Publicado en el diario El Universal
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Derivado de la auditoría 1682 de octubre de 1999, el 27 de marzo de 2000 el entonces contralor de la Federación, Arsenio Farell Cubillas, solicitó a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad tomar las "medidas correctivas y preventivas" para subsanar 39 irregularidades detectadas durante la revisión a 14 Proyectos de Inversión Financiada (Pidiregas), uno de los cuales, llamado Tuxpan II, presentó seis irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación que le causarán al erario un perjuicio por 36.3 millones de dólares americanos (334 millones 686 mil pesos al cambio de este viernes) al signar la obra "con un importe que excedió al monto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Las irregularidades señaladas en el oficio No. SP/1000729/2000, dirigido al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, son entre otras la escasa claridad para la evaluación de las propuestas, discrecionalidad a la hora de calificar algunos puntos, desapego a las bases de licitación, anomalías en los fallos, además de una serie de causas imputables a la entidad paraestatal en el inicio y ejecución de obras, que generan mayores costos a los proyectos.
Las irregularidades detectadas en la Central de Ciclo Combinado ubicada en Tuxpan, Veracruz, marcadas en el oficio firmado por el entonces contralor Arsenio Farell Cubillas son las siguientes: En las bases de licitación no se establecieron criterios claros para realizar la evaluación de la propuesta; se dejaron algunos puntos de la licitación para calificarlos discrecionalmente, los cuales "de no corregirse pueden acarrear reclamaciones en licitaciones posteriores".
Además de que la evaluación económica de la propuesta se realizó con desapego a las bases de licitación, afirma: "Cabe señalar que si se adjudicó el contrato a la oferta más conveniente fue porque la diferencia entre las propuestas era amplia, es decir, el procedimiento utilizado no afectó el fallo".
Sin embargo, más adelante el oficio dirigido a Alfredo Elías Ayub dice que "el proyecto CCC Tuxpan II se adjudicó con un importe que excedió en 36.3 millones de dólares americanos al monto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
El artículo 15 de la Ley de Deuda Pública advierte que en ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito, de la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan".
Esta irregularidad la refleja muy claramente el entonces titular del Órgano de Control Interno en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos a su jefe, el director general de Auditoría Gubernamental de la Secodam, Jaime Mohedano Cabrera, a quien le escribe una nota informativa el 24 de julio de 2000 con el siguiente texto: "Le manifiesto también la nula cooperación que ofrece la Dirección General de la CFE a este órgano interno para sancionar las irregularidades que se cometen en todas las obras de la entidad, que bien se pueden predecir, como resultado dará un quebranto patrimonial de proporciones gigantescas, ya que los proyectos Pidiregas se han adjudicado desde el año 1996 con innumerables violaciones al marco jurídico: se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que posteriormente será incrementada en forma exorbitante."
El 8 de julio de 1999 la Secretaría Reguladora de Energía informó en el Diario Oficial de la Federación el otorgamiento del permiso para generar energía eléctrica en la modalidad de Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE) al consorcio Electricidad Águila de Tuxpan, SA de CV, conformado por las empresas transnacionales Mitsubishi Corporación y Kyushu Power Eléctrica Co, Inc. La CRE indicó en un boletín que el consorcio encabezado por Mitsubishi ganó la licitación pública internacional para desarrollar, construir, poseer, operar y mantener la Central de Ciclo Combinado Tuxpan II e instalaciones asociadas, obteniendo el permiso para generar energía eléctrica en la modalidad de productor independiente por 27 años y cinco meses.
El parte informativo añadió que en el desarrollo del proyecto se estimaba una inversión directa por 230 millones de dólares, para una capacidad máxima de instalación de 535.5 MW (megawatts) y una producción anual de energía de tres mil 707.45 GWh.
Sin embargo, la consejería jurídica global Milbank, con oficinas centrales en Nueva York y despachos en Los Ángeles, Washington, DC, Palo Alto, Londres, Tokio, Hong Kong y Singapour, informó en un despacho fechado el 3 de agosto de 2001 la finalización de la obra inaugurada a distancia desde Hermosillo por el presidente Vicente Fox en enero pasado por un monto de 325 millones de dólares, casi 95 millones por encima del monto estimado al adjudicar la obra.
Al buscar al director de Comunicación Social de la CFE, David López, para solicitarle una entrevista con el titular de la paraestatal con el fin de que respondiera a los señalamientos de Olvera Mazariegos expresó en otra nota informativa del 27 de junio de 2000 a Jaime Mohedano que varias empresas, entre las cuales por cierto no fue nombrada Mitshubishi, "han deteriorado gravemente a la Comisión Federal de Electricidad, en contubernio con altos funcionarios de la entidad, como usted sabe, Guillermo Guerrero Villalobos, Rogelio Gasca Neri, Eric Butcher, Arturo Hernández, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy".
El oficio de Farell.
El documento dirigido a Alfredo Elías Ayub fue conocido también por el entonces secretario de energía, Luis Téllez Kuenzler; el subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secodam, Mario López Araiza Orozco; el titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública de la Secodam, Ignacio Aguilar Álvarez Cuevas; el comisario propietario ante el sector Energía y Electricidad, Guillermo Haro Morales; el titular del Órgano de Control Interno en la CFE, Manuel Olvera Mazariegos, así como por el director general de Auditoría Gubernamental, Jaime Mohedano Cabrera, a quienes les fue enviada copia.
Las 39 infracciones encontradas en la orden de auditoría 1682/99 corresponden a los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), el esquema de financiamiento creado por el gobierno federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, a partir de las reformas y adiciones a las leyes General de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 23 de noviembre de 1995.
Afirman fuentes de la SHCP que el esquema de los Pidiregas fue una propuesta del actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mediante el esquema de los Pidiregas se concede permiso a empresas privadas o sociales para construir un proyecto de generación de energía, y se le otorga la concesión para venderla a la Comisión Federal de Electricidad o particulares por un periodo determinado que fluctúa entre 25 y 30.
“Será hasta que las obras se terminen y entreguen a satisfacción, y por lo tanto empiecen a generar recursos, que las obligaciones de pago correspondientes deberán preverse en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, se explica en el PEF de 1997.
Las irregularidades.
El oficio de Farell Cubillas expresó que como no se establecieron criterios claros y detallados para realizar la evaluación de las propuestas, en los proyectos Rosarito III, El Sáuz (Bajío), Altamira II y Tuxpan II "se dejaron algunos puntos para calificarlos discrecionalmente, tal es el caso del tipo de combustible a emplear".
Tampoco se publicaron las convocatorias de los proyectos Rosarito III, San Carlos II, Guerrero Negro II, El Saúz (Bajío), Tres Vírgenes y Cerro Prieto, en un diario de la entidad federativa donde se realizaron.
Durante la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, éstas se realizaron "con desapego a las bases de licitación" en El Saúz (Bajío), Altamira II y Tuxpan II, de tal forma que "si se adjudicó el contrato a la oferta más conveniente, fue porque la diferencia entre las propuestas era amplia, es decir, el procedimiento no afectó el fallo".
En Tuxpan II, como en Rosarito III, San Carlos II y Guerrero Negro II tampoco se respetó la metodología en la evaluación de las propuestas técnicas, por lo que "se corrió el riesgo de recibir reclamaciones de las ofertantes, con los retrasos y costos consecuentes".
Respecto de los fallos de las licitaciones se estableció que no se publicó oportunamente en el Diario Oficial de la Federación como tampoco en ninguno de circulación nacional el correspondiente a El Saúz (Bajío). Esto último sucedió igualmente con San Carlos II, Guerrero Negro II y Rosarito III.
Con respecto a las firmas de contratos, se afirma que por causas imputables a la Comisión Federal de electricidad hubo diferencias en la formalización del contrato o la fecha de inicio de los proyectos en Altamira II, El Saúz (Bajío), "ocasionando que no se tenga la capacidad de generación en la fecha programada originalmente, o que sea necesario reducir el plazo de la construcción, con el consecuente incremento de costos a futuro, afectando el patrimonio de la entidad".
En Tres Vírgenes hubo retraso en la ejecución de la obra, no hubo reportes del avance y por lo mismo "se corre el riesgo de un diferimiento en la fecha de terminación del proyecto".
En Hermosillo, cuya Central de Ciclo Combinado fue inaugurada este año, hubo un retraso de 113 días por causas imputables a la CFE. Lo mismo en Río Bravo y Cerro Prieto, debido a que la entidad "no tuvo oportunamente el permiso de cambio de uso del suelo del predio en donde se construyen los proyectos", incrementando los costos de construcción.
En la cuenta pública presentada por la SHCP se explica que "al cierre de 1999, los inversionistas privados estimaron una erogación en el área de generación de 4 mil 707.9 millones de pesos, cifra menor en 70.6 por ciento a la prevista para el año".
El informe añade que "el desfase se explica, fundamentalmente, por dos factores: las diferencias en las estimaciones de calendario entre la CFE y los contratistas; y los retrasos en las licitaciones, adjudicación de proyectos, tramitación de derechos de paso y estudios ambientales".
De igual forma hubo irregularidades en Río Bravo, donde la CFE omitió exigir a la empresa Central Anáhuac la ampliación a la carta de crédito por medio millón de dólares, mientras que en el consorcio que construyó Samalayuca II incumplió con el suministro de varias partes como toberas para gas y diesel y herramientas especiales, así como otros trabajos pendientes, que pudieran "resultar en un daño para la entidad".
Farell destaca en su reporte que "transcurridos 26 meses de haberse iniciado el proyecto Mérida III, adjudicado al consorcio AES Mérida III, S de RL de CV, y faltando tres meses aproximadamente para la apertura comercial de la primera fase, se tienen 32 solicitudes de acciones correctivas y 116 cartas preventivas que no han sido atendidas por el consorcio, lo cual puede incidir en la confiabilidad de la operación de dicho proyecto si no se vigila la corrección de tales solicitudes".
De igual forma se destacó que los reportes de avance mensual de Cerro Prieto IV están desfasados, incompletos y los equipos no corresponden a los ofertados por la empresa licitante.
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