada. El agravio al ISSSTE fue de 46 millones 500 mil pesos.
Al realizar las investigaciones, los auditores encontraron que Fergomo es una empresa fantasma que no realizó declaraciones fiscales durante 1999 y 2000, mientras que las fianzas de Afianzadora Sofimex fueron dadas por buenas por los funcionarios del ISSSTE, cuando en realidad pertenecían a la Promotora Iberoamericana y a Automotriz Mexicana. Esta investigación se realizó bajo la averiguación previa 1990/DDF/2001.

Vales sin cobrar

La ASF también documentó daño patrimonial al SITyF por diferencias en los reembolsos de los vales recibidos en las unidades de venta por 20 millones 114 mil pesos. Las empresas de las que no fueron recuperados los adeudos a la fecha de la investigación eran Vales ACCOR, Servicios Empresariales, Efectivale, Servi-Bonos, Impulsora de Mercados de México, Prestaciones Mexicanas y Dinámica de Prestaciones.

Mareden

La subdirección de Abasto adquirió de la empresa Mareden mercancías en mayor volumen a la capacidad de desplazamiento en unidades de venta del sistema, se realizaron devoluciones con retraso y la subdirección de finanzas no gestionó el cobro de la mercancía retirada por el proveedor, con daño patrimonial por más de 2 millones de pesos.
De igual forma, con base en la auditoría 422 de la Dirección General de Auditoría de Obra Pública e Inversiones, correspondiente a la cuenta pública de 1998, en diciembre de 2000 se inició la averiguación previa 4776/DDF/2000 por el delito de fraude, por la cantidad de 4 millones 181 mil pesos.
También se investigó a la comercializadora Elsy, una vez que fueron detectados la compra de equipo y artículos electrónicos reciclados, sin garantía, sin servicio y con precios arriba de su costo, como también al proveedor de zapatos Delta por un contrato de 5 millones de pesos, de los cuales sólo hubo evidencia de que entró mercancía por un millón de pesos.