"El Beto" compró protección de altos funcionarios de la PGR

(2002-05-30)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=15585

Albino Quintero Meraz (a) El Beto habría comprado la protección de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos el ex director General de la Policía Judicial Federal, Enrique Gándara Chacón, y varios comandantes a su cargo, por el pago de por lo menos 150 mil dólares mensuales para el entonces delegado en Cancún y 2 mil 500 dólares cada mes y medio o dos meses para los agentes.
Gildardo Muñoz Hernández, chofer de Quintero Meraz (a) El Beto, y quien declaró como testigo protegido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) en 1998, informó que integrantes de las procuradurías de Quintana Roo, Veracruz y Querétaro estaban "comprados" por la banda criminal, como el entonces director de la Judicial de apellido Ballinas y el comandante Dolores Ramírez Ramírez de la policía de Querétaro.
Una ocasión que "se enfrentaron contra unos que eran como un grupo de inteligencia, cuando rondaban cerca de una bodega que tenía droga (en Cancún), Albino Quintero y su gente se identificaron con credenciales de la Policía Judicial del estado y así lograron huir ".
El testigo afirma en su declaración ministerial del 14 de octubre de 1998, relativa a la averiguación previa 1226/FEADS/98 con respecto a sus jefes: "Supe que tenían el apoyo del gobernador del estado de Quintana Roo (Mario Villanueva), y supe que le regalaron un carro BMW a finales de 1996 o principios de 1997, el cual después supe que lo regresó a la agencia de la BMW en Cancún".

De mendigo a millonario.

La historia de Gildardo Muñoz Hernández tiene algo de peliculesca, pues de empleado eventual de la Secretaría de Salud, por medio de un amigo se convirtió en chofer del narcotraficante Raúl Argüello, quien se encontraba interno en el Reclusorio Norte en 1989 y dos años después, aunque no tenía ningún poder, ya figuraba como dueño (prestanombre) de la empresa Fruyleg, mediante la cual la organización criminal adquirió dos aviones: un Citation y un Gruman.
Pasó a ser chofer de Albino Quintero Meraz y a tener responsabilidades como la transportación a Veracruz de narcotraficantes colombianos como Oswaldo Jaramillo (a) El Condorito y Alejandro Bernal, compadre de Amado Carrillo, la compra de distintas casas y departamentos, y el pago y cobro de dinero, producto del tráfico de la droga.
El testigo afirma haber conocido al subdelegado de la PGR en Veracruz, Guadalupe Gutiérrez, al comandante de la PJF Gilberto Fabián Campos y a los agentes Oscar García Dávila (a) El Rambo y a otro de nombre Margarito y apodado El Magui. Además de que "por medio de relaciones con gente de la PGR de nombres Enrique Gándara Chacón, y el señor Héctor Aranda, secretario particular de este en la Dirección General de la Policía Judicial Federal, cuando tenían problemas, se comunicaban con ellos y se los solucionaban".
Enrique Gándara asumió la dirección de la Policía Judicial Federal en forma interina el 19 de enero de 1995, en lugar de Américo Flores Nava, y salió el 11 de enero de 1996, cuando fue relevado por Guillermo Álvarez Nara.

La Contraloría ordenó tapar irregularidades de la CFE

(2002-05-27)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=15155

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) previó la derrota del candidato del PRI, Francisco Labastida, y días antes de las elecciones del 2 de julio de 2000 puso en marcha un proceso automatizado y de carácter confidencial para que las irregularidades no llegaran a conocimiento de la opinión pública, y mucho menos del candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, porque "podría presentarse la remota posibilidad de que accediese al poder, tornando esta situación en preocupante para todos".
De igual forma se expresó en documentos internos en poder de esta publicación que "(debido a) el peligro que representa que el gobierno actual no conserve el poder a partir del 1º de diciembre de 2000, es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
Documentos internos de la Secodam en la CFE fechados los días 22 y 27 de junio de 2000 establecen que debían instrumentarse las acciones conducentes para prevenir, pero sobre todo para "corregir las irregularidades que dentro de sus funciones de auditoría y supervisión, generan constantemente las distintas áreas de fiscalización de la CFE".
El 22 de junio de 2000 el ingeniero Rafael Bustos Hernández informó, en su calidad de asesor del titular del órgano de Control Interno en la CFE, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, que con el propósito de realizar un cierre de administración que se intenta sea transparente (Š) se ha estructurado un plan de trabajo para intentar abatir el número de irregularidades que permanecen en proceso de la aplicación de las sanciones correspondientes".
Bustos ahonda en los detalles y explica a su jefe Olvera que para tratar de corregir tales irregularidades "se constituyó el grupo ejecutivo que deberá efectuar el seguimiento correspondiente a través de un sistema automatizado", pero además, "establecer las medidas que eviten que estas irregularidades sean del conocimiento público".
Para tal fin, al citado grupo ejecutivo se le solicitó "la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas".
Cinco días antes de las elecciones federales de 2000, el titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, Olvera Mazariegos, advertía a su vez a su jefe Jaime Mohedano Cabrera, director General de Auditoría Gubernamental de la Secodam, "es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
A casi dos años de aquel momento, sólo Eric Roberto Butcher Martínez, ex subdirector de Construcción, fue inhabilitado administrativamente por 10 años; un poco menos fue la sanción administrativa para Julio Ruiz, ex coordinador de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Pero los verdaderos responsables de los grandes negocios siguen ahí.
"Vamos a buscar los elementos suficientes para combatir la corrupción en la CFE, cualquiera que sea el nivel o cargo que ocupen los funcionarios involucrados", asegura el senador coahuilense por el PAN, Luis Alberto Rico Samaniego, quien en abril pasado se movilizó para detener una licitación presuntamente amañada, hecha como traje a la medida para la Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE), perteneciente del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira, el cual se encuentra en suspensión de pagos.
El lunes 22 de abril durante una reunión entre el director de Comunicación Social de la CFE, David López, y este reportero, se solicitaron entrevistas con el director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, y varios funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción, de acuerdo con documentos en poder de esta publicación, pero a la fecha no hubo respuesta por lo que no se pudo obtener la versión de los interesados.
En su nota informativa a Mohedano Cabrera, Olvera Mazariegos hace referencia a una conducta reiterada en las licitaciones y contratos: "Se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que, posteriormente, será incrementada en forma exorbitante". Esto es, que las empresas ganadoras de las licitaciones son escogidas de antemano, presentan la mejor oferta frente a otros que se prestan al juego con la promesa de contratos posteriores, para más adelante, mediante una serie de contratos, adendums y otras irregularidades elevan los costos en forma insultante.
El 27 de junio de 2000, cinco días antes de las elecciones presidenciales de 2000, Olvera Mazariegos explicó a Mohedano Cabrera que con base en la auditoría de Secodam con número V/081/99, firmada por la titular del área de responsabilidades, Azucena Morán Alonso, el fallo de la adjudicación de la obra y concesión por 30 años de la Terminal de Recibo y Manejo de Carbón en la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero, "se pueden considerar nulos de pleno derecho".
Este acto, agregó, al formular la cancelación de los contratos sustentados sobre una total violación a las leyes y normatividad, así como aplicar las penas económicas a que se hicieron acreedores los contratistas Techint y Grupo Mexicano de Desarrollo "será muy sano para las finanzas de la entidad".
0lvera Mazariegos agregó en su nota informativa: "No omito informar que Techint pertenece a un grupo de contratistas junto con SEPAC, SENSA, Siemens, ICA, Bufete Industrial, Westinghouse, Marubeni, que han deteriorado gravemente a la CFE en contubernio con altos funcionarios de la entidad".
Estos funcionarios, de acuerdo con el contralor son Guillermo Guerrero Villalobos y Rogelio Gasca Neri, anteriores directores de la CFE, además de los ingenieros Eric Butcher, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy.
Y en la última recomendación del contralor de la Secodam en la CFE, el 27 de junio y basado en las irregularidades descritas recomienda que por "el peligro" de que la administración federal cambiara a otro partido, "es realmente obligado sancionar" a todos aquellos funcionarios actores de la corrupción en la paraestatal.

Serur reconoce que se equivocó

(2002-05-15)
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El director general del proyecto del Segundo Piso en Viaducto y Periférico, David Serur, y la empresa encargada del trazado, Rioboo, SA de CV, aceptaron ayer su error al calcular el monto global de la magna obra en mil 500 millones de pesos y en un documento interno informaron a la empresa inmobiliaria Servimet, que el presupuesto debe ser aumentado a más de 2 mil millones de pesos.
El problema fue que las empresas presentaron sus ofertas económicas a partir de sus propios estudios, con costos por encima del presupuesto del GDF, ya que ante la carencia de un proyecto terminado por Rioboo, no existían montos reales o una valoración apegada a la realidad.
Carlos Heredia, director general de Servimet, dijo que las bases eran demasiado complicadas para ser cumplidas por las empresas y que para una segunda licitación se modificarían para hacerlas más flexibles.

Se tambalea el proyecto de López de un 2º piso

Viaducto y Periférico

(2002-05-14)
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La empresa inmobiliaria del GDF, Servimet, declarará desierta, esta mañana, la licitación para construir las primeras etapas del segundo piso al Viaducto y Periférico, la obra más importante de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Concebida para "mejorar la movilidad de las personas que utilizan el transporte público y privado y disminuir las emisiones contaminates ocasionadas por los vehículos automotores", esta obra deberá esperar por tiempo indefinido.
La licitación podría volverse a convocar y, de igual forma, en caso de que ninguna empresa calificara, se podría declarar nuevamente desierta, y hasta una tercera licitación se podría adjudicar de forma directa. Sin embargo, al parecer, la suerte del segundo piso está echada: no habrá.
De acuerdo con información confidencial obtenida por este reportero, esta mañana en las oficinas de Servicios Metropolitanos (Servimet), como se había prometido desde hace algunas semanas, se realizará la apertura de propuestas y dará a conocer el fallo. Sin embargo, legalmente estas se encuentran excedidas en los montos, es decir, están fuera del presupuesto proyectado para realizar la obra y se estableció que ninguna de ellas califica.
Además, algunas firmas constructoras decidieron no participar al considerar que hay muchas cargas impositivas en caso de incumplimiento en el plazo proyectado, sobre todo que la obra se retrasó ya por más de un mes y los tiempos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal son políticos, pues querían realizar la inauguración de la obra el 20 de noviembre próximo.
De igual forma, la empresa proyectista Rioboo, S. A. de C. V., aún no ha entregado el proyecto definitivo, cuyo costo se había calculado en 190 millones de pesos, que asumiría el GDF.
Entre los más activos impugnadores del segundo piso, quienes han presionado en la opinión pública, se encuentran el líder del Partido Acción Nacional en la capital de la República, José Luis Luege, y el diputado local por el PRI, Arturo Barajas Ruiz.
Algunas de las firmas constructoras que compraron las bases de la licitación y se inscribieron para concursar en uno o más tramos del segundo piso fueron Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Gutsa Inmobiliaria, Grupo Quart (quien aparecía como seguro ganador para el primer tramo), Construcciones y Trituraciones, Consorcio de Ingenieros Consultores y Constructores, Experiencia Inmobiliaria Total, Ingenieros Consultores e Inmobiliaria, Profesionistas Geo-Control, Grupo de Ingeniería Universal, Cifra Asociados, Alfa Proveedores y Contratistas, Tubesa, Huaribe, Coordinación Técnico Administrativo de Obras, Consultoría Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, Unión Presforzadora, González Soto y Asociados, Promotora e Inversora Adisa, Pretencreto (que se apuntaba como ganadora para el segundo tramo), Vigetas y Bovedillas y finalmente Caabsa.
Ya semanas atrás se había declarado desierta la gerencia del proyecto, la cual había ganado la empresa Triada, pero otras empresas con intereses en la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal se le fueron encima.