(2002-05-27)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=15155
La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) previó la derrota del candidato del PRI, Francisco Labastida, y días antes de las elecciones del 2 de julio de 2000 puso en marcha un proceso automatizado y de carácter confidencial para que las irregularidades no llegaran a conocimiento de la opinión pública, y mucho menos del candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, porque "podría presentarse la remota posibilidad de que accediese al poder, tornando esta situación en preocupante para todos".
De igual forma se expresó en documentos internos en poder de esta publicación que "(debido a) el peligro que representa que el gobierno actual no conserve el poder a partir del 1º de diciembre de 2000, es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
Documentos internos de la Secodam en la CFE fechados los días 22 y 27 de junio de 2000 establecen que debían instrumentarse las acciones conducentes para prevenir, pero sobre todo para "corregir las irregularidades que dentro de sus funciones de auditoría y supervisión, generan constantemente las distintas áreas de fiscalización de la CFE".
El 22 de junio de 2000 el ingeniero Rafael Bustos Hernández informó, en su calidad de asesor del titular del órgano de Control Interno en la CFE, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, que con el propósito de realizar un cierre de administración que se intenta sea transparente (Š) se ha estructurado un plan de trabajo para intentar abatir el número de irregularidades que permanecen en proceso de la aplicación de las sanciones correspondientes".
Bustos ahonda en los detalles y explica a su jefe Olvera que para tratar de corregir tales irregularidades "se constituyó el grupo ejecutivo que deberá efectuar el seguimiento correspondiente a través de un sistema automatizado", pero además, "establecer las medidas que eviten que estas irregularidades sean del conocimiento público".
Para tal fin, al citado grupo ejecutivo se le solicitó "la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas".
Cinco días antes de las elecciones federales de 2000, el titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, Olvera Mazariegos, advertía a su vez a su jefe Jaime Mohedano Cabrera, director General de Auditoría Gubernamental de la Secodam, "es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
A casi dos años de aquel momento, sólo Eric Roberto Butcher Martínez, ex subdirector de Construcción, fue inhabilitado administrativamente por 10 años; un poco menos fue la sanción administrativa para Julio Ruiz, ex coordinador de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Pero los verdaderos responsables de los grandes negocios siguen ahí.
"Vamos a buscar los elementos suficientes para combatir la corrupción en la CFE, cualquiera que sea el nivel o cargo que ocupen los funcionarios involucrados", asegura el senador coahuilense por el PAN, Luis Alberto Rico Samaniego, quien en abril pasado se movilizó para detener una licitación presuntamente amañada, hecha como traje a la medida para la Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE), perteneciente del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira, el cual se encuentra en suspensión de pagos.
El lunes 22 de abril durante una reunión entre el director de Comunicación Social de la CFE, David López, y este reportero, se solicitaron entrevistas con el director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, y varios funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción, de acuerdo con documentos en poder de esta publicación, pero a la fecha no hubo respuesta por lo que no se pudo obtener la versión de los interesados.
En su nota informativa a Mohedano Cabrera, Olvera Mazariegos hace referencia a una conducta reiterada en las licitaciones y contratos: "Se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que, posteriormente, será incrementada en forma exorbitante". Esto es, que las empresas ganadoras de las licitaciones son escogidas de antemano, presentan la mejor oferta frente a otros que se prestan al juego con la promesa de contratos posteriores, para más adelante, mediante una serie de contratos, adendums y otras irregularidades elevan los costos en forma insultante.
El 27 de junio de 2000, cinco días antes de las elecciones presidenciales de 2000, Olvera Mazariegos explicó a Mohedano Cabrera que con base en la auditoría de Secodam con número V/081/99, firmada por la titular del área de responsabilidades, Azucena Morán Alonso, el fallo de la adjudicación de la obra y concesión por 30 años de la Terminal de Recibo y Manejo de Carbón en la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero, "se pueden considerar nulos de pleno derecho".
Este acto, agregó, al formular la cancelación de los contratos sustentados sobre una total violación a las leyes y normatividad, así como aplicar las penas económicas a que se hicieron acreedores los contratistas Techint y Grupo Mexicano de Desarrollo "será muy sano para las finanzas de la entidad".
0lvera Mazariegos agregó en su nota informativa: "No omito informar que Techint pertenece a un grupo de contratistas junto con SEPAC, SENSA, Siemens, ICA, Bufete Industrial, Westinghouse, Marubeni, que han deteriorado gravemente a la CFE en contubernio con altos funcionarios de la entidad".
Estos funcionarios, de acuerdo con el contralor son Guillermo Guerrero Villalobos y Rogelio Gasca Neri, anteriores directores de la CFE, además de los ingenieros Eric Butcher, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy.
Y en la última recomendación del contralor de la Secodam en la CFE, el 27 de junio y basado en las irregularidades descritas recomienda que por "el peligro" de que la administración federal cambiara a otro partido, "es realmente obligado sancionar" a todos aquellos funcionarios actores de la corrupción en la paraestatal.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=15155
La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) previó la derrota del candidato del PRI, Francisco Labastida, y días antes de las elecciones del 2 de julio de 2000 puso en marcha un proceso automatizado y de carácter confidencial para que las irregularidades no llegaran a conocimiento de la opinión pública, y mucho menos del candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, porque "podría presentarse la remota posibilidad de que accediese al poder, tornando esta situación en preocupante para todos".
De igual forma se expresó en documentos internos en poder de esta publicación que "(debido a) el peligro que representa que el gobierno actual no conserve el poder a partir del 1º de diciembre de 2000, es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
Documentos internos de la Secodam en la CFE fechados los días 22 y 27 de junio de 2000 establecen que debían instrumentarse las acciones conducentes para prevenir, pero sobre todo para "corregir las irregularidades que dentro de sus funciones de auditoría y supervisión, generan constantemente las distintas áreas de fiscalización de la CFE".
El 22 de junio de 2000 el ingeniero Rafael Bustos Hernández informó, en su calidad de asesor del titular del órgano de Control Interno en la CFE, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, que con el propósito de realizar un cierre de administración que se intenta sea transparente (Š) se ha estructurado un plan de trabajo para intentar abatir el número de irregularidades que permanecen en proceso de la aplicación de las sanciones correspondientes".
Bustos ahonda en los detalles y explica a su jefe Olvera que para tratar de corregir tales irregularidades "se constituyó el grupo ejecutivo que deberá efectuar el seguimiento correspondiente a través de un sistema automatizado", pero además, "establecer las medidas que eviten que estas irregularidades sean del conocimiento público".
Para tal fin, al citado grupo ejecutivo se le solicitó "la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas".
Cinco días antes de las elecciones federales de 2000, el titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, Olvera Mazariegos, advertía a su vez a su jefe Jaime Mohedano Cabrera, director General de Auditoría Gubernamental de la Secodam, "es realmente obligado sancionar a todos los actores de la corrupción que se refleja en la totalidad de las obras de la CFE".
A casi dos años de aquel momento, sólo Eric Roberto Butcher Martínez, ex subdirector de Construcción, fue inhabilitado administrativamente por 10 años; un poco menos fue la sanción administrativa para Julio Ruiz, ex coordinador de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Pero los verdaderos responsables de los grandes negocios siguen ahí.
"Vamos a buscar los elementos suficientes para combatir la corrupción en la CFE, cualquiera que sea el nivel o cargo que ocupen los funcionarios involucrados", asegura el senador coahuilense por el PAN, Luis Alberto Rico Samaniego, quien en abril pasado se movilizó para detener una licitación presuntamente amañada, hecha como traje a la medida para la Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE), perteneciente del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira, el cual se encuentra en suspensión de pagos.
El lunes 22 de abril durante una reunión entre el director de Comunicación Social de la CFE, David López, y este reportero, se solicitaron entrevistas con el director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, y varios funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción, de acuerdo con documentos en poder de esta publicación, pero a la fecha no hubo respuesta por lo que no se pudo obtener la versión de los interesados.
En su nota informativa a Mohedano Cabrera, Olvera Mazariegos hace referencia a una conducta reiterada en las licitaciones y contratos: "Se asigna de manera discrecional a la propuesta aparentemente más económica, misma que, posteriormente, será incrementada en forma exorbitante". Esto es, que las empresas ganadoras de las licitaciones son escogidas de antemano, presentan la mejor oferta frente a otros que se prestan al juego con la promesa de contratos posteriores, para más adelante, mediante una serie de contratos, adendums y otras irregularidades elevan los costos en forma insultante.
El 27 de junio de 2000, cinco días antes de las elecciones presidenciales de 2000, Olvera Mazariegos explicó a Mohedano Cabrera que con base en la auditoría de Secodam con número V/081/99, firmada por la titular del área de responsabilidades, Azucena Morán Alonso, el fallo de la adjudicación de la obra y concesión por 30 años de la Terminal de Recibo y Manejo de Carbón en la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero, "se pueden considerar nulos de pleno derecho".
Este acto, agregó, al formular la cancelación de los contratos sustentados sobre una total violación a las leyes y normatividad, así como aplicar las penas económicas a que se hicieron acreedores los contratistas Techint y Grupo Mexicano de Desarrollo "será muy sano para las finanzas de la entidad".
0lvera Mazariegos agregó en su nota informativa: "No omito informar que Techint pertenece a un grupo de contratistas junto con SEPAC, SENSA, Siemens, ICA, Bufete Industrial, Westinghouse, Marubeni, que han deteriorado gravemente a la CFE en contubernio con altos funcionarios de la entidad".
Estos funcionarios, de acuerdo con el contralor son Guillermo Guerrero Villalobos y Rogelio Gasca Neri, anteriores directores de la CFE, además de los ingenieros Eric Butcher, José de Jesús Castellanos, Néstor Moreno, Julio Guerrero y Alberto Ramos Elorduy.
Y en la última recomendación del contralor de la Secodam en la CFE, el 27 de junio y basado en las irregularidades descritas recomienda que por "el peligro" de que la administración federal cambiara a otro partido, "es realmente obligado sancionar" a todos aquellos funcionarios actores de la corrupción en la paraestatal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario