Entrevista a Moisés Moreno Hernández
Prevención y solución a los problemas generadores de la delincuencia, son la única solución viable
El aumento de las medidas punitivas sólo complica la solución a los conflictos de la inseguridad; es necesario que las penas actuales se apliquen, se dejen de politizar los debates sobre el tema y se emprenda una fuerte lucha contra la corrupción y la impunidad, advierte el presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales
(2004-06-28)
El problema de la inseguridad pública en el Distrito Federal y el país entero no se resolverá con aumento en las penas, modificación de las leyes, más cárceles o crecimiento del número de policías, porque hacerlo así sólo representaría una pequeña solución y en ocasiones la complicaría; para combatir eficazmente a la delincuencia es necesario adoptar un programa integral para hacer frente no sólo a los secuestros, sino a todo tipo de delincuencia.
Este programa integral enmarca las medidas punitivas y, de manera fundamental, la prevención y atención a los problemas que generan la delincuencia. También es necesario evitar la politización de los debates en torno al problema, para hacer las reglas lo suficientemente coherentes, además de combatir fuertemente el fenómeno de la corrupción y la impunidad, porque no tiene caso que se aumenten las penas si no se aplican en los casos concretos.
Así piensa el doctor en derecho, Moisés Moreno Hernández, coautor de la Ley contra la Delincuencia Organizada, creada en 1996; además de ex subprocurador general de la República, ex director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y actual presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales.
Moreno Hernández es considerado como el mejor académico penalista en México por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y el juez español Baltasar Garzón.
El también licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana opina que el problema de la inseguridad no es un fenómeno actual; cada determinado tiempo hay ciertos fenómenos que se hacen más patentes y actualmente uno de ellos es el de los secuestros; esto provoca reacciones ciudadanas como será la marcha del domingo 27.
“No puedo decir que el Estado se haya quedado cruzado de brazos. El Estado siempre ha actuado, pero el problema es que su actuación no ha podido satisfacer las expectativas de la sociedad”, expresó el académico.
La inseguridad, agrega, no sólo la provocan los secuestros, sólo que se da más publicidad a unos sobre otros y adquieren mayor impacto entre la sociedad, pero están los robos que se cometen a diario en números enormes, los homicidios, los fraudes, las violaciones y otros.
Hoy por todos lados se habla de secuestros y esto es lo que ha provocado un cuestionamiento sobre si las medidas que hasta ahora han sido adoptadas son eficaces o no.
Para Moreno Hernández, “independientemente de que se han venido adoptando medidas por parte de las distintas dependencias del Estado como son Seguridad Pública, la Procuraduría o el Tribunal, hace falta que se adopte una medida más integral para hacerle frente no sólo a los secuestros sino a todo tipo de delincuencia que aqueje a la sociedad. Hace falta diseñar todo un programa integral de política pública para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia”.
Y cuando hablamos de programa integral, añade, no se refiere únicamente a las medidas represivas que son las más comunes y de las que se hace uso. “Siempre estamos hablando de aumentar las penas, de modificar las leyes, aumentar las cárceles, las policías, etcétera, pero se ha observado que en realidad esta es sólo una pequeña solución que no trae como consecuencia combatir eficazmente a la delincuencia”.
Entonces, “lo que hace falta es el diseño de un programa integral donde debe resaltarse fundamentalmente un sistema de prevención de la delincuencia que involucre a todas las dependencias tanto del gobierno federal como de cada entidad federativa”, para efectos de que cada uno de ellos haga lo necesario en el cumplimiento de las funciones que le correspondan.
Pero, por otra parte, también adquiere una gran importancia la movilización de la ciudadanía que cada vez participa más. “Por ejemplo, esto de la marcha del domingo 27 es una expresión que debe servir para efecto de concienciar a la gente de que no sólo debe exigir, sino también participar tanto en el diseño de las medidas que el Estado debe adoptar, como en su aplicación para que realmente se pueda, de manera conjunta, alcanzar los objetivos”.
La prevención
De acuerdo con lo que se establece en la teoría y también en la práctica, se habla de dos tipos de prevención.
La prevención general, que es la adopción de medidas dirigidas a todos los miembros de la sociedad, para lograr que esta se abstengan de cometer delitos y de esa manera prevenir. Es decir, actuar antes de que se cometan los delitos.
Para Moreno Hernández, esto plantea la necesidad de que quienes tienen la función de hacer las medidas tengan un conocimiento previo, claro, preciso, de por qué se cometen ciertos delitos. Es decir, cuáles son las causas por que se generan estas conductas delictivas, para que con base a estos conocimientos, se puedan dirigir las medidas hacia aspectos concretos.
“Si se hiciera uso de este tipo de medidas, sin duda estaríamos hablando de un problema de una magnitud distinta al que actualmente se está planteando”, expresa el autor de diversos trabajos de investigación en materia penal y política criminal, entre ellos del libro Política criminal y reforma penal: algunas bases para su democratización en México.
Esto podría permitir que el sistema penal en todos sus aspectos tuviera mayores posibilidades de actuar con más eficacia, porque no estaría tan abrumado, tan saturado como está ahora, porque actualmente al no aplicarse esas medidas de prevención, únicamente se está reaccionando una vez que ya se cometen los delitos.
Entonces, ahí es donde se observa que ante la cantidad de delitos que se cometen la policía no resulta suficiente, el MP tampoco, las cárceles tampoco y no obstante que solamente como ya se ha reconocido oficialmente, un porcentaje mínimo de los hechos que se cometen se denuncian, un porcentaje mínimo de los que se denuncian se llegan a investigar y se les inicia proceso, y todavía es menor el caso de los que llegan a sentencia.
“Si se plantea por qué se cometen robos, si se determina que hay una cierta relación con los problemas laborales y económicos por la falta de trabajo, entonces se puede plantear la necesidad de que las políticas laborales y económicas se enfoquen adecuadamente al logro de esos objetivos, para que a partir de ellos también se incida en la prevención de hechos delictuosos; lo mismo sucede para los problemas educativos, de salud y todos los que tienen que ver con esto”, explica.
El otro aspecto de la prevención es el que se deriva del propio funcionamiento del sistema de justicia, cuando se plantean medidas de tal manera que cuando cumplan su sanción, estén en condiciones de no volver a delinquir. “Pero esto implica que hay que esperar a que delincan para buscar cómo resocializarlos o readaptarlos. Y dada la condición como se encuentran nuestras cárceles, esto es realmente utópico”.
Entonces, de acuerdo con los estudios realizados al respecto y su experiencia en la función pública, Moreno Hernández expresa que “esa no debe ser una de las medidas a privilegiar en los tiempos actuales”.
Medios de control ineficaces
La percepción general es que la delincuencia organizada ha derrotado a los instrumentos del Estado; ante el problema del narcotráfico ocasionalmente se detiene a importantes miembros de una organización delictiva, y no obstante esos importantes logros, se sigue observando que ese fenómeno lejos de disminuir va en aumento.
De manera que “esto implica que los medios de control del Estado han resultado insuficientes”. Pero también lo que ha buscado el Estado es competir con los delincuentes en una carrera por modernizar sus formas de funcionar, sus equipos, sus instrumentos y demás.
“Pareciera que se está frente a una competencia para ver quién puede más y no en una real situación de cómo enfrentar de una manera más eficaz al problema de la delincuencia. Creo que el desarrollo que ha tenido este fenómeno y la percepción que se tiene en la colectividad debe exigir una actuación mucho más eficaz por parte de los órganos del Estado”.
Esa actuación más eficaz debe ser sobre todo por parte de la policía, que tiene la función de intervenir en las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público. Esto implica contar con personal cada vez más calificado, más profesional y con un sentido de ética de la función pública.
“Un fenómeno que habrá que combatir fuertemente es el de la corrupción, donde se plantea también modificar las estrategias de selección del personal que las propias instituciones van introduciendo, porque muchas veces se capacita a esta gente y al cabo de un tiempo cambian de bando”.
Infuncionalidad y politización
Moreno Hernández recordó que cuando participó en la elaboración de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ellos presentaron un proyecto que después fue sometido al Congreso de la Unión y ahí recibió importantes modificaciones.
“Nosotros no planteábamos sólo el aspecto represivo del problema. No íbamos a establecer únicamente qué es la delincuencia organizada, cuáles son los delitos que se ven involucrados en ésta o cuáles son las estrategias procesales para enfrentarla. La idea era establecer todo un aspecto relativo a cómo prevenir este problema, sabiendo, por ejemplo, como este problema abarca a su vez diversas figuras delictivas, cada una con sus diversas características; eso planteaba la necesidad de establecer estrategias de prevención para el lavado de dinero, para el tráfico de drogas, para el problema del terrorismo, de tráfico de indocumentados, del secuestro, el robo de vehículos entre muchos otros, pero este aspecto no pudo avanzar mayormente y hasta ahora no se ha desarrollado”.
La carencia de un verdadero programa de prevención se ha visto rebasado con frecuencia porque quieren dar respuestas inmediatas a las exigencias que plantea la colectividad, pero estas respuestas inmediatas son muy apresuradas y puestas en práctica sin ser analizadas con el debido detenimiento para ver qué tanto van a funcionar.
“Eso ha hecho que después de unas reformas, luego vengan otras porque aquellas resultaron ineficaces, insuficientes. Pero creo que si estamos ante un problema tan importante, debemos tomarnos el tiempo suficiente para diseñar toda una política, una serie de estrategias donde se vea a largo plazo su funcionalidad”, añade Moisés Moreno Hernández.
Asimismo, el académico advierte que la politización de las discusiones sobre la inseguridad es otro aspecto que impide el avance de las cosas como son planteadas por los expertos, “porque hay opiniones de todo tipo y eso hace que las estrategias no resulten lo suficientemente coherentes, sino que se van mezclando una serie de criterios que generalmente son infuncionales”.
Esto es lo que ha sucedido con la prevención. “Siempre que escuchamos aquello de que ‘ahora vamos a funcionar más eficazmente, vamos a ser más duros, vamos a endurecer las penas’, me pregunto: ¿Qué caso tiene que en los códigos penales se aumenten las penas si estas no se aplican en los casos concretos?”.
Pero ese no es el camino. De acuerdo con Moreno Hernández, lo que se requiere “es simplemente que las penas existentes, ya de por sí demasiado elevadas, se hagan efectivas. Y esto implica que los hechos que se cometen, se investigan realmente y que los delincuentes realmente vayan a un proceso y lleguen a una sentencia. Sólo de esa manera se verá que el sistema de justicia funciona realmente”.