GDF siempre tuvo la solución a su alcance y no la hizo valer
Anulará SCJN sentencia de juicios del paraje San Juan: Felipe Mondragón
El abogado Felipe Mondragón, que interpuso un recurso de incidencia desde 2000, señala que en todos los juicios de expropiación del paraje San Juan, mediante el cual existió una solución jurídica para evitar el pago las indemnizaciones, la cual se descubrió y se hizo valer ante la Corte desde agosto del año 2000 y que hoy se toma como base para la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(2005-01-24)
http://www.lacrisis.com.mx/paraje240105.htm
Después de un inexplicable silencio que se prolongó durante más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que el jueves 20 de enero pasado daría a conocer la sentencia definitiva sobre dos controvertidos juicios que preocupan a la sociedad por su elevada cuantía: El paraje San Juan, que representa un pago de mil 810 millones de pesos; y la indemnización que reclama la familia Ramos Millán, por un monto de mil 214 millones de pesos.
Pero, sorpresivamente, en la fecha anunciada, la Corte decidió aplazar ambas sentencias para hoy, argumentando que hay divergencia de criterios jurídicos entre los ministros que van a resolver al respecto, postergación que Felipe Mondragón Corella, el mayor experto sobre el tema, le atribuye al prematuro triunfalismo de Andrés Manuel López Obrador, quien el mismo jueves 20, pero seis horas antes de que los ministros entraran a sesionar, proclamó su victoria legal sobre el juicio, al decir que esperaba las disculpas de quienes criticaron su postura de negarse a pagar la indemnización a fines del 2003, anticipando un resultado que, hasta la fecha, aún está pendiente.
Poco antes, el 8 de diciembre de 2004, La Crisis publicó una entrevista con Mondragón Corella, en la que se dio a conocer un acuerdo celebrado en secreto entre el presidente de la Suprema Corte y el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), para dejar pendiente la solución de este conflicto hasta que López Obrador abandone el cargo, a mediados del 2005, a fin de evitar nuevas confrontaciones entre ambas instancias. La respuesta de la Corte a la entrevista no tardó en llegar: al regreso de las vacaciones decembrinas los ministros programaron la sesión pública para emitir el relevante fallo judicial, dos semanas después.
En esa conversación, el especialista reveló que siempre existió una solución jurídica para resolver el juicio del paraje San Juan, sin que el GDF tuviera que pagar la cuantiosa indemnización que reclamó Enrique Arcipreste del Ábrego, y también insistió en que López Obrador y sus abogados conocían perfectamente esa fórmula legal que Mondragón Corella desarrolló desde el año 2000, pero que –intencionalmente, afirma el entrevistado– dejaron de aplicarla para politizar el caso, poniendo al GDF en riesgo de indemnizar a un particular, por un predio que es propiedad de la nación.
Con el fin de clarificar este enredo, nuevamente entrevistamos a Felipe Mondragón Corella, a quien el GDF le encomendó la defensa de este polémico asunto en el año 2000, y fue quien interpuso el recurso legal que frenó –desde agosto del 2000– el pago de la indemnización, documento del cual La Crisis obtuvo una copia, y con el que se demuestra, claramente, que la violenta confrontación iniciada por López Obrador con la SCJN, nunca fue necesaria, ya que el asunto se pudo resolver por la vía legal, y sin recurrir a escándalos ni denuestos, como lo ha venido advirtiendo Mondragón Corella desde hace más de cuatro años.
-Después de un año nuevamente el paraje San Juan sale a la luz pública. ¿Por qué considera usted que tan repentinamente decidió la Corte dictar una resolución que había dejado pendiente durante tanto tiempo?
-Yo considero que esta decisión fue una respuesta de la Corte al reportaje de La Crisis, publicado el día 8 de diciembre pasado, lo que a mi juicio significa que los señores ministros están actuando ya con sensibilidad social y también con mayor apego a la ley, lo cual es indispensable para consolidar el incipiente Estado de derecho que hay en nuestro país, porque la Suprema Corte de Justicia es la piedra angular que sostiene al sistema judicial.
-¿Entonces por qué motivo los ministros aplazaron la sesión para resolver el juicio del paraje San Juan y el del predio de Santa Ursula Coapa, cuya propiedad se adjudica la familia Ramos Millán?
-Yo se lo atribuyo a la imprudencia que cometió López Obrador, por haber anunciado a los medios en su conferencia matutina –seis horas antes de que los ministros votaran la resolución– cuál sería el resultado de la sentencia en el caso del paraje San Juan, festinando –con fines electorales– una victoria que no le corresponde a él.
"En caso de que la sentencia se hubiera publicado seis horas, después de que López Obrador ya la había hecho pública ante los medios, indudablemente se habrían generado fundadas suspicacias y muy severas críticas a la Corte, porque no sería explicable que el jefe de Gobierno conociera el resultado de la sentencia antes de que ésta fuera aprobada por el voto de los ministros, ya que al no haberse realizado la votación, no es en rigor una sentencia, sino sólo un proyecto susceptible de modificarse para cambiar al sentido opuesto, es decir, para darle la razón a quien se la había negado en el proyecto anterior; por lo tanto, mientras un proyecto de sentencia no haya sido aprobado por la mayoría de los ministros, nadie puede cantar victoria, ni exigir disculpas.
"Este prematuro alarde triunfalista de López Obrador obligó a los señores ministros a conducirse con cautela, por lo que decidieron posponer la sesión para resolver el asunto del paraje San Juan, a fin de evitar cuestionamientos de la sociedad, respecto de la forma en que el jefe de Gobierno se había enterado del resultado de la sentencia, antes de la votación. Eso sería tan grave como si un apostador conociera el resultado de un partido antes del juego.
"Por la misma razón, los ministros debieron aplazar la sesión para resolver el juicio seguido por la familia Ramos Millán, para no hacer muy obvio el motivo de aplazamiento del juicio del paraje San Juan, ya que por ser dos asuntos que guardan muchas semejanzas entre sí, las dos resoluciones deberán dictarse en el mismo sentido.
-¿Por qué afirma usted que, en caso de que la resolución de la Corte en el caso paraje San Juan favorezca al Gobierno del Distrito Federal, la victoria no sería de López Obrador?
-Porque en todos los juicios de expropiación del paraje San Juan existió una solución jurídica para evitar el pago las indemnizaciones, la cual se descubrió y se hizo valer ante la Corte desde agosto del año 2000, o sea que la defensa legal de esos juicios se planteó desde mucho tiempo antes de que López Obrador ocupara el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo cual, éste se está adjudicando el mérito del trabajo realizado por otros durante la administración anterior.
"Es decir, que cuando López Obrador llegó a la jefatura de Gobierno, ya se había encontrado una solución legal para resolver estos juicios en favor del Gobierno del Distrito Federal, sin tener que indemnizar a nadie. Y, sin embargo, en marzo del 2002, López Obrador –por negligencia– ordenó pagar una indemnización por 31 millones de pesos por otro juicio del paraje San Juan.
-¿En qué sentido hubo negligencia del jefe de Gobierno?
-Porque, aun cuando, al llegar López Obrador a la jefatura de Gobierno ya se había realizado todo el trabajo para la adecuada defensa de los juicios relativos al paraje San Juan, y que no había nada más que hacer que darle seguimiento al expediente, su administración abandonó por completo la tramitación del recurso legal, iniciado en agosto del año 2000 que, a fin de cuentas, fue en el que se basó la Corte para anular esos juicios.
-¿Cuál fue ese recurso legal?
-En agosto del año 2000, la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso legal llamado "DENUNCIA DE INCIDENCIA", mediante el cual se hizo notar a la Suprema Corte de Justicia de las diversas irregularidades que tres años después iba a denunciar López Obrador, tratando de hacer creer a la opinión pública que fue él quien descubrió esas inconsistencias, como consecuencia de las cuales, se le pidió a la Suprema Corte que revisara el caso.
"López Obrador ahora se adjudica el mérito del resultado de la revisión de la Corte; pero yo insisto: eso ocurrió desde agosto del año 2000, cuando él todavía no era jefe de Gobierno, por eso no es posible que su administración hubiera descubierto y denunciado las anomalías del juicio.
-¿Es procedente la Denuncia de Incidencia a pesar de haber cosa juzgada?
-La Denuncia de Incidencia ya fue declarada procedente desde el 14 de marzo del 2002; y fue así, precisamente porque no hay cosa juzgada en el fondo del asunto, según los precedentes de jurisprudencia establecidos previamente por la propia Suprema Corte de Justicia.
-¿Cuáles son esos precedentes?
-El precedente de jurisprudencia más importante de la Denuncia de Incidencia, se basó en la tesis publicada por la Corte en el año de 1999 bajo el rubro: ‘Sentencias de amparo.- Si existen varias que inciden sobre un mismo inmueble, debe decretarse su conexidad para resolver sobre su ejecución, independientemente de la etapa en que se encuentre su cumplimiento.’; el cual fue concatenado con la tesis de jurisprudencia número 1458, visible en la página 2327, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, segunda parte, que dice textualmente: ‘Propiedad.- Las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el juez del conocimiento del negocio, quedando a salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los ejerza en la vía y forma que corresponda, ante las autoridades del orden común’.
"En el caso de la demanda de Enrique Arcipreste del Ábrego, el error más grave que se cometió en el juicio de amparo, que convalidó la Corte y que por negligencia consintió el Gobierno de López Obrador, fue que ilegalmente se reconoció la propiedad del quejoso en el juicio de garantías, sin que antes hubiera sido resuelta por el juez de primera instancia, no obstante existir otras personas que también se dijeron propietarias del mismo predio; por lo cual se le pidió a la Suprema Corte en la Denuncia de Incidencia, ‘suspender los procedimientos de ejecución de las sentencias dictadas en los citados juicios de garantías que actualmente se ventilan ante los órganos jurisdiccionales federales del conocimiento, para que los quejosos estén en aptitud de concurrir ante el tribunal competente por razón de materia, grado y fuero, con el objeto de que se determine cuál de ellos tiene mejor derecho respecto del inmueble en cuestión’, es decir, se pidió a la Corte que revisara el caso y que suspendiera el trámite de los diversos juicios de amparo relacionados con el paraje San Juan, para que los diversos quejosos acudieran ante el juez competente de primera instancia, para acreditar debidamente su propiedad, y después de esto, en caso de que así procediera, se continuara con los requerimientos de pago al Gobierno del Distrito Federal.
"A esta petición recayó un acuerdo favorable de la Suprema Corte, dictado el 23 de agosto del año 2000, en el que se ordenó turnar el expediente al licenciado José Gabriel Clemente Rodríguez, juez octavo de Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
"En ese acuerdo la Corte ordenó al juez José Gabriel Clemente Rodríguez tramitar la Denuncia de Incidencia, recabar los expedientes de otros juicios relacionados con el paraje San Juan; y también ordenó suspender los requerimientos de pago al Gobierno del Distrito Federal, hasta en tanto no se dictara resolución en la Denuncia de Incidencia.
"Por lo tanto, mientras no se dictara resolución en la Denuncia de Incidencia, ni la Corte ni cualquier otra autoridad podrían requerir al Gobierno del Distrito Federal el pago de ninguna indemnización por la expropiación del paraje San Juan, sin embargo no fue así, ya que la resolución del recurso se dictó hasta el día 14 de marzo de 2002; y dos semanas antes, el licenciado Carlos Paniagua Bocanegra, entonces Director de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, personalmente entregó en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa un cheque por la cantidad de 31 millones de pesos a favor de Francisco Arteaga Aldana como pago de la indemnización por la expropiación del paraje San Juan; pese a que en el expediente respectivo la Corte también había ordenado suspender los requerimientos de pago. Por lo tanto este pago, de 31 millones de pesos, fue indebido y se dio como resultado del descuido y la negligencia de López Obrador.
-¿Por qué considera usted que hubo descuido y negligencia del Gobierno de López Obrador?
Porque a pesar de que la Suprema Corte había ordenado suspender los requerimientos de pago, López Obrador ordenó pagar los 31 millones de pesos; pero sobre todo, porque durante más de dos años no hizo nada por impulsar la Denuncia de Incidencia, ni realizó ninguna gestión para que se dictara la resolución que hubiera evitado ese pago indebido.
-¿Podría ser que el jefe de Gobierno desconociera esos antecedentes del caso?
-No, desde luego que no. Al asumir la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador firmó una acta de entrega–recepción en la que vienen detallados estos antecedentes como asuntos de extrema relevancia. Además, durante todo el año 2001 y parte del 2002, yo personalmente hice llegar informes pormenorizados del estado procesal y del abandono en que se encontraban esos juicios a diversos funcionarios de su gobierno. Al no obtener ninguna respuesta, en diciembre del 2002 denuncié públicamente la negligencia y el abandono del Gobierno del Distrito Federal hacia esos asuntos.
"Fue hasta entonces que se le dio alguna atención a los juicios, aunque se hizo únicamente una defensa mediática, pero no jurídica, sólo con la finalidad de llamar la atención de los medios de difusión y de utilizar el paraje San Juan para hacer una precampaña electoral, mediante la brutal confrontación que se dio con la Suprema Corte de Justicia. Se trató de una provocación deliberada por parte del jefe de Gobierno.
-¿Cuál es el resultado de la Denuncia de Incidencia?
-Finalmente se ganará –advirtió– pero no porque la administración de López Obrador hubiera hecho algo para que así fuera. Se ganará porque estuvo bien fundada y hubo la precaución de ofrecer las pruebas en el mismo escrito inicial. Lo único malo de todo esto fue que cuando se dictó la resolución, después de más de año y medio de haberse iniciado, ya se habían pagado a un particular los 31 millones de pesos, por un predio que es propiedad de la nación.
-¿Entonces qué beneficio obtendrá el Gobierno del Distrito Federal con esa resolución?
-La resolución dictada en la Denuncia de Incidencia, será la base legal de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, para determinar que se deben dejar insubsistentes todas las sentencias de los juicios de amparo promovidos en contra de la expropiación del paraje San Juan, dejando a salvo los derechos de los quejosos para que acudan ante el juez competente de primera instancia a deducir su derecho, acreditando legalmente la propiedad de los terrenos que reclaman.
-¿Eso permitiría que los sedicentes propietarios posteriormente volvieran a demandar el pago de una indemnización por el decreto expropiatorio?
-Teóricamente sí; ése es, en esencia, el espíritu de la Denuncia de Incidencia, pero si tenemos en cuenta que el 27 de mayo de 2004 la Secretaría de la Reforma Agraria envió el título de propiedad a López Obrador, y que en ese documento aparece que el predio es propiedad de la nación, resulta obvio que los reclamantes no podrían demostrar la propiedad que se adjudican, salvo el caso de que, por alguna razón, el Gobierno del Distrito Federal guardara el documento y no lo presentara, en su debida oportunidad, ante los jueces de primera instancia.
-¿Ahora que se conoce el resultado final de este conflicto, podría decirse que el jefe de Gobierno actuó correctamente al negarse a pagar la indemnización que demandó Enrique Arcipreste?
-No, de ninguna manera. López Obrador se negó a pagar la indemnización sólo como estrategia de su campaña presidencial, que ha venido haciendo desde la jefatura de Gobierno, más no porque en realidad tuviera la intención de defender los bienes de la nación que se encuentran bajo su cargo, ya que si así hubiera sido, en lugar de retar a la Corte para que lo destituyera, hubiera bastado con que hiciera valer los argumentos legales que se expusieron en la denuncia de incidencia, como lo demuestra el hecho de que, a fin de cuentas, con eso fue suficiente para que la Suprema Corte de Justicia revisara el caso y le diera la razón al Gobierno del Distrito Federal en la resolución que se va a publicar el 24 de enero de este año; pero no hay que perder de vista que ese recurso se inició en la administración anterior, por lo tanto el mérito no es de López Obrador, que no haga caravana con sombrero ajeno.
-Por último, ¿qué propone usted para que se resuelvan definitivamente los asuntos pendientes del paraje San Juan?
-Los ciudadanos debemos exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa –de todos los partidos– que dejen de estar encubriendo a López Obrador, para que a su vez le exijan que antes de pedir licencia para hacer su campaña presidencial, deje resueltos los problemas que se generaron o que se agravaron por el descuido, la negligencia e ineptitud con que ha gobernado al Distrito Federal; advirtiéndole, que si no los deja resueltos, no será aprobada la licencia que en su momento solicite a la Asamblea para iniciar su campaña electoral, porque es muy cómodo generar los problemas y luego abandonar el barco para que venga otro y los resuelva.
