Instauración democrática sin rumbo

Entrevista a César Cansino

Instauración democrática sin rumbo

Coexisten en nuestro país una débil destitución autoritaria y una débil reforma institucional y normativa, que teóricamente colocan a nuestro país en el peor de los casilleros posibles, que supone enormes riesgos de involución, de peligro para la gobernabilidad y la continuidad; y por eso muchas veces da la idea de que la transición no ha terminado

(2004-05-02)
http://www.lacritica.com.mx/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=32

El proceso de instauración democrática en que se encuentra el país tras haber arribado a la transición a la democracia el 2 de julio de 2000, se encuentra débil y sin rumbo porque ninguno de los actores políticos, sociales y económicos ha estado a la altura de las expectativas, expresa el analista César Cansino, quien advierte del momento en que nos encontramos, con una situación ambigua, de enormes riesgos a la gobernabilidad y a la continuidad, que deben evitarse en la medida de lo posible antes del surgimiento de situaciones que amenacen el orden institucional, y la única oportunidad de hacerlo es avanzar de manera decisiva en las reformas del Estado.
Haber llegado a la alternancia sin acuerdos que dieran lugar al nuevo diseño institucional y la apertura poco a poco, permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como brazo político del viejo régimen, continuar siendo un actor relevante. Además, el presidente no tuvo la capacidad, los operadores políticos, ni la voluntad para enfrentar la que iba a ser la gran contribución de su gobierno a la democracia del país.
De igual forma, los partidos políticos tampoco han estado interesados en aterrizar la instauración democrática porque ya están apostando al 2006, a la recomposición de fuerzas, donde lo más importante para algunos es que se debiliten el foxismo y el panismo, y que de ese desgaste ellos puedan asumir una posición electoral relevante, cálculos en los cuales han supeditado los intereses de la nación a sus propios intereses electoreros partidistas.
Director del Centro de Estudios de Política Comparada, AC, y de la revista especializada Metapolítica, además de analista en diversas publicaciones y catedrático en distintas universidades, el doctor Cansino realiza una fuerte crítica a los partidos políticos:
“Aunque suene a frase hecha, han antepuesto sus intereses particulares específicos a los intereses de la nación; hoy existe un Congreso compuesto por bancadas partidistas absolutamente desprestigiadas por la sociedad, hablar del Congreso es hablar de una caterva de políticos flojos que no hacen su trabajo, que no aprueban leyes, corruptos e interesados solamente en sus capillas. Esta percepción no está alejada de la realidad, porque si vemos resultados concretos, no se puede decir que han avanzado en la Reforma del Estado o en reformas estructurales”.

Transición e instauración

Para Cansino la transición terminó el 2 de julio, “por la sencilla razón de que por la vía de la alternancia quedaron atrás los rasgos que caracterizaron a una forma de dominación política durante 71 años, como fue el presidencialismo sin contrapesos, en el vértice de una estructura de poder donde había un sistema clientelar y corporativo”. Esos rasgos, dice, ya no existen. En su lugar “se ha creado otra cosa que quizá no ha terminado de cuajar” pero que, en todo caso, nos permite hacer un parteaguas.
La otra es la figura del partido hegemónico, que era más un instrumento del Estado para reproducir a una clase política que fincaba su dominación con una legitimación desde lo alto. Y no es que ya no exista el PRI, pero ya no existe como partido hegemónico.
De esta manera, lo que sigue es otro proceso con su propia lógica y dinámica, pero que por las características de la transición podría durar otros 20 años. A esta etapa se le llama Instauración Democrática y se compone de dos etapas y dos procesos distintos.
Cansino destaca que una es la destitución autoritaria, que significa la destitución del viejo orden en un proceso durante el cual se derogan aquellas leyes claramente antidemocráticas generadas para favorecer a una clase política, y que en el imaginario social es reprobado y repudiado como algo al que no se debe retornar.
Luego viene la instauración democrática como siguiente etapa y corresponde al rediseño institucional y normativo del nuevo régimen. O lo que es lo mismo, a la reforma del Estado, por la cual han pasado por lo menos 34 transiciones a la democracia exitosas desde los años 70.
Tal rediseño institucional, de acuerdo con la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado convocada por el presidente Vicente Fox y dada a conocer el 5 de febrero de 2001, implicaba ocho grandes reformas institucionales con asuntos como equilibrio de poderes, federalismo, derechos humanos, competencias de los poderes políticos y otras.
“La tesis que sostuvimos en esa época era que esas ocho grandes reformas, si se atacaban de manera decidida podían generar el efecto de cascada para tocar otros aspectos, porque al final, aunque suene fuerte, se mostró la necesidad de transformar, de reformar el 90% de los artículos de la Constitución, pero que ni siquiera se le llamó nueva Constitución por las suspicacias que genera; entonces se habló de una reforma integral”.
Sin embargo, “la destitución autoritaria no ha prosperado porque, a diferencia de otras naciones, se confunde lo viejo con lo nuevo, no se puede hacer un parteaguas como en las transiciones de dictaduras militares”.
Las leyes que tenemos y las instituciones que de ellas emanaban fueron diseñadas para los fines de un régimen no democrático; de ahí que cuando uno observa cualquier ley, observa inmediatamente sus oscuridades, sus ambigüedades y ve que no pueden albergar de manera virtuosa los nuevos valores, expectativas y prácticas democráticas que surgen como resultado de la alternancia.

¿Por qué no ha prosperado?

Desde el eje de la transición que fue la reforma electoral para que los votos contaran, los actores políticos dijeron que era necesaria la reforma del Estado y que el país debía avanzar en el plano institucional. Pero llegado el momento, la instauración se trabó porque “ninguno de los actores políticos, y me atrevería a decir sociales, económicos, ha estado a la altura de las expectativas. El Presidente de la República efectivamente asumió su compromiso para la reforma del Estado muy temprano en su gestión, pero después se desinfló; no tuvo la capacidad, los operadores políticos, ni la voluntad para enfrentar ésta que iba a ser la gran contribución de su gobierno”, porque “en sus cálculos políticos privilegió lo inmediato, como eran las reformas estructurales, a lo urgente”.
Y los partidos no están interesados “porque ya están apostándole al 2006”.
La diferencia de México con otras transiciones es porque aquéllas se dieron por acuerdos políticos previos a las primeras elecciones libres y correctas que involucraron de manera incluyente a todas las fuerzas políticas, desde aquellos que buscaban preservar al régimen, y dependiendo de la magnitud de la crisis del viejo orden autoritario, los que querían amnistía por los crímenes cometidos, y los que pugnaban por un cambio.
Pero en México la naturaleza de nuestra transición fue diferente, de liberalización política. “La élite gobernante nunca cedió a la oposición la pelota, siempre la tuvo en su cancha; el régimen decía lo que había de reformarse y cómo hacerlo; es decir, no se partió de un acuerdo básico”.

Riesgos presentes

A lo largo de las instauraciones democráticas, recuerda César Cansino en su oficina del Centro de Estudios de Política Comparada, hubo instauraciones democráticas donde la destitución fue débil, pero la reforma del Estado fuerte, o viceversa, donde la reforma del Estado fue débil pero la destitución autoritaria, muy fuerte. Esto significó poner diques al pasado.
Pero también hubo casos donde la destitución autoritaria, como la reforma del Estado, fue muy fuerte, porque la gente ya no quería regresar al pasado; se involucraron todos los actores políticos y se hizo tabla rasa respecto al pasado en materia de leyes constitucionales. Entonces ahí se puede hablar de consolidación de la democracia.
En el caso de México “también se han explotado caracterizaciones muy arbitrarias usadas por mucha gente como: ‘Hay que consolidar la democracia’... Pero primero hay que instaurar la democracia; se consolida únicamente aquello que está instaurado”.
Sin embargo, el grave problema en la instauración mexicana es que coexisten “una débil destitución autoritaria y una débil reforma institucional y normativa, que teóricamente hablando colocan a nuestro país en el peor de los casilleros posibles (...) está en el extremo, en una fase de instauración débil que supone enormes riesgos de involución, de peligro para la gobernabilidad y la continuidad; y por eso muchas veces da la idea de que la transición no ha terminado”.
Ante este panorama y para tratar de evitar en la medida de lo posible que surjan situaciones generadoras de una enorme carga de inestabilidad y de ingobernabilidad que amenacen el orden institucional, la única oportunidad es avanzar de manera decisiva en las reformas del Estado, afirma Cansino.
Y advierte que vuelve al tema “porque parece un círculo vicioso, pero no hay más. Cuando vemos actos de corrupción en espacio triple A de televisión y a todo color, más allá de personalizar por qué, quién, y cuáles son todas las piezas del rompecabezas que los explican, o cuando vemos situaciones como la del atentado o autoatentado que pone en duda al gobernador de Oaxaca, vemos que tenemos un sistema normativo, un arreglo institucional que históricamente ha sido muy permisivo con las autoridades; que no existe un sistema de procuración de justicia que nos permita tener absoluta seguridad de que se van a castigar los actos de corrupción de cuello blanco; hay normas muy oscuras en la legislación que permiten la impunidad, evadir la ley, interpretaciones subjetivas de la ley”.

Divorcio política-sociedad

Otro riesgo es lo que puede pasar en lo inmediato ante una clase política permanentemente exhibida en sus contradicciones, en sus actos delictivos, en sus golpes bajos, en sus desmanes y corruptelas. Sin opciones percibidas socialmente como viables para ser apoyadas, el signo evidente, inmediato, sería una abstención creciente, como señal de un divorcio, de un alejamiento entre la clase política y la sociedad.
Pero el “verdadero riesgo es cuando por la vía electoral uno empieza a ver focos rojos, cuando la gente ya no vota porque todos son iguales, corruptos; entonces desciende considerablemente el apoyo y la legitimación por la vía del sufragio. Se configura en su lugar una democracia insustentable, alejada totalmente de los intereses de la ciudadanía, lo cual lleva también a una situación patológica”.
Cansino explica que si la clase política es la primera en violar la ley, la ciudadanía a su vez comienza a actuar al margen de las instituciones porque no encuentra en ellas ni el cobijo ni el interés, ni la representación de sus demandas y sus exigencias; empieza a hacer justicia por su propia mano, como sucede en las comunidades indígenas o sacando los machetes para presionar a las autoridades. “Se desborda cualquier tipo de normatividad, de orden institucional para obtener fines; ése es el riesgo que visualizo, de ahí que las mafias políticas, las camarillas, las inercias autoritarias del pasado, los intereses de capilla, todo eso puede confluir en el mismo escenario en caso de una gran abstención”.
De ahí la necesidad de cambiar algo, de avanzar efectivamente en las reformas, porque de otra manera profundizará una crisis política; una democracia donde la gente no vota es una señal de crisis que reproduce situaciones muy delicadas y controversiales en la propia clase política. Entonces, “creo que sería riesgo seguir permaneciendo en una situación que no afronte de manera decisiva la cuestión de la reforma del Estado”.

Construir nuevo referente

El doctor en teoría política expresa que éste es un buen punto para reconocer un antes y un después. Es decir, las leyes en los regímenes autoritarios son deliberadamente ambiguas, por la sencilla razón de que la ambigüedad permite a la autoridad tomar interpretaciones y hacerlas suyas de acuerdo a su conveniencia.
En cambio, las leyes en un régimen democrático no admiten ambigüedad. Deben ser perfectamente claras en sus sanciones, en sus exigencias, en las obligaciones, en sus preceptos, en todos los sentidos, ya que mientras haya ambigüedades “existirá la posibilidad de que se refugien en ellas los fantasmas del autoritarismo, y que se generen situaciones como las que permanentemente estamos viviendo”.
Sin embargo, Cansino destaca que si en los tres años que llevamos de alternancia podemos ver infinidad de situaciones anómalas, éstas tienen que ver precisamente con la pervivencia de un entramado normativo que no funciona, inadecuado a la lógica propia de un régimen democrático, debido principalmente a que existen al respecto muchas confusiones.
Muchos se oponen a una reforma del Estado, dice, porque en México no hemos tenido otro referente histórico qué anteponer. “Hemos vivido en un régimen autoritario, ambiguo: democrático en la forma y autoritario en los hechos; una democracia de fachada, dirán unos; una dictadura perfecta, dirán otros, pero en todo caso eso fue el referente que construimos históricamente y nos resulta muy difícil anteponer otro”.
Por este motivo considera que ya es tiempo de hacer otro referente, “ya es tiempo de pensar en una lógica claramente democrática que no admita ambigüedades de este tipo”.