Los Panchos Villa van contra AMLO

Si se les cuestiona por qué son violentos, aceptan serlo sólo al responder a una agresión; si se les ubica como la disidencia, afirman no haber traicionado los principios que los formaron; si se les toma como brazo golpeador de algún grupo de interés gubernamental, señalan haber sido ellos los atacados; si se les censura por pretender hacer de sus colonias ciudades sin ley, alegan tomar en sus manos la seguridad para beneficio de sus propios hijos.
El caso es que los integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), dicen que se encuentran en pie “para continuar dando lata” y propiciar que el Gobierno del Distrito Federal les cumpla sus demandas, y una de sus prioridades es, precisamente, hacer del predio Las Calabazas en las faldas de la sierra de Santa Catarina, un corredor educativo y parque ecológico.
El 23 de junio fueron desalojados del lugar que comprende 560 hectáreas, pero aseguran que “mientras haya negligencia y falta de atención a nuestras demandas, nos vamos a seguir moviendo. No nos amedrentamos; el FPFVI está completo, no nos tocaron un pelo (en el desalojo) y los grupos que formamos el frente están concientes que el Gobierno del Distrito Federal no responde a sus demandas”, explica Gerardo Meza, encargado de la Comisión de Prensa y Difusión.
Y como respuesta a la falta de atención, a diferencia de sus pares del Frente Popular Francisco Villa de tendencia perredista, “se le hace ver a la gente que no se vaya con el fenómeno de la campaña electoral. En el caso de El Peje le hacemos ver que se fije en lo que sucede en la ciudad”.
Incluso, luego de hacer notar su negativa a establecer cualquier tipo de relación ideológica con los partidos políticos con registro y sin él, porque “nosotros buscamos el poder popular debido a que ningún partido representa nuestras demandas”, afirman que Andrés Manuel López Obrador “no va a cambiar las estructuras, ni de manera radical el sistema existente. Por lo tanto, no es una alternativa para nosotros. Quiere quedar bien con todos, por eso le decimos a la gente que no se vayan con la finta, porque no es quien plantea ser”.

Historia y escisión

Al ser desalojado en 1983 un grupo de colonos de la zona Las Minas, en Santa Catarina, se vincularon con el primer antecedente político estudiantil del Frente, llamado Comité Coordinador Estudiantil (CCE), en el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, que más tarde en las aulas de Ciencias Políticas de la UNAM se convertiría en el Frente Estudiantil Universitario. Este grupo organizó a esa gente y constituyó la cooperativa Allepetlalli.
Así, de manera casi fortuita, comenzó a funcionar una organización de la cual más adelante surgieron varios grupos de gestoría, atendidos por gente como Elí Homero Aguilar Ramírez, Pedro Jara, Jaime Enrique Reynoso Esparza, Sonia Peralta, Agustín González Cázares, Alejandro El Grandote López Villanueva y su hermano y Adolfo, Rosario Hernández Aldaco, José Jiménez Magaña, José Luis Rubio y Ana Estela Aguirre, entre otros.
Algunos de estos activistas también formaron parte del Ala Brigadista del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de 1988, cuyas cabezas eran Carlos Imaz, Imanol Ondorica, Antonio Santos y Martí Batres, entre otros.
El 4 de noviembre de 1988 alrededor de 7 mil familias que cuatro meses antes habían acudido con ellos para formar una cooperativa de vivienda en el kilómetro 4.5 de la carretera al Ajusco, fueron desalojadas del predio llamado Lomas del Seminario, en la delegación Tlalpan.
Llevados una parte de los colonos al sindicato de las costureras en San Antonio Abad y otros regresados a sus lugares de origen, los brigadistas trasladaron a unas mil familias a las “islas” de la UNAM, desde donde presionaron al nuevo gobierno para reubicarlos.
A la vez, el entonces rector Jorge Carpizo se comprometió a apoyarlos si se sacaba el conflicto que mantenía en huelga a la UNAM. Sin embargo, al verse burlados, aprovecharon la primera comparecencia del Jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, para tomar por asalto las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propiciando una negociación en febrero de 1989, que llevaría a la construcción de 900 viviendas para diversas organizaciones populares, entre las que estaban el Frente Popular Independiente Lomas del Seminario, la Asociación Civil Tlaltenco, habitantes de las Colonias Belvedere y López Portillo y las cooperativas de vivienda Tepetatli, Ce Cualli Ohtli y Huasipungo.
El primer permiso para construir 170 viviendas se los entregó ni más ni menos, el actual secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y precandidato a la Jefatura de Gobierno, Marcelo Ebrard, cuando era secretario de Gobierno de Manuel Camacho Solís en 1989, al darles las primeras legalizaciones de terrenos invadidos.
De esta forma, y al ver la fuerza que tenían al marchar unidos, el 12 de febrero de 1989 decidieron formar el Frente Popular Francisco Villa, escogiendo el nombre de este revolucionario por su rebeldía, y resolvieron adoptar una postura antielectoral; es decir, no ser parte de la oposición oficial como el PRD en formación por aquellos días, del Partido del Trabajo (PT) o del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)”.
En mayo de 1994 hubo un enfrentamiento con los granaderos en las instalaciones del CCH-Oriente (Cabeza de Juárez), donde salieron a relucir bombas molotov, refriega de la cual surgieron 18 órdenes de aprehensión.
Pero a la par, el 19 de mayo de ese año, el gobierno federal dio a conocer un decreto “por el que se autoriza al Departamento del Distrito Federal a enajenar a título oneroso y fuera de subasta pública, un predio ubicado en la manzana 25 de El Molino, Delegación Iztapalapa, D.F., en favor de la Asociación Civil Unidad Habitacional Frente Popular Francisco Villa, para fines de vivienda”.
Dos años más tarde, el 11 de octubre de 1996, fue detenido Elí Homero Aguilar Ramírez como consecuencia del enfrentamiento y trasladado al Reclusorio Norte.
Eran los momentos difíciles dentro de la organización. Para esos días se sabía que el año siguiente sería elegido por primera ocasión el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y mientras el ala cercana a los ceuístas del PRD se inclinaba por participar en las elecciones sólo en ese proceso mediante la postulación de candidatos plurinominales y la orientación de votos, el otro grupo propuso consultar en las asambleas, colonias, y comunidades la opinión de las bases, con el fin de darle largas al asunto y desembarazarse de esta idea, porque “la búsqueda del poder popular sigue siendo nuestra postura”.
Sin embargo, Alejandro y Adolfo López Villanueva, conocidos dentro del FPFV como “Los Manzanos” porque “en 1990 se agandallaron varias manzanas del predio El Molino que debían ser repartidas de forma equitativa”, decidieron colaborar con el PRD y participar electoralmente al lado de los grupos comandados por René Bejarano.
Adolfo ya fue diputado local en la anterior legislatura, posición que le tocaba a su hermano Alejandro, en aquel entonces preso acusado de presunta participación en el homicidio del magistrado Abraham Polo Uscanga, que no le fue comprobada. Actualmente es diputado local José Jiménez Magaña, cuñado de Adolfo y Alejandro.
La integración a la estructura partidista y en las labores de gobierno desmovilizó a esta facción del FPFV, la perredista. Agustín González así lo reconoció en abril de 2004 cuando festejaron los 15 años de la organización: "Creo que hemos avanzado en nuestras demandas, no ha sido necesario estarnos movilizando tan continuamente; con el gobierno democrático (de López Obrador) han sido más sensibles”.

Independientes

“En cambio nosotros seguimos reivindicando la estructura independiente”, afirman Gerardo Meza y Rosario Hernández Aldaco, en conversación con el reportero en sus oficinas del predio Acapatzingo, a unos cientos de metros del predio Las Calabazas.
El lugar es territorio autónomo. Su seguridad está conformada por comisiones de los propios vecinos. Se alcanzan a ver tres torres de departamentos de 66 metros cuadrados de construcción con tres recámaras y decenas de casas unifamiliares de 60 metros, pero que pueden alcanzar los 120 metros cuadrados, todas ellas pintadas en colores lila o amarillo.
Las construcciones contrastan con la terracería de sus calles, pero “es un trabajo que estamos haciendo poco a poco; se está entubando el drenaje y agua, la energía eléctrica y las líneas telefónicas son subterráneas; lo mismo que este local (contrastante también por sus paredes de adobe y techo de lámina) el cual está destinado para un centro comercial, además de las escuelas primaria y secundaria”.
En la oficina donde los líderes atienden a la comunidad, se encuentran posters de los referentes de la lucha popular, desde José Revueltas, pasando por el Ché Guevara, Ho Chi-Ming, Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Illich Lenin, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros.
“Nuestro proyecto es un proyecto de vida nueva. Para el Estado la vivienda de interés social es de 45 metros cuadrados y pie de casa de 35 metros cuadrados; nosotros creemos que no es así. Por eso mismo hemos hecho cosas que desgraciadamente la opinión pública no logra ver, porque sólo se nos saca en los medios de comunicación cuando somos noticia por hechos violentos”.
Dicen haber construido tres escuelas, haber mejorado el nivel de vida de la gente a través del trabajo organizado e independiente, además de sus proyectos culturales y de salud.
El predio de Las Calabazas varias ocasiones invadido es parte de estos proyectos, afirman Gerardo Meza y Rosario Hernández, ésta secretaria de la comisión de Relaciones Públicas del FPFVI.
“Desde 1997 ya planteábamos la construcción de un corredor educativo y un parque ecológico en ese predio, pero precisamente por la escisión del frente no ha habido relación con la delegación Tláhuac desde que asumió la jefatura delegacional Graciela Rojas. Estamos en la posición de que se realice el proyecto y vamos a presionar en la medida en que nos obliguen porque estos gobiernos del PRD son peores que los del PRI; aquellos por lo menos escuchaban, pero estos trabajan sólo para las organizaciones afines a ellos”.
Precisamente aquí entran en disputa los intereses del Frente Popular Francisco Villa perredista, con influencia en la zona de Tláhuac, y los propios de la actual delegada Fátima Mena, quien se inició en la política como invasora de predios junto con Patricia y Rocío Mendoza y el ex jefe delegacional Francisco Martínez Rojo.
Fátima Mena puso en contra del FPFVI a los vecinos, a quienes el 19 de junio mediante un boletín de prensa llamó a crear un frente común para sacarlos del lugar: “La Delegación Tláhuac hace un llamado a los habitantes de los siete pueblos de la Demarcación, a fin de crear un frente común para evitar que el predio conocido como “Las Calabazas” caiga en manos de invasores o fraccionadores, que sólo buscan lucrar con un área natural protegida”.
En cambio, los Panchos Villa Independientes afirman que “la agresividad con que nos enfrentaron es para cuidar los intereses de Fátima Mena porque ellos mismos están vendiendo esos terrenos, fraccionados, a particulares”

Despedida a López

Gerardo Meza pide a su pequeño hijo que se acerca a la conversación, que le permita explicar: “Nos tienen en la mira porque los cuestionamos. Por eso se da esa andanada buscando repercusiones jurídicas; por eso somos peligrosos para ellos. Pero no van a podernos doblegar porque si antes la dirección colegiada la componían 15 compañeros, ahora somos 50”.
Por esto mismo, si en la segunda o tercera semanas de julio el Gobierno del Distrito Federal no les ha resuelto la construcción del corredor educativo y el parque ecológico en Las Calabazas, van a paralizar las principales vías de comunicación de la ciudad a manera de despedida a Andrés Manuel López Obrador como comenzaron a hacerlo el pasado lunes, además de otra serie de eventos como un foro sobre la izquierda independiente “porque el PRD se abroga el término, olvidando el origen de sus principales dirigentes como López, Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Monreal y Leonel Cota”.
Y a manera de última crítica contra sus pares perredistas del Frente, Meza añade: “Olvidándose ellos también de su pasado, hoy van a apoyar junto con René Bejarano a Marcelo Ebrard; es decir, van a tratar de hacer Jefe de Gobierno a quien nos madreó”.

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Historia de un engaño

En San Mateo Tlaltenango

Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios, ¿a cambio de qué?

(2005-05-09

De no aportar parte de sus tierras a una sociedad con las empresas subsidiarias de Caabsa, estas se expropiarían a muy bajo precio, fue la amenaza recibida por los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango, justo en las céntricas oficinas del entonces regente Manuel Camacho Solís.
El episodio marcó el inicio de la urbanización de una zona dentro del complejo de Santa Fe conocida como Hueyatla, ahora de gran plusvalía debido a la construcción de los puentes de la “Avenida de los Poetas”, sobre las cañadas Puerta Grande, Atzoyapan y Los Helechos.
Los predios “comprados” en la década pasada mediante presuntos engaños en 40 pesos por metro cuadrado, hoy alcanzan un valor aproximado a cerca de 14 mil pesos o bien, mil 200 dólares, la misma medida.
Para lograr dar plusvalía a la zona y detonar los desarrollos inmobiliarios hoy notorios, medió una serie de irregularidades, arreglos y componendas cuyos principales actores se encuentran en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el gobierno de la ciudad y en la empresa Caabsa.

Aportaciones

La desincorporación de predios del Ejido de San Mateo Tlaltenango que constaba de 390 hectáreas hasta 1936, inició cuando por Decreto Presidencial en noviembre de 1972 les expropiaron 42 hectáreas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, para la construcción del Reclusorio Poniente, predio al cual se le llamó R-42.
Más adelante, también por Decreto Presidencial de febrero de 1990, fueron expropiadas poco más de 17 hectáreas a favor del DDF, en ese entonces dirigido por Camacho Solís, a las cuales se agregaron 14 hectáreas dos años después.
Dos expropiaciones más a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, sumó otras 25 hectáreas retiradas del patrimonio de los ejidatarios.
Sin embargo, la historia de los lujosos desarrollos inmobiliarios en construcción inició mediante presiones, en enero de 1991, cuando la Asamblea de Ejidatarios autorizó la firma de un “Convenio de Compensación” con la sociedad mercantil Club La Sierra, por el uso temporal del suelo para la construcción de canchas ecuestres, con vigencia de tres años renovables por periodos iguales, hasta contemplar doce años.
La historia contada a los titulares del ejido, Jesús Carrillo Flores, Fernando Flores Ortiz, Arturo Mejía Martínez y Clemente Ángeles, entre otros, fue que las empresas tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio ecológico debido a que ya habían desarrollado la zona comercial de Santa Fe.
Por ello les proponían una “sociedad” para su preservación. “Nosotros mediante la aportación de tierras y ellos (los empresarios) con los recursos económicos para el cuidado de la zona”.
De esta forma, dicen los ejidatarios, en junio de 1994 aportaron más de 45 hectáreas para la ampliación del Club de Golf Reforma y 42 días después, 31 hectáreas más al Club Hípico La Sierra, esta “con el propósito de desarrollar actividades hípicas, ecológicas y recreativas, mejorar y conservar las áreas naturales y construir la infraestructura necesaria para estos fines”, y consistía “en la remodelación y ampliación de un centro ecuestre, mediante la aplicación de procedimientos y sistemas avanzados de construcción, buscando la optimización de los recursos naturales con el establecimiento de infraestructura y sistemas ecológicos que permitan la preservación del entorno natural”.
En marzo de 1997 hubo una nueva “aportación” de casi 40 hectáreas a la sociedad anónima Río de Santa Fe, y en julio de 1999 casi 30 a la empresa Cumbres de Santa Fe, que sumaron cerca de 146 hectáreas en total.
Una vez amarradas las aportaciones de tierra, afirman los ejidatarios que comenzaron a ser presionados para participar también al capital social de las empresas. Sin embargo, al no contar con recursos económicos, fueron convencidos de que lo mejor era vender su parte de la sociedad en 40 pesos el metro cuadrado, respetando los acuerdos de preservación ecológica.
Jesús Carrillo Flores explica cómo fue el supuesto engaño: La empresa club de Golf Reforma les propuso un proyecto ecológico con el argumento de que sus tierras eran improductivas y tenían uso de suelo agrícola y forestal, por lo que no podían construir en esa zona. “Nos dijeron que sólo iban a ampliar el Club de golf y que iban a respetar el bosque, pero de la noche a la mañana construyeron una barda perimetral y empezaron a tirar los árboles. Ya después nos dimos cuenta que estaban construyendo casas”.
Al respecto, Arturo Mejía, destacó que en esa zona donde se construyen los grandes edificios de Santa Fe, anteriormente vivían alrededor de 50 familias que fueron reubicadas del lugar, con el argumento de que no podían cimentar en terrenos ecológicos.
De igual forma, se les había indicado que en sus comunidades tampoco podían instalar algún negocio por la misma situación. A las grandes empresas, en cambio, si se les permitió cambiar el uso de suelo.

El último jalón

Apenas unos días antes de entregar las curules a los nuevos diputados elegidos el 2 de julio de 2000, el 18 de agosto la mayoría parlamentaria del PRD en la Primera Asamblea Legislativa aprobó el Decreto por el que se Aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, instrumento mediante el cual se realizó el cambio de uso de suelo en prácticamente toda la zona de Santa Fe, para hacerla un polo de desarrollo de baja densidad y alta plusvalía.
En la fundamentación del decreto se explica la existencia de viviendas precarias como resultado de la presión que ejercen sobre los predios de Hueyatla los asentamientos irregulares de los barrios de La Zanja y el Quizazotle, los cuales generan “una tendencia para que la zona se convierta en suelo urbano acelerado, lo que facilita los procesos de invasión”.
Quizá por eso, y en contravención a la premisa de “mantener una oferta de suelo urbano para vivienda, dirigida a los diferentes estratos socioeconómicos”, prevista en el ordenamiento, fue que los diputados decidieron hacer la zona de alta plusvalía antes de que a ella llegaran primero los pobres.

AMLO quitó el freno

Las subsidiarias de Caabsa realizaron diversas promociones ante el Departamento del Distrito Federal y, posteriormente, la Jefatura de Gobierno, para la construcción de las obras viales que permitieran la eclosión comercial de los desarrollos inmobiliarios.
La empresa “Cañada de Santa Fe” logró que en noviembre de 1996, en el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal —oficio resolutivo E/CO2/DGPCC/12945 de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación— se autorizara en forma condicionada el proyecto de vialidad de liga entre las avenidas Tamaulipas en Cuajimalpa y Centenario en Álvaro Obregón.
El proyecto fue desechado y posteriormente fue Río de Santa Fe la empresa solicitante de una nueva autorización en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas, que le fue concedida en octubre de 1999 mediante la resolución E/CO2/DGPCC/22058, con 38 condicionantes a ser cumplidas en un año para dar inicio a la obra. Pero el secretario de Obras, César Buenrostro, se opuso con el argumento de que afectarían la ecología del lugar.
Igual discusión hubo durante la administración de Rosario Robles, que concluyó al iniciar el mandato Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y pese a la realización de algunos trabajos para la construcción de los puentes, no fue sino hasta el 4 de abril de 2003 cuando fue dado el visto bueno definitivo para la realización de la obra, incorporados ya los elementos necesarios para incluirlo como “Sistema de Actuación por Cooperación para el Desarrollo de la Vialidad Carlos Lazo-Entronque Centenario”, de diciembre de 1998.
Este sistema de Actuación por Cooperación no es otra cosa que el financiamiento privado de obras públicas, a cambio de terrenos, a partir de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal promulgada en 1997 por Ernesto Zedillo.
De esta forma, a cambio de la construcción de los puentes Octavio Paz, Carlos Pellicer y Jaime Sabines, además de la obra periférica, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó a la constructora, Grupo Caabsa, el predio denominado ex Reclusorio Poniente, de casi 42 hectáreas en total.
En él se planeó construir en la década de los 70 un reclusorio. Aquellos años el gobierno federal pagó a 10 pesos el metro cuadrado a los ejidatarios. Hoy el gobierno del Distrito Federal entregó el predio por 160 millones de pesos, una décima parte de su valor, mientras los puentes costaron alrededor de 850 millones de pesos.
El subsecretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Ysusi Farfán, dio a conocer en una inserción pagada el 26 de septiembre de 2004 que el costo real del R-42 en 2000 era de “329 millones de pesos” y ese día era de alrededor de 680 millones. Sin embargo, estimaciones de los propios inversionistas a la prensa, sólo por la venta de los terrenos en el R-42 lograrán una suma de mil 200 millones de pesos.
Empero, los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango denuncian que el R-42 les pertenecen, porque la expropiación fue realizada para la construcción de un penal y no para otro uso, por lo cual apegándose a la Ley Agraria, dicen, “cuando no se da el fin por el cual se expropió un inmueble o terreno, los propietarios originales pueden recuperarlo”.

Los beneficiarios

La empresa beneficiada es el poderoso Grupo Caabsa (Constructora Aboumrad, Amodío y Berho SA de CV), dirigida por Julio Amodío Moheno, Julio Mauricio Martín Amodío Herrera y Víctor Aboumrad, desarrolladores del Centro Comercial Santa Fe y socios en la construcción del Centro de Exposiciones Internacionales Santa Fe, con más de 170 mil metros cuadrados y un valor cercano a los 100 millones de dólares.
Es importante resultar que Expo México, la compañía creada para atender lo relacionado con el Centro de Convenciones de Santa Fe, está encabezada por Caabsa y 75 empresas más, entre las que se encuentra Servimet, la inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad de México.
Caabsa, fundada en 1979, también realizó obras como Galerías Coapa, Pabellón Bosques, Torre Altus, Pabellón Polanco y la Torre Reforma Lomas Altas.
Recientemente, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, descubrió un acuerdo entre la constructora y el gobierno de Miguel Alemán, donde se encontró que por la remodelación del Auditorio Benito Juárez del puerto y por adecuaciones de acceso al Teatro de la Ciudad en Coatzacoalcos, Caabsa recibiría a cambio el estacionamiento del auditorio que cuenta con una extensión de más de 20 mil metros cuadrados.
No fue posible entrevistar a Julio Mauricio Martín Amodío Herrera porque se encontraba fuera de la ciudad, como tampoco a los ejecutivos de Caabsa, pero el día de la inauguración de los puentes, al ser cuestionado si como inversionistas apoyarían a López Obrador hacia la Presidencia, el director de proyectos Gerardo Merla respondió al diario La Crónica, que estaban colaborando con él, “no veo porque no lo seguiríamos haciendo”.
Caabsa fue una de las empresas que concursó para la construcción de al menos tres etapas de lo que sería inicialmente el segundo piso y posteriormente se convirtió en el Distribuidor vial San Antonio.
El catedrático de la Facultad de Arquitectura, Carlos Morales Schechinger, ha destacado que alguien se benefició con la plusvalía por los puentes, y ese alguien no fue el Gobierno del Distrito Federal, sino las constructoras, porque antes de la construcción los terrenos tenían un valor diferente al actual.
Es decir, Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios.

Incongruencias

A pesar de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó los cambios de uso de suelo y la empresa desarrolladora fue advertida de cumplir con los lineamientos de preservación ecológica, continúan las irregularidades.
Apenas el pasado 4 de abril la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT) envió varias recomendaciones a la delegación Cuajimalpa para detener el deterioro de la barranca “Atzoyapan”, pero el Jefe Delegacional perredista, Ignacio Ruiz López, no ha hecho caso a ellas.
En una de ellas, la 03/2005, se hace notar que “los rellenos con cascajo (...) tienen cuatro metros de profundidad con un volumen de aproximadamente mil 800 metros cúbicos”, y que “la construcción de las viviendas suprimió de manera permanente la cubierta vegetal existente en un área de 270 metros cuadrados y junto con el relleno ha afectado la estructura y función del ecosistema y en consecuencia a repercutido negativamente en la calidad y cantidad de servicios ambientales”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Conflictos en Corredor Insurgentes

Funcionario del GDF es presidente del Consejo de Administración

(Publicado en la Revista Vértigo No. 215 del 2 de mayo de 2005)
http://www.revistavertigo.com/historico/7-5-2005/reportaje3.html

El Metrobús, asunto polémico en todos sentidos

Al menos un conflicto de tráfico de influencias y colusión de servidores públicos podría existir en la formación del Consejo de Administración de la empresa Corredor Insurgentes, concesionaria del Metrobús, cuando su presidente Jesús Padilla Zenteno es, a la vez, subdirector de Eventos Participativos en la delegación Cuauhtémoc, unidad administrativa dependiente del Gobierno del Distrito Federal que otorga la concesión.

Presidente también de la asociación civil Red Ciudadana de la República Mexicana, que se llama Red Azteca o simplemente la Red, Padilla Zenteno ocupa las oficinas de esta ONG con un régimen fiscal sin fines de lucro para realizar la operación de la empresa comercial CISA (Corredor Insurgentes, SA de CV), donde efectúan la contratación de conductores para las unidades articuladas que darán servicio a partir de julio próximo.

Padilla Zenteno ha estado en diversas organizaciones de las que salió por conflictos internos como la Agrupación Política Vértebra, dirigida a nivel nacional por el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, de la que el hoy empresario fue presidente en el Distrito Federal en la etapa cuando Vicente Fox fue presidente electo y hasta que se integró al equipo de campaña de Virginia Jaramillo.

Fue expulsado como coordinador del comité vecinal de la colonia San Rafael por los actuales miembros debido a que, afirman, utilizó el cargo para hacer negocios para su beneficio y escalar posiciones políticas que lo llevaron a ganar el favor de la actual delegada en Cuauhtémoc.

El pasado lunes 25, al ser cuestionado sobre su doble función como funcionario público y presidente del Consejo de Administración de CISA, Padilla Zenteno respondió:

—En los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no tengo ningún impedimento para ser presidente de un consejo de administración, de esta y de cualquier empresa. Estaría impedido si tuviera dos trabajos diferentes. He colaborado en la delegación Cuauhtémoc y no tengo otro trabajo. Y como presidente del consejo desde que fui nombrado (9 de marzo) lo que he hecho es atender el proyecto en la medida de mis tiempos. Y eso no es un impedimento.

Jesús Padilla Zenteno fue buscado inicialmente el 25 de abril en la subdirección de Eventos Participativos de la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social de la delegación Cuauhtémoc, donde su secretaria Lucía Salvador respondió: “En estos momentos está en una reunión, tardará en salir un buen rato, unas horas”.

Posteriormente él se comunicó con el reportero a quien dijo que sólo estaría en el cargo público por el resto de la quincena, aunque ya no se presentaba a laborar a las oficinas delegacionales.

El metrobús

El 9 de marzo pasado fue publicado en el órgano oficial del gobierno capitalino el decreto mediante el cual quedó formalmente integrado el organismo público descentralizado Metrobús, dependiente de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), con el objetivo de planear, administrar y controlar el sistema de corredores de transporte público de pasajeros en la ciudad de México.

A este organismo se le adscribió un consejo directivo presidido por el titular de la Setravi, Francisco Garduño Yáñez, integrado por los secretarios de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez; de Desarrollo Urbano y Vivienda, Laura Itzel Castillo; del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum Pardo, y de Finanzas, Arturo Herrera Gutiérrez, así como las directoras generales del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, Florencia Serranía Soto, y del Servicio de Transportes Eléctricos, Elvira Daniel Kabaaz.

Y para estar al frente de este consejo directivo se designó como directora a la ingeniera ambiental Paula Noreña Franco.

A la vez, de acuerdo con un comunicado del GDF, ese mismo día el Comité Adjudicador de Concesiones para la Prestación del Servicio Público Local de Transporte y Pasajeros o de Carga otorgó a la empresa Corredor Insurgentes sa de cv, integrada por los ex concesionarios de la Ruta 2 de Insurgentes y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Gobierno del Distrito Federal, la concesión para proporcionar el servicio en esa avenida.

Trampas de la autoridad

La inauguración del metrobús a lo largo de la avenida Insurgentes se atrasó al menos tres meses pues se realizará “hasta julio, por el desarrollo de las obras, la necesidad de hacer la habilitación de los puentes en la zona de Indios Verdes, el reacomodo de los monumentos, los Indios —que no es cosa sencilla, según el inah— y la reubicación de las estaciones en la zona sur”.

Afirma que la empresa aún no tiene patios de encierro, planeados, uno en el metro cu de ocho mil metros cuadrados y, el otro en la tienda del ISSSTE a un lado de la estación del metro Indios Verdes con una superficie de unos 15 mil metros cuadrados, además de las oficinas.

El retraso en el inicio de operaciones se agudiza precisamente cuando habría sido utilizada gran cantidad de recursos económicos para acompañar la convocatoria a la Marcha del Silencio, seguida por el anuncio del gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador, de que no firmará documentos mientras se le siga proceso penal por el caso El Encino, lo que motivaría la parálisis en este proyecto vial, pues las transferencias de recursos de uno a otro conceptos estarían sumamente vigiladas.

Además, el pasado 13 de abril la secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que fueron retirados hasta ese momento mil 100 árboles por las obras, 600 más de los considerados en el estudio de impacto ambiental, a los que podría sumarse otro número significativo si, como denunciaron organizaciones vecinales, el GDF planea cortar en las siguientes semanas 1.40 metros de las aceras para dar espacio suficiente a la circulación de los automóviles, porque dos carriles no serán adecuados en la zona entre el World Trade Center y Reforma.

Roberto Vidales, coordinador de la Red de Ecologistas y Ambientalistas de la Cuenca de México, Guillermo Meixueiro de Juarences Unidos y León Cenic, de la Unión de Vecinos de la delegación Benito Juárez, observaron que las autoridades capitalinas no dieron a conocer el proyecto en la Gaceta Oficial del DF del 25 de marzo, donde se establecen las condiciones de operación del nuevo medio de transporte, para evitarse mayores protestas ciudadanas.

En medio de esta situación están también las críticas de diversos organismos y personajes sobre la viabilidad operacional y eficacia del metrobús, además de los beneficios para los transportistas.

Gustavo Roldán, permisionario de la Ruta 2 y ex líder de la misma entre 1993 y 1999, afirma: “Espero que a mis compañeros les vaya de lo mejor, aunque no lo creo”.

Y expone sus dudas: “Veo una situación difícil, perversa, porque la autoridad sigue solapando a un organismo público descentralizado como la Red de Trasporte Público (RTP) y ahora le voy a decir por qué. CISA va a meter 60 unidades y RTP 20”.

CISA, afirma, siempre va a tener empalme con otras rutas como son la Línea Suburbana San Pedro-Santa Clara, que sale a un lado del edificio del PRI (Violeta e Insurgentes) hacia Tizayuca, Ciudad Azteca y San Cristóbal con autobuses, microbuses y camionetas, además la Ruta 18, que no tenía autorización de regresarse por Insurgentes para ir a Ciudad Azteca, pero como la circulación de Ferrocarril Hidalgo fue limitada a una sola dirección, ahora retornan por aquella vía y al metro Indios Verdes van a cobrar un peso menos.

Con esta competencia y la de RTP en el mismo carril confinado, el consejo directivo de Metrobús ha prometido 15 mil pesos mensuales por cada acción —que es un juego de placas— a cada uno de los 252 concesionarios, sin embargo, tras el pago por los gastos de administración, mantenimiento de las unidades, prestaciones y otros colaterales, Roldán considera poco probable que recuperen los 62 mil pesos libres al mes para cada unidad y sus cuatro socios.

“Nos van a mandar a la quiebra. La autoridad dirá que como los compañeros no van a poder dar el servicio retiren sus camiones, y el gobierno va a tomar esa tarea. Al convertirse en empresa, ninguno de los concesionarios podrá meter las manos porque los secretarios del GDF quedaron dentro del consejo directivo”.

Roldán alertó que lo mismo sucederá en el Eje 8, donde serían afectadas ocho rutas que desde ahora iniciaron ya un proceso de movilización para evitar ser desplazados.

Las trampas de la autoridad, precisan permisionarios de la Ruta 56, son para apoderarse de sus concesiones porque de acuerdo con el abogado del ramal que corre por Eje 8, Rafael Álvarez Caborno, “este movimiento se realiza en la época cuando precisamente vencen las concesiones dadas hace diez años por Fernando Peña Garavito. Entonces, hay concesionarios que para mantener el permiso hicieron inversión y hoy, posiblemente, no tengan suficiente para sufragar una nueva inversión y entonces los hacen a un lado”.

Dedazo de Garduño

Jesús Padilla es concesionario del ramal Insurgentes desde 1987 y tras varias reuniones logró instalarse como presidente del Consejo de Administración de cisa debido a que el líder, Heriberto Flores, como Gustavo Roldán, tienen concesiones en el ramal Insurgentes.

“En este caso —expone Padilla Zenteno— como permisionario de la ruta se dieron las condiciones para presidir una comisión de los permisionarios que se organizaron porque el dirigente Heriberto Flores no les estaba dando ninguna información. En realidad se encargó nada más de engañar y presionar a la gente”.

Sin embargo, concesionarios que solicitaron el anonimato aseveran que hubo algún tipo de inducción por parte del presidente del consejo directivo del organismo público descentralizado Metrobús, Francisco Garduño Yáñez, a favor de su ex empleado Padilla Zenteno, quien trabajó con él como inspector en vía pública de la delegación Miguel Hidalgo, cuando el actual secretario de Transporte y Vialidad era subdelegado jurídico y de Gobierno en la delegación administrada en ese entonces por el perredista Jorge Fernández de Souza.

En aquel entonces Padilla Zenteno trajo a raya a los comerciantes ambulantes de la demarcación y posteriormente, como coordinador del Comité Vecinal de la colonia San Rafael, lo hizo también con los de esa zona y los grupos de mujeres dedicados a la prostitución en vía pública, con quienes tuvo varias reuniones en la subdelegación Juárez-San Rafael y les dijo que quienes trabajaran en las calles de la colonia debían dar aportaciones económicas para la compra de patrullas.

Padilla Zenteno asegura ser todavía “coordinador del comité vecinal de esta colonia. Y antes desarrollamos un trabajo de orientación ciudadana. Aglutinamos empresarios, amas de casa, escuelas, iglesias, desarrollamos la primera manzana modelo, el proyecto de Ilumina tu Calle, etcétera”.

Sin embargo, los vecinos —que temen represalias si dan a conocer sus nombres— manifiestan que las 80 lámparas para el proyecto Ilumina tu Calle fueron donadas por la Universidad del Valle de México y posteriormente vendidas en 400 pesos cada una.

Al ser cuestionado sobre su doble desempeño, sobre el uso de un local de una ong para trabajar para una empresa privada y sobre su antigüedad como concesionario, Padilla Zenteno se incomodó y contestó que debe tomar precauciones porque “al interior de la organización ha habido muchísimas situaciones, amenazas, asesinaron al secretario que estaba antes con tu servidor, entonces, con situaciones así no sé si vienes inducido”.

Además, actualmente Padilla Zenteno enfrenta una demanda penal porque al más puro estilo del Frente Popular Francisco Villa o la Asamblea de Barrios invadió un predio abandonado en Gabino Barreda 56, y cuando el propietario lo denunció cargó la responsabilidad a su ex trabajador Alejandro Reyes.