En San Mateo Tlaltenango
Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios, ¿a cambio de qué?
(2005-05-09
De no aportar parte de sus tierras a una sociedad con las empresas subsidiarias de Caabsa, estas se expropiarían a muy bajo precio, fue la amenaza recibida por los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango, justo en las céntricas oficinas del entonces regente Manuel Camacho Solís.
El episodio marcó el inicio de la urbanización de una zona dentro del complejo de Santa Fe conocida como Hueyatla, ahora de gran plusvalía debido a la construcción de los puentes de la “Avenida de los Poetas”, sobre las cañadas Puerta Grande, Atzoyapan y Los Helechos.
Los predios “comprados” en la década pasada mediante presuntos engaños en 40 pesos por metro cuadrado, hoy alcanzan un valor aproximado a cerca de 14 mil pesos o bien, mil 200 dólares, la misma medida.
Para lograr dar plusvalía a la zona y detonar los desarrollos inmobiliarios hoy notorios, medió una serie de irregularidades, arreglos y componendas cuyos principales actores se encuentran en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el gobierno de la ciudad y en la empresa Caabsa.
Aportaciones
La desincorporación de predios del Ejido de San Mateo Tlaltenango que constaba de 390 hectáreas hasta 1936, inició cuando por Decreto Presidencial en noviembre de 1972 les expropiaron 42 hectáreas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, para la construcción del Reclusorio Poniente, predio al cual se le llamó R-42.
Más adelante, también por Decreto Presidencial de febrero de 1990, fueron expropiadas poco más de 17 hectáreas a favor del DDF, en ese entonces dirigido por Camacho Solís, a las cuales se agregaron 14 hectáreas dos años después.
Dos expropiaciones más a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, sumó otras 25 hectáreas retiradas del patrimonio de los ejidatarios.
Sin embargo, la historia de los lujosos desarrollos inmobiliarios en construcción inició mediante presiones, en enero de 1991, cuando la Asamblea de Ejidatarios autorizó la firma de un “Convenio de Compensación” con la sociedad mercantil Club La Sierra, por el uso temporal del suelo para la construcción de canchas ecuestres, con vigencia de tres años renovables por periodos iguales, hasta contemplar doce años.
La historia contada a los titulares del ejido, Jesús Carrillo Flores, Fernando Flores Ortiz, Arturo Mejía Martínez y Clemente Ángeles, entre otros, fue que las empresas tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio ecológico debido a que ya habían desarrollado la zona comercial de Santa Fe.
Por ello les proponían una “sociedad” para su preservación. “Nosotros mediante la aportación de tierras y ellos (los empresarios) con los recursos económicos para el cuidado de la zona”.
De esta forma, dicen los ejidatarios, en junio de 1994 aportaron más de 45 hectáreas para la ampliación del Club de Golf Reforma y 42 días después, 31 hectáreas más al Club Hípico La Sierra, esta “con el propósito de desarrollar actividades hípicas, ecológicas y recreativas, mejorar y conservar las áreas naturales y construir la infraestructura necesaria para estos fines”, y consistía “en la remodelación y ampliación de un centro ecuestre, mediante la aplicación de procedimientos y sistemas avanzados de construcción, buscando la optimización de los recursos naturales con el establecimiento de infraestructura y sistemas ecológicos que permitan la preservación del entorno natural”.
En marzo de 1997 hubo una nueva “aportación” de casi 40 hectáreas a la sociedad anónima Río de Santa Fe, y en julio de 1999 casi 30 a la empresa Cumbres de Santa Fe, que sumaron cerca de 146 hectáreas en total.
Una vez amarradas las aportaciones de tierra, afirman los ejidatarios que comenzaron a ser presionados para participar también al capital social de las empresas. Sin embargo, al no contar con recursos económicos, fueron convencidos de que lo mejor era vender su parte de la sociedad en 40 pesos el metro cuadrado, respetando los acuerdos de preservación ecológica.
Jesús Carrillo Flores explica cómo fue el supuesto engaño: La empresa club de Golf Reforma les propuso un proyecto ecológico con el argumento de que sus tierras eran improductivas y tenían uso de suelo agrícola y forestal, por lo que no podían construir en esa zona. “Nos dijeron que sólo iban a ampliar el Club de golf y que iban a respetar el bosque, pero de la noche a la mañana construyeron una barda perimetral y empezaron a tirar los árboles. Ya después nos dimos cuenta que estaban construyendo casas”.
Al respecto, Arturo Mejía, destacó que en esa zona donde se construyen los grandes edificios de Santa Fe, anteriormente vivían alrededor de 50 familias que fueron reubicadas del lugar, con el argumento de que no podían cimentar en terrenos ecológicos.
De igual forma, se les había indicado que en sus comunidades tampoco podían instalar algún negocio por la misma situación. A las grandes empresas, en cambio, si se les permitió cambiar el uso de suelo.
El último jalón
Apenas unos días antes de entregar las curules a los nuevos diputados elegidos el 2 de julio de 2000, el 18 de agosto la mayoría parlamentaria del PRD en la Primera Asamblea Legislativa aprobó el Decreto por el que se Aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, instrumento mediante el cual se realizó el cambio de uso de suelo en prácticamente toda la zona de Santa Fe, para hacerla un polo de desarrollo de baja densidad y alta plusvalía.
En la fundamentación del decreto se explica la existencia de viviendas precarias como resultado de la presión que ejercen sobre los predios de Hueyatla los asentamientos irregulares de los barrios de La Zanja y el Quizazotle, los cuales generan “una tendencia para que la zona se convierta en suelo urbano acelerado, lo que facilita los procesos de invasión”.
Quizá por eso, y en contravención a la premisa de “mantener una oferta de suelo urbano para vivienda, dirigida a los diferentes estratos socioeconómicos”, prevista en el ordenamiento, fue que los diputados decidieron hacer la zona de alta plusvalía antes de que a ella llegaran primero los pobres.
AMLO quitó el freno
Las subsidiarias de Caabsa realizaron diversas promociones ante el Departamento del Distrito Federal y, posteriormente, la Jefatura de Gobierno, para la construcción de las obras viales que permitieran la eclosión comercial de los desarrollos inmobiliarios.
La empresa “Cañada de Santa Fe” logró que en noviembre de 1996, en el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal —oficio resolutivo E/CO2/DGPCC/12945 de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación— se autorizara en forma condicionada el proyecto de vialidad de liga entre las avenidas Tamaulipas en Cuajimalpa y Centenario en Álvaro Obregón.
El proyecto fue desechado y posteriormente fue Río de Santa Fe la empresa solicitante de una nueva autorización en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas, que le fue concedida en octubre de 1999 mediante la resolución E/CO2/DGPCC/22058, con 38 condicionantes a ser cumplidas en un año para dar inicio a la obra. Pero el secretario de Obras, César Buenrostro, se opuso con el argumento de que afectarían la ecología del lugar.
Igual discusión hubo durante la administración de Rosario Robles, que concluyó al iniciar el mandato Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y pese a la realización de algunos trabajos para la construcción de los puentes, no fue sino hasta el 4 de abril de 2003 cuando fue dado el visto bueno definitivo para la realización de la obra, incorporados ya los elementos necesarios para incluirlo como “Sistema de Actuación por Cooperación para el Desarrollo de la Vialidad Carlos Lazo-Entronque Centenario”, de diciembre de 1998.
Este sistema de Actuación por Cooperación no es otra cosa que el financiamiento privado de obras públicas, a cambio de terrenos, a partir de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal promulgada en 1997 por Ernesto Zedillo.
De esta forma, a cambio de la construcción de los puentes Octavio Paz, Carlos Pellicer y Jaime Sabines, además de la obra periférica, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó a la constructora, Grupo Caabsa, el predio denominado ex Reclusorio Poniente, de casi 42 hectáreas en total.
En él se planeó construir en la década de los 70 un reclusorio. Aquellos años el gobierno federal pagó a 10 pesos el metro cuadrado a los ejidatarios. Hoy el gobierno del Distrito Federal entregó el predio por 160 millones de pesos, una décima parte de su valor, mientras los puentes costaron alrededor de 850 millones de pesos.
El subsecretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Ysusi Farfán, dio a conocer en una inserción pagada el 26 de septiembre de 2004 que el costo real del R-42 en 2000 era de “329 millones de pesos” y ese día era de alrededor de 680 millones. Sin embargo, estimaciones de los propios inversionistas a la prensa, sólo por la venta de los terrenos en el R-42 lograrán una suma de mil 200 millones de pesos.
Empero, los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango denuncian que el R-42 les pertenecen, porque la expropiación fue realizada para la construcción de un penal y no para otro uso, por lo cual apegándose a la Ley Agraria, dicen, “cuando no se da el fin por el cual se expropió un inmueble o terreno, los propietarios originales pueden recuperarlo”.
Los beneficiarios
La empresa beneficiada es el poderoso Grupo Caabsa (Constructora Aboumrad, Amodío y Berho SA de CV), dirigida por Julio Amodío Moheno, Julio Mauricio Martín Amodío Herrera y Víctor Aboumrad, desarrolladores del Centro Comercial Santa Fe y socios en la construcción del Centro de Exposiciones Internacionales Santa Fe, con más de 170 mil metros cuadrados y un valor cercano a los 100 millones de dólares.
Es importante resultar que Expo México, la compañía creada para atender lo relacionado con el Centro de Convenciones de Santa Fe, está encabezada por Caabsa y 75 empresas más, entre las que se encuentra Servimet, la inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad de México.
Caabsa, fundada en 1979, también realizó obras como Galerías Coapa, Pabellón Bosques, Torre Altus, Pabellón Polanco y la Torre Reforma Lomas Altas.
Recientemente, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, descubrió un acuerdo entre la constructora y el gobierno de Miguel Alemán, donde se encontró que por la remodelación del Auditorio Benito Juárez del puerto y por adecuaciones de acceso al Teatro de la Ciudad en Coatzacoalcos, Caabsa recibiría a cambio el estacionamiento del auditorio que cuenta con una extensión de más de 20 mil metros cuadrados.
No fue posible entrevistar a Julio Mauricio Martín Amodío Herrera porque se encontraba fuera de la ciudad, como tampoco a los ejecutivos de Caabsa, pero el día de la inauguración de los puentes, al ser cuestionado si como inversionistas apoyarían a López Obrador hacia la Presidencia, el director de proyectos Gerardo Merla respondió al diario La Crónica, que estaban colaborando con él, “no veo porque no lo seguiríamos haciendo”.
Caabsa fue una de las empresas que concursó para la construcción de al menos tres etapas de lo que sería inicialmente el segundo piso y posteriormente se convirtió en el Distribuidor vial San Antonio.
El catedrático de la Facultad de Arquitectura, Carlos Morales Schechinger, ha destacado que alguien se benefició con la plusvalía por los puentes, y ese alguien no fue el Gobierno del Distrito Federal, sino las constructoras, porque antes de la construcción los terrenos tenían un valor diferente al actual.
Es decir, Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios.
Incongruencias
A pesar de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó los cambios de uso de suelo y la empresa desarrolladora fue advertida de cumplir con los lineamientos de preservación ecológica, continúan las irregularidades.
Apenas el pasado 4 de abril la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT) envió varias recomendaciones a la delegación Cuajimalpa para detener el deterioro de la barranca “Atzoyapan”, pero el Jefe Delegacional perredista, Ignacio Ruiz López, no ha hecho caso a ellas.
En una de ellas, la 03/2005, se hace notar que “los rellenos con cascajo (...) tienen cuatro metros de profundidad con un volumen de aproximadamente mil 800 metros cúbicos”, y que “la construcción de las viviendas suprimió de manera permanente la cubierta vegetal existente en un área de 270 metros cuadrados y junto con el relleno ha afectado la estructura y función del ecosistema y en consecuencia a repercutido negativamente en la calidad y cantidad de servicios ambientales”.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios, ¿a cambio de qué?
(2005-05-09
De no aportar parte de sus tierras a una sociedad con las empresas subsidiarias de Caabsa, estas se expropiarían a muy bajo precio, fue la amenaza recibida por los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango, justo en las céntricas oficinas del entonces regente Manuel Camacho Solís.
El episodio marcó el inicio de la urbanización de una zona dentro del complejo de Santa Fe conocida como Hueyatla, ahora de gran plusvalía debido a la construcción de los puentes de la “Avenida de los Poetas”, sobre las cañadas Puerta Grande, Atzoyapan y Los Helechos.
Los predios “comprados” en la década pasada mediante presuntos engaños en 40 pesos por metro cuadrado, hoy alcanzan un valor aproximado a cerca de 14 mil pesos o bien, mil 200 dólares, la misma medida.
Para lograr dar plusvalía a la zona y detonar los desarrollos inmobiliarios hoy notorios, medió una serie de irregularidades, arreglos y componendas cuyos principales actores se encuentran en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el gobierno de la ciudad y en la empresa Caabsa.
Aportaciones
La desincorporación de predios del Ejido de San Mateo Tlaltenango que constaba de 390 hectáreas hasta 1936, inició cuando por Decreto Presidencial en noviembre de 1972 les expropiaron 42 hectáreas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, para la construcción del Reclusorio Poniente, predio al cual se le llamó R-42.
Más adelante, también por Decreto Presidencial de febrero de 1990, fueron expropiadas poco más de 17 hectáreas a favor del DDF, en ese entonces dirigido por Camacho Solís, a las cuales se agregaron 14 hectáreas dos años después.
Dos expropiaciones más a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, sumó otras 25 hectáreas retiradas del patrimonio de los ejidatarios.
Sin embargo, la historia de los lujosos desarrollos inmobiliarios en construcción inició mediante presiones, en enero de 1991, cuando la Asamblea de Ejidatarios autorizó la firma de un “Convenio de Compensación” con la sociedad mercantil Club La Sierra, por el uso temporal del suelo para la construcción de canchas ecuestres, con vigencia de tres años renovables por periodos iguales, hasta contemplar doce años.
La historia contada a los titulares del ejido, Jesús Carrillo Flores, Fernando Flores Ortiz, Arturo Mejía Martínez y Clemente Ángeles, entre otros, fue que las empresas tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio ecológico debido a que ya habían desarrollado la zona comercial de Santa Fe.
Por ello les proponían una “sociedad” para su preservación. “Nosotros mediante la aportación de tierras y ellos (los empresarios) con los recursos económicos para el cuidado de la zona”.
De esta forma, dicen los ejidatarios, en junio de 1994 aportaron más de 45 hectáreas para la ampliación del Club de Golf Reforma y 42 días después, 31 hectáreas más al Club Hípico La Sierra, esta “con el propósito de desarrollar actividades hípicas, ecológicas y recreativas, mejorar y conservar las áreas naturales y construir la infraestructura necesaria para estos fines”, y consistía “en la remodelación y ampliación de un centro ecuestre, mediante la aplicación de procedimientos y sistemas avanzados de construcción, buscando la optimización de los recursos naturales con el establecimiento de infraestructura y sistemas ecológicos que permitan la preservación del entorno natural”.
En marzo de 1997 hubo una nueva “aportación” de casi 40 hectáreas a la sociedad anónima Río de Santa Fe, y en julio de 1999 casi 30 a la empresa Cumbres de Santa Fe, que sumaron cerca de 146 hectáreas en total.
Una vez amarradas las aportaciones de tierra, afirman los ejidatarios que comenzaron a ser presionados para participar también al capital social de las empresas. Sin embargo, al no contar con recursos económicos, fueron convencidos de que lo mejor era vender su parte de la sociedad en 40 pesos el metro cuadrado, respetando los acuerdos de preservación ecológica.
Jesús Carrillo Flores explica cómo fue el supuesto engaño: La empresa club de Golf Reforma les propuso un proyecto ecológico con el argumento de que sus tierras eran improductivas y tenían uso de suelo agrícola y forestal, por lo que no podían construir en esa zona. “Nos dijeron que sólo iban a ampliar el Club de golf y que iban a respetar el bosque, pero de la noche a la mañana construyeron una barda perimetral y empezaron a tirar los árboles. Ya después nos dimos cuenta que estaban construyendo casas”.
Al respecto, Arturo Mejía, destacó que en esa zona donde se construyen los grandes edificios de Santa Fe, anteriormente vivían alrededor de 50 familias que fueron reubicadas del lugar, con el argumento de que no podían cimentar en terrenos ecológicos.
De igual forma, se les había indicado que en sus comunidades tampoco podían instalar algún negocio por la misma situación. A las grandes empresas, en cambio, si se les permitió cambiar el uso de suelo.
El último jalón
Apenas unos días antes de entregar las curules a los nuevos diputados elegidos el 2 de julio de 2000, el 18 de agosto la mayoría parlamentaria del PRD en la Primera Asamblea Legislativa aprobó el Decreto por el que se Aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, instrumento mediante el cual se realizó el cambio de uso de suelo en prácticamente toda la zona de Santa Fe, para hacerla un polo de desarrollo de baja densidad y alta plusvalía.
En la fundamentación del decreto se explica la existencia de viviendas precarias como resultado de la presión que ejercen sobre los predios de Hueyatla los asentamientos irregulares de los barrios de La Zanja y el Quizazotle, los cuales generan “una tendencia para que la zona se convierta en suelo urbano acelerado, lo que facilita los procesos de invasión”.
Quizá por eso, y en contravención a la premisa de “mantener una oferta de suelo urbano para vivienda, dirigida a los diferentes estratos socioeconómicos”, prevista en el ordenamiento, fue que los diputados decidieron hacer la zona de alta plusvalía antes de que a ella llegaran primero los pobres.
AMLO quitó el freno
Las subsidiarias de Caabsa realizaron diversas promociones ante el Departamento del Distrito Federal y, posteriormente, la Jefatura de Gobierno, para la construcción de las obras viales que permitieran la eclosión comercial de los desarrollos inmobiliarios.
La empresa “Cañada de Santa Fe” logró que en noviembre de 1996, en el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal —oficio resolutivo E/CO2/DGPCC/12945 de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación— se autorizara en forma condicionada el proyecto de vialidad de liga entre las avenidas Tamaulipas en Cuajimalpa y Centenario en Álvaro Obregón.
El proyecto fue desechado y posteriormente fue Río de Santa Fe la empresa solicitante de una nueva autorización en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas, que le fue concedida en octubre de 1999 mediante la resolución E/CO2/DGPCC/22058, con 38 condicionantes a ser cumplidas en un año para dar inicio a la obra. Pero el secretario de Obras, César Buenrostro, se opuso con el argumento de que afectarían la ecología del lugar.
Igual discusión hubo durante la administración de Rosario Robles, que concluyó al iniciar el mandato Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y pese a la realización de algunos trabajos para la construcción de los puentes, no fue sino hasta el 4 de abril de 2003 cuando fue dado el visto bueno definitivo para la realización de la obra, incorporados ya los elementos necesarios para incluirlo como “Sistema de Actuación por Cooperación para el Desarrollo de la Vialidad Carlos Lazo-Entronque Centenario”, de diciembre de 1998.
Este sistema de Actuación por Cooperación no es otra cosa que el financiamiento privado de obras públicas, a cambio de terrenos, a partir de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal promulgada en 1997 por Ernesto Zedillo.
De esta forma, a cambio de la construcción de los puentes Octavio Paz, Carlos Pellicer y Jaime Sabines, además de la obra periférica, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó a la constructora, Grupo Caabsa, el predio denominado ex Reclusorio Poniente, de casi 42 hectáreas en total.
En él se planeó construir en la década de los 70 un reclusorio. Aquellos años el gobierno federal pagó a 10 pesos el metro cuadrado a los ejidatarios. Hoy el gobierno del Distrito Federal entregó el predio por 160 millones de pesos, una décima parte de su valor, mientras los puentes costaron alrededor de 850 millones de pesos.
El subsecretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Ysusi Farfán, dio a conocer en una inserción pagada el 26 de septiembre de 2004 que el costo real del R-42 en 2000 era de “329 millones de pesos” y ese día era de alrededor de 680 millones. Sin embargo, estimaciones de los propios inversionistas a la prensa, sólo por la venta de los terrenos en el R-42 lograrán una suma de mil 200 millones de pesos.
Empero, los ejidatarios de San Mateo Tlaltenango denuncian que el R-42 les pertenecen, porque la expropiación fue realizada para la construcción de un penal y no para otro uso, por lo cual apegándose a la Ley Agraria, dicen, “cuando no se da el fin por el cual se expropió un inmueble o terreno, los propietarios originales pueden recuperarlo”.
Los beneficiarios
La empresa beneficiada es el poderoso Grupo Caabsa (Constructora Aboumrad, Amodío y Berho SA de CV), dirigida por Julio Amodío Moheno, Julio Mauricio Martín Amodío Herrera y Víctor Aboumrad, desarrolladores del Centro Comercial Santa Fe y socios en la construcción del Centro de Exposiciones Internacionales Santa Fe, con más de 170 mil metros cuadrados y un valor cercano a los 100 millones de dólares.
Es importante resultar que Expo México, la compañía creada para atender lo relacionado con el Centro de Convenciones de Santa Fe, está encabezada por Caabsa y 75 empresas más, entre las que se encuentra Servimet, la inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad de México.
Caabsa, fundada en 1979, también realizó obras como Galerías Coapa, Pabellón Bosques, Torre Altus, Pabellón Polanco y la Torre Reforma Lomas Altas.
Recientemente, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, descubrió un acuerdo entre la constructora y el gobierno de Miguel Alemán, donde se encontró que por la remodelación del Auditorio Benito Juárez del puerto y por adecuaciones de acceso al Teatro de la Ciudad en Coatzacoalcos, Caabsa recibiría a cambio el estacionamiento del auditorio que cuenta con una extensión de más de 20 mil metros cuadrados.
No fue posible entrevistar a Julio Mauricio Martín Amodío Herrera porque se encontraba fuera de la ciudad, como tampoco a los ejecutivos de Caabsa, pero el día de la inauguración de los puentes, al ser cuestionado si como inversionistas apoyarían a López Obrador hacia la Presidencia, el director de proyectos Gerardo Merla respondió al diario La Crónica, que estaban colaborando con él, “no veo porque no lo seguiríamos haciendo”.
Caabsa fue una de las empresas que concursó para la construcción de al menos tres etapas de lo que sería inicialmente el segundo piso y posteriormente se convirtió en el Distribuidor vial San Antonio.
El catedrático de la Facultad de Arquitectura, Carlos Morales Schechinger, ha destacado que alguien se benefició con la plusvalía por los puentes, y ese alguien no fue el Gobierno del Distrito Federal, sino las constructoras, porque antes de la construcción los terrenos tenían un valor diferente al actual.
Es decir, Caabsa recibió del PRD un cambio de uso de suelo, permiso para construir los puentes que dieran mayor plusvalía a la zona de su propiedad y un predio para completar su polígono para desarrollos inmobiliarios.
Incongruencias
A pesar de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó los cambios de uso de suelo y la empresa desarrolladora fue advertida de cumplir con los lineamientos de preservación ecológica, continúan las irregularidades.
Apenas el pasado 4 de abril la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT) envió varias recomendaciones a la delegación Cuajimalpa para detener el deterioro de la barranca “Atzoyapan”, pero el Jefe Delegacional perredista, Ignacio Ruiz López, no ha hecho caso a ellas.
En una de ellas, la 03/2005, se hace notar que “los rellenos con cascajo (...) tienen cuatro metros de profundidad con un volumen de aproximadamente mil 800 metros cúbicos”, y que “la construcción de las viviendas suprimió de manera permanente la cubierta vegetal existente en un área de 270 metros cuadrados y junto con el relleno ha afectado la estructura y función del ecosistema y en consecuencia a repercutido negativamente en la calidad y cantidad de servicios ambientales”.
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