Pagará el GDF el Paraje San Juan por negligencia de López Obrador
El juicio está en receso y no ha utilizado el título de propiedad que le envió la SRA Afirma abogado que advirtió de la ilegalidad del juicio que hubo pacto secreto entre la Suprema Corte y el jefe de Gobierno para pagar a Enrique Arcipreste cuando AMLO deje el cargo; existe un fideicomiso en el Paraje San Juan que nadie sabe de él
(2004-12-08)
http://www.lacrisis.com.mx/paraje081204.htm
Enrique Arcipreste del Ábrego
De manera tan intempestiva como se inició, así se apagó el escándalo del Paraje San Juan, sin que se haya sabido -después de un año- cuál fue su conclusión, si es que ya la tuvo.
Pero en contra de la creencia generalizada, el conflicto político-social que generó el juicio de amparo relativo a la demanda de indemnización expropiatoria del "Paraje San Juan" no ha concluido.
Sólo se habría agotado su primera etapa, mediante una tregua pactada en secreto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la única finalidad de terminar con las mutuas acusaciones y descalificaciones que -en tan sólo 30 días- (octubre del 2003) erosionaron bastante la credibilidad, e incrementaron considerablemente el desprestigio de ambas instituciones.
Así lo afirma categórico Felipe Mondragón Corella, quien fue el encargado de la defensa de este asunto en la administración de Rosario Robles y el primero en advertir que el predio es propiedad de la nación.
Ante el inexplicable silencio de las autoridades capitalinas -jefe de Gobierno y Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, La Crisis trató de investigar cuál fue el resultado final del juicio en el que la Suprema Corte de Justicia condenó al Gobierno del Distrito Federal a pagar mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste del Ábrego, encontrándose con la sorpresa de que ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, ni la presidenta anterior, ni la actual de la Asamblea Legislativa, Lorena Villavicencio y Silvia Oliva, así como la titular de la Comisión del Paraje San Juan, Aleida Alavez, saben en que estado se encuentra este proceso legal; los cuatro funcionarios creen que el juicio se encuentra concluido, y ya no existe el riesgo de pagar la indemnización.
Para salir de dudas, entrevistamos a Felipe Mondragón Corella, quien descubrió la ilegalidad de la reclamación y, también pidió a la Suprema Corte que revisara la sentencia que condenó al GDF a pagar los mil 810 millones de pesos del erario público. Por lo tanto, Mondragón Corella puede ser la fuente más autorizada para aclarar la confusión que se ha generado -intencionalmente-, dice él, en torno a este controvertido asunto.
-¿Qué sucedió con el juicio del Paraje San Juan? ¿Ya está concluido? ¿Ya se eliminó el riesgo de pagar los mil 810 millones de pesos que la Suprema Corte le exigió el año pasado al Gobierno del Distrito Federal como indemnización para Enrique Arcipreste del Ábrego?
-No, el juicio de reclamación seguido por Enrique Arcipreste del Ábrego en contra del Gobierno del Distrito Federal, no está concluido, sólo está congelado por la Suprema Corte, en espera de mejores tiempos para que Arcipreste pueda cobrar la indemnización.
-¿Por qué razón el jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ignoran que el juicio todavía está en trámite, y que el riesgo de pagar la indemnización aún sigue latente?
-Porque tanto López Obrador, como la diputada Lorena Villavicencio durante casi todo este año, y ahora la diputada Silvia Oliva Fragoso, actual presidenta de la ALDF, han estado engañando al pueblo; el primero afirmando falsedades, y las segundas callando verdades. Yo creo que en realidad ninguno de ellos ignora que el juicio no se ha resuelto, como tampoco ignoran que debido a la negligencia de ambas entidades, más tarde o más temprano, se llegará al absurdo de pagar la indemnización a un particular, por un predio que es propiedad de la nación.
-¿Cuándo considera usted que se tendría que realizar el pago de la indemnización?
-Obviamente después de que López Obrador haya dejado el cargo de jefe de Gobierno, para no perjudicar su imagen como precandidato a la Presidencia de la República.
-¿Acaso la Suprema Corte de Justicia estaría dispuesta a esperar hasta entonces para requerir nuevamente al Gobierno del Distrito Federal por el pago de los mil 810 millones de pesos?
-Desde luego. A mí me queda bastante claro que Mariano Azuela se comprometió con el jefe de Gobierno, a no formular ningún requerimiento de pago por la indemnización expropiatoria, a fin de darle oportunidad a López Obrador de concluir tranquilamente su gestión sin tener que efectuar el desembolso de los mil 810 millones de pesos que la Suprema Corte insiste en que deben entregarse a Arcipreste a costa del erario público del Distrito Federal.
-¿Por qué razón haría el presidente de la Suprema Corte un compromiso de tal naturaleza?
-Porque a cambio, el jefe de Gobierno se obligaría a que a mitad del año 2005, después de obtener licencia al cargo para iniciar formalmente su campaña a la Presidencia de la República, el substituto designado por la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo se pensaba fuera René Bejarano, pagaría sin ninguna reticencia la indemnización.
-López Obrador siempre se ha manifestado en contra de pagar los mil 810 millones de pesos que demanda Arcipreste, entonces, ¿por qué opina usted que se obligó a comprometer a su sucesor para que pagara esa indemnización?
-Porque López Obrador siempre desmiente sus palabras con los hechos. La prueba de ello, es que desde hace más de medio año recibió del gobierno federal el título de propiedad que demuestra que el Paraje San Juan pertenece a la nación, y por lo tanto, que la reclamación de Enrique Arcipreste es fraudulenta; sin embargo, hasta la fecha no ha utilizado ese documento para conjurar el riesgo de pagar la indemnización, lo que desde luego, evidencia su intención de que el Gobierno del Distrito Federal termine pagando la condena impuesta por la Suprema Corte.
-¿Qué sale ganando la Suprema Corte con todo esto?
-Con este pacto el jefe de Gobierno y la Suprema Corte dejan a salvo sus respectivas posturas, las que por ser totalmente opuestas e irreconciliables, de otra forma no hubieran permitido que las dos instituciones salieran bien libradas de la titánica confrontación provocada por López Obrador con la sola finalidad de exhibirse como un paladín de las causas populares y valeroso defensor de la patria, por supuesto, sólo como una estrategia de su prematura campaña presidencial.
-¿Cuál fue la necesidad de hacer ese pacto?
-Fue para que tanto la Suprema Corte, como el jefe de Gobierno pudieran desatorar el grave conflicto jurídico y político que les ocasionó el escándalo periodístico que se inició con las imprudentes declaraciones de López Obrador, y que, avivado con las respuestas de los ministros de la Corte, creció desmesuradamente hasta salirse del control del jefe de Gobierno, por lo que les resultó indispensable concertar ese acuerdo debido a que, cuando requirió al Gobierno del Distrito Federal por el pago de la indemnización a favor de Enrique Arcipreste, la Suprema Corte sostuvo la postura de que no había ya ningún recurso legal para evitar el pago; mientras que por otra parte, el gobernante capitalino mantuvo una posición diametralmente opuesta, al afirmar rotundamente que no pagaría la indemnización porque se trataba de un fraude, y que él contaba con las pruebas necesarias para demostrarlo legalmente.
"Por tanto, si no hubieran pactado como lo hicieron, uno de los dos hubiera quedado en evidencia, porque, en el caso de que la Corte consiguiera su objetivo y se llegara a pagar la indemnización, López Obrador quedaría ante la opinión pública como un gobernante inepto, o corrupto, o las dos cosas a la vez; puesto que si descubrió que se trataba de un fraude y contaba con las pruebas necesarias para demostrarlo, no debería haber pagado. En el otro supuesto, si López Obrador ganara el pleito, entonces quedaría demostrado que todos los ministros de la Suprema Corte -los pontífices del derecho-, estaban equivocados y que saben absolutamente nada de leyes; o bien, podría pensarse que estaban coludidos con Arcipreste, debido a que todo el tiempo sostuvieron de manera tajante, y sin el menor asomo de duda, que ya no había ningún recurso legal que pudiera intentar el Gobierno del Distrito Federal a fin de rescatar el juicio y evitar el pago de la indemnización.
-¿En qué momento hicieron ese pacto López Obrador y Mariano Azuela?
-Para mí es evidente que el momento en que pactaron, fue cuando dejaron de lanzarse acusaciones mutuas, a fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado, cuando la Suprema Corte dejó de insistir en el pago de la indemnización, y ya no volvió a mencionar para nada al Paraje San Juan. Después nos enteramos por los periódicos que López Obrador y Mariano Azuela se reunieron varias veces para comer juntos, como buenos amigos. Ahora sabemos el porqué.
-¿De qué manera podrían llevar a cabo ese acuerdo el jefe de Gobierno y el presidente de la Corte?
-Para poder encubrir a López Obrador durante el siguiente año y medio, la Suprema Corte decidió congelar de facto, el expediente del supuesto "Juicio de Nulidad" promovido por el ex-diputado René Bejarano Martínez, entonces presidente de la Asamblea Legislativa; para lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte, al recibir la demanda la turnó al Pleno de ese Tribunal, argumentando, que: "ante lo inusitado del planteamiento" quien debería resolver sobre la admisión o el rechazo de la demanda de nulidad, era el Pleno de la Corte, es decir, todos los Ministros que integran la Suprema Corte, quienes a pesar de que ya ha transcurrido un año desde entonces, todavía no han podido decidir si admiten o rechazan el juicio de nulidad planteado por la Asamblea Legislativa, o declaran la incompetencia de la Suprema Corte para conocer del mismo.
"Este prolongado silencio de los Ministros de la Corte -afirma Mondragón Corella-, sólo es comprensible si se tiene en cuenta que, de lo que se trata, no es de impartir justicia emitiendo una resolución de acuerdo a la ley, sino que se trata precisamente de lo contrario: hacer tiempo para no formular ningún requerimiento al actual jefe de Gobierno, y así, todos felices y contentos, porque quien va a pagar el pato (al orange) es el pueblo, y quien va autorizar el pago, no será López Obrador, sino quien lo substituya. De esta forma, el tabasqueño podrá seguir enarbolando la bandera de su rebeldía ante la injusticia, argumentando que el pago no se realizó durante su gestión.
-Volviendo al punto inicial, ¿por qué dice usted que el jefe de Gobierno del Distrito Federal engaña al pueblo en este asunto?
-Porque ha seguido la estrategia de fingir que está dispuesto a defender el juicio del Paraje San Juan aún a pesar de que la Corte lo destituya por desacato, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que desde que asumió la jefatura de Gobierno, ha dejado en total abandono el proceso legal, haciendo hasta lo imposible porque el GDF pierda el juicio y se vea obligado a pagar los mil 810 millones de pesos, o sea, de plano se dejó caer a la lona.
-¿Por qué razón considera usted que no se ha defendido adecuadamente este juicio?
-En agosto del año 2000 se me encomendó la defensa de este juicio, por lo que promoví ante la Suprema Corte un recurso legal llamado "Denuncia de Incidencia" con la finalidad de revertir los efectos de la sentencia del amparo; pero al llegar diciembre de ese año, inexplicablemente fui separado de mi cargo y tuve que hacer entrega de los expedientes.
"A partir de entonces, los abogados del GDF abandonaron completamente el seguimiento del recurso, sin darle ningún impulso procesal, ni promover lo conducente para que se dictara la resolución correspondiente, lo cual ocasionó que a causa de este abandono, la Suprema Corte en forma ilegal y arbitraria continuara requiriendo el pago, y que a consecuencia de ello, en marzo del año 2002, López Obrador indebidamente le pagara -en otro juicio- 31 millones de pesos a Francisco Arteaga Aldana, por una fracción de terreno que resultó ser propiedad de la nación.
-¿Quiere decir que el Gobierno del Distrito Federal le pagó esa cantidad a una persona que no era propietaria del terreno?
-Efectivamente. En mayo del año 2004, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, hizo público el anuncio de que "casualmente" se había encontrado en los archivos de esa dependencia, el título de propiedad del Paraje San Juan, en el que la nación aparece como legitima propietaria del predio en litigio. Asimismo, con excesiva ostentación, dio a conocer a la opinión pública que de inmediato había enviado dicho título de propiedad al jefe de Gobierno, con lo cual endosó a éste la responsabilidad de hacer valer el citado documento ante las autoridades competentes.
"Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde entonces, López Obrador no ha informado a la opinión pública si ya presentó ante la Suprema Corte el título de propiedad del Paraje San Juan, para pedir la nulidad de la sentencia, o si ha promovido algún otro recurso legal con base en este documento para revertir la sentencia de pago. Por eso afirmo que López Obrador hace todo lo que está a su alcance para que el GDF pague la cuantiosa indemnización que ordenó la Corte.
-¿Por qué entonces López Obrador ha venido diciendo que no va a pagar la indemnización del Paraje San Juan?
-Por pura demagogia, como lo demuestra el hecho de que no sólo le pagó los 31 millones de pesos a Francisco Arteaga, sino que, además, desde enero del 2002 López Obrador ya había firmado la autorización del pago por mil 810 millones de pesos para Enrique Arcipreste del Ábrego, como él mismo lo reconoció públicamente en todos los medios de difusión, hace poco más de un año.
Enrique Arcipreste del Ábrego
-¿Entonces qué va a pasar con el pago de la indemnización a Enrique Arcipreste?
-Ante la inexplicable e injustificada omisión del gobernante citadino, la perspectiva legal, es que cuando Arcipreste del Ábrego salga de la cárcel, le exija a la Corte, que haga efectiva la sentencia indemnizatoria para que el GDF le pague los mil 810 millones de pesos más los intereses generados, debido a que dicha sentencia no ha sido impugnada por ningún medio legal viable, puesto que el juicio de nulidad promovido por la ALDF se encuentra también en completo abandono desde hace un año -además de que no es viable-, por lo que con todo y el proceso penal seguido en contra de Enrique Arcipreste, hasta esta fecha la sentencia de pago sigue siendo legalmente válida.
-¿Se tendría que hacer el pago a pesar del proceso penal que se le sigue al reclamante?
-Desde luego, el proceso penal no invalida la sentencia del amparo.
-¿Qué es lo que debe hacer el jefe de Gobierno para evitar el pago de la indemnización?
-Primero tendría que proponérselo, lo cual es muy difícil; después tendría que utilizar el título de propiedad que le entregó el gobierno federal como documento base de una acción de nulidad; pero, además tendría que utilizar el mismo documento para regularizar de una vez por todas la propiedad en favor de los habitantes del Paraje San Juan, ya que si bien es cierto que ellos son los legítimos propietarios de sus inmuebles, también es cierto que sus derechos de propiedad deben ser convalidados mediante un sencillo trámite administrativo de desincorporación, y que por alguna extraña razón López Obrador ha dejado pendiente, generando así, una peligrosa incertidumbre en la propiedad de los predios de 20 colonias de la capital, que ocasiona un considerable menoscabo en el valor de esos inmuebles.
-¿Y ya con eso quedaría resuelto el conflicto del Paraje San Juan?
-No del todo. También se debe efectuar la liquidación del fideicomiso del Paraje San Juan, para que se rindan cuentas y se entregue el dinero a sus legítimos propietarios.
-¿Existe un fideicomiso en el Paraje San Juan?
-El fideicomiso existe desde 1989. Lo que seguramente ya no existe, es el dinero. Ese es otro más de los asuntos pendientes que López Obrador tiene que dejar resueltos en el caso del Paraje San Juan, antes de pedir licencia al cargo.
-¿Quién quedó a cargo de ese fideicomiso?
-Originalmente fueron Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard; actualmente deberían ser López Obrador y Alejandro Encinas, pero no sabemos nada al respecto, porque ninguno de ellos ha dicho nada al respecto.
Paraje San Juan
Con una extensión total de 309 hectáreas, el Paraje San Juan es un predio ubicado al oriente de la ciudad, en la delegación Iztapalapa, en el que se asientan 20 colonias.
A principios de octubre del 2003, se dio a conocer la noticia de que la Suprema Corte había condenado al GDF a pagar a un solo particular el valor de 298 hectáreas del Paraje San Juan, como indemnización por una expropiación realizada en 1989.
En su demanda, Enrique Arcipreste del Ábrego reclamó el pago de 3 mil 048 millones por el terreno, más otros 3 mil 858 millones de pesos por todas las construcciones que se han realizado en el predio; sin embargo, la jueza Gabriela Rolón Montaño -pese a las presiones de la Suprema Corte-, logró reducir la cantidad de 6 mil 906 millones a mil 810 millones de pesos.
El jefe de Gobierno, se negó a cubrir el pago de la indemnización, por lo que fue apercibido de ser destituido y consignado penalmente por desacato a un mandamiento judicial.
Así se inició la insólita confrontación entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Ejecutivo local, que en su evolución llevó al demandante Enrique Arcipreste a ser procesado por varios delitos, sin que se le haya dictado sentencia; mientras que por otra parte, el brutal enfrentamiento entre las dos dependencias gubernamentales concluyó con una serie de amistosas comidas entre sus titulares y, sin que, hasta el día de hoy, se le haya informado a la ciudadanía, en que va a parar todo esto.
El juicio está en receso y no ha utilizado el título de propiedad que le envió la SRA Afirma abogado que advirtió de la ilegalidad del juicio que hubo pacto secreto entre la Suprema Corte y el jefe de Gobierno para pagar a Enrique Arcipreste cuando AMLO deje el cargo; existe un fideicomiso en el Paraje San Juan que nadie sabe de él
(2004-12-08)
http://www.lacrisis.com.mx/paraje081204.htm
Enrique Arcipreste del Ábrego
De manera tan intempestiva como se inició, así se apagó el escándalo del Paraje San Juan, sin que se haya sabido -después de un año- cuál fue su conclusión, si es que ya la tuvo.
Pero en contra de la creencia generalizada, el conflicto político-social que generó el juicio de amparo relativo a la demanda de indemnización expropiatoria del "Paraje San Juan" no ha concluido.
Sólo se habría agotado su primera etapa, mediante una tregua pactada en secreto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la única finalidad de terminar con las mutuas acusaciones y descalificaciones que -en tan sólo 30 días- (octubre del 2003) erosionaron bastante la credibilidad, e incrementaron considerablemente el desprestigio de ambas instituciones.
Así lo afirma categórico Felipe Mondragón Corella, quien fue el encargado de la defensa de este asunto en la administración de Rosario Robles y el primero en advertir que el predio es propiedad de la nación.
Ante el inexplicable silencio de las autoridades capitalinas -jefe de Gobierno y Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, La Crisis trató de investigar cuál fue el resultado final del juicio en el que la Suprema Corte de Justicia condenó al Gobierno del Distrito Federal a pagar mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste del Ábrego, encontrándose con la sorpresa de que ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, ni la presidenta anterior, ni la actual de la Asamblea Legislativa, Lorena Villavicencio y Silvia Oliva, así como la titular de la Comisión del Paraje San Juan, Aleida Alavez, saben en que estado se encuentra este proceso legal; los cuatro funcionarios creen que el juicio se encuentra concluido, y ya no existe el riesgo de pagar la indemnización.
Para salir de dudas, entrevistamos a Felipe Mondragón Corella, quien descubrió la ilegalidad de la reclamación y, también pidió a la Suprema Corte que revisara la sentencia que condenó al GDF a pagar los mil 810 millones de pesos del erario público. Por lo tanto, Mondragón Corella puede ser la fuente más autorizada para aclarar la confusión que se ha generado -intencionalmente-, dice él, en torno a este controvertido asunto.
-¿Qué sucedió con el juicio del Paraje San Juan? ¿Ya está concluido? ¿Ya se eliminó el riesgo de pagar los mil 810 millones de pesos que la Suprema Corte le exigió el año pasado al Gobierno del Distrito Federal como indemnización para Enrique Arcipreste del Ábrego?
-No, el juicio de reclamación seguido por Enrique Arcipreste del Ábrego en contra del Gobierno del Distrito Federal, no está concluido, sólo está congelado por la Suprema Corte, en espera de mejores tiempos para que Arcipreste pueda cobrar la indemnización.
-¿Por qué razón el jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ignoran que el juicio todavía está en trámite, y que el riesgo de pagar la indemnización aún sigue latente?
-Porque tanto López Obrador, como la diputada Lorena Villavicencio durante casi todo este año, y ahora la diputada Silvia Oliva Fragoso, actual presidenta de la ALDF, han estado engañando al pueblo; el primero afirmando falsedades, y las segundas callando verdades. Yo creo que en realidad ninguno de ellos ignora que el juicio no se ha resuelto, como tampoco ignoran que debido a la negligencia de ambas entidades, más tarde o más temprano, se llegará al absurdo de pagar la indemnización a un particular, por un predio que es propiedad de la nación.
-¿Cuándo considera usted que se tendría que realizar el pago de la indemnización?
-Obviamente después de que López Obrador haya dejado el cargo de jefe de Gobierno, para no perjudicar su imagen como precandidato a la Presidencia de la República.
-¿Acaso la Suprema Corte de Justicia estaría dispuesta a esperar hasta entonces para requerir nuevamente al Gobierno del Distrito Federal por el pago de los mil 810 millones de pesos?
-Desde luego. A mí me queda bastante claro que Mariano Azuela se comprometió con el jefe de Gobierno, a no formular ningún requerimiento de pago por la indemnización expropiatoria, a fin de darle oportunidad a López Obrador de concluir tranquilamente su gestión sin tener que efectuar el desembolso de los mil 810 millones de pesos que la Suprema Corte insiste en que deben entregarse a Arcipreste a costa del erario público del Distrito Federal.
-¿Por qué razón haría el presidente de la Suprema Corte un compromiso de tal naturaleza?
-Porque a cambio, el jefe de Gobierno se obligaría a que a mitad del año 2005, después de obtener licencia al cargo para iniciar formalmente su campaña a la Presidencia de la República, el substituto designado por la Asamblea Legislativa, que en ese tiempo se pensaba fuera René Bejarano, pagaría sin ninguna reticencia la indemnización.
-López Obrador siempre se ha manifestado en contra de pagar los mil 810 millones de pesos que demanda Arcipreste, entonces, ¿por qué opina usted que se obligó a comprometer a su sucesor para que pagara esa indemnización?
-Porque López Obrador siempre desmiente sus palabras con los hechos. La prueba de ello, es que desde hace más de medio año recibió del gobierno federal el título de propiedad que demuestra que el Paraje San Juan pertenece a la nación, y por lo tanto, que la reclamación de Enrique Arcipreste es fraudulenta; sin embargo, hasta la fecha no ha utilizado ese documento para conjurar el riesgo de pagar la indemnización, lo que desde luego, evidencia su intención de que el Gobierno del Distrito Federal termine pagando la condena impuesta por la Suprema Corte.
-¿Qué sale ganando la Suprema Corte con todo esto?
-Con este pacto el jefe de Gobierno y la Suprema Corte dejan a salvo sus respectivas posturas, las que por ser totalmente opuestas e irreconciliables, de otra forma no hubieran permitido que las dos instituciones salieran bien libradas de la titánica confrontación provocada por López Obrador con la sola finalidad de exhibirse como un paladín de las causas populares y valeroso defensor de la patria, por supuesto, sólo como una estrategia de su prematura campaña presidencial.
-¿Cuál fue la necesidad de hacer ese pacto?
-Fue para que tanto la Suprema Corte, como el jefe de Gobierno pudieran desatorar el grave conflicto jurídico y político que les ocasionó el escándalo periodístico que se inició con las imprudentes declaraciones de López Obrador, y que, avivado con las respuestas de los ministros de la Corte, creció desmesuradamente hasta salirse del control del jefe de Gobierno, por lo que les resultó indispensable concertar ese acuerdo debido a que, cuando requirió al Gobierno del Distrito Federal por el pago de la indemnización a favor de Enrique Arcipreste, la Suprema Corte sostuvo la postura de que no había ya ningún recurso legal para evitar el pago; mientras que por otra parte, el gobernante capitalino mantuvo una posición diametralmente opuesta, al afirmar rotundamente que no pagaría la indemnización porque se trataba de un fraude, y que él contaba con las pruebas necesarias para demostrarlo legalmente.
"Por tanto, si no hubieran pactado como lo hicieron, uno de los dos hubiera quedado en evidencia, porque, en el caso de que la Corte consiguiera su objetivo y se llegara a pagar la indemnización, López Obrador quedaría ante la opinión pública como un gobernante inepto, o corrupto, o las dos cosas a la vez; puesto que si descubrió que se trataba de un fraude y contaba con las pruebas necesarias para demostrarlo, no debería haber pagado. En el otro supuesto, si López Obrador ganara el pleito, entonces quedaría demostrado que todos los ministros de la Suprema Corte -los pontífices del derecho-, estaban equivocados y que saben absolutamente nada de leyes; o bien, podría pensarse que estaban coludidos con Arcipreste, debido a que todo el tiempo sostuvieron de manera tajante, y sin el menor asomo de duda, que ya no había ningún recurso legal que pudiera intentar el Gobierno del Distrito Federal a fin de rescatar el juicio y evitar el pago de la indemnización.
-¿En qué momento hicieron ese pacto López Obrador y Mariano Azuela?
-Para mí es evidente que el momento en que pactaron, fue cuando dejaron de lanzarse acusaciones mutuas, a fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado, cuando la Suprema Corte dejó de insistir en el pago de la indemnización, y ya no volvió a mencionar para nada al Paraje San Juan. Después nos enteramos por los periódicos que López Obrador y Mariano Azuela se reunieron varias veces para comer juntos, como buenos amigos. Ahora sabemos el porqué.
-¿De qué manera podrían llevar a cabo ese acuerdo el jefe de Gobierno y el presidente de la Corte?
-Para poder encubrir a López Obrador durante el siguiente año y medio, la Suprema Corte decidió congelar de facto, el expediente del supuesto "Juicio de Nulidad" promovido por el ex-diputado René Bejarano Martínez, entonces presidente de la Asamblea Legislativa; para lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte, al recibir la demanda la turnó al Pleno de ese Tribunal, argumentando, que: "ante lo inusitado del planteamiento" quien debería resolver sobre la admisión o el rechazo de la demanda de nulidad, era el Pleno de la Corte, es decir, todos los Ministros que integran la Suprema Corte, quienes a pesar de que ya ha transcurrido un año desde entonces, todavía no han podido decidir si admiten o rechazan el juicio de nulidad planteado por la Asamblea Legislativa, o declaran la incompetencia de la Suprema Corte para conocer del mismo.
"Este prolongado silencio de los Ministros de la Corte -afirma Mondragón Corella-, sólo es comprensible si se tiene en cuenta que, de lo que se trata, no es de impartir justicia emitiendo una resolución de acuerdo a la ley, sino que se trata precisamente de lo contrario: hacer tiempo para no formular ningún requerimiento al actual jefe de Gobierno, y así, todos felices y contentos, porque quien va a pagar el pato (al orange) es el pueblo, y quien va autorizar el pago, no será López Obrador, sino quien lo substituya. De esta forma, el tabasqueño podrá seguir enarbolando la bandera de su rebeldía ante la injusticia, argumentando que el pago no se realizó durante su gestión.
-Volviendo al punto inicial, ¿por qué dice usted que el jefe de Gobierno del Distrito Federal engaña al pueblo en este asunto?
-Porque ha seguido la estrategia de fingir que está dispuesto a defender el juicio del Paraje San Juan aún a pesar de que la Corte lo destituya por desacato, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que desde que asumió la jefatura de Gobierno, ha dejado en total abandono el proceso legal, haciendo hasta lo imposible porque el GDF pierda el juicio y se vea obligado a pagar los mil 810 millones de pesos, o sea, de plano se dejó caer a la lona.
-¿Por qué razón considera usted que no se ha defendido adecuadamente este juicio?
-En agosto del año 2000 se me encomendó la defensa de este juicio, por lo que promoví ante la Suprema Corte un recurso legal llamado "Denuncia de Incidencia" con la finalidad de revertir los efectos de la sentencia del amparo; pero al llegar diciembre de ese año, inexplicablemente fui separado de mi cargo y tuve que hacer entrega de los expedientes.
"A partir de entonces, los abogados del GDF abandonaron completamente el seguimiento del recurso, sin darle ningún impulso procesal, ni promover lo conducente para que se dictara la resolución correspondiente, lo cual ocasionó que a causa de este abandono, la Suprema Corte en forma ilegal y arbitraria continuara requiriendo el pago, y que a consecuencia de ello, en marzo del año 2002, López Obrador indebidamente le pagara -en otro juicio- 31 millones de pesos a Francisco Arteaga Aldana, por una fracción de terreno que resultó ser propiedad de la nación.
-¿Quiere decir que el Gobierno del Distrito Federal le pagó esa cantidad a una persona que no era propietaria del terreno?
-Efectivamente. En mayo del año 2004, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, hizo público el anuncio de que "casualmente" se había encontrado en los archivos de esa dependencia, el título de propiedad del Paraje San Juan, en el que la nación aparece como legitima propietaria del predio en litigio. Asimismo, con excesiva ostentación, dio a conocer a la opinión pública que de inmediato había enviado dicho título de propiedad al jefe de Gobierno, con lo cual endosó a éste la responsabilidad de hacer valer el citado documento ante las autoridades competentes.
"Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde entonces, López Obrador no ha informado a la opinión pública si ya presentó ante la Suprema Corte el título de propiedad del Paraje San Juan, para pedir la nulidad de la sentencia, o si ha promovido algún otro recurso legal con base en este documento para revertir la sentencia de pago. Por eso afirmo que López Obrador hace todo lo que está a su alcance para que el GDF pague la cuantiosa indemnización que ordenó la Corte.
-¿Por qué entonces López Obrador ha venido diciendo que no va a pagar la indemnización del Paraje San Juan?
-Por pura demagogia, como lo demuestra el hecho de que no sólo le pagó los 31 millones de pesos a Francisco Arteaga, sino que, además, desde enero del 2002 López Obrador ya había firmado la autorización del pago por mil 810 millones de pesos para Enrique Arcipreste del Ábrego, como él mismo lo reconoció públicamente en todos los medios de difusión, hace poco más de un año.
Enrique Arcipreste del Ábrego
-¿Entonces qué va a pasar con el pago de la indemnización a Enrique Arcipreste?
-Ante la inexplicable e injustificada omisión del gobernante citadino, la perspectiva legal, es que cuando Arcipreste del Ábrego salga de la cárcel, le exija a la Corte, que haga efectiva la sentencia indemnizatoria para que el GDF le pague los mil 810 millones de pesos más los intereses generados, debido a que dicha sentencia no ha sido impugnada por ningún medio legal viable, puesto que el juicio de nulidad promovido por la ALDF se encuentra también en completo abandono desde hace un año -además de que no es viable-, por lo que con todo y el proceso penal seguido en contra de Enrique Arcipreste, hasta esta fecha la sentencia de pago sigue siendo legalmente válida.
-¿Se tendría que hacer el pago a pesar del proceso penal que se le sigue al reclamante?
-Desde luego, el proceso penal no invalida la sentencia del amparo.
-¿Qué es lo que debe hacer el jefe de Gobierno para evitar el pago de la indemnización?
-Primero tendría que proponérselo, lo cual es muy difícil; después tendría que utilizar el título de propiedad que le entregó el gobierno federal como documento base de una acción de nulidad; pero, además tendría que utilizar el mismo documento para regularizar de una vez por todas la propiedad en favor de los habitantes del Paraje San Juan, ya que si bien es cierto que ellos son los legítimos propietarios de sus inmuebles, también es cierto que sus derechos de propiedad deben ser convalidados mediante un sencillo trámite administrativo de desincorporación, y que por alguna extraña razón López Obrador ha dejado pendiente, generando así, una peligrosa incertidumbre en la propiedad de los predios de 20 colonias de la capital, que ocasiona un considerable menoscabo en el valor de esos inmuebles.
-¿Y ya con eso quedaría resuelto el conflicto del Paraje San Juan?
-No del todo. También se debe efectuar la liquidación del fideicomiso del Paraje San Juan, para que se rindan cuentas y se entregue el dinero a sus legítimos propietarios.
-¿Existe un fideicomiso en el Paraje San Juan?
-El fideicomiso existe desde 1989. Lo que seguramente ya no existe, es el dinero. Ese es otro más de los asuntos pendientes que López Obrador tiene que dejar resueltos en el caso del Paraje San Juan, antes de pedir licencia al cargo.
-¿Quién quedó a cargo de ese fideicomiso?
-Originalmente fueron Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard; actualmente deberían ser López Obrador y Alejandro Encinas, pero no sabemos nada al respecto, porque ninguno de ellos ha dicho nada al respecto.
Paraje San Juan
Con una extensión total de 309 hectáreas, el Paraje San Juan es un predio ubicado al oriente de la ciudad, en la delegación Iztapalapa, en el que se asientan 20 colonias.
A principios de octubre del 2003, se dio a conocer la noticia de que la Suprema Corte había condenado al GDF a pagar a un solo particular el valor de 298 hectáreas del Paraje San Juan, como indemnización por una expropiación realizada en 1989.
En su demanda, Enrique Arcipreste del Ábrego reclamó el pago de 3 mil 048 millones por el terreno, más otros 3 mil 858 millones de pesos por todas las construcciones que se han realizado en el predio; sin embargo, la jueza Gabriela Rolón Montaño -pese a las presiones de la Suprema Corte-, logró reducir la cantidad de 6 mil 906 millones a mil 810 millones de pesos.
El jefe de Gobierno, se negó a cubrir el pago de la indemnización, por lo que fue apercibido de ser destituido y consignado penalmente por desacato a un mandamiento judicial.
Así se inició la insólita confrontación entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Ejecutivo local, que en su evolución llevó al demandante Enrique Arcipreste a ser procesado por varios delitos, sin que se le haya dictado sentencia; mientras que por otra parte, el brutal enfrentamiento entre las dos dependencias gubernamentales concluyó con una serie de amistosas comidas entre sus titulares y, sin que, hasta el día de hoy, se le haya informado a la ciudadanía, en que va a parar todo esto.
